En la primavera de 2026, la Fundación Economía y Salud ha vuelto a documentar un fenómeno que el sistema sanitario español arrastra con carácter crónico: entre 40.000 y 50.000 pacientes con ictus permanecen ingresados en hospitales de agudos semanas o meses después de haber recibido el alta clínica, por no tener otras opciones de servicios sociosanitarios a los que puedan ser derivados. El coste de mantenerlos en una cama de agudos multiplica entre tres y cinco veces el de otros recursos alternativos que serían más apropiados, además de que la hospitalización prolongada genera en las personas mayores un deterioro funcional que en muchos casos resulta irreversible.

La respuesta habitual ante este diagnóstico apunta a la insuficiencia de recursos: déficit de plazas de media estancia, escasez de atención domiciliaria o demoras en el sistema de valoración de la dependencia. Esta lectura no es incorrecta, pero resulta incompleta. En buena medida, la escasez de recursos es también consecuencia de una arquitectura institucional que no está diseñada para ofrecer una respuesta articulada a la complejidad de las personas mayores, sino para gestionar dimensiones parciales de esa necesidad en subsistemas independientes, con escasos mecanismos de integración. Mientras no se aborde esta arquitectura, la intervención sobre los síntomas difícilmente permitirá resolver el problema de fondo.

Una necesidad indivisible atendida fragmentariamente

Las personas mayores con dependencia severa o enfermedad crónica compleja presentan perfiles de necesidad que pertenecen simultáneamente a cuando menos tres categorías: atención sanitaria continua, apoyo social y cuidado personal, y suficiencia económica para sufragar los costes de vida en situación de dependencia. Estas dimensiones no son separables: el deterioro funcional compromete la adherencia terapéutica, la insuficiencia económica restringe el acceso a los cuidados, y la ausencia de apoyo social acelera la progresión clínica.

La respuesta pública a este perfil de necesidades se ha construido, sin embargo, mediante subsistemas sectoriales concebidos con lógicas institucionales independientes. El Sistema Nacional de Salud opera con una lógica de episodio agudo que no encaja bien con la cronicidad y la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por la Ley 39/2006, se constituyó como sistema paralelo al sanitario, con su propia lógica de valoración y elegibilidad, sin mecanismos institucionales de integración. El sistema de pensiones protege la renta en la vejez sin conexión con las necesidades de cuidado. Cada subsistema tiene su legislación, sus criterios de acceso, sus instrumentos de valoración y sus tiempos de resolución propios. El hospital gestiona el episodio agudo en días; el sistema de dependencia resuelve la valoración en meses.

Esta asincronía difícilmente puede entenderse solo como un fallo de gestión: responde, en gran medida, a una arquitectura que no está diseñada para la integración. Se trata, además, de un patrón extendido en muchos sistemas de bienestar europeos. El análisis comparado de la OCDE sobre sistemas de cuidados de larga duración en 29 países muestra que solo alrededor del 40% presentan integración plena con los servicios sanitarios, y que la legislación permanece fragmentada entre el sector sanitario y el de cuidados en la mayoría de ellos.

Incentivos estructurales a la descoordinación

Sobre esta fragmentación sectorial se superpone, en el caso español, una segunda dimensión que la agrava: la derivada de la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Cuando la atención sanitaria y los cuidados de larga duración se financian con cargo a presupuestos distintos y son responsabilidad de administraciones diferentes, cada actor tiende a trasladar hacia el presupuesto ajeno los costes que se sitúan en la frontera entre ambos sistemas. La literatura de federalismo fiscal denomina cost-shifting a este mecanismo y lo identifica como uno de los principales riesgos del gobierno descentralizado cuando las externalidades fiscales atraviesan fronteras administrativas.

En España, este patrón puede observarse en la gestión del alta hospitalaria diferida. El hospital de agudos, financiado con cargo al presupuesto sanitario de la comunidad autónoma, tiene incentivos para completar el alta tan pronto como la situación clínica lo permite. El sistema de servicios sociales, con financiación independiente y un proceso de valoración que puede prolongarse durante meses, no internaliza plenamente el gasto hospitalario adicional derivado de la demora. Como resultado, el coste de la descoordinación no recae de forma clara sobre ninguno de los dos sistemas, sino que se distribuye entre el presupuesto hospitalario, la persona mayor y su entorno familiar.

La pandemia de COVID-19 puso de relieve el coste humano de esta arquitectura con una intensidad sin precedentes. El 66% de las defunciones registradas entre marzo y junio de 2020 correspondieron a personas mayores residentes en centros de larga estancia. Los análisis posteriores han señalado como factores relevantes la limitada integración operativa entre la atención primaria del SNS y los centros residenciales, así como el uso reducido de los mecanismos de coordinación intergubernamental existentes.

Qué muestra la evidencia comparada

Los modelos internacionales más relevantes ilustran tanto las posibilidades como los límites de las distintas estrategias de reforma. La Pflegeversicherung alemana, introducida en 1995 como quinto pilar del sistema de seguridad social, creó un derecho independiente al cuidado financiado por una contribución obligatoria específica. Su aportación es fundamentalmente financiera: los cuidados de larga duración dejan de ser una carga residual de la asistencia social para convertirse en un derecho exigible. Su limitación reside en que no aborda la integración organizativa entre sanidad y servicios sociales, ni la tensión entre la fuente de financiación federal y la responsabilidad de los Länder en la planificación e inversión asistencial.

El programa PRISMA, desarrollado en Quebec desde 1999, adopta un enfoque distinto: no crea un nuevo sistema de financiación, sino que articula los existentes mediante seis componentes operativos —punto único de acceso, gestión de casos, plan de servicios individualizado, instrumento único de valoración, historia clínica compartida y coordinación institucional formal—. Su virtud principal está en la dimensión territorial: resuelve el incentivo al desplazamiento de costes mediante acuerdos explícitos de responsabilidad compartida entre organizaciones con presupuestos independientes. La evaluación cuasi-experimental con 1.501 personas mayores de 75 años mostró una reducción de 62 casos de deterioro funcional por cada 1.000 personas al año, sin incremento del coste total del sistema.

El programa PACE, reconocido como prestación federal en Estados Unidos en 1997 y que atiende actualmente a más de 91.000 participantes en 33 estados, es el único de los tres modelos que aborda ambas dimensiones de forma estructural. Una única organización y un único equipo interprofesional asumen toda la atención médica y social de personas mayores frágiles que desean permanecer en su comunidad. El mecanismo central es la capitación: la organización PACE recibe un pago mensual por persona de Medicare y Medicaid y asume el riesgo financiero integral de toda su atención. Una hospitalización evitable representa un coste directo para la organización, que tiene por tanto incentivos alineados estructuralmente con la prevención del deterioro. Los resultados muestran de forma consistente menores tasas de hospitalización, de reingreso y de institucionalización permanente en comparación con poblaciones equivalentes.

Las reformas necesarias y su orden

El análisis en dos dimensiones permite identificar con mayor precisión qué tipo de reformas son necesarias y en qué orden. Las reformas en la dimensión sectorial constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente. La implementación de un instrumento único de valoración sociosanitaria, que integre la valoración clínica y funcional en un solo proceso —realizado por un equipo interdisciplinar con acceso simultáneo a la historia clínica y al expediente social—, representa una condición técnica habilitante para avanzar hacia modelos de atención integrada. Lo mismo ocurre con la interoperabilidad entre los sistemas de información del SNS y del SAAD. Estas reformas pueden acometerse con relativa independencia de la organización territorial y conviene abordarlas con carácter prioritario.

Sin embargo, estas reformas por sí solas no modifican los incentivos que perpetúan la fragmentación territorial. Una valoración única implementada en un sistema con presupuestos separados y administraciones con intereses presupuestarios divergentes tenderá a seguir generando desplazamiento de costes. La evidencia comparada sugiere que los sistemas que han logrado mitigar esta limitación lo han hecho mediante algún grado de responsabilidad financiera compartida sobre los resultados: acuerdos explícitos de corresponsabilidad institucional, como en Quebec, o mecanismos de integración presupuestaria, como en PACE.

En el contexto español, esto apuntaría a la necesidad de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipios, y con mecanismos que permitan que el actor que evita una hospitalización o una institucionalización innecesaria capture, al menos parcialmente, los beneficios asociados. Asimismo, sería necesario avanzar hacia un marco común de indicadores de resultado orientados a la persona —y no únicamente a la actividad sectorial— que facilite la comparabilidad en la rendición de cuentas entre comunidades autónomas y entre subsistemas.

El envejecimiento demográfico proyectado, con estimaciones que sitúan en torno al 30% la proporción de población mayor de 65 años hacia mediados de siglo, acentúa las ineficiencias del sistema y sus efectos sobre la calidad de vida. 

La reforma necesaria no se limita al ámbito sanitario o de los servicios sociales en sentido estricto: apunta a la arquitectura del Estado de bienestar y a los mecanismos de coordinación fiscal entre niveles de gobierno. La evidencia comparada sugiere que este tipo de reformas es viable, que no requiere necesariamente centralización competencial y que puede mejorar los resultados para las personas sin aumentar el coste global respecto al sistema fragmentado actual.

La principal dificultad no parece ser técnica, sino política: implica revisar equilibrios presupuestarios consolidados entre administraciones y avanzar hacia fórmulas de coordinación que no dependan únicamente de la voluntad de actores a los que el propio sistema no siempre incentiva a coordinar.

Todo el mundo habla de Sabastian Sawe. El atleta de 31 años se ha convertido en el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en una maratón. El récord lo consiguió en la carrera disputada el pasado domingo 26 de abril en Londres, donde consiguió un tiempo récord de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Esto fue lo que tardó el de Kenia en correr una distancia total de 42.195 metros.

Hoy cualquiera que esté familiarizado con el mundo del atletismo sabe que la maratón es una prueba de resistencia extrema en la que los corredores deben recorrer una distancia oficial de 42 kilómetros y 195 metros. Sin embargo, son pocos los que conocen que esa cifra, estandarizada ahora en todo el mundo, no siempre fue la misma y que su origen se remonta a la Antigua Grecia.

Cuenta la leyenda que un soldado llamado Filípides recorrió a pie los 40 kilómetros que separan la ciudad de Maratón y Atenas para anunciar la victoria griega sobre los persas en el año 490 a.C. Al llegar, el mensajero compartió la noticia justo antes de caer exhausto y, acto seguido, morir. Aunque la exactitud de esta historia sigue siendo un debate para los historiadores, el relato sirvió de inspiración para crear esta prueba olímpica.

Se dice que el filólogo Michel Bréal fue el que propuso que la distancia entre el lugar de la batalla y la capital griega se utilizara como longitud de referencia para esta prueba de atletismo que recibió el nombre de una de las ciudades protagonistas (maratón) y que se incluyó en los primeros Juegos Olímpicos modernos, los cuales se celebraron en Atenas en 1896.

El primer ganador de esta carrera de larga distancia fue el griego Spiridon Louis, que consiguió completar el recorrido en casi tres horas. La victoria fue una sorpresa porque el corredor no era de los favoritos, entre otras razones porque apenas se había preparado físicamente para la carrera. Antes de convertirse en ganador, Spiridon se dedicaba profesionalmente a vender agua en las calles de Atenas.

Más tarde, se añadieron unos pocos más de metros

Durante varios años, el reglamento establecía que la distancia a correr en una maratón debía ser “alrededor de 40 kilómetros”. Como no se estipulaban unos kilómetros concretos, cada organización podía establecer la longitud de la carrera que considerase oportuna según la ruta elegida. Así, no fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres 1908 cuando se corrieron por primera vez los famosos 42.195 metros.

Inicialmente, la carrera que se iba a disputar en la capital de Reino Unido estaba prevista para medir 26 millas, es decir, unos 41,843 kilómetros. Los organizadores decidieron que la prueba iba a empezar en el castillo de Windsor y terminar en la pista del White City Stadium una vez los corredores entraran por la entrada principal del estadio. 

Sin embargo, hubo un cambio de última hora y los deportistas tuvieron que pasar por otra entrada para acceder al estadio, terminando la carrera justo frente al palco en el que estaba la familia real británica. Como resultado, se añadieron unos pocos metros al recorrido. Así, la distancia dejó de ser exacta, y pasó a ser de 26 millas y 385 yardas, unos 42 kilómetros y 195 metros.

Tras largos debates, la federación internacional de atletismo decidió fijar una distancia oficial para todos los maratones, y tomó como referencia la competición disputada en Londres. A partir de 1921, la distancia oficial de estas carreras olímpicas sería de 42,195 kilómetros, un estándar que se mantiene desde entonces. Todas las maratones del mundo, incluyendo las de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York, recorren esa misma distancia.

Yo no asistí a la cena del sábado pasado. Soy miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca desde que me trasladé a Washington DC, en mayo pasado. La cuota anual es de 140 dólares y te da acceso directo, entre otras cosas, a las informaciones del pool, ese grupo de periodistas, rotatorio, que entra en el Despacho Oval y acompaña al presidente en el Air Force One, por ejemplo.

Históricamente, la asociación de corresponsales –se llama así a aquellos periodistas nacionales e internacionales cuyo principal cometido es cubrir la Casa Blanca– elegía los periodistas que integraban el pool, pero desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EEUU, es la Casa Blanca la que elige quién entra y quién sale de ese pool, y eso se está notando en la mayor presencia de seudomedios y de periodistas que hacen halagos en lugar de preguntas.

Hace meses, a finales del año pasado, me llegó un correo electrónico en el que se me informaba de la cena, el día en que se iba a celebrar, el lugar y el coste: 480 dólares por cubierto.

En ese momento me lo planteé: esa cena se presenta como una fiesta de la libertad de expresión, acude la plana mayor de la Administración, hay congresistas, senadores, compañeros... Es, además, un acto tradicional en la ciudad, al que históricamente han acudido los presidentes y en cuyos discursos intentaban reírse de sí mismos.

En esta ocasión, sin embargo, quedaba la duda de que Donald Trump quisiera asistir, en tanto que se había negado a ir durante su primer mandato.

Le di muchas vueltas, y hablé con algún compañero, que me recordó que, además de los 480 dólares de la cena, tendría que pagar el alquiler de un esmoquin, que es la prenda obligatoria para los hombres.

Pero tenía dudas. ¿Era razonable pedir a mi periódico que pagara cientos de dólares por asistir a una cena así?

Durante este año que llevo en Washington DC he podido ver cómo el presidente de EEUU insulta día sí y día también a los periodistas, que se producen vejaciones y amenazas, mientras la reacción de la profesión es limitada. Después de cada insulto de Trump, no se produce una censura por parte de la siguiente persona que toma la palabra; tampoco se ha producido ningún plante por la falta de respeto a la libertad de expresión por parte del presidente de EEUU; nadie se ha levantado de una rueda de prensa en la que Trump o su portavoz, Karoline Leavitt, insulta a los periodistas por preguntar; ni siquiera se publican comunicados de colectivos denunciando esa situación.

Este mismo domingo, 24 horas después del intento de atentado, Trump tachaba de “vergonzosa” a la periodista del programa 60 Minutes por preguntarle por el documento escrito que el atacante de la cena, Cole Tomas Allen envió a sus familiares. “Yo no soy un violador ni un pedófilo, eres una vergüenza”, decía Trump enfurecido, sin que apenas haya desatado reacciones relevantes. ¿Y qué había escrito Allen? Lo siguiente: “Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Al día siguiente, el lunes por la mañana, Leavitt responsabilizaba a la izquierda y a los medios de comunicación no trumpistas del intento de atentado del sábado.

Y este martes, se ha sabido que el órgano ha ordenado revisar las licencias de Disney–ABC por un monólogo de Jimmy Kimmel de la semana pasada que ha desatado la ira de Melania y Donald Trump.

Es decir, en un contexto de una Administración Trump que ataca la libertad de expresión, se plantea la posibilidad de compartir cena con las mismas personas que persiguen, atacan y amenazan a periodistas y medios de comunicación.

Al final, decidí no pagar los 480 euros que daban derecho a solicitar el acceso a la cena, cosa que quedaba en suspenso en función de las solicitudes recibidas y la cantidad de autoridades presentes, que daría lugar a una criba posterior.

Tuve dudas hasta el último minuto. Me parecía muy correcta la decisión de acudir, pero creía tener motivos también para no hacerlo. Y, también, pensaba que, si en lugar de trabajar en elDiario.es estuviera trabajando en un medio más tradicional o público, quizá tendría unos compromisos de asistencia o de representación institucional diferentes que me llevarían a tener que asistir sin darle tantas vueltas.

El miércoles antes de la cena estuve con unos amigos, que me comentaron que el New York Times tampoco acudía a la cena. Es decir, contaba con dos periodistas en el salón para cubrir el acto, pero la empresa ya no compra entradas para la fiesta: la última cena a la que asistió el Times fue en 2007.

“En aquel momento llegamos a la conclusión de que el evento se había centrado demasiado en las celebridades y socavaba nuestra necesidad de demostrar a los lectores que siempre procuramos mantener una distancia adecuada con respecto a las personas sobre las que informamos, muchas de las cuales asisten como invitados”, explica Richard W. Stevenson, jefe de la delegación en Washington. Evidentemente, no es lo mismo un periodista del New York Times, uno de los periódicos más importantes de EEUU y del mundo, que uno de elDiario.es; y tampoco la hipótesis de proximidad o confraternización entre un corresponsal de un medio español o del NYT con un dirigente norteamericano.

Y así fue como llegó el pasado 25 de abril –aniversario de la liberación italiana y de la revolución de los Claveles portuguesa–. Había convocada una protesta a las puertas del hotel Washington Hilton en el que se celebraba la cena, y me quise acercar para ver el ambiente. Llovía, hacía frío, y había unas decenas de activistas propalestinos, fundamentalmente, denunciando los asesinatos de periodistas durante el genocidio israelí en Gaza, realizado con la complicidad de la Administración estadounidense, y criticando el papel de los medios estadounidenses en la cobertura de los crímenes cometidos por Israel y EEUU en Oriente Próximo, también a raíz de la guerra en Irán.

A continuación, decidí marcharme a mi casa para ver la retransmisión de la cena por la televisión. De acuerdo con los horarios anunciados, Trump saldría de la Casa Blanca a las 7.45 y se esperaba que la cena arrancara después de su llegada.

Y así ocurrió, pero solo hubo tiempo para unas palabras de presentación de la presidenta de la WHCA y a servir el primer plato, que fue interrumpido por el estruendo –que luego se supo que provenía de un tiroteo– y el alboroto de la evacuación del presidente de EEUU.

En aquel momento, me levanté del sofá y me puse a grabar con el móvil lo que veía en la televisión. Y temí que el desalojo tuviera algo que ver con algún escrache o acción de los activistas que se encontraban fuera y que podrían haber irrumpido en alguna zona restringida del hotel; unos manifestantes pacíficos que conozco de haber cubierto diferentes protestas en estos meses que llevo en EEUU.

Pero no, no eran ellos.

Luego se supo que se trataba de un joven que, según se ha ido desprendiendo de la investigación, actuó en solitario, que no pertenecía a ningún grupo de organizado ni a ningún colectivo de izquierda. Como en el caso de Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de una poderosa aseguradora médica, Allen no cuenta con antecedentes penales, pero sí con una carrera académica respetable. Y ambos comparten la idea de que el sistema político estadounidense no tiene arreglo por vías pacíficas.

Entonces, una vez que la amenaza no pasó de ahí y de que todos los presentes en la cena salieron ilesos, mis pensamientos volvieron a aquel correo electrónico del 1 de diciembre pasado en el que se me invitaba a solicitar asistir a la cena de corresponsales.

Visto lo que ha pasado, ¿y si hice mal no intentando ir? Al fin y al cabo, me he perdido vivir en primera persona como periodista una de las noticias del año: un ataque frustrado contra la cúpula de la Administración estadounidense.

La cena es una ocasión única, con multitud de personas importantes, compañeros que saben mucho y un acontecimiento relevante en la agenda política estadounidense desde hace décadas. Y, además, en esta ocasión se ha producido una historia de la que llevamos días escribiendo sin parar.

¿Y si fue un error?

En todo caso, ya no se puede echar marcha atrás. Pero lo que ha ocurrido sí puede servirnos para reflexionar sobre decisiones difíciles que se toman sobre la marcha y que pueden tener consecuencias en la cobertura de las noticias. Y, todo ello, teniendo en cuenta que en esta profesión, como en la vida, a menudo hay que cabalgar contradicciones y lidiar con conflictos profesionales y personales sin perder de vista que, al fin y al cabo, nuestro trabajo es dar noticias. Y nuestro empeño debe ser estar en la mejor disposición posible para poder hacerlo.

Y, en este caso, se ha tratado de una cena que celebraba la libertad de expresión con una poderosísima persona caracterizada por perseguir la libertad de expresión como invitado de honor; un acontecimiento que no pudo celebrarse por un ataque violento que está siendo aprovechado por esa poderosísima persona para redoblar sus ataques a la prensa y a la izquierda y para apuntalar elementos clave de su agenda ultra como la renovación de una extraordinaria financiación del ICE sin que existan límites para los agentes en su represión migratoria.

La normativa de tráfico en España establece la obligación de los usuarios de comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni generen peligro o perjuicio para otros, así como conducir con la diligencia necesaria para evitar daños propios o ajenos, tal y como recoge el Reglamento General de Circulación en sus normas generales de comportamiento.

El semáforo en rojo

Dentro de esta regulación, la luz roja no intermitente tiene un significado inequívoco: prohíbe el paso. La normativa establece que los vehículos no deben rebasar el semáforo ni la línea de detención más próxima, y tampoco internarse en la intersección cuando la señal se encuentra en rojo, lo que implica la obligación de detener completamente el vehículo hasta que la señal cambie.

El incumplimiento de esta señal constituye una infracción grave dentro del sistema sancionador. Según la información disponible, saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Esta sanción se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando la luz ya está en rojo.

Además, esta infracción puede detectarse por distintos medios. Puede ser notificada directamente por un agente de la autoridad o mediante sistemas automáticos como los dispositivos de control con cámara. Para que la denuncia sea válida, estos sistemas deben registrar una secuencia de imágenes que muestre al vehículo antes y después de la línea de detención con el semáforo en rojo, acreditando así la infracción.

Excepciones de la norma

Existen, no obstante, situaciones excepcionales en las que se permite sobrepasar la señal roja. La normativa contempla dos supuestos concretos: cuando así lo indica un agente de la autoridad, cuyas órdenes prevalecen sobre cualquier señal, y cuando es necesario ceder el paso a vehículos prioritarios en servicio de emergencia. Fuera de estos casos, la obligación de detenerse se mantiene.

El semáforo en ámbar

En el caso del semáforo en ámbar fijo, la normativa introduce una matización relevante. Esta señal obliga también a detenerse, pero admite una excepción cuando el vehículo se encuentra tan próximo al lugar de detención que no puede frenar en condiciones de seguridad, en cuyo caso se permite continuar la marcha con precaución.

Si no se da esta circunstancia y el conductor no se detiene ante la luz ámbar fija, la conducta puede ser sancionada cuando se considera que existía la posibilidad de detenerse sin riesgo. En estos casos, la sanción puede llegar a ser de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir, en función de las circunstancias en las que se produzca la maniobra.

Por su parte, la luz ámbar intermitente tiene un significado distinto, ya que no prohíbe el paso. Esta señal indica la obligación de extremar la precaución y respetar las normas de prioridad, actuando en función de las condiciones de la vía, sin que su incumplimiento conlleve sanción económica ni pérdida de puntos en los mismos términos que un semáforo en rojo.

¿Se pueden recurrir?

Recibir una multa por saltarse un semáforo no implica necesariamente que no pueda ser recurrida. Entre las opciones disponibles se encuentran solicitar pruebas como fotografías o vídeos, comprobar el correcto funcionamiento del semáforo o verificar la señalización y la visibilidad del lugar en el que se produjo la infracción, elementos que pueden ser determinantes en la revisión del expediente.

El procedimiento de recurso sigue una serie de pasos concretos. El conductor debe revisar la notificación para comprobar que los datos son correctos, analizar si existen motivos para recurrir, solicitar las pruebas disponibles y preparar las alegaciones correspondientes. Posteriormente, dispone de un plazo de 20 días naturales desde la recepción de la notificación para presentar el recurso. Si la administración lo desestima, puede interponerse un recurso de reposición o acudir a la vía judicial; si se acepta, la multa queda archivada.

En este podcast hemos hablado otras veces de querer ser funcionario. Hemos hablado del duro camino de renuncias que supone estudiar una oposición. Hemos hablado de los motivos que te pueden llevar a tomar la decisión de querer ser funcionario: tener mejores condiciones laborales, no estar dispuesto a asumir ciertos sacrificios que pide la empresa privada. Hemos hablado de lo que supone la llegada al sector público. La motivación, al menos del primer día de trabajo. Hay algo en ese camino que damos por hecho y que no es tan obvio: tener el tiempo y las condiciones materiales para poder opositar. Porque opositar cuesta dinero. Directa e indirectamente.

Ha surgido por ejemplo la Escuela Ciudadana de Administración Pública, un proyecto organizado por funcionarios y funcionarias de manera voluntaria, que quieren ayudar gratis a otros opositores. Ana, Paloma y Enrique forman parte de ECAP. Lo abordamos con el periodista que ha escrito sobre esto en elDiario.es, Guillermo Martínez.

***

Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia