El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España se opondrá y litigará

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia neerlandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85% y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

El documento de los abogados neerlandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias

¿Qué está pasando con el patrimonio español? Una parte de los edificios históricos —religiosos, civiles y militares— que componen el extenso, diverso y excepcional patrimonio de este país está en ruinas. España verá desaparecer en los próximos años más de un millar de testimonios históricos si nadie hace nada para evitarlo.

La memoria en ruinas es un podcast de elDiario.es sobre ese patrimonio español que se resiste a desaparecer. También podríamos decir que es un podcast de aventuras, en el que los periodistas José María Sadia, uno de los mayores divulgadores sobre patrimonio de este país, y Andrea Morán, experta de audio, recorren pueblos abandonados, museos, yacimientos o incluso ciudades bajo tierra para contar historias sobre nuestro pasado, que también hablan sobre nuestro presente.

Sadia y Morán viajan por toda España para hablar con los vecinos que observan cada día la lenta pero irremediable muerte de su iglesia, monasterio o castillo y acompañados también de historiadores, arquitectos, arqueólogos o antropólogos que nos ayudarán a entender qué está pasando, cuál ha de ser el papel de las administraciones, dónde debe estar la sociedad, en qué hemos fallado y cómo debemos remediar esta situación terminal. También buscarán la experiencia de los colectivos nacidos en el ámbito rural para salvar el patrimonio que otorga identidad a sus territorios y que conforma un pasado cuya memoria y legado no quieren olvidar.

A través de este podcast narrativo de 10 episodios, cada miércoles nos transportamos a los distintos lugares que visitan los periodistas con un nuevo episodio. Escucharemos el eco de la nave de la antigua iglesia de un monasterio rescatado de la ruina; el canto de los pájaros junto a una ermita en la Soria rural; el batir de los cultivos por el viento y el silencio de un territorio cada día más vacío y sólo, donde mueren los testimonios de siglos. Gracias a este formato sonoro se logra transmitir con todos sus matices, intensidad y precisión, la emoción del ser humano y conectar con sus historias y su patrimonio.

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Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

El dominio del mar nunca respondió a un solo tipo de figura ni a un mismo comportamiento. A lo largo de la historia, los piratas han sido reconocidos por su capacidad para controlar rutas marítimas, atacar barcos cargados de mercancías y alterar el equilibrio del comercio en distintos puntos del mundo. Ese protagonismo convirtió a algunos en nombres muy conocidos, repetidos en relatos, crónicas y documentos oficiales.

Sin embargo, esa fama no fue uniforme, porque dentro de ese mismo fenómeno coexistieron perfiles muy distintos. Algunos capitanes mantuvieron formas de mando más organizadas y repartieron botines entre sus tripulaciones, mientras otros recurrieron a métodos más agresivos y dejaron una reputación marcada por la violencia.

Esa diferencia explica que algunos fueran recordados con cierta simpatía y otros quedaran asociados a ataques brutales y saqueos sin control, lo que permite hablar de piratas considerados mejores, peores y directamente destructivos dentro de ese mismo fenómeno.

Un estudio desmonta la idea de fraude en el metal africano

Un estudio publicado en la revista npj Heritage Science analiza el oro akan recuperado del pecio del Whydah Gally y concluye que no existen pruebas de una adulteración sistemática del metal por parte de los comerciantes africanos, una práctica que en teoría habría permitido abaratar costes y obtener mayor beneficio en los intercambios al reducir la pureza del material.

La investigación se basa en piezas recuperadas de ese barco hundido en 1717 frente a Massachusetts, lo que permite trabajar con materiales fechados con precisión. Ese análisis ofrece una referencia sobre la calidad del oro que circulaba en la Costa de Oro en ese momento. Además, los datos cuestionan una interpretación repetida durante siglos en las fuentes europeas.

El viaje del barco explica cómo el cargamento cambió de manos

El recorrido del Whydah Gally permite entender cómo ese oro llegó hasta manos de piratas. La nave salió de Inglaterra en 1716 rumbo a África Occidental y pasó por zonas como Senegambia, el golfo de Benín y la actual Ghana, donde adquirió mercancías valiosas.

En ese trayecto se hizo con oro akan que formaba parte de las redes comerciales de la región. Más tarde, cuando navegaba hacia Jamaica, fue capturada por Samuel Bellamy, conocido como Black Sam, que la convirtió en su buque insignia.

Su etapa como barco pirata fue breve, porque en abril de 1717 una tormenta la hundió frente a Cape Cod. El hallazgo del pecio en 1984 permitió recuperar más de 300 piezas de oro, entre cuentas, pepitas y fragmentos de joyería, que ahora sirven como base del análisis científico.

El análisis de laboratorio muestra valores propios del mineral

Las sospechas europeas sobre ese metal se apoyaban en relatos repetidos durante generaciones. Pieter de Marees escribió que los comerciantes africanos fundían el oro con plata para reducir su calidad, mientras William Bosman afirmaba que muchas pepitas eran aleaciones con cobre. Esas afirmaciones circularon en informes comerciales y documentos coloniales durante siglos.

Sin embargo, procedían de observadores externos que no siempre aplicaban métodos de verificación directos. En muchos casos se basaban en inspecciones superficiales o en testimonios indirectos, lo que generó una imagen persistente de fraude que no se apoyaba en análisis materiales.

El estudio científico ofrece otra lectura a partir de los datos obtenidos en laboratorio. Los investigadores analizaron 27 piezas mediante fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica. El contenido de oro se sitúa entre el 73,5% y el 96,7%, con una media cercana al 87,5%, cifras compatibles con oro de alta calidad.

La presencia de plata, que llega en algunos casos al 22%, coincide con la composición natural de los yacimientos del cinturón aurífero Ashanti. El cobre aparece en niveles bajos, en torno al 1% o menos en la mayoría de las muestras. Estos valores muestran que las variaciones observadas no responden a una manipulación sistemática, sino a características propias del mineral.

La interpretación de esos elementos completa el análisis. La plata no se añadió de forma artificial en la mayoría de los casos, sino que forma parte del oro tal como se extrae en determinadas zonas de Ghana. El cobre, algo más presente en piezas fundidas, puede explicarse por residuos en los recipientes utilizados por los artesanos o por pequeñas adiciones para endurecer el metal. En ningún caso esos niveles modifican de forma relevante el valor del oro. El zinc detectado en algunas pruebas se relaciona con contaminación superficial tras siglos bajo el agua, no con la composición original de las piezas.

Los resultados obligan a revisar una idea repetida durante siglos

El comercio de ese oro explica por qué estas discusiones tuvieron tanta importancia. Durante más de 1.000 años, el metal procedente de África Occidental alimentó rutas que cruzaban el Sahara y, más tarde, el tráfico marítimo europeo. A partir del siglo XV, varias potencias levantaron fortalezas a lo largo de unos 550 kilómetros de costa en la actual Ghana para asegurarse el acceso a ese recurso. En ese contexto, cualquier duda sobre la calidad del oro afectaba a intercambios comerciales y relaciones políticas.

Los resultados del estudio obligan a revisar esa percepción histórica. El análisis muestra que, al menos en el caso del cargamento del Whydah, el oro se ajusta a la variabilidad natural de los yacimientos africanos. Las acusaciones de adulteración pierden fuerza cuando se comparan con datos medidos directamente sobre las piezas. Ese cambio no resuelve todas las preguntas sobre el comercio del oro, pero sí altera una interpretación que había dominado el relato durante siglos.

El catálogo de personajes del juicio Kitchen guarda un lugar destacado a Silverio Nieto, el sacerdote amigo de Jorge Fernández Díaz que hizo de correa de transmisión de las advertencias que se lanzaron algunos de los principales acusados antes de empezar a desfilar por el juzgado como imputados. Nieto, que fue marino marino, jueza, policía y luego cura, ha decidido restarse importancia y atribuir su conocimiento y participación de los hechos a su labor de pastoreo de almas, algunas tan zozobrantes en aquellos días como la del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En realidad, Nieto ejercía una influencia sobre Fernández Díaz que antiguos miembros de ese departamento envidiaban. El pastor de almas, además, no es ajeno a los ambientes policiales. No solo porque fuera policía en el tardofranquismo y la transición. Como él mismo ha reconocido en su declaración como testigo, es amigo de uno los protagonistas de ese ecosistema, el comisario Enrique Garcia Castaño, El Gordo.

El comisario Garcia Castaño es incapaz de defenderse por las secuelas de un grave accidente cardiovascular y ha quedado fuera del banquillo. Pero antes de eso, confesó en el Congreso su participación en muchos de los episodios clave de la historia de la democracia, a un lado y otro de la ley. Cuando el Gordo fue preso un temblor sacudió la Policía. Los agentes de Asuntos Internos lo encontraron ese día en compañía del padre Silverio.

En enero de 2020, el antiguo número dos del Ministerio anticipaba su imputación. El comisario García Castaño había confesado actuaciones ilegales en Kitchen y había dicho en el juzgado que fueron órdenes del director adjunto operativo, Eugenio Pino, y del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este sabe a quien tiene que dirigirse para lanzar un mensaje al Gordo. Escribe al cura Silverio y le advierte de que las actas sobre los mensajes del ministro que guarda en su poder provocarán su imputación y probablemente la de Rajoy. Nieto reenvía el mensaje a García Castaño y al propio ministro.

Lo hizo, según ha dicho este martes, porque los autores y receptores del mensaje “lo estaban pasando muy mal humanamente”. “Y yo me preocupaba”, ha añadido. “La vinculación [entre los protagonistas] estaba en todos los medios, la posible imputación de Francisco Martínez... y me pareció que podía ser interesante que él supiera lo que iba a hacer [Martínez]. Si no se lo mandé al señor Rajoy es porque no tenía el teléfono”, ha dicho el padre Silverio.

En el tono más desafiante al fiscal de cuantos se han producido hasta ahora, Nieto ha advertido: “Esto era importante para ustedes. Para mi no lo era”. Durante su testimonio se intuía que el fiscal César de Rivas no quedaba convencido. “Es un mensaje más aunque usted pueda pensar otra cosa”, ha soltado el cura. Menos aún convencidos quedaron sus compañeros Miguel Serrano e Ignacio Stampa cuando tomaron declaración a Nieto en fase de instrucción a finales de 2020.

Silverio Nieto tampoco convenció a los portavoces de la comisión de investigación del Congreso. El de Ciudadanos en aquel momento, Edmundo Val, le espetó que si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárlo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.

Nieto tuvo influencia en el Ministerio del Interior desde el mismo momento en que fue nombrado al frente Jorge Fernández Díaz. El primer secretario de Estado que tuvo, Ignacio Ulloa, fue designado por la influencia del cura Nieto, según fuentes conocedoras de aquel nombramiento. Se da la circunstancia de que el padre Nieto conocía al que fue su sucesor, Francisco Martínez, desde los tiempos de este en la elitista universidad de Comillas.

Amigo del Gordo

El cura ha contado en la Audiencia Nacional que conoció a Fernández Díaz por el interés del político en conocer a los líderes de otras religiones asentadas en España cuyos líderes mundiales visitaban el país. El sacerdote integraba la comisión asesora de las Minorías Religiosa: protestantes, judios, budistas, musulmanes... Un ámbito de trabajo habitual para los servicios de Información en España. Y ahí, el número uno era el Gordo, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes en terreno antiterrorista.

Durante su testimonio en el juicio, Silverio Nieto ha negado estar al tanto de cuestiones policiales. “Vuelvo a decirle que en el año 83 dejé la Policía”, ha contestado, quejoso, a uno de los abogados. El 4 de octubre de 2017, ya relevados de sus cargos Fernández Díaz y Martínez, el pastor de almas escribe a este último: “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, escribe. Han pasado tres días del referéndum del 1 de octubre. El pastor de almas tiene un plan para combatir policialmente el soberanismo.

El Govern de la Generalitat ha salido a defender su plan piloto para integrar agentes de los Mossos d’Esquadra en 14 escuelas. Ante las protestas que ha generado la noticia entre la comunidad educativa y las familias, ha asegurado que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro será obligado a participar de la iniciativa”, según han apuntado fuentes del Departament de Educación.

Asimismo, han defendido que el proyecto se empezó a trabajar en septiembre de 2025 y a petición de diversos centros educativos que habían pedido ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención. “No responde a una emergencia, sino a una necesidad estructural”, han insistido desde el Departament, que apunta a que “no hay ningún problema de convivencia” en las escuelas catalanas.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha querido responder a las críticas que ha recibido el plan piloto asegurando que estos agentes “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. De hecho, ha insistido en que el diseño de esta prueba se ha desarrollado de la mano de los claustros de los centros educativos elegidos para estos meses de testeo.

Pero por contra, este pasado lunes diversos de los centros escogidos para esta prueba convocaron manifestaciones contra la presencia de policías en los centros y denunciando que nadie les había informado sobre la misma. Profesores de dos centros de L'Hospitalet participantes en la prueba piloto han explicado que se les comunicó el proyecto el pasado jueves sin ningún tipo de concreción ni detalle. “Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático”, ha denunciado Pepa Vidal, docente del instituto Eugeni d’Ors.

En esta línea, la consellera ha insistido en la “voluntariedad” de la la medida y ha querido respetar “la autonomía” de cada escuela. “Algunos ya lo habían hablado con su claustro y otros quizás decidieron no comunicarlo a las familias y al profesorado hasta poco antes de la llegada del agente”, ha explicado.

Por el momento, habrá 6 policías -conocidos como Agentes de Convivencia- distribuidos en 14 escuelas de 6 zonas educativas diferentes: El Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Vic, Sabadell (Barcelona), Urgell y la Vall d’Aran (Lleida). Se trata de centros de diversa tipología, de diferentes etapas y de diversos ámbitos territoriales. La consellera Niubó, ha querido desmentir que los centros escogidos para la prueba sean todos de alta complejidad ni especialmente conflictivos.

El plan, que ha empezado esta misma semana, todavía no ha llegado a todas las escuelas, ya que habrá policías que tendrán asignados diferentes centros a la vez. Es por eso que su presencia no será permanente en los colegios. El Departament ha aclarado que los mossos -que irán sin arma y vestidos de paisano-, si bien estarán físicamente en las escuelas -nunca en las aulas-, no tendrán un despacho físico pensado para que los alumnos puedan dirigirse directamente a ellos, como sí pueden hacerlo con los educadores sociales.

La función de estos agentes, según el Govern, será la de aportar una “mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar el ámbito pedagógico. La intención, pues, es que estos mossos sirvan de apoyo al personal educativo. De hecho, “no está previsto los agentes que tengan contacto directo con el alumnado”.

Preguntado por la función concreta de los policías en las escuelas, el Departament ha evitado concretar una respuesta, insistiendo en que se trata de un proyecto piloto y que habrá que esperar a ver cómo decide desarrollarlo cada centro. “Los centros tendrán flexibilidad”, han apuntado. Sí que han concretado que los 6 agentes seleccionados son mossos con experiencia en actividades comunitarias y formación en mediación de conflictos. Incluso, han asegurado, algunos de estos policías ya habían trabajado en los centros que les han sido asignados.

Críticas de la comunidad educativa y las familias

Este plan piloto se dio a conocer el pasado jueves, después de que lo avanzara El País. La noticia desató críticas entre las familias y la comunidad educativa, que han visto con malos ojos esta medida polémica. Por eso, desde el Departament han apuntado que la intención del Govern era no comunicar nada sobre la introducción de los Mossos en las escuelas hasta que finalizara el plan piloto. En septiembre se hará una primera evaluación para introducir ciertas mejoras en el proyecto. El final de la prueba será en diciembre de 2026 y a partir de ahí se evaluará si la idea es “sostenible y escalable”.

La consellera Niubó ha insistido en que el proyecto nace de “una demanda del territorio”, pero desde el profesorado insisten en que, aunque sí les preocupa el aumento de la violencia en los centros, nunca se habían reclamado medidas de este calado. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, señala Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario en la educación pública.

Los docentes reivindican que rebajar los incidentes en algunos centros pasa por bajar ratios, desdoblar algunos grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. De hecho, algunas de las fuentes consultadas acusan al Departamento de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. Tanto, que este curso empezó con 120 educadores sociales menos.

“Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamenta Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. Desde el Govern han querido aclarar que el plan, que se ha elaborado conjuntamente entre Educación e Interior, se ha desarrollado con recursos de esta segunda conselleria. También han querido incidir en que los Mossos “no vienen a sustituir a ningún otro profesional”, en referencia a los educadores sociales.

A pesar de eso, diversas de las escuelas integradas en la prueba piloto ya han mostrado su rechazo a la iniciativa, que consideran un “insulto”. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, ha asegurado Pepa Vidal, profesora de una de las escuelas que participan en la prueba piloto, durante las protestas del lunes. Por su parte, los alumnos han denunciado que la medida es “un ataque racista y estigmatizador”.

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

Con todo, y a pesar de las críticas, el Departament ha asegurado en que ninguno de los 14 centros de la prueba piloto ha querido retirar su participación. Por el contrario, han apuntado en que desde que se hizo pública la iniciativa ha habido diversas escuelas que han pedido formar parte de la misma.

La educación pública en Catalunya se encamina hacia un final de curso convulso. Los sindicatos que convocaron la última oleada de huelgas, las del mes de marzo, han doblado la apuesta en su intento de sentar el Departamento de Educación a negociar, y han anunciado este martes un calendario de mayo y junio repleto de paros laborales. 

El ciclo de movilizaciones, el tercero de este curso 2025-2026, contempla tres convocatorias de huelga en toda Catalunya y también dos en cada territorio. De esta forma, entre los próximos 6 de mayo y 5 de junio el profesorado de cada centro educativo estará llamado a cinco jornadas de huelga. Los tres paros que afectarán a toda la plantilla son los días 12 y 27 de mayo y el 5 de junio. 

Los sindicatos convocantes son USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical. Son los mismos que ya convocaron las huelgas de marzo, en respuesta al llamado “acuerdo de país” entre el Govern y CCOO y UGT. Aquel pacto, que incluía mejoras laborales y salariales para los docentes, fue tachado de insuficiente por el resto de sindicatos. 

Algunas de esas medidas, como el aumento progresivo del complemento salarial o el pago de las pernoctaciones en excursiones, ya se han aprobado. Pero los sindicatos que convocan la huelga piden una mayor recuperación de poder adquisitivo, reforzar plantillas para atender a la diversidad del alumnado, eliminar la “sobrecarga burocrática” o revisar los currículos con la participación del profesorado.

Antes que nada, lo que reprochan estos sindicatos al Govern es que enroque con el pacto con CCOO y UGT y rechace sentarse a negociar con ellos como comité de huelga. “No hay ninguna propuesta aceptable sobre la mesa ni ninguna voluntad de corregir el rumbo”, señalan en un comunicado. “Sin una propuesta digna, este curso no acabará con normalidad”, urgen al Departament.  

Antes del último anuncio de huelgas, y visto el éxito de las anteriores, los sindicatos realizaron una encuesta a la plantilla para calibrar los ánimos frente a nuevas movilizaciones. El 90% de los que respondieron defendieron seguir con las huelgas y el 58% apostaban por intensificar el conflicto.

“Es lógico y es justo”. El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha ido más allá que María Guardiola en Extremadura y, en su discurso de investidura en las Cortes de Aragón, ha hecho suya la 'prioridad nacional' impulsada por Vox en el territorio nacional. Eso sí, ha aclarado que las ayudas no tendrán en cuenta la “procedencia” de quien las solicite. Con continuos guiños a sus socios de la extrema derecha y un sinfín referencias críticas al Gobierno central, Azcón ha descrito un Aragón idílico que ha contrapuesto con el legado que se encontró al llegar en 2023. Este miércoles será investido con el apoyo de los 40 diputados del PP y Vox.

Mientras que la presidenta extremeña no hizo ni una sola mención a la 'prioridad nacional' en sus intervenciones la semana pasada –ni en el discurso, ni en las réplicas, ni en la toma de posesión–, Azcón ha optado por reivindicar este polémico término en sus primeras palabras ante los diputados aragoneses. “Es un principio fácil de entender”, ha manifestado: “Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. Así, ha insistido en la tesis de recibir “de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”: “Quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de nuestro sistema”.

Tras aclarar que este “enfoque” se hará “cumpliendo estrictamente la legalidad” y que “no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica”, en línea con lo afirmado en días atrás, ha pedido a “la izquierda” que deje de rasgarse las vestiduras: desde su punto de vista, “estos criterios llevan operativos desde tiempos de Felipe González”.

Un “Gobierno sólido”

Para justificar su acuerdo con la extrema derecha, Azcón ha destacado que aspira a que haya un “Gobierno sólido”, respaldado por “una amplísima mayoría” y reflejo de lo que dictaron las urnas el 8 de febrero. “Los aragoneses reclamaron con su voto un Gobierno regido por los valores, principios y propuestas electorales de la derecha”, ha incidido. Además, el pacto entre PP y Vox permitirá dar luz a una ley de presupuestos autonómicos que es “la norma más importante”. Porque la “imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada”, ha apuntado en referencia al Gobierno central, “obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto”.

Esta no ha sido su única referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, su discurso –de hora y tres cuartos de duración– ha estado regado de continuos ataques: le ha acusado de “incapacidad” con el apagón, de los problemas con las huelgas sanitarias, de “embarrar la convivencia de los españoles” para enrocarse en el poder o de tener como único objetivo mantener a un presidente “rodeado de corrupción”. Y ha reivindicado carencias en materia de carreteras, de ayudas a Teruel y de infraestructuras hídricas.

Azcón ha sacado pecho de su gestión desde el verano de 2023 en materias como sanidad, servicios sociales, carreteras o el sector primario, frente a lo que ha contrapuesto una situación cercana al cataclismo cuando llegó al cargo tras el Gobierno de Javier Lambán.

Y ha incluido varias de las propuestas suscitas con Vox en el acuerdo de gobernabilidad de la semana pasada. Entre ellas, las rebajas fiscales, la construcción de 4.000 viviendas públicas, el incremento del presupuesto de Sanidad en porcentaje equivalente al incremento global del presupuesto autonómico, la gratuidad progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años, la ampliación de los regadíos o la ampliación a 24 meses de la cuota cero para nuevos autónomos.

El cementerio de Sad Hill representa uno de los hitos más sorprendentes de la historia del cine en España. Aunque muchos asocian el spaghetti western exclusivamente con los desiertos de Almería, este icónico paraje se ubica realmente en la provincia de Burgos. Fue en 1966 cuando el prestigioso director italiano Sergio Leone decidió trasladar su cámara a la comarca de Arlanza. El objetivo principal era rodar la tercera entrega de su famosa Trilogía del Dólar, protagonizada por un joven y carismático Clint Eastwood. Aquel rodaje transformó para siempre el tranquilo paisaje castellano en un rincón salvaje y polvoriento del Lejano Oeste. La película El bueno, el feo y el malo encontró en estas tierras su escenario más espectacular y recordado por la crítica. 

Hoy en día, este lugar se ha consolidado como un punto de peregrinaje ineludible para miles de cinéfilos internacionales. Sad Hill es el testimonio vivo de una época dorada para el cine que sigue resonando con gran fuerza. La escena final de la película, conocida popularmente como el “Triello”, constituye el clímax absoluto de esta producción. En ella, los tres personajes principales se baten en un duelo a tres bandas por un valioso botín oculto. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef se miran fijamente en una tensión que parece volverse eterna. El tesoro de 200.000 dólares se encuentra escondido bajo la tierra en una de las miles de tumbas del lugar. La búsqueda desesperada de los protagonistas se centra en la lápida del misterioso soldado llamado Arch Stanton. 

La inolvidable música de Ennio Morricone acompaña cada gesto, aumentando el ritmo de forma magistral y emocionante. Es un montaje de imágenes precisas que funciona con el ritmo de un videoclip cargado de simbolismo visual. Este enfrentamiento final se ha convertido en una de las secuencias más icónicas del cine. La construcción de este colosal decorado exterior fue una tarea titánica realizada por efectivos del ejército español. Unos 250 soldados trabajaron intensamente durante apenas tres días para levantar la estructura del cementerio circular. El diseño detallado corrió a cargo del escenógrafo Carlo Simi, quien buscaba crear una estructura visualmente monumental. 

De hecho, hay expertos que aseguran que Sergio Leone se inspiró directamente en el Coliseo de Roma para idear esta arena de duelo. El resultado fue un anfiteatro natural impresionante con más de 5.000 tumbas dispuestas en varios círculos concéntricos. La plaza central empedrada cuenta con un diámetro de treinta metros donde ocurre toda la acción dramática principal. Todo el conjunto exterior se extiende por unos 300 metros de diámetro en el valle de Mirandilla. Fue un despliegue técnico sin precedentes que permitió a Leone recrear su particular visión de Nuevo México.

Muchos visitantes se preguntan todavía por qué Leone eligió Burgos para ambientar una historia del Oeste. El responsable de las localizaciones buscaba un entorno natural que recordara fielmente a los paisajes de Arizona. El valle del Arlanza y sus formaciones de piedra caliza ofrecían la estética ruda y salvaje que el director buscaba. Para Leone, este rincón burgalés era el doble perfecto de los parajes lejanos de Santa Fe y el Río Grande. Además del cementerio, se utilizaron otros puntos cercanos como el histórico Monasterio de San Pedro de Arlanza. También se recreó una violenta batalla en un puente sobre el río Arlanza utilizando dinamita real de forma controlada. 

La provincia de Burgos acaparó de esta manera el mayor tiempo de localizaciones de toda la película grabada. Este desvío del desierto permitió una variedad visual única que enriqueció enormemente la cinematografía del filme. Tras el estruendo de los disparos ficticios y el final del rodaje, el silencio volvió a reinar en el valle. El cementerio de Sad Hill no fue recogido por la productora, sino que simplemente fue abandonado a su suerte. Durante casi cincuenta años, la vegetación silvestre y el paso del tiempo borraron casi todas las huellas de Eastwood. Las cruces de madera originales se pudrieron y el empedrado central quedó totalmente oculto bajo capas de tierra. El lugar pasó a ser una leyenda local conocida por muy pocos, una reliquia del cine olvidada por muchos. El paraje se convirtió en un camposanto fantasma donde solo habitaba el recuerdo lejano de una ficción mítica. 

Amor desinteresado

De ahí que nadie imaginase en aquel entonces que aquellas tumbas vacías volverían a ver la luz del sol décadas más tarde. Parecía que la crónica de una muerte anunciada para el decorado se había cumplido de forma definitiva. Sin embargo, en el año 2014, un grupo de entusiastas decidió rescatar este valioso patrimonio cinematográfico nacional. Así nació oficialmente la Asociación Cultural Sad Hill, movida por el amor desinteresado de sus socios al cine. Armados con picos y palas, numerosos voluntarios y vecinos comenzaron la ardua tarea de desenterrar el círculo de piedras. Para poder financiar la restauración completa, lanzaron una ingeniosa campaña de apadrinamiento de tumbas por quince euros. La iniciativa ciudadana fue un éxito absoluto y en 2019 se completaron las cinco mil lápidas simbólicas disponibles. 

Gracias a este esfuerzo colectivo admirable, el cementerio recuperó el aspecto exacto que lucía en el filme original. Personajes famosos y fans anónimos tienen ahora su nombre escrito en este lugar tan especial para la historia. La resurrección de Sad Hill es un ejemplo de cómo la pasión puede salvar la cultura. La gesta de estos voluntarios burgaleses quedó inmortalizada en el premiado documental titulado Desenterrando Sad Hill. Esta obra del director Guillermo de Oliveira narra con detalle el proceso de reconstrucción y su impacto mundial. El documental contó con la participación de figuras de la talla de James Hetfield y el propio Ennio Morricone. Incluso el legendario Clint Eastwood envió un emotivo mensaje de apoyo, reconociendo la importancia de su trabajo altruista. 

La película estuvo nominada a los premios Goya y ganó galardones en festivales de cine como el de Sitges. Este reconocimiento mediático puso a la comarca de Arlanza de nuevo en el mapa del turismo cinematográfico internacional. Actualmente, el sitio recibe cientos de visitas diarias, recuperando su brillo como una verdadera estrella del celuloide. Sad Hill ya no es solo un decorado, sino un símbolo cultural de gran valor patrimonial.

El coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue director del Gabinete Técnico y de Coordinacion del Ministerio del Interior con cuatro ministros de distinto signo, incluido Jorge Fernández Díaz. Su puesto le otorgaba responsabilidades de “cajero” sobre los fondos reservados y, en ese sentido, ha declarado este martes en el juicio del caso Kitchen. Pérez de los Cobos ha explicado la “orden comunicada” que regula desde 1995 el manejo de los fondos reservados. En lo referente a los ministros del Interior, su testimonio ha dejado en evidencia la afirmación de Mariano Rajoy, que el pasado jueves aseguró que nunca tuvo relación alguna con este apartado durante su etapa al frente del Ministerio, a principios de la década de los 2000.

Pérez de los Cobos ha asegurado que la Ley y la orden derivada de la misma establecen que el ministro del Interior tiene que comparecer ante la comisión de secretos oficales del Parlamento, “en principio cada seis meses ” –un plazo que rara vez se cumple–, para dar cuenta del uso de los fondos reservados. Las comparecencias del ministro eran preparadas por el director del Gabinete de Coordinación, al menos en tiempos de Pérez de los Cobos, que no coincidió con Rajoy en el Ministerio, porque él preparaba el borrador con los datos que leía el ministro a los parlamentarios.

En su capítulo de olvidos, Rajoy tampoco recordó el jueves relación alguna con los fondos reservados cuando fue ministro del Interior. “A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, afirmó el expresidente del Gobierno.

La declaración este martes de Pérez de los Cobos ha sido ilustrativa del funcionamiento de los fondos reservados y de las lagunas que deja la Ley que se aprobó en 1995 para enfrentar el desvío de ese dinero público con motivo del terrorismo de Estado de los GAL. Pérez de los Cobos ha explicado que “el gasto se genera antes del pago” por parte del Ministerio del Interior a las Direcciones Adjuntas Operativas de Policía y Guardia Civil.

El control estipulado para el Ministerio se limita a confirmar que se han rellenado todos los apartados que establece la orden comunicada y que la suma de los gastos de todos los conceptos coincide con la cantidad que se solicita por cada cuerpo policial a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Este sistema deposita la gran responsabilidad del control efectivo del uso de los fondos reservados en los directores adjuntos operativos de Policía y Guardia Civil. En el caso de Kitchen, el DAO de la Policía Eugenio Pino se sienta en el banquillo con una petición de Anticorrupción de 15 años de cárcel por, entre otros delitos, malversación de fondos públicos por el pago de 53.000 euros al chófer de los Bárcenas, que ejercía como topo de una operación presuntamente ilegal.

“Hay un elemento de control sobre los elementos en el nivel que estipula la norma y luego, si me permite, un espacio de tranquilidad, encuanto a que ese control está acreditado por la persona que dirige esas unidades, incluso por la persona que dirige las unidades subordinadas”, ha dicho Pérez de los Cobos. En el caso de la Policía, y de la Kitchen, “esa persona que dirige las unidades” era el director adjunto operativo Pino, artífice de la brigada política de la Policía y mando directo de todas las campañas contra el independentismo, Podemos o la operación Kitchen.

Por contra, el testimonio de Pérez de los Cobos ha resultado positivo para el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el sentido de que éste tenía como obligación unicamente estampar su firma, junto a la del coronel de la Guardia Civil, en el documento que daba fe de que el dinero se había gastado, sin que se le otorgase la capacidad de indagar en que los conceptos en los que se había empleado y que aparecían brevemente reseñados eran ciertos o se habían inventado.

Pérez de los Cobos ha dicho que no recordaba haber visto en tales conceptos los nombres “Gürtel”, “Bárcenas”, “Kitchen” o “cocinero”, aunque ha añadido que cada mes se libraban fondos para entre cien y doscientas operaciones de Policía y Guardia Civil.

El coronel, a preguntas del abogado de Fernández Díaz, ha asegurado que solo habló de fondos reservados con el ministro cuando llegó al departamento y le tuvo que explicar el funcionamiento que indicaba la ley, y que lo mismo había hecho con el resto de ministros con los que trabajó. Solo volvió a hablar de los fondos reservados con él para preparar las comisiones en el Congreso. Fernández Díaz nunca le abordó por los fondos reservados en ninguna ocasión más, ha respondido.