El abogado Benet Salellas ha asumido la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, después de que el letrado que le representó en los primeros días renunciara a ejercerla, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Salellas es conocido por defender a Jordi Cuixart en el juicio del procés y pertenece al ámbito de la izquierda independentista catalana.

Conocido en círculos judiciales desde sus inicios como abogado por su implicación en casos antirrepresivos, Salellas saltó al primer plano a raíz de su paso por el Parlament como diputado de la CUP entre 2015 y 2017, en la etapa más convulsa del procés, y después, de vuelta a la abogacía, por defender al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo.

El penalista Gonzalo Martínez-Fresneda asumió la defensa de Cerdán el pasado viernes con la intención de representar a Cerdán en el trámite urgente de comunicar al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que aceptaba su ofrecimiento de declarar voluntariamente, sin necesidad de tramitar el suplicatorio del Congreso, y para acceder a los indicios que contra el ex número tres de los socialistas aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una vez formalizada la renuncia, Martínez-Fresneda renunció a la defensa de Cerdán, tal y como estaba previsto desde que la asumión, aseguran fuentes cercanas al letrado. Martínez-Fresneda representa al PSOE en la acusación popular del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Junts pone contra las cuerdas la ley para reducir la jornada laboral. Como advirtió, la formación de Carles Puigdemont ha cumplido su amenaza y este miércoles por la mañana presentará la enmienda a la totalidad a la regulación para llevar el horario máximo de trabajo a las 37 horas y media (de media anual). “Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos”, ha afirmado Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, en una entrevista en RNE, como habían informado fuentes de la formación independentista catalana a elDiario.es.

El paso de Junts es una primera complicación para la tramitación parlamentaria de esta ley estrella para el Gobierno de coalición, especialmente para Sumar y para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde la formación de Díaz han intensificado la presión en las últimas semanas para intentar sacar la norma adelante, que aún no cuenta con los apoyos necesarios y que enfrenta una fuerte oposición por parte de las patronales.

“No ha habido ningún movimiento, hemos hablado estos días pero seguimos muy lejos”, afirman fuentes de Junts a elDiario.es. Ayer estaba prevista una reunión de la formación indepentista catalana con la vicepresidenta Yolanda Díaz, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con todas las fuerzas políticas (salvo Vox), pero el encuentro se canceló. Según Junts por una cuestión de agenda, porque coincidía con el encuentro mantenido ayer con Pedro Sánchez ante el estallido del caso Santos Cerdán.

Primer debate antes del parón veraniego

La presentación de la enmienda a la totalidad tiene lugar después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmara que el primer debate parlamentario sobre la reducción de la jornada tendría lugar antes del parón veraniego. Es decir, como muy tarde en julio, cuando la Cámara Baja tiene previsto convocar al menos un pleno extraordinario para votar algunas medidas que el Gobierno quiere tener ya listas.

De prosperar la enmienda a la totalidad de Junts, que podría suceder con el apoyo del PP y Vox (que no se han posicionado aún al respecto), el Parlamento devolvería la ley al Gobierno, que debería volver a aprobar una nueva norma si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz ha avisado a los empresarios de que, en caso de que se tumbara la ley, aprobaría el endurecimiento del registro horario por decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso, una carta de negociación que asomó hace unas semanas.

En cualquier caso, desde Sumar y el Ministerio de Trabajo han insistido en que la enmienda a la totalidad de Junts es más una maniobra de negociación, y han reiterado que confían en poder dialogar y superar este primer impedimento para que el texto legal se debata en el Congreso y las formaciones políticas puedan negociar su contenido, a través de enmiendas al articulado.

Ataques a los “sindicatos españoles” y a la reducción horaria

“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, ha explicado Nogueras en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha cargado contra los sindicatos por afirmar que Junts “es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo”, como afirmó Unai Sordo, el secretario general de CCOO.

Nogueras ha afirmado que no pueden dar apoyo a una ley “que se ha hecho solo con los sindicatos españoles”, y en la que, según su opinión, “se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Catalunya”. No obstante, hay que recordar que los sindicatos CCOO y UGT son los más representativos en Catalunya.

Nogueras ha reprochado que los sindicatos no tengan “fuerza” para denunciar que “el Estado español no está pagando a los catalanes” o que se “machaca a impuestos a la las pymes y a la clase trabajadora catalana”. “¿Dónde están esta gente cuando todo esto pasa y qué ocurre desde hace muchos años? Bueno, pues supongo que ellos no lo notarán (...) Lo único que les he escuchado era que volvían a atacar a Junts, que es lo único que escuchamos últimamente”, ha zanjado la independentista catalana.

Aunque en Trabajo insisten en la “discreción” sobre las negociaciones, las ayudas a las pymes se sitúan como una de las herramientas de negociación del Gobierno en la tramitación parlamentaria, especialmente con Junts, dada la importancia de las pymes en el tejido empresarial catalán.

Red Eléctrica (REE) ha situado este miércoles el inicio del histórico apagón del pasado 28 de abril en el “mal funcionamiento” de una planta fotovoltaica en Badajoz que la empresa, de la que el Estado es el mayor accionista con el 20%, tiene “perfectamente identificada”, pero no revela por cuestiones de “confidencialidad” y que fue la que provocó una “oscilación forzada de frecuencia” que el informe del Gobierno presentado el martes por el Gobierno considera anómala.

En una rueda de prensa en la sede en Tres Cantos (Madrid) de Redeia, matriz de la empresa, para presentar su informe sobre el apagón, la directora general de Operación de REE, Concha Sánchez, ha situado el inicio del incidente en “las 12 de la mañana” del 28 de abril.

La situación del sistema era “absolutamente normal”. “Nada teníamos de indicios de lo que después iba a suceder”. Pero a las 12.03 “el sistema empezó a sufrir” una “oscilación forzada de frecuencia” que provocó “una bajada del nivel de tensión” y una fluctuación “muy importante” que se prolonga durante casi cinco minutos y requiere actuar “de forma inmediata” porque es una situación “peligrosa”: hay que cambiar la forma en la que opera la interconexión con Francia, que deja de funcionar en corriente alterna y pasa a consigna fija, “algo que se hizo de acuerdo con RTE”.

Se observa una alteración “importante” en una línea eléctrica en Badajoz y se decide reducir el intercambio con Portugal. Pero la oscilación “se vuelve a reproducir” a las 12.16. “Seguimos desconectando reactancias para mejorar el nivel de tensión en el sistema”.

Procede de una “planta fotovoltaica que denominaremos A en la provincia de Badajoz”, que está “conectada a la red de transporte”. Según Sánchez, esa oscilación “inequívocamente” se debería “a un mal funcionamiento de los controles internos” de la planta. Pero esta cuestión “lógicamente deberá ser aclarada por el propietario”.

Tras esas oscilaciones anómalas, se observa un “crecimiento anómalo” de la demanda que “en realidad es una desconexión de generación” empiezan a desconectarse 700 MW de pequeñas instalaciones sobre las que REE, ha asegurado, no tiene visibilidad, incluyendo plantas de autoconsumo.

A continuación el flujo de la exportación se “reduce”, siguen incrementándose las tensiones y se produce el disparo de generación en una subestación en Granada. Empiezan a sucederse desconexiones, incluyendo otra de 582 MW en Badajoz, y cuando ya se han desconectado más de 2.000 MW en la red de transporte y “un volumen considerable” en redes de distribución “ya no fue posible que el sistema mantuviera sus niveles de tensión”. Pero hasta ese momento “no podemos hablar de sobretensiones” porque, ha asegurado, estaban en los valores que fija la normativa.

Otro aspecto muy “relevante” es la “insuficiencia de recursos” para controlar la tensión, porque no hubo un “cumplimiento” de las obligaciones de control de tensión de los generadores que deben prestar este servicio. “No hubiéramos tenido apagón”, ha afirmado. Y “que hubiera un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado las cosas”, en referencia al informe del Gobierno que destaca que la potencia de reserva estaba en mínimos de 2025, que la víspera un ciclo combinado se declaró indisponible y REE no lo sustituyó.

Sánchez ha urgido a que se apruebe el servicio de control de tensión que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza aprobar desde hace cinco años.

Se trata de un procedimiento que según el propio súperregulador está obsoleto y que REE le propuso en 2021. La propia CNMC planteó cambiarla en 2019 y en 2022, reconoció “problemas continuos de control de tensión” pero los abordó con un proyecto piloto.

REE ha presentado el informe sobre el apagón que exige al operador del sistema la normativa vigente (un procedimiento de operación de 2019) cuando se produce un incidente de “especial relevancia” como este, con un plazo máximo de 60 días y medidas a tomar para que no se repita.

REE ha sido señalada en el informe del Gobierno (que reparte culpas entre el operador del sistema) por una “mala planificación”, en expresión de la vicepresidenta Sara Aagesen, de la potencia reserva en el mercado conocido como de restricciones técnicas. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha explicado que es “clave” tener en cuenta que el operador, que debe ejercer sus funciones con “transparencia, objetividad y eficiencia económica”: “al mínimo coste”, como ha subrayado la directora general de Operación de REE. La empresa “no gestiona las redes de distribución” ni las redes privadas de evacuación de generación, ni los centros de control vinculados al resto de operadores, aunque “evidentemente” hay “una coordinación en la previsión y la operación” del sistema.

La empresa ha elaborado su informe con la información disponible “hasta donde alcanza la observabilidad el operador del sistema”. El resto de operadores, ha explicado Corredor, han facilitado “información parcial”, a veces sin “la calidad deseable”, sin entregar “siempre” los datos remitidos y con las compañías “especificando su carácter de confidencial”. Por eso, como el informe del Gobierno, el contenido se va a publicar “anonimizado” y se ha presentado este miércoles en un acto “al que no estamos obligados” y “en aras al interés general”.

“No es nuestra competencia la depuración de responsabilidades”, que “corresponde a las autoridades que están investigando”, la CNMC, ENTSO-E y la Audiencia Nacional, ha dicho Corredor.

Respecto al informe del Gobierno presentado este martes, Corredor ha recalcado que REE autorizó que “todos los datos” que le afectan “se hagan públicos” y el sector privado no: “Es evidente que no todos los agentes del sector han hecho lo mismo”. Desde el 1 de mayo REE ha realizado 57 envíos de informes, algunos compuestos por decenas de documentos, al comité que investiga el apagón, de forma “adicional” a la información de la denominada “caja negra” del sistema eléctrico.