El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a otra sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

El escritor de El camino de los reyes y Elantris tenía claro que sus novelas no podían ser para siempre palabras en un libro. El universo que Brandon Sanderson ha creado a lo largo de los últimos años podía tener futuro en formato de película o serie de televisión y su autor estaba convencido de ello. Sin embargo, la posibilidad de esta adaptación literaria nunca llegaba a cuajar, y parecía que al novelista se le estaba complicando este sueño.

Esta cuestión puede cambiar en un futuro cercano. Según ha adelantado en primicia el medio The Hollywood Reporter, Apple TV habría cerrado un acuerdo sin precedentes para adquirir los derechos de los libros del Cosmere, el exitoso universo literario ficticio creado por el autor de fantasía. En concreto, la llegada de Sanderson a pantalla tendrá dos frentes abiertos.

Por un lado, el medio estadounidense señala que Nacidos de la bruma (trilogía compuesta por El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras) apunta a convertirse en una saga cinematográfica de tres películas. Por otro lado, el escritor habría aceptado una adaptación de su obra más ambiciosa, El archivo de las tormentas, en este caso en formato serie. 

El acuerdo con la plataforma de streaming llega después de que Sanderson se haya reunido con varios directores de los principales estudios cinematográficos y televisivos. Así, todo apunta a que ambas partes han llegado a un entendimiento después de una condición clave: la implicación directa del escritor en el desarrollo de las producciones audiovisuales basadas en sus obras. 

Sanderson controlará la producción

Según el medio especializado en entretenimiento, el acuerdo alcanzado le otorga a Sanderson un control exclusivo sobre las traducciones cinematográficas. En este sentido, el escritor será el arquitecto de su universo: escribirá, producirá, asesorará y estará encargado de aprobar o desestimar las ideas que propongan el resto de colaboradores que trabajen en las películas y las series.

Hablamos de un nivel de implicación, participación y control que ni siquiera J. K. Rowling o George R. R. Martin tuvieron en las películas de Harry Potter y la serie de Juego de tronos, respectivamente. En parte, esto es posible debido al éxito literario de Sanderson. Hablamos de uno de los autores de fantasía más relevantes de la actualidad, el cual ha vendido más de 50 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo.

No será la última adaptación del Cosmere. El propio autor reveló a finales de 2025 su interés por convertir sus historias en un videojuego. “Estoy intentando hacer las cosas de forma diferente esta vez para retener el control de mis derechos de videojuegos.Si eres alguien con poder de decisión en un estudio AAA o en una gran independiente y siempre has querido hacer un juego de Nacidos de la bruma o de El archivo de las tormentas, ahora es el momento de contactar con mis representantes”, compartió en su blog.

El Ministerio de Exteriores ha abierto una inspección de oficio para aclarar lo sucedido con los visados de turista con los que Julio Iglesias trasladó a varias trabajadoras de República Dominicana a España en 2021, según han confirmado fuentes del departamento a elDiario.es. Como adelantó este medio, en julio de 2021 el cantante envió una carta al consulado de España en República Dominicana para solicitar ayuda “con la tramitación de los visados Schengen” para varias internas que iba a traer temporalmente a su casa de Ojén, cerca de Marbella, para atender a su familia. “Tras tener conocimiento de la información se inició una inspección por la Inspección General de Servicios”, aseguran en Exteriores. El procedimiento está aún en la fase de recopilación de información.

Los visados que expidieron fueron Schengen tipo C, un permiso de corta estancia que no permite el trabajo remunerado, a pesar de que las mujeres trabajaron como internas a su llegada a España. Lo hicieron con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales, tal y como confirmaron tres mujeres a elDiario.es.

En la página web que el consulado español en República Dominicana pone a disposición de los ciudadanos para tramitar sus visados puede leerse la advertencia de que el visado Schengen tipo C “no es un permiso de trabajo”. Diversas fuentes consultadas confirman que este visado de corta estancia no permite el trabajo, pero que se utiliza con cierta frecuencia para trasladar a personal de manera temporal, por ejemplo, asistentes personales o trabajadoras internas.

Sin embargo, quien los solicita no suele explicar abiertamente que esas personas acuden a trabajar, sino que simplemente se desplazan por turismo o como parte de su unidad familiar. En este caso, Julio Iglesias admitió abiertamente en su carta al cónsul que la finalidad del viaje era laboral.

La inspección de Exteriores busca aclarar lo sucedido con los visados que se concedieron para que Iglesias moviera a sus empleadas entre sus mansiones de República Dominicana y España. El organismo encargado de hacerla es la Inspección General de Servicios, que puede actuar aleatoriamente –inspecciones periódicas para comprobar trámites administrativos– o de oficio cuando tienen información que arroja dudas sobre alguna gestión, como ha sucedido en este caso.

elDiario.es se puso en contacto con el cónsul de España en República Dominicana en 2021, Pablo Gómez de Olea. El diplomático aseguró que este visado es el que suele utilizarse para el personal doméstico contratado en origen que es trasladado temporalmente a España junto con su empleador. “No se hizo solo con Julio Iglesias, si tienes una empleada y quieres llevarla a España se da un visado de corta duración, no un visado de trabajo, siempre que se cumplan las condiciones para ese visado de corta duración”, señala. Esas condiciones son, por ejemplo, tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes. En este caso, asegura Gómez de Olea, un tercero se responsabilizaba de todos los gastos.

La carta

“Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”, decía el comienzo de la carta que Iglesias envió al consulado español en República Dominicana el 6 de julio de 2021, a la que ha accedido elDiario.es. “Confirmo que cubriré su alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten. Si necesitas mayor información, que no duden en comunicarse conmigo en el siguiente teléfono”, continuaba la carta.

Carolina (nombre ficticio) es una de las mujeres cuya identidad aparecía en la misiva. Había entrado a trabajar en la mansión de Punta Cana en marzo de 2021 y, después de unos meses, una de las gobernantas le ofreció moverse temporalmente a Ojén, un pueblo cerca de Marbella. Le dijeron que la estancia fuera duraría unos tres meses.

Además de esa carta enviada al cónsul, Carolina, junto a otras mujeres, acudió al consulado para tramitar el visado. “Ellos [el personal de Julio Iglesias] hicieron todo. Nosotras simplemente vinimos a que nos tomaran las huellas, la firma, la foto y a entregar los papeles. Yo recuerdo que no nos querían aceptar los papeles en el consulado porque faltaba más evidencia de lo que íbamos a hacer allá, porque en República Dominicana es muy difícil conseguir una visa, ya sea de trabajo o de turismo. Entonces ellos vieron que faltaban más cosas y al final le dijeron que ese proceso no podía hacerse como visa de trabajo, sino que era mejor hacerlo de turismo. Y así lo hicieron”, recuerda la mujer, que nunca tuvo contrato formal en República Dominicana ni cotizó por ese trabajo, algo que todavía es legal en el país.

Según el relato de Carolina, confirmado por otras dos mujeres que también fueron trasladadas temporalmente a Marbella, sus condiciones incumplían con creces los derechos laborales mínimos de España: sin contrato ni cotización, con jornadas que superaban las 12 horas, sin libranzas establecidas, sin poder salir de la mansión para pasear o relacionarse con gente, por salarios de unos 25.000 pesos dominicanos, unos 340 euros al mes.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado para preguntarle sobre este y otros asuntos, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

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1.000 millones de dólares. Es lo que exige Donald Trump a la Universidad de Harvard en su ofensiva recurrente contra la autonomía universitaria

“La Universidad de Harvard, profundamente antisemita, ha estado proporcionando mucha 'información falsa' al decadente New York Times”, ha dicho el presidente de EEUU, en alusión a una información del diario sobre el supuesto desistimiento de la Administración Trump en su asalto a la institución universitaria.

“¡Harvard se ha estado comportando muy mal durante mucho tiempo!”, ha dicho Trump, “querían aplicar un concepto de capacitación laboral complicado, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito. Era simplemente una forma de que Harvard evitara un gran acuerdo económico de más de 500 millones de dólares, una cifra que debería ser mucho mayor dadas las graves y atroces ilegalidades que han cometido”.

Según Trump, “esto debería ser un caso penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus malas acciones. En cualquier caso, este caso continuará hasta que se haga justicia”.

El presidente de EEUU afirma en su post en Truth Social que “Alan Garber, presidente de Harvard, ha gestionado de forma pésima la situación, empeorándola para su institución y, lo que es más importante, para Estados Unidos. Fue contratado después de que se presentaran las acusaciones de antisemitismo. ¿Me pregunto por qué? Ahora estamos exigiendo 1.000 de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada que ver con la Universidad de Harvard en el futuro”.

En el artículo publicado este lunes por el Times, se contaba que la Administración Trump había retirado sus exigencias de los 200 millones de dólares “en medio de la caída de los índices de aprobación de Trump, y mientras se enfrenta a la indignación por las tácticas de control de la inmigración y la muerte a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota”.

En un post posterior en Truth Social, a las 12.11 de la madrugada, Trump calificó el artículo del Times de “completamente erróneo” y exigió que se modificara la noticia.

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump y su Administración han desarrollado una campaña agresiva contra Harvard y otras universidades por acusaciones de antisemitismo por las protestas estudiantiles contra el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Harvard demandó al Gobierno en dos ocasiones y obtuvo una victoria judicial en septiembre, cuando un juez federal dictaminó que la Administración Trump había suspendido ilegalmente la financiación para la investigación y afirmó que “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológicamente motivado contra las principales universidades del país”.

La Administración anunció que apelaría el fallo, pero los fondos congelados ya han sido restituidos en gran parte. A diferencia de otras universidades de la Ivy League, como Columbia y Brown, Harvard no ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca.

Hay un escándalo del Gobierno Ayuso del que no se habla. No estoy diciendo que sea hay un complot nacional para ocultarlo. Pero en elDiario.es llevamos meses publicando información sobre un asunto que no acaba de trascender. Te resumo: la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha construido entre 2021 y 2023 once centros de FP, de Formación Profesional. O sea, como institutos especializados en FP. Pero no abrió concursos públicos para construirlos, como se hace siempre. Se hicieron grandes obras, eligiendo empresas a dedo, como cuando se encarga cualquier reparación menor. 

Hablamos de obras millonarias, pagadas a parches de 40.000 euros. Esto no lo decimos nosotros, lo está probando una investigación judicial, que va desarrollándose también sin mucha trascendencia. Lo abordamos con la periodista de elDiario.es que ha destapado y ha seguido esta información desde el comienzo, Raquel Ejerique.

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