El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, se niega a hacer público el contrato de asistencia jurídica que ha firmado con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como representante municipal, eso sí, con una compatibilidad aprobada por el pleno que le permite realizar alguna actividad privada, pero de forma “marginal”.

Como avanzó elDiario.es, Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó un contrato como asesor jurídico del COGITI especializado en temas urbanísticos. Una vinculación laboral que han reconocido oficialmente tanto el grupo municipal Vox como la entidad colegial, aunque ambas partes han insistido en que está amparada por la mencionada compatibilidad.

Las dudas legales, sin embargo, son inevitables habida cuenta de que Gosálbez participa y vota en las comisiones de Urbanismo como representante de Vox, al tiempo que asesora a miembros del Colegio de Ingenieros, que pueden ser potenciales contratistas del Ayuntamiento.

Precisamente, por este motivo Compromís per València ha denunciado que Gosálbez, miembro del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, oculta “deliberadamente” lo que cobra del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales alegando “secreto profesional”, tal y como esgrime el propio edil de extrema derecha en una respuesta por nota interior a la coalición valencianista.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha lamentado este nuevo caso de “opacidad municipal”, que pone en cuestión “las prácticas del gobierno de Catalá, empezando por la propia alcaldesa, de la que todavía no sabemos cuánto cobra de la Universidad Internacional de València (VIU); el concejal José Marí Olano, a quien han tenido que apartar de la mesa de contratación por incompatibilidades manifiestas; y ahora el caso de Gosálbez, que ante las preguntas de Compromís se niega a facilitar una información básica de transparencia”.

Papi Robles ha criticado que ya “empieza a ser habitual y también escandalosa” la forma en que el Gobierno de Catalá mezcla intereses privados con los públicos sin dar ninguna explicación. “Creen que pueden hacer lo que les da la gana desde el gobierno, pero cuando se trabaja con el sector privado hay que ser muy escrupuloso en todo lo que es público. Han elegido gobernar de manera opaca y con intereses que desconocemos qué esconden”, ha añadido la portavoz del segundo partido de la ciudad. “Un gobierno debe estar con dedicación plena a la ciudad, trabajando a tiempo completo, con una única prioridad exclusiva, que es lo que necesita una ciudad como València y lo que los vecinos y vecinas de la ciudad se merecen”.

Cabe recordar que el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, solicitó en diciembre de 2023 que el Pleno le autorizara, por un lado, a tener dedicación exclusiva como concejal y, al mismo tiempo, a compatibilizar el cargo con el ejercicio de su profesión como abogado. Desde Compromís han insistido en que el Pleno aprobó la compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter “marginal”, tanto en el aspecto funcional, en relación con el horario dedicado, como en la percepción económica que percibiera.

Sin embargo, como informó este diario, Gosálbez mantiene un contrato de asesoría jurídica del que pueden beneficiarse los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València, sin que el citado concejal haya informado de ello a la Secretaría del Pleno municipal, según argumentaron desde Vox, porque no está obligado a hacerlo.

Ante esta situación, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha pedido directamente a Gosálbez que haga público el contenido del contrato con el fin de disipar cualquier duda sobre si sigue cumpliendo los requisitos que el Pleno municipal impuso para aprobar la compatibilidad entre su dedicación exclusiva y el ejercicio marginal de la abogacía, a lo que el concejal de Vox se ha negado amparándose en un supuesto secreto profesional.

Para Puchades, “la actitud de Gosálbez deja clara su intención de eludir y negar cualquier posibilidad de transparencia sobre su actividad profesional, que puede afectar a su trabajo como concejal del gobierno municipal. Ya advertimos del difícil encaje entre la actividad como abogado y la de concejal, ya que podía interferir claramente tanto en el horario dedicado como en las materias que le afectan como miembro del gobierno y, en concreto, de la Comisión de Urbanismo”.

Según el concejal de Compromís, “ampararse en un supuesto secreto profesional es tomarle el pelo a la ciudadanía, utilizando una institución fundamental para garantizar las relaciones entre un cliente y su abogado, pero lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer no tiene nada que ver con lo que Gosálbez hable con sus clientes, sino con cuánto tiempo le dedica y, sobre todo, cuál es la percepción económica que recibe”. Para Puchades, “el hecho de que Gosálbez haya firmado un contrato ya evidencia que se ha comprometido a una actividad estable, constante y mantenida en el tiempo, a cambio de una remuneración que también sería estable y constante, lo que desvirtúa claramente que pueda tratarse de una actividad ‘marginal’, como él mismo declaró en su solicitud de compatibilidad”.

En este sentido, Puchades ha recordado que el Tribunal Supremo ha sostenido que para que la actividad privada que se pretende compatibilizar con la pública merezca el calificativo de marginal, “debe acreditarse por quien está obligado a ello su efectiva realidad en el aspecto funcional, el horario y el económico”. Para Puchades, es evidente que desde diciembre de 2023 las condiciones han cambiado y es Gosálbez quien debe probar que su trabajo como abogado no tiene carácter marginal.

Puchades ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo para que la alcaldesa subsane la negativa de Gosálbez y le requiera para que aporte la información y, en caso de que no lo haga, el grupo Compromís solicitará un informe a la Secretaría del Pleno sobre el objeto de la información solicitada.

Hay lugares que parecen desobedecer las leyes más básicas de la arquitectura. No porque sean grandiosos, sino porque están ahí donde no deberían poder estar. En Cataluña existe una ermita que no se alza sobre una colina ni se protege tras muros, sino que se incrusta literalmente en la montaña, como si la roca la sostuviera desde dentro. Está dedicada, además, a una advocación muy poco habitual: una virgen ligada a las abejas y a la miel.

El escenario es Prades, una villa medieval del Baix Camp conocida como la villa vermella por el tono rojizo de la piedra con la que se levantaron sus casas, murallas y edificios principales. A poco más de mil metros de altitud, rodeada de bosques y silencio, Prades conserva uno de los cascos históricos mejor preservados del interior de Tarragona, declarado Bien de Interés Cultural como conjunto histórico.

Un pueblo medieval intacto

Pasear por Prades es hacerlo por un trazado prácticamente intacto desde la Edad Media. Calles estrechas, portales antiguos y una plaza Mayor porticada que sigue siendo el centro de la vida cotidiana. Aquí se levanta la iglesia de Santa Maria la Major, un templo de transición del románico al gótico, y todavía se reconocen tramos de muralla, el Portal de la Cruz o la Font de Prades, una fuente renacentista con forma de globo terráqueo que durante las fiestas llegó a manar cava en lugar de agua.

También quedan restos del antiguo castillo de los condes de Prades, del que sobrevive la iglesia de Sant Miquel, con su ábside en ruinas y fragmentos de nave que recuerdan el pasado defensivo del pueblo.

Pero el lugar más singular no está dentro del núcleo urbano.

La ermita que nació en una cueva

A las afueras del pueblo, al inicio del Camino Natural de las Montañas de Prades, aparece la Ermita de la Mare de Déu de l’Abellera. No se alza sobre la montaña: forma parte de ella. El templo fue construido aprovechando el abrigo natural de una cavidad en un risco abrupto, lo que da la sensación de que la ermita cuelga del paisaje.

La tradición sitúa su origen en una leyenda muy ligada al mundo rural. Un pastor habría encontrado la imagen de la Virgen mientras buscaba miel en una encina cercana. Dos veces se la llevó consigo y dos veces la imagen regresó al mismo lugar. El mensaje parecía claro, y en 1570 se levantó allí una ermita. Otras teorías apuntan a que ya existía un pequeño santuario anterior, donde habría vivido Bernat Boïl, primer vicario apostólico de las Indias y acompañante de Colón en su segundo viaje a América.

El interior del templo guarda la clave de su singularidad. Durante siglos albergó colmenas, y esa convivencia entre culto y apicultura acabó marcando la identidad del lugar. La Virgen de l’Abellera se convirtió así en patrona de los apicultores catalanes. Su iconografía lo refleja: porta una corona de plata decorada con cincuenta abejas y una reina central, una pieza del orfebre Jaume Mercadé Queralt.

Desde el mirador natural que precede a la entrada, las vistas se abren sobre el valle del río Brugent, los pueblos de Capafonts y Farena y la llanura del Alt Camp. Es uno de esos lugares donde el paisaje no acompaña al monumento, sino que forma parte esencial de él.

Patrimonio, naturaleza y silencio

La ermita de l’Abellera, integrada en el entorno y ligada a una tradición casi olvidada, resume bien el carácter de Prades y de las montañas que la rodean. Un patrimonio discreto, alejado de multitudes, donde historia, naturaleza y leyenda conviven sin artificios.

No es una visita espectacular en el sentido clásico, pero sí una de esas que se recuerdan. Porque no todos los días se entra en un santuario que parece sostenido por la propia montaña y dedicado, nada menos, que a la santa de las abejas.

No hay dos personas iguales, aunque puedan compartir rasgos similares. Lo mismo ocurre con los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Las características, las habilidades y el grado de dificultad de un niño autista pueden diferir y variar de forma considerable con las de otro.

De ahí que los planes individualizados, que a menudo implican una combinación de estrategias de desarrollo, comportamiento, educación y relaciones sociales, puedan ayudar de manera significativa a tratar un trastorno que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta alrededor del 1% de la población mundial. Si bien no hay datos nacionales homogéneos que nos permitan conocer la prevalencia en España, sí se refleja una mayor identificación en los últimos años.  

Una realidad que respondería a la cada vez más creciente sensibilización social, a los avances diagnósticos y a la mejora en el acceso a servicios especializado. Algo que queda evidente con iniciativas como la del Hospital Universitario Infanta Elena, que ha puesto en marcha una Unidad de Diagnóstico Complejo de Trastorno del Espectro Autista (TEA), que brinda una evaluación rigurosa, multidisciplinar y personalizada a los niños con sospecha o diagnóstico dudoso de autismo. 

Autismo: un trastorno heterogéneo

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), de origen neurobiológico, se refiere a un conjunto de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, lo que da lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Por tanto, afecta a la adaptabilidad de la persona en su día a día, también a la familia y a las personas que la rodean.

Tal y como se define en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), el TEA es una categoría diagnóstica que incluye dos dominios de síntomas: deficiencias de la comunicación social y patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos.

Una de las particularidades de este trastorno es que “no hay dos personas con autismo iguales”, afirma el Doctor Sergio Benavente, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del centro de Valdemoro. Esto significa que mientras algunos niños tienen dificultades en el lenguaje o la socialización, otros presentan problemas de comportamiento o hipersensibilidad sensorial.

Y es precisamente este carácter heterogéneo el que requiere que se cuente con un diagnóstico temprano, preciso y bien fundamentado que, en palabras del Doctor Benavente, “cambia vidas porque permite activar apoyos escolares, familiares y sanitarios en el momento en que son más eficaces”.

Los beneficios de una detección precoz del TEA

Cada niño del espectro autista tiene necesidades distintas. Así, cuanto más pronto se identifique el trastorno, las familias pueden acceder más pronto a apoyo y servicios adaptados a las necesidades de su hijo. Las habilidades comunicativas y sociales se desarrollan muy pronto, de ahí que haya habido un impulso constante para tener un diagnóstico lo más pronto posible.

En este sentido, la Academia Americana de Pediatría recomienda el cribado universal de TEA a los 18 y 24 meses de edad. El objetivo: detectar las primeras señales de alerta, como escasa respuesta al nombre, dificultad en el juego social, apego inusual a rutinas o retrasos en el lenguaje. Para el Doctor Benavente, “si no se detecta el trastorno a tiempo, se pierden ventanas de plasticidad cerebral críticas para intervenir, el niño no accede a apoyos educativos y sanitarios a tiempo y aumentan el malestar y la frustración”.

Reconocer los síntomas de este trastorno antes de los dos años abre las puertas a intervenciones que pueden alterar de manera significativa la trayectoria vital de un niño. Detectar los primeros signos, como la dificultad para hacer contacto visual, puede mejorar la detección y el diagnóstico precoces. 

Este enfoque proactivo, como el que realiza la Unidad de Diagnóstico Complejo de TEA del Hospital Universitario Infanta Elena, garantiza que los niños reciban un apoyo personalizado adecuado a sus necesidades de desarrollo. Esto es posible gracias al trabajo de especialistas en Psiquiatría Infantil, Psicología Infantil y Neuropediatría con acreditación para aplicar las pruebas de referencia internacional (ADOS-2 y ADI-R), junto con entrevistas clínicas semiestructuradas con familias, evaluación del lenguaje, de la cognición y de las habilidades de adaptación.

Las estrategias de intervención a menudo incluyen una combinación de terapias educativas y conductuales personalizadas centradas en mejorar las habilidades comunicativas críticas y las interacciones sociales, cruciales para el crecimiento de un niño. La evidencia muestra que los niños diagnosticados con TEA antes de los dos años y medio presentan mejoras significativas en sus síntomas sociales en comparación con los diagnosticados más tarde. 

La finalidad no es “poner etiquetas, sino comprender el perfil del menor y orientar a la familia, a la escuela y al sistema sanitario sobre cómo ayudarle mejor”, afirma el Doctor Benavente.

El riesgo de los falsos positivos

Si bien el diagnóstico precoz es esencial, la precisión es igualmente crítica para evitar diagnósticos erróneos o estigmatización, ya que ambas pueden afectar de forma negativa las interacciones sociales y la autoestima del niño. “Un falso positivo puede etiquetar innecesariamente a un niño y emplear recursos que no corresponden a sus necesidades e invisibilizar otros cuadros, como el trastorno del lenguaje, la ansiedad social o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)”, advierte el Doctor Benavente.

Por tanto, garantizar que las prácticas diagnósticas estén implementadas permite intervenciones personalizadas que marcan la diferencia en la vida de los niños con TEA. “Un diagnóstico certero, en el momento oportuno y con la tecnología adecuada, no solo cambia las posibilidades de evolución del niño, sino también la vida de toda su familia y entorno”, concluye el Doctor Benavente.

De entre todos los indicadores que se utilizan para tomarle la temperatura al estado económico de un país, la productividad es una de las grandes asignaturas pendientes en España. Su estancamiento preocupa a economistas y expertos: en la década entre 2013 y 2023, apenas aumentó un 0,4%, según un estudio publicado hace un año por el Consejo General de Economistas (CGE). Muchos apuntan al reducido aumento de la productividad como la principal razón por la cual los salarios reales en España se encuentran también estancados. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arrojan que, en las últimas tres décadas, los salarios en términos reales aumentaron en España un 2,76%, el tercer peor desempeño de todos los países que forman parte del organismo, solo por detrás de Italia y Japón.

El CGE define la productividad como la relación entre la producción u output generado por una economía y los recursos que ha utilizado para hacerlo. “Las cifras de crecimiento de la productividad real evidencian uno de los problemas más importantes de la economía española en las últimas décadas y es la incapacidad de mejorar sustancialmente y de manera continuada su eficiencia productiva”, señalan los autores del estudio.

Si España ya tiene un problema de productividad de por sí, la Región de Murcia tiene uno aún más grande: la OCDE la ha situado como la comunidad autónoma menos productiva de España. En un informe reciente, titulado 'Repensar la atractividad regional de Murcia' y publicado a mediados de diciembre, afirma que el valor añadido bruto (VAB) por trabajador en la Región de Murcia en 2022 fue de 68.322 dólares (algo más de 58.000 euros), muy por debajo del promedio nacional (78.434 dólares) y del promedio de la UE (75.312 dólares). “La baja productividad, junto con el alto desempleo endémico de España, limitan el desempeño económico de la Región de Murcia y su capacidad para aprovechar plenamente la diversidad de su tejido industrial y sus fortalezas en innovación”, apuntan desde el organismo internacional.

La relación el sector primario y la baja productividad

Como en tantos otros fenómenos económicos, la baja productividad de la Región de Murcia es fruto de un conjunto de factores, que además se entrelazan entre sí. El primero al que señalan los economistas es el claro predominio del sector primario en la economía regional. Actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca presentan bajos niveles de productividad en todo el territorio nacional, tal y como apunta el economista murciano José Carlos Sánchez de la Vega, director del informe del CGE, a esta redacción. 

Aunque no toda la economía murciana gira en torno al sector primario, otros sectores con peso en la misma, como la hostelería, el comercio básico y una industria centrada en manufacturas tradicionales y agrícolas, tampoco destacan en productividad ni en altos salarios. “Esta estructura contrasta con la de otras comunidades autónomas donde predominan la industria tecnológica avanzada y los servicios financieros o tecnológicos intensivos en conocimiento y de alto valor añadido”, explica a este medio Samuel Baixauli, catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Murcia. El País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra son algunos ejemplos.

A la baja cualificación de los empleos se le suma un profundo problema en el sistema educativo. La tasa de abandono escolar temprano de la Región de Murcia es la más alta del país, con uno de cada cinco estudiantes tirando la toalla antes de tiempo. Tal y como señalan desde la OCDE, el abandono escolar temprano incrementa el riesgo de exclusión social entre los jóvenes, que a menudo encuentran dificultades para acceder y mantenerse en un empleo estable, y también tiene implicaciones socioeconómicas más amplias. “Los niveles formativos de la población ocupada también son bajos, lo cual está relacionado con la especialización en sectores poco productivos, con bajos salarios y elevada temporalidad. Al final, se crea un círculo vicioso”, explica Sánchez de la Vega.

“Aunque la Región de Murcia es una de las más jóvenes de España y cuenta con una elevada proporción de población en edad activa, esta ventaja demográfica no se traduce plenamente en productividad debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral”, añade Baixauli. Y es que los bajos niveles de formación no son exclusivos de la población local, también se extienden a las personas migrantes. Aquellas que migran hacia la Región de Murcia tienen, en promedio, niveles de cualificación más bajos en comparación con el perfil de los trabajadores que se desplazan hacia otras regiones españolas, según la OCDE. Además, la comunidad autónoma enfrenta importantes desafíos para atraer, desarrollar y retener talento cualificado.

Las microempresas invierten menos en tecnología

Según datos de la propia Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, las pymes representan el 99,86% del tejido empresarial de la Región de Murcia, y cada día se crean 8,1 en la comunidad autónoma. El tamaño de las empresas está directamente relacionado con la inversión que realizan en innovación y tecnología, siendo normalmente mayor en las firmas más grandes. Según datos de la OCDE incluidos en su último informe periódico sobre el estado de la economía española, las grandes empresas gastaron 2,7 veces más en formación en 2023 que las microempresas y las pequeñas empresas, mientras que las empresas más pequeñas “infrautilizaron” las opciones de formación disponibles.

“Al igual que en otros países de la OCDE, las pymes son menos productivas que las grandes empresas debido al acceso limitado a la financiación externa y a la mano de obra cualificada, a una menor adopción de la innovación y a un escaso uso de herramientas digitales avanzadas”, indican desde el organismo. Para Baixauli, a pesar de que la inversión en I+D realizada por la Región de Murcia ha crecido de manera sostenida en los últimos años, el gasto en formación universitaria continúa siendo insuficiente.

Otro punto débil que destaca la OCDE en el tejido empresarial murciano es la baja proporción de empleo en industrias culturales y creativas: apenas un 1,9%, frente a los promedios nacional y europeo de 2,9% y 3,3%, respectivamente, situándose a la cola del país. A pesar de contar con una tasa de creación de empresas en los sectores de arte, entretenimiento y recreación situada en la media, la proporción de empleados murcianos en el sector no se encuentra a la altura, lo que tiene implicaciones tanto para la atracción de visitantes como de talento. “Si bien el capital cultural está correlacionado con el número de visitantes extranjeros, también desempeña un papel fundamental en la promoción de la calidad de vida y de la atractividad regional tanto para los residentes como para posibles recién llegados”, subraya el foro internacional.

Un cambio de modelo productivo

La responsabilidad de revertir esta situación recae tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, que tienen la compleja tarea de tratar de reducir paulatinamente las brechas existentes. Baixauli apuesta por un incremento de la inversión en las universidades públicas y reforzar la colaboración entre estas instituciones y el Servicio de Empleo y Formación. En este sentido, la OCDE cree que la Región de Murcia se encuentra bien posicionada para formar una fuerza laboral altamente cualificada y alineada con sus sectores estratégicos de crecimiento, y eso podría lograrse a través de alianzas a largo plazo entre las autoridades regionales, actores del sector privado e instituciones académicas. 

Baixauli también considera importante acompañar a las empresas en el proceso de adopción de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Sánchez de la Vega coincide con su visión: “Desde la perspectiva empresarial, debe seguir modernizándose el tejido productivo, apostar por la innovación, no tener miedo a crecer y esforzarse por atraer talento”. Al mismo tiempo, cree que las administraciones públicas deben “crear un clima propicio para conseguir este objetivo”. Y eso pasa por una mejora de las infraestructuras y la conectividad.

La propia OCDE detalla en su informe que “la existencia de enlaces ferroviarios directos con regiones vecinas, como Almería y Alicante, podría mejorar la atractividad de la región para inversores, talento y visitantes”. Mejorar la red de transporte público, generalmente mal valorada por los murcianos, no solo permitiría a los visitantes acceder a más puntos de la región, sino a mejorar el día a día de los propios habitantes, que muchas veces no ven cubiertas sus necesidades debido a la falta de frecuencias o alcance de la red actual.

El interés de los inversores extranjeros por la Región ha ido incrementando durante los últimos años, prueba de que se ha comenzado a caminar en la dirección correcta. Sánchez de la Vega considera esencial seguir avanzando en la construcción de una región atractiva para el capital externo y humano, aunque ello implique alejarse del modelo productivo actual: “Se debe avanzar en un cambio de modelo productivo, que no supone abandonar los sectores en los que la región tiene ventajas competitivas, pero sí conseguir mejorar sus ratios de eficiencia y paralelamente desarrollar otras actividades avanzadas en industria y servicios”.

El edificio del barrio de Campanar de València devastado por un incendio el 22 de febrero de 2024, que dejó diez muertos y a centenares de familias sin nada, va tomando forma, con el piso piloto ya acabado, cuando se cumplen seis meses desde que se inició su rehabilitación integral.

El presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, ha confirmado a EFE que las obras, iniciadas el pasado 4 de julio, dieciséis meses después de la tragedia, avanzan a “muy buen ritmo”. Ya se están terminando las medianeras entre las viviendas y se están completando las instalaciones de luz o de agua, y el piso técnico (piloto) “está listo para que se pueda ver cómo a quedar”.

La reconstrucción del edificio se celebró con la puesta simbólica de la 'primera piedra' de los trabajos a finales de septiembre, con la presencia de autoridades y vecinos y familiares. Las obras corren a cargo de la empresa Dragados S.A., seleccionada tras un proceso técnico con el asesoramiento de profesionales de la comunidad de propietarios, con un presupuesto de más de 20 millones —asumido por la aseguradora— y un plazo de duración de diecisiete a dieciocho meses.

Archivo de la causa

La rehabilitación se inició envuelta en la causa judicial que dirigía el Juzgado de Instrucción número 9 de València y cuya decisión de decretar su sobreseimiento provisional fue recurrida por algunos propietarios.

El juzgado decretó a finales de mayo el archivo provisional de la causa abierta por el incendio al entender que los hechos no presentan caracteres de delito sino que eran accidentales, y tras varios recursos por este archivo, que fueron desestimados, una parte de los recurrentes anunció que lo volvería a recurrir ante la Audiencia Provincial de Valencia.

A final de julio, la Audiencia confirmó el archivo provisional de la causa por el incendio del edificio, desestimando así los recursos presentados por las partes y confirmando la resolución del juzgado. En ese momento, familias de los fallecidos aseguraron que respetaban la decisión judicial pero no la compartían y la Comunidad de Propietarios informó que, como tal, no iba a interponer recurso de amparo.

El 2 de septiembre comenzó el desescombro del edificio y durante cinco meses se retiraron miles de toneladas de residuos, con un coste (1,5 millones de euros) asumido por las compañías aseguradoras, al igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).