La agresión machista ocurrida en Sant Antoni (Eivissa) y que casi provocó la muerte de la víctima, una mujer de 31 años y nacionalidad española que continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha puesto el foco en los sistemas de protección –o más bien, de disuasión, como han señalado los colectivos feministas– que fueron “insuficientes” para evitar una brutal agresión en su domicilio, en el barrio de Can Tomàs, por parte de su expareja.

El presunto agresor, que ingresó el pasado martes en prisión preventiva, tenía una orden de alejamiento de cien metros durante tres años respecto a la víctima, quien portaba un dispositivo telemático de control que conecta con la Sala Cometa –de competencia estatal–, a través de la cual se coordina a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de violencia machista. Pero la orden ni el dispositivo fueron una medida efectiva para evitar lo que ocurrió.

Los familiares de la mujer, quienes se personaron en la vivienda de su hija y se toparon con el ahora detenido (de hecho, la madre y la hermana también fueron agredidas y necesitaron atención hospitalaria), denunciaron públicamente que la pulsera antimaltrato que llevaba la mujer no había funcionado, una versión que choca desde el principio con la del Ministerio de Igualdad, que aseguró a elDiario.es que el dispositivo sí había funcionado “correctamente” y han explicado que habían pedido a la autoridad judicial encargada del caso que ampliara la orden de alejamiento a 350 metros al considerarla “insuficiente”. El agresor había sido condenado apenas 40 días antes por dos delitos de violencia de género mediante los que se le establecieron dos penas de trabajos a la comunidad de 20 meses cada una, según Diario de Ibiza. 

De hecho, la hermana de la víctima aseguró que el dispositivo ya había emitido la alerta cuando los agentes llegaron al domicilio, así como que su llamada, al llegar al domicilio y encontrarse la escena atroz, fue el primer aviso que se dio a la Guardia Civil de Sant Antoni, a quien corresponde actuar en estos casos dentro del término municipal donde se produjo la agresión. En el informe que elaboraron tras la intervención los agentes consta que fueron alertados por esta llamada y no a través del sistema de seguimiento Cometa, según el mismo medio local, un extremo que Guardia Civil ni confirma ni desmiente.

El Ministerio reitera a elDiario.es que Cometa registró todos los posicionamientos del agresor y de la víctima y asegura a primera llamada por este servicio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hizo a las 10.01 y que a las 10.13 se les volvió a llamar y pudo confirmar que la Guardia Civil estaba con la víctima. También subrayan que todo está registrado, aunque no han podido corroborarlo con documentación, e insisten en que el juzgado fue alertado de que esa distancia, los cien metros, es insuficiente para la mejor protección de la víctima por este servicio.

Una medida disuasoria

Los colectivos feministas de Eivissa han cuestionado la eficacia de la orden de alejamiento de cien metros que protegía a la mujer presuntamente agredida por su expareja. Una portavoz de Emprendada Feminista, Maria Cardona, considera que esa distancia era “claramente insuficiente” y que la ampliación solicitada por el Ministerio de Igualdad era “fundamental”. No obstante, advierte de que incluso los 350 metros que se plantearon “tampoco la hubieran salvado necesariamente”. 

Desde el movimiento feminista han lamentado la gravedad del estado de la víctima y han reiterado que, aun si la pulsera se hubiera activado cuando tocaba, con estos cien metros, en la mayoría de los casos no da tiempo a actuar. A su juicio, tanto las órdenes de alejamiento como los dispositivos telemáticos cumplen sobre todo una función disuasoria: ofrecen a la víctima una sensación de protección y marcan al presunto agresor una línea que no debe cruzar.

En ese sentido, objetan que la idiosincrasia de la isla no es la misma que la de una ciudad, señala la representante de Dones Progressistes, Dessiré Ruiz. Eivissa es un territorio insular, con población dispersa y tiempos de desplazamiento que poco tienen que ver con los de una gran ciudad, donde la presencia policial es más constante y la intervención puede ser más inmediata.

A esa configuración territorial se suma, además, la rigidez del sistema judicial. Una vez fijada la distancia de la orden de alejamiento, ampliarla requiere nuevos trámites que no siempre se resuelven con la urgencia que demandan situaciones de riesgo, continua Ruiz. Desde la asociación critican además la falta de coordinación efectiva entre el juzgado, el sistema de seguimiento telemático y las fuerzas de seguridad, lo que dificulta ajustar la protección a las circunstancias específicas del territorio y del historial del agresor: “Las herramientas existen, pero el sistema tiene que afinarse”.

Esto hace que, cuando una persona está decidida a agredir o incluso matar, es muy complicado que una pulsera tenga “un efecto absoluto”, añade Cardona. Por otro lado, cualquier fallo en el sistema puede generar una sensación de impunidad en el agresor y aumentar la desprotección y el miedo en la víctima, dificultando que pueda mantener una vida cotidiana con normalidad. 

También se suma el hecho de que los juzgados de Eivissa están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder la antigua sede, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial de la isla (y otros ámbitos profesionales) por la carestía de la vivienda. A finales del año pasado se creó un nuevo juzgado de Violencia Sobre la Mujer en las Pitiusas por la sobrecarga que tenía el primer juez encargado de esta materia, que había llegado a un número límite de casos. En 2025 ingresaron en el órgano judicial especializado en violencia machista 1.137 casos a falta de contabilizar el cuarto trimestre, según datos oficiales del Poder Judicial. Es decir, más de mil casos o denuncias por presuntos delitos que han sido recibidos formalmente por ese juzgado y que, por lo tanto, pasan a formar parte de la carga judicial.

Los juzgados de la isla están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder los antiguos juzgados, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial por la carestía de la vivienda

La investigación, en curso

Las instituciones insulares y autonómicas de Eivissa y Balears han condenado la agresión y trasladado su apoyo a la víctima y a su entorno. El Consell d'Eivissa solicitó formalmente la semana pasada que se convocara con carácter urgente el comité de crisis de violencia de género ante la “preocupación institucional” generada por la denuncia de la familia. El objetivo, según la institución, es esclarecer si el sistema Cometa activó correctamente los mecanismos previstos y analizar de forma coordinada la respuesta de todos los servicios implicados.

En cuanto al Govern, reclamó a la Delegación del Gobierno toda la información oficial disponible y una reunión específica para aclarar si se produjo algún fallo en las medidas de protección. El Ejecutivo autonómico recordó que ya solicitó datos sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas en septiembre sin obtener respuesta y ha instado al Estado a garantizar la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista. Mientras tanto, el servicio 24 horas del IbDona mantiene el seguimiento del caso y la atención a la mujer y su familia, añadió el Govern en el mismo comunicado. 

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que aguardará al avance de la investigación policial y al procedimiento judicial en marcha antes de ofrecer valoraciones adicionales, para no interferir en las diligencias. Por ello, no se ha pronunciado de momento sobre los posibles fallos del dispositivo de seguimiento de la víctima.

Intervención quirúrgica urgente por la agresión

La mujer, que continúa ingresada en la UCI de la Policlínica, como ha informado a elDiario.es el área de Comunicación del centro hospitalario, necesitó una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso por un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa consecuencia de la agresión. Además, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar cuatro días más tarde una nueva intervención debido a la evolución de un delicado cuadro clínico.

La paciente también presentaba un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones. La paciente, que permanece bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, padece además múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico de la Policlínica, de hecho, ha estado trabajando durante la última semana para estabilizar su estado.

El mismo martes que su expareja tenía que ser sometida a una neurocirugía, el presunto agresor pasaba, a las nueve de la mañana, a disposición judicial en los juzgados de Eivissa. El juez dictó para él prisión provisional y sin fianza por un delito de violencia de género.

Tras un inicio de año marcado por la inestabilidad, el tiempo primaveral se asienta en la Comunidad de Madrid con un miércoles en el que se podrían alcanzar los 23 grados según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, será una jornada en la que no se esperan fenómenos meteorológicos, con cielo poco nuboso o despejado, que tenderá en mediodía a intervalos de nubes altas que irán acompañadas de nubes medias en la Sierra.

A su vez, este miércoles 24 de febrero el viento soplará flojo variable.

Temperaturas máximas por encima de 20 grados

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Con mínimas que se quedarán por debajo de los 10 grados, entre los 2 y los 9, y con máximas que seguirán entorno a los 20 grados, oscilando entre 18 y los 23, que se podrían alcanzar en Aranjuez.

Para los próximos días, se espera que el tiempo estable continue hasta el lunes, cuando podrían volver las lluvias, aunque desde el viernes y el fin de semana comiencen el descenso de temperaturas, por debajo de los 20 grados para las máximas.

Este medio ha podido conocer algunos de los hallazgos más relevantes encontrados por la Policía Nacional el pasado 10 de febrero en la sede principal de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.

Entre la documentación judicial a la que ha accedido elDiario.es hay una cadena de correos electrónicos, impresa y encontrada en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.

Una tabla y la palabra “obuses”

Ese documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para “obuses”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de la destinatarias.

Esa cadena de mensajes -el más reciente está fechado el 5 de marzo de 2025- hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024, año en el que el Ejército israelí mató a decenas de miles de palestinos en Gaza y bloqueó la entrada de ayuda necesaria en la Franja. En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar.

El registro en la sede de Sidenor se realizó en el marco de la investigación liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas, quien tomó declaración el pasado mes de noviembre al presidente de la siderúrgica española, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por la venta de acero a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI), con envíos de los que informó este diario el pasado mes de junio.

La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional expone que estas ventas se produjeron “con pleno conocimiento” de que el comprador es un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que “el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento”. 

El demandante contra Sidenor es la Comunitat Palestina de Catalunya, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Estos colectivos indican que los hallazgos en el registro policial muestran que “Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses”.

De Jorge Mesas señala que los abusos perpetrados en la Franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina], entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”. 

La cadena de suministro de acero de Sidenor a Israel llevaba operativa al menos varios meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 envío 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 exportó 219 toneladas y en mayo de ese mismo año se registró otra carga, de 356 toneladas. Una de las últimas partidas rastreadas, de la que informó este diario, se produjo el pasado 10 de junio de 2025, cuando el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. 

Una vez conocido este envío, la relatora de la ONU para Palestina,Francesca Albanese, advirtió de que el mismo haría escala en Turquía, y solicitó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel. 

Poco después, elDiario.es informó de que otro barco, el ZIM LUANDA, tenía previsto salir del puerto de Barcelona con 122 barras de acero del fabricante Sidenor Aceros Especiales -con sedes en el País Vasco, Cantabria y Catalunya- para hacer entrega de la carga el 11 de julio en el puerto israelí de Haifa. Estos hechos pudieron conocerse a través de una investigación de la organización estadounidense Palestinian Youth Movement.

La Fiscalía

Hace dos semanas la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio. Ante ello, la Comunitat Palestina de Catalunya, colectivo querellante, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave”.

Sus portavoces señalan que dicha Fiscalía “se opuso al registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución” y “trata de impedir que comparezca en el procedimiento, en condición de víctima, una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo”. Por ello, solicitan que “el procedimiento judicial continúe sin interferencias y con todas las diligencias necesarias”.

También piden que se excluya a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de participación y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática “asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados” como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.

Las obligaciones legales

Ya en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló que había riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese mismo año pidió a los países de la ONU medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación “ilegal” israelí y a la “segregación”.

La Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que “Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023”. Sus integrantes, presididos por la jueza Navi Pillay, han explicado que, desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de genocidio, “si no antes, los Estados tenían la obligación legal de actuar” con medidas para prevenir, detener y sancionar los crímenes israelíes.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

La campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientas organizaciones, insiste en pedir al Gobierno “la aplicación de un embargo de armas ”integral y retroactivo“, para que no se produzcan nuevas compras o transacciones a través de filiales de empresas israelíes o para que no haya nuevas autorizaciones de transacciones de material militar con Israel, como las aprobadas por España el pasado 23 de diciembre.

Fundada en 1908, General Motors (GM) llegó a ser, durante gran parte del siglo XX, el mayor productor de automóviles del mundo. La compañía, casa de marcas como Chevrolet, GMC y Cadillac, se convirtió en símbolo del poder industrial de Estados Unidos, pero no se libró del movimiento organizado de sus trabajadores que, a finales de 1936, se pusieron de acuerdo para demandar mejoras laborales.

En plena Gran Depresión, los trabajadores industriales sufrían no solo bajos salarios y jornadas extensas, sino también despidos arbitrarios y represión sindical. La industria automovilística, dominada entonces por GM, era una de las más poderosas del país y se negaba a reconocer al sindicato United Auto Workers (UAW) como representante legítimo de sus empleados. 

El 30 de diciembre de 1936, los obreros de la planta de General Motors en Flint (Michigan) dijeron basta. En lugar de abandonar la fábrica de automoción y organizar piquetes, estos ocuparon las plantas y decidieron dejar de trabajar, permaneciendo dentro de ellas. Comenzaba así la llamada huelga de los brazos caídos de Flint. 

Organizar la huelga no fue tarea fácil para los de Flint. En aquel momento, la empresa se gastaba millones de dólares en contratar diferentes agencias de detectives que se infiltraban en las fábricas e investigaban a sus trabajadores, elaborando listas negras de empleados sospechosos de simpatizar con sindicatos.

Cómo consiguieron el reconocimiento

Con las sentadas, los empleados consiguieron dos cosas: impedir que la compañía reemplazara a los huelguistas con otros trabajadores dispuestos a ocupar esos puestos, y paralizar completamente la producción. Era la mejor forma de presionar económicamente a la empresa. 

En los 44 días que duró la huelga, los empleados convirtieron la fábrica en su propio hogar, con “salas de estar” improvisadas en los asientos de los futuros coches. Además, establecieron su propio sistema civil dentro de la huelga: un alcalde y varios funcionarios fueron elegidos por los huelguistas para mantener el orden en la planta.

El 11 de febrero de 1937, General Motors reconoció oficialmente al United Auto Workers como representante de los trabajadores, logrando la negociación colectiva para establecer mejoras en las condiciones laborales de los empleados. Así, la huelga de brazos caídos de Flint terminó marcando un precedente en el movimiento sindical de Estados Unidos.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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