Mientras Donald Trump da señales de un cambio de rumbo en su guerra contra Irán, pasando en cuestión de horas de amenazar con redoblar presión militar a abrir la puerta una solución negociada, muchas miradas se han dirigido a Mohamad Baqer Ghalibaf, un influyente comandante de la Guardia Revolucionaria cuyo nombre ha emergido como posible interlocutor de Estados Unidos.

Tras sembrar la confusión asegurando que EEUU e Irán están manteniendo conversaciones, Trump afirmó este lunes que Washington está negociando con una “figura destacada” de Irán que no es el líder supremo. “Estamos tratando con el hombre que, en mi opinión, es el más respetado y el líder. Es un poco complicado: hemos eliminado a todo el mundo”, sostuvo, antes de añadir que no podía dar su nombre porque no quiere “que lo maten”.

Medios como Axios publicaron que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se habían puesto en contacto con Ghalibaf, aunque, al parecer, aún no se habían producido conversaciones directas. Distintas informaciones han señalado que Egipto, Pakistán y Turquía transmitieron mensajes, con Islamabad despuntando como posible sede de unas conversaciones. Fuentes israelíes apuntaron que podrían asistir Ghalibaf y otros funcionarios en representación de Teherán y, posiblemente, el vicepresidente Vance por EEUU. Una fuente familiarizada indicó a Axios que la participación de Ghalibaf en unas negociaciones es importante por su antigüedad y credibilidad dentro del régimen.

La especulación ha aumentado aún más después de que Politico desvelara que la Administración Trump está barajando discretamente a Ghalibaf como posible socio —e incluso como futuro líder—. No obstante, la misma información, que cita dos fuentes del Gobierno, recoge que la Casa Blanca espera “poner a prueba” a varios candidatos mientras busca a alguien dispuesto a llegar a un acuerdo. La atención se centra en figuras que ya ostentan poder dentro del sistema y una de las fuentes consultadas por el medio reconoce que se trata de colocar a alguien como Delcy Rodríguez en Venezuela. Pero a algunos les parece una idea prematura e ingenua, y también hay expertos que son escépticos ante la posibilidad de que Ghalibaf sea tan dócil.

El propio Ghalibaf lideró la respuesta pública de Irán a las afirmaciones de Trump y negó que se hubiera producido ninguna “negociación” con EEUU, acusando a Washington de intentar manipular los mercados y “escapar del atolladero en el que están atrapados” Trump y Netanyahu. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní admitió que el país ha recibido mensajes de Washington a través de intermediarios en los que solicitaba negociaciones, pero aseguró que en este momento no hay conversaciones en curso.

De la Guardia Revolucionaria a la política

Ghalibaf es el actual presidente del Parlamento iraní, con una trayectoria tanto en la esfera militar como en la civil. Luchó en el frente de batalla en la guerra entre Irán e Irak que estalló después del derrocamiento del sha y llegó a ser comandante de la Guardia Revolucionaria. También fue jefe de la Policía y, entre 2005 y 2017, fue alcalde de Teherán, dejando un legado mixto: sus partidarios elogiaron su enfoque tecnocrático y su atención a la gestión urbana, pero esta etapa también estuvo marcada por los escándalos de corrupción. Un perfil en el New York Times de aquella época lo presentó como un “modernizador autoritario”. Según The Guardian, en 2013, ordenó que todas las secretarias, mecanógrafas o jefas de oficina en los ayuntamientos fueran sustituidas por hombres.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (entonces conocido como Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, ICHRI) ha acusado en el pasado a Ghalibaf de desempeñar un papel destacado y directo en la represión y el uso de la violencia contra manifestantes en julio de 1999, julio de 2003 y en las protestas posteriores a las elecciones de 2009.

Protegido de Ali Jamenei, es un político ambicioso, pero comprometido con la preservación del orden iraní, lo que, a juicio de algunos expertos lo convierte en un candidato poco probable para ofrecer a Trump concesiones significativas en un ambiente de profunda desconfianza en Teherán. 

Aspirante presidencial casi perenne, ha intentado ostentar el cargo hasta en cuatro ocasiones. En 2024, quedó tercero en la primera ronda de las elecciones que acabó ganando Masud Pezeshkian, considerado el candidato reformista. Aquella campaña se vio empañada cuando salió a la luz un supuesto viaje de su hija a Turquía del que regresó con 300 kilos de compras para su bebé.

Ghalibaf, que cultiva una imagen de hombre fuerte, también ha sido profesor en la Universidad de Teherán y es piloto titulado –es conocido por presumir de que es capaz de pilotar aviones jumbo, según informa AFP–.

Un papel cada vez más central

Varios expertos creen que Ghalibaf es la figura política más influyente que sigue con vida tras la serie de ataques contra la cúpula perpetrados principalmente por Israel en su guerra ilegal conjunta con EEUU. Algunos analistas señalan que ha tejido sólidos vínculos entre las distintas facciones e instituciones. Ha sido descrito como un nodo clave entre las élites políticas, de seguridad y clericales.

En las últimas semanas se ha mostrado cada vez más central, exponiendo la postura de Irán a medida que avanzaba la contienda, como explicó Reuters en un artículo publicado la semana pasada, antes de que su nombre comenzara a sonar con fuerza en los últimos días. Según señaló el think tank The Soufan Center el 8 de marzo, Ghalibaf ha sido una de las dos figuras del establishment que dirigen la guerra y el Gobierno, figuras que “seguirán siendo poderosas e insistirán en mantener las políticas de Jamenei a menos que sean destituidas”. El otro era el jefe de seguridad nacional, Ali Larijani, asesinado la semana pasada en un ataque de Israel.

“El hecho de que Ghalibaf esté liderando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos concuerda con las informaciones que indican que ha consolidado una enorme influencia en Irán, especialmente desde que comenzó la guerra actual”, dice en su último informe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un think tank estadounidense.

Durante la guerra, la suya ha sido una voz desafiante contra Israel y Estados Unidos, prometiendo fuertes represalias por sus ataques. “Desde aquí, les digo con toda franqueza y claridad a Trump, a Netanyahu y a sus agentes y secuaces: a estos dos asquerosos asesinos y a todos sus cómplices, que han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio. Para nosotros, esto no es solo una guerra existencial, sino una furia reprimida, y ha llegado el momento de la venganza definitiva”, dijo en un discurso al comienzo de la guerra. En enero, aunque reconoció la legitimidad de las reivindicaciones económicas de los manifestantes, enmarcó la ola de protestas en el país persa dentro de un enfrentamiento en múltiples frentes —económico, cognitivo, de seguridad y militar— con EEUU e Israel, y advirtió de que cualquier intervención militar extranjera provocaría represalias contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Los expertos creen que llevaba tiempo vinculado a redes que apoyaban a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo elegido tras el asesinato de su padre el primer día de la guerra de EEUU e Israel. Ya en enero, en un artículo en el que abordaba una posible sucesión, el analista de la política exterior y de seguridad iraní Hamidreza Azizi situó a Ghalibaf en el bando que se inclinaba por Motjaba Jamenei. “Esta alineación nunca fue pública ni conflictiva, pero era relevante, ya que demostraba que la Guardia Revolucionaria Islámica no estaba unificada en torno a un único resultado de sucesión, aun cuando se mantuviera leal al propio Jamenei”, escribió el profesor visitante en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) en Berlín.

Azizi lo definió entonces, antes de la guerra, como una figura política de peso de la vieja guardia que podría erigirse en figura central, “aportando continuidad y coordinación”. 

ISW también especula con la posibilidad de que Ghalibaf haya formado parte del “reducido grupo de oficiales” de la Guardia Revolucionaria “que intervino de forma agresiva en el proceso de sucesión del líder supremo para garantizar que Mojtaba Jamenei sustituyera a su padre”. 

Los expertos del think tank sostienen que, si bien en las últimas décadas ha actuado principalmente como político, Ghalibaf mantiene estrechos vínculos con el establishment militar. Según su análisis, el presidente del Parlamento asumió un papel de mando superior “sin precedentes” durante la guerra de los 12 días –de junio de 2025– “lo que demostró su influencia y autoridad en el régimen”. “Según se informa, Ghalibaf también estuvo detrás de la formación del Consejo de Defensa tras la guerra de los 12 días, cuyo objetivo era agilizar la toma de decisiones y preparar al régimen para futuros conflictos contra Estados Unidos e Israel”. 

Por otro lado, el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, “podría haber eliminado otra barrera más a la influencia de Ghalibaf, dado que Larijani desempeñaba un papel igualmente dominante en la política exterior y de defensa iraní y se había opuesto al ascenso de Mojtaba, apoyando en su lugar a su propio hermano, Sadegh Amoli Larijani, para el liderazgo supremo”.

La Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid, formada por estudiantes, ha cancelado una charla que iba a celebrarse este martes en el campus de Getafe a cargo del exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del centro a este medio. Bajo el título “¿Con Franco se vivía mejor?”, el encuentro proponía un “análisis riguroso del franquismo desde una perspectiva histórica y con datos objetivos, poniendo el foco en cuestiones que siguen generando debate hoy en día”.

Alonso, al que la organización estudiantil presentaba como historiador en la invitación a la charla, ha llegado a calificar a Franco como “el autor de todo lo que es absolutamente viable en España” y defiende un relato directamente heredero del franquismo sobre este periodo histórico, “una de las etapas más relevantes de la historia reciente de España”, la define la Asociación de la Prensa, formada por alumnado de periodismo de la universidad.

Según ha publicado la asociación juvenil Abrir Brecha, que fue la que alertó de la celebración del evento, el Decanato envió un correo electrónico al estudiantado para anunciar la charla e invitar a los alumnos “esperando que sea de vuestro interés”, tal y como se puede leer en el e-mail hecho público en redes sociales. A preguntas de este medio, la unviersidad no ha respondido sobre si se evaluó el perfil del ponente y el trasfondo del encuentro antes, pero sí reconocen que el Decanato es el que autoriza los espacios para este tipo de charlas.

Desde la asociación denuncian que la universidad “haya permitido y haya dado voz” al evento. “No vamos a aceptar que nuestra universidad se convierta en un espacio donde se blanquea el fascismo mientras se intenta silenciar a quienes lo combaten. La universidad pública no es neutral: o se está del lado de los derechos políticos o se convierte en cómplice de quienes nos quieren ver en blanco y negro”, apunta el colectivo en un comunicado, en el que califican de “grave” no solo “el planteamiento del debate”, sino que en él participe un representante de una fundación “que se encuentra en proceso de ilegalización por hacer apología de la dictadura”.

Los organizadores del encuentro no han respondido aún a las preguntas de este medio, pero, según la Cadena Ser, han decidido cancelar porque puede ser “sesgada”.

“Franco no fusilaba gente”

El que iba a ser el único ponente del encuentro, que hace unos años era común en medios de comunicación como portavoz, niega la represión franquista asegurando que Franco “no fusilaba gente” y hace apología de la dictadura en línea con los mitos que el propio franquismo edificó de sí mismo: “Creó la Seguridad Social y todo el entramado político, económico y social que hemos disfrutado”, decía hace unos años. También calificó al dictador como “un referente” y “la solución” a los problemas del país.

Siguiendo las tesis del revisionismo histórico, Alonso promueve la idea falsa de que el golpe de Estado franquista de 1936 se produjo contra un Gobierno, el de la República, que era “ilegítimo”. En 2012 escribió un artículo en la web de la Fundación Francisco Franco titulado “el derecho al Alzamiento”. El Gobierno está inmerso en el proceso de disolver la organización, a la que hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su petición para frenar el procedimiento.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que celebran el 18 de julio, aniversario de la sublevación franquista.

Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavoramente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

El Tribunal Supremo avala el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada. Los magistrados han inadmitido los recursos de la Junta de Castilla y León y la empresa que gestiona las pistas contra la sentencia judicial que, en 2024, dio la razón al Gobierno y ordenó que se activara el desmontaje de la infraestructura cuya licencia caducó en 2021.

En una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Supremo rechaza por “falta de fundamentación suficiente” las peticiones de que se revisara la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se estableció que el Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP) tenía la obligación de tramitar el expediente de caducidad de la autorización para ocupar el monte público por donde discurren las pistas.

El propietario del terreno –el Organismo Autónomo Parques Nacionales– había decidido que, una vez terminado el plazo de la concesión, no hubiera más esquí en esa zona por su alto impacto ambiental en una zona colindante con el Paque Nacional de la Sierrra de Guadarrama.

El Partido Popular hizo de esta decisión un casus belli político. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el castallano y leonés, Mañueco, se plantaron en la estación para anunciar que la infraestructura seguiría funcionando. A partir de ahí comenzó el periplo judicial que ha terminado en la decisión del Supremo.

Aquella sentencia del TSJCL, que ahora queda refrendada por la decisión firme del Alto Tribunal, también se ordenaba que es la comunidad autónoma la que debe obligar a la empresa concesionaria Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A. a que cumpla con la obligación de desmontar las instalaciones y restituir el monte a su estado anterior.

El Gobierno de Canarias ha puesto este martes, pasadas las 10.30 horas, a la isla de Gran Canaria en situación de emergencia -el nivel máximo de sus planes de Protección Civil- por riesgo de inundaciones ante el volumen de lluvias que está soportando la isla desde esta medianoche debido a la borrasca Therese.

Al mismo tiempo, y debido a mismo peligro, ha activado en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro la situación de alerta, el tercer escalón en riesgo, tras los de emergencia y alerta máxima.

En cambio, Lanzarote y Fuerteventura siguen en prealerta.

En estos momentos, detalla la Dirección General de Emergencias de la comunidad autónoma, el centro de la borrasca Therese se encuentra “muy cerca” de las islas, “lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes”, aunque dispersos.

Desde la mañana se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero especialmente en el nordeste de Tenerife y, sobre todo, en el este y sur de Gran Canaria.

Es justo en esa zona de Gran Canaria, precisa el aviso, donde “un vórtice (de la borrasca) al sur de la isla está generando un penacho convectivo que ha entrado en la isla, barriendo la misma de sur a norte y generando lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas, e inundaciones significativas dispersas por toda la isla”.

De hecho, hace una hora, el Cabildo de Gran Canaria ha activado el nivel 2 de emergencias y ha pedido oficialmente la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, para poder atender todas las incidencias.

En Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones se van a mantener hasta primera hora de la tarde y podrían descargar más de 100 litros de agua por metro cuadrado en el curso de doce horas y de más de 40 litros/m2 en solo una hora.

Todo ello, sobre terrenos en muchos casos muy saturados por las lluvias de los seis días de impacto de Therese sobre Canarias y por las anteriores borrascas de este invierno.