El IBEX 35 ha roto este lunes un nuevo récord y ha cerrado la sesión por encima de los 18.000 puntos, después de que los inversores hayan optado por el mercado de valores en detrimento de los metales preciosos, como el oro y la plata, que se han desplomado tras alcanzar máximos la pasada semana.

El índice de la bolsa española ha avanzado un 1,3% en la sesión y ha alcanzado los 18.115,20 enteros, impulsado por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street. El mercado español se ha sacudido de encima la caída de los metales preciosos y del petróleo, con el barril de Brent (de referencia en Europa) registrando un descenso del 6,58%, según recoge Efe.

De los grandes valores, destaca la subida del 2,49% del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que el BBVA ganó el 2,14%, Telefónica el 1,02% e Inditex el 0,91%. Bajaron Repsol, el 1,18% (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18%.

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Los primeros palestinos que han obtenido el visto bueno para entrar a Gaza o salir de la Franja se han dirigido al paso fronterizo de Rafah a primera hora del lunes. Pero atravesar el cruce no ha sido fácil debido a los controles de seguridad adicionales que ha establecido Israel –que cerró Rafah en mayo de 2024, cuando tomó el control del lado palestino de la frontera– para permitir su reapertura, prevista en el plan de Donald Trump para el enclave costero.

La apertura estaba prevista el domingo 1 de febrero, pero ayer sólo se llevó a cabo una prueba “piloto” del nuevo mecanismo para el tránsito de los gazatíes por Rafah, tal y como señaló el Cogat (organismo del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos). El viernes pasado, el Cogat había anunciado que el cruce abriría el domingo, después de varias semanas posponiendo este importante aunque simbólico gesto para los gazatíes.

Para este lunes, está previsto que salgan de Gaza unas 50 personas y entren otras 50; se espera que esa cifra aumente en los días siguientes, aunque Israel y Egipto limitarán en todo momento el número de gazatíes autorizados para salir y entrar. Según distintas fuentes, sólo aquellos que abandonaron la Franja para recibir tratamiento médico durante la guerra podrán regresar; asimismo, la mayor parte de los que salgan ahora del territorio palestino lo harán por motivos de salud.

En el lado egipcio de la frontera, un gran número de ambulancias y trabajadores sanitarios esperaban la llegada de los gazatíes, que serán trasladados a hospitales de la zona o de otras partes de Egipto para recibir los tratamientos que en Gaza no están disponibles. Los primeros pacientes llegaron a territorio egipcio en la tarde del lunes, tras horas de periplo.

El canal de televisión egipcio Al Qahera News, cercano a las autoridades, ha confirmado que 50 palestinos que habían recibido tratamiento médico en Egipto han cruzado a primera hora del lunes la frontera para regresar a Gaza. Mientras, el Ministerio de Sanidad palestino ha informado de que cinco pacientes gazatíes han recibido autorización de Israel para salir de la Franja y ser tratados por sus heridas, a través de la Organización Mundial de la Salud.

Para supervisar la reapertura del paso de Rafah, ha sido desplegada una misión de la Unión Europea en el lado palestino del paso fronterizo, que ha estado bajo control israelí desde mayo de 2024, cuando el ejército hebreo se hizo con el control de la terminal y del corredor existente entre la frontera egipcia y la Franja de Gaza.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado la apertura del paso de Rafah, pero como en otras ocasiones ha descargado sobre Hamás el proceso de reconstrucción de Gaza. Kallas ha apuntado en la red social X que “la apertura del cruce de Rafah marca un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE está sobre el terreno para supervisar las operaciones de cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos. Para los enfermos y heridos de Gaza, la reapertura es un salvavidas. Permitirá a las familias reunirse tras tanto tiempo separadas. Gaza sigue necesitando ayuda urgentemente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamás”.

Kallas también ha compartido algunas fotografías de los miembros de la misión de la UE en la frontera.

Un portavoz de la Comisión Europea ha añadido que a la apertura del paso se suma “el despliegue de la Misión Civil de Frontera de la UE en Rafah”, que “marca un paso significativo en la implementación del plan integral para poner fin al conflicto”, diseñado por la Administración de Donald Trump sin la participación de la UE.

Ante las continuas violaciones del alto el fuego cometidas por Israel, desde la Comisión Europea se ha subrayado que “la UE ha estado enfatizando lo crucial que es consolidar el actual frágil alto el fuego y evitar más bajas” para avanzar en “la implementación del Plan Integral, de acuerdo con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Este mismo lunes, Israel ha matado a cuatro palestinos en Gaza, por lo que son más de 520 los asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado mes de octubre.

Ante los incumplimientos por parte del Ejército israelí sobre la demarcación en la que se encuentran sus tropas, conocida como línea amarilla, la Comisión Europea ha recordado que “la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU rechaza cualquier intento de cambios demográficos o territoriales en la Franja de Gaza. Y enfatizaremos la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. El plan de paz de Donald Trump también ha dejado claro que Israel no ocupará ni anexará la Franja de Gaza”.

El plan de 20 puntos diseñado por el equipo de Trump preveía la apertura del paso de Rafah poco después del cese de las hostilidades, pero Israel ha rechazado reabrirlo hasta que Hamás entregara el cuerpo del último rehén que aún no había sido devuelto. Aparte de reabrir Rafah, en esta segunda fase del plan de Trump, las tropas israelíes deberían retirarse de la mitad de la Franja que aún ocupan y debería desplegarse una fuerza internacional para la estabilización de Gaza, que aún no ha sido formada.

Los aldeanos se reunieron al borde del bosque con faroles de aceite y perros ladrando. El aire olía a humedad y cera derretida, y alguien murmuraba que había huellas frescas en el barro. Detrás de los matorrales, un ruido seco rompió el silencio. No era el viento. Una sombra menuda se movió entre los árboles, y un anciano dijo que esa noche la luna estaba llena y que el peligro andaba suelto.

A la mañana siguiente, el rumor era unánime: el hombre que decían que se transformaba había vuelto a matar, pero pronto se sabría que ni los colmillos ni la maldición eran reales, solo el miedo y la mentira que él mismo había alimentado.

Manuel Blanco Romasanta acabó juzgado por creerse un hombre lobo

El caso de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el Hombre Lobo de Allariz, se convirtió en el primer proceso judicial español en el que un acusado fue juzgado por licantropía. Nacido en 1809 en Regueiro, Ourense, Romasanta medía poco más de 1,30 cm y trabajaba como tejedor y vendedor ambulante.

Entre 1846 y 1852, sus crímenes se extendieron por pueblos gallegos donde atraía a mujeres y niños con falsas promesas de empleo. Confesó trece asesinatos, aunque solo se probaron nueve, y aseguraba extraer grasa humana para venderla como ungüento, lo que lo llevó a ser conocido como sacamantecas.

La sentencia que inicialmente lo condenó a muerte se transformó en cadena perpetua por orden de Isabel II en 1854. La intervención de un hipnólogo francés, el doctor Philips, resultó determinante: consideró que Romasanta no era plenamente consciente de sus actos y padecía una enfermedad mental. Ese informe persuadió a la reina de que el reo debía ser internado, no ejecutado. Romasanta fue enviado al penal de Ceuta, donde murió en 1863 a los 54 años.

En el juicio aseguró que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo

Durante sus años de actividad, Romasanta actuó en zonas rurales de Galicia, sobre todo en Allariz y Redondela. Se ganaba la confianza de las víctimas y las llevaba a lugares apartados donde las mataba, a veces estrangulándolas, otras degollándolas. Después enviaba cartas a las familias fingiendo que las mujeres habían encontrado trabajo o emigrado, un método que mantenía la sospecha lejos de él durante meses. Los vecinos empezaron a hablar de un hombre capaz de devorar a sus víctimas y de vender sus restos como grasa animal.

En el juicio, celebrado en 1852 bajo el nombre Causa contra el Hombre Lobo, Romasanta declaró haber actuado bajo una maldición. Afirmó que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena y que cazaba junto a otros dos hombres, Antonio y don Genaro. “La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso”, explicó ante el juez. “Me revolqué tres veces en el suelo y me convertí en un lobo”. Sus palabras sorprendieron al tribunal y marcaron un precedente en la historia judicial española.

El impacto del caso se extendió por toda Europa. La historia del supuesto licántropo apareció en periódicos y estudios de la época. En Galicia, el personaje pasó a ser parte del folclore popular y con los años inspiró relatos, cómics y ensayos.

Antes de sus crímenes, Romasanta ya tenía antecedentes: en 1844 había matado a un hombre en León y escapó de prisión. Su experiencia como guía de caminos le permitió moverse sin control por las montañas gallegas. Esa movilidad le dio ventaja para desaparecer tras cada asesinato y reanudar su vida de vendedor ambulante, hasta que fue detenido en Toledo tras una larga persecución y devuelto a Galicia. El proceso no solo sacó a la luz las dos caras de Romasanta, también hizo que se empezara a hablar en serio de hasta qué punto alguien enfermo puede ser responsable de lo que hace.

María Amparo López Boluda, una de las gestoras de las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha desmentido este lunes al que entonces era secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al asegurar que “es absolutamente imposible” que no llegara información de su departamento al Cecopi. “Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”, ha apostillado.

Así lo ha dicho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia, donde ha explicado que la sala donde se reciben las llamadas está en un edificio contiguo a donde se reúne el cecopi que se convocó aquel día.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le ha preguntado por la tesis defendida por Argüeso en sede judicial en el sentido de que en el Cecopi no recibían información del 112, donde la compareciente fue convocada como personal “de refuerzo” por la “preemergencia” y en el que, según ha recalcado, estuvieron trabajando todos los efectivos.

López Boluda ha recordado que, según la ley valenciana, el Cecopi se tiene que reunir cuando hay una “preemergencia” como aquella alerta roja, es decir, aquella era una situación “excepcional”. “Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión”, ha insistido.

En este contexto, ha explicado que en este tipo de situaciones “todo está protocolizado” porque “no cabe dar pie al error” y que toda la información que reciben se pasa a las agencias --trabajan con 123-- y una de ellas era Emergencias de la Generalitat (Emergen) que, a su juicio, “estuvo haciendo su trabajo muy bien”.

“O sea, que esa información la tenían”, ha aseverado, admitiendo que le “sorprende” que a partir de ahí no dieran un “paso más” ya fuera por “desconocimiento” o por otro motivo.

Más recursos y no subcontratas

Ibáñez también le ha preguntado si tuvieron conocimiento de que Argüeso aprovechó su cargo para “preocuparse por casos particulares cercanos a él”. La compareciente ha señalado así se ha dicho en sede judicial por una persona que estaba “bajo promesa o juramento de decir la verdad”.

Por otra parte, López Boluda ha reclamado más recursos y más personal y acabar con las subcontrataciones como la que ahora gestiona este servicio. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, ha dicho, denunciando que se rigen por un “convenio de contact center”.

“Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, ha deslizado.

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha alcanzado este lunes una nueva dimensión judicial. El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado ya dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Este entramado de adjudicaciones bajo sospecha señala directamente a figuras clave de la gestión municipal, empezando por la propia exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien ostentaba la máxima responsabilidad sobre el suelo de la ciudad hasta que la presión por este caso forzó su salida del ejecutivo. Junto a ella, el escándalo salpica a familiares directos de la exdirectora general —una alta cargo nombrada por el propio alcalde que también ha abandonado su puesto— y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio, conformando un listado de beneficiarios que ha generado una profunda indignación social.

El escrito presentado ante el Ministerio Público solicita que se investigue si estos hechos son constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Según los denunciantes, se habría incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, lejos de responder al interés general, parecen haber buscado el beneficio privado de cargos del Partido Popular.

Ana Barceló ha calificado la situación de “lamentable”, recordando que en Alicante existen actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. La portavoz socialista ha insistido en que las dimisiones de la concejala y la directora general no cierran el caso, sino que confirman la gravedad de una gestión que careció de los controles necesarios. Por ello, el PSPV mantiene la exigencia de que el alcalde convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.

Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa. 

La entidad más relevante en el ámbito de la electromovilidad, Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), expresa en un comunicado su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector del vehículo eléctrico en España, pese a los datos positivos de matriculaciones registrados en el mes de enero.

El incremento de matrículas en el primer mes de 2026 no responde, según la asociación, a un repunte real de la demanda, sino a operaciones comerciales cerradas a finales del año pasado. Por el contrario, las nuevas ventas se han ralentizado de forma significativa, dice, como consecuencia directa de la falta de certidumbre regulatoria y fiscal.

Uno de los principales factores que están afectando al mercado es la no aprobación en el Congreso del descuento del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, una medida que se juzga clave para incentivar la demanda y cuya supresión “traslada un mensaje de inestabilidad al consumidor, que retrasa o paraliza sus decisiones de compra”.

Desde Aedive se recuerda que una situación similar ya se produjo entre enero y abril de 2025, cuando las ayudas del programa Moves III quedaron temporalmente bloqueadas y se generó una caída notable del mercado.

La entidad reclama por tanto la restauración urgente del incentivo fiscal del 15% en el IRPF, así como su aplicación con carácter retroactivo “para no penalizar a quienes han apostado por la movilidad eléctrica en un escenario de transición normativa”.

Exige también que se concrete el Plan Auto+, parte del Plan España Auto 2030, especialmente en lo relativo a los 400 millones de euros previstos para ayudas en 2026.

A día de hoy se desconocen cuestiones fundamentales para el sector, como el modelo de gestión de las ayudas -estatal o a través de las comunidades autónomas-, su retroactividad, el reparto territorial de los fondos, la posible introducción de criterios vinculados a la huella de carbono y el impacto de dichos criterios en fabricantes, modelos y tecnologías disponibles.

“La falta de claridad en estos aspectos está generando un efecto de espera que afecta a fabricantes, distribuidores, operadores de renting, empresas de servicios y usuarios finales”, leemos en la nota.

La asociación constata, además, una insuficiente coordinación entre los distintos ministerios con competencias en movilidad eléctrica, “lo que dificulta un abordaje integral de los retos del sector”. Advierte también que la falta de concreción y continuidad en las políticas de apoyo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno en el PNIEC, que fija en 5,5 millones los vehículos eléctricos en circulación en 2030.

“Sin un marco regulatorio estable, previsible y coordinado, el ritmo de adopción necesario para alcanzar este objetivo se verá seriamente comprometido”, explicita.

Mensajes en la dirección equivocada

Aedive también muestra su inquietud ante determinados anuncios y posicionamientos recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior. Se refiere, por un lado, a la restricción del uso de carriles Bus-VAO para vehículos eléctricos con un solo ocupante y, por otro, a las palabras de Pere Navarro acerca de un modelo urbano en el que no se contemple el vehículo particular, incluso siendo eléctrico.

“Estos mensajes generan confusión entre los usuarios y resultan contradictorios con las políticas nacionales de impulso a la electrificación del parque móvil”, se señala.

A juicio de la asociación, las iniciativas públicas y los acuerdos con empresas privadas deben desarrollarse dentro de un ecosistema “amplio, abierto y plural de servicios de movilidad”, que incluya movilidad compartida, plataformas digitales de gestión, renting y nuevos modelos de uso, así como soluciones integradas de movilidad eléctrica.

La entidad defiende que la colaboración público-privada tiene que apoyarse en criterios de neutralidad, competencia y participación del conjunto del sector. Además, reitera su compromiso con la descarbonización, la innovación y el desarrollo industrial y tecnológico de la movilidad eléctrica en España, y hace un llamamiento a las administraciones públicas para “restaurar la confianza del mercado, aportar certidumbre normativa y acelerar la puesta en marcha de las medidas anunciadas”.

Los datos puntuales de matriculaciones no pueden ocultar una realidad que preocupa al sector, subraya finalmente, porque “sin estabilidad y coherencia, la transición hacia la movilidad eléctrica corre el riesgo de perder impulso y, con ello, dañar a la industria, la competitividad y el empleo, además del refuerzo de un modelo energético basado en fuentes renovables, en un entorno geopolítico complejo que reclama autonomía” estratégica en la compra de combustibles fósiles, pero que exige el incremento de la demanda, ligada al crecimiento de matriculaciones de vehículos eléctricos.