Hungría ha logrado bloquear el último paquete de sanciones contra Rusia y la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros que la UE había propuesto para financiar las necesidades del Ejército ucraniano en su guerra contra los rusos, cuando se cumple el cuarto aniversario de la invasión. A pesar de que inicialmente el primer ministro húngaro, Victor Orbán, se había posicionado para no obstaculizar la ayuda financiera a Ucrania, la cercanía de las elecciones en Hungría han llevado al dirigente ultranacionalista a bloquear las medidas.

El veto de Hungría vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para la gobernanza de la UE, ya que un solo país puede vetar la decisión que respalden los otros 26 miembros. Hace unos meses, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, trato de mover un cambio en la fórmula de votación para evitar este tipo de frenos, pero no obtuvo suficiente respaldo por parte de las capitales europeas.

La alta representante para Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha declarado este lunes, tras la reunión de ministros europeos del ramo, que Sabemos que se aproximan elecciones en Hungría, pero, teniendo en cuenta la historia del país, resulta difícil imaginar que la población húngara apoye una postura contraria a la ayuda a las personas de Ucrania que se encuentran en situación de necesidad. Por ello, me cuesta creer que una decisión de ese tipo pueda aportar réditos electorales. Pero, no conozco en profundidad el clima político húngaro“. En las últimas encuestas electorales en Hungría, la formación de Orbán no conseguía reeditar la victoria.

Kallas ha calificado de “lamentable” que el primer ministro húngaro haya cambiado de opinión y se “esté retrocediendo respecto de la decisión previamente alcanzada por todos los líderes en el Consejo Europeo, que ahora parece estar siendo revisada o abandonada”.

Un portavoz de la Comisión Europea apuntó horas antes de que terminase la reunión de los ministros de Exteriores que “hubo un acuerdo político por parte de todos los jefes de Estado, incluido el jefe de Estado que ahora está amenazando con bloquearlo”, en referencia al primer ministro de Hungría. “Si se quiere mantener la credibilidad de todos los líderes que se comprometieron con este préstamo, debe demostrarse ahora, y esperaríamos que todos los líderes, incluido el primer ministro Orbán, cumplan su compromiso político asumido en el Consejo Europeo de diciembre del año pasado”, comentaron desde la Comisión Europea.

En este sentido, el veto de Hungría es mucho más grave ya que en la cumbre del pasado diciembre en la que se aprobó el préstamo se negoció que no afectara a varios países para conseguir la unanimidad en el acuerdo: “Cualquier movilización de recursos del presupuesto de la Unión como garantía para este préstamo no tendrá un impacto en las obligaciones financieras de la República Checa, Hungría y Eslovaquia”. Estos tres países, con vínculos con Rusia, se habían posicionado reiteradamente en contra de del uso de fondos de la UE para financiar a Ucrania contra los rusos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que la posición de Hungría “no ayuda a la Unión Europea, no ayuda a la paz en Europa, no ayuda a los civiles ucranianos”.

El argumento de Hungría

El argumento del Gobierno de Orbán para vetar las medidas es el supuesto retraso por parte de Ucrania en la reparación del oleoducto Druzhba, que fue atacado por Rusia, y que proporciona suministro energético a Hungría y Eslovaquia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, declaró que “hasta que Ucrania restablezca el tránsito de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia, no permitiremos que avancen decisiones importantes para Kiev”. En este sentido, Szijjarto subrayo que “se bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania hasta que se reanude el tránsito de petróleo hacia Hungría” así como la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

El paquete número 20 de sanciones de la UE a Rusia se centra en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio. En el ámbito energético, se prevé la imposición de una prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, la inclusión de otros 43 buques adicionales de la lista negra de sancionados, así como la restricción del mantenimiento técnico de los buques cisterna que suministran gas natural licuado.

En el sector financiero, está previsto incluir a 20 bancos regionales en la lista de sancionados y ampliar las medidas contra los canales de evasión mediante criptomonedas. Asimismo, se imponen prohibiciones de exportación a Rusia por un valor superior a 360 millones de euros y restricciones a las importaciones por más de 570 millones de euros en metales, productos químicos y minerales críticos.

El número de animales domésticos ya ha superado al de bebés en los hogares españoles. Aun así, la presencia de animales en las comunidades de vecinos a veces todavía genera conflictos o dudas. Por supuesto, dentro del hogar la libertad individual es la norma general pero la ley también es clara sobre lo que una junta de vecinos puede y no puede decidir.

“Una comunidad de propietarios no puede prohibir de forma genérica la tenencia de animales dentro de los pisos, salvo que esa prohibición esté expresamente recogida en los estatutos inscritos en el Registro de la Propiedad. Y aun así, su validez puede ser discutible si resulta desproporcionada”, explica Teresa Suárez, administradora de fincas colegiada y presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA).

Límites a los animales dentro y fuera de la vivienda

Intentar limitar el tipo de animal por su raza o tamaño también es complejo, advierte Suárez, ya que en el interior de las viviendas estas restricciones “suelen ser problemáticas y pueden considerarse abusivas si no están debidamente justificadas”. 

Donde la junta sí tiene un poder real de decisión es en los espacios comunes, como portales, ascensores, jardines o piscinas. “Lo que puede hacer la comunidad es, por ejemplo, obligar a llevar al perro atado o prohibirle el acceso a la piscina o el uso del ascensor”, comenta la experta, que detalla que para aprobar una norma de régimen interno de este tipo solo sería necesaria una mayoría simple.

Cuándo recurrir a herramientas legales

Por otro lado, y aunque no exista una prohibición en los estatutos, Suárez asegura que los vecinos cuentan con herramientas legales si la convivencia se ve alterada por ruidos, daños o malos olores: “La Ley de Propiedad Horizontal permite actuar frente a las denominadas actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas”. 

Si tras un requerimiento formal el dueño no pone solución, la comunidad puede iniciar una acción judicial que, en casos graves, podría incluso privar al infractor del uso de la vivienda por un tiempo determinado, informa la experta, tal y como está establecido en el Artículo Séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

En definitiva, el marco legal busca el equilibrio entre el derecho a tener animales y el bienestar del resto de vecinos. “El criterio que aplican los tribunales suele ser claro: tener mascotas no está prohibido por defecto, pero su tenencia debe ejercerse sin perjudicar a los demás propietarios”, resume Suárez.

La noche de los BAFTA parecía estar preparada para coronar como Mejor Actor a Timothée Chalamet, que parte como favorito en la carrera hacia el Oscar, pero la ceremonia tuvo en esta categoría su gran sorpresa: la de Robert Aramayo, que recogió el premio también a estrella revelación, y se impuso a Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Jesse Plemons y Michele B Jordan.

Kerry Washington dejó el Royal Festival Hall en silenció durante unos segundos al anunciar a Robert Aramayo como el ganador al premio BAFTA a mejor actor, que al subir reconoció su emoción: “No puedo creer que esté aquí, mirando a actores como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet y, aun así, ser yo el que está de pie en este escenario”, dijo.

Pero hubo un actor al que se dirigió de forma especial, al agradecer a Ethan Hawke por haberle inspirado en su día en una conferencia que dio en su escuela de interpretación: “Nos dio una charla increíble sobre la longevidad como actor, sobre proteger tu instrumento y evitar comportamientos autodestructivos. Tuvo un gran impacto en todos los que estábamos en esa sala”, lo que emocionó al propio veterano interprete.

Robert Aramayo ha sido galardonado con el BAFTA por su papel en I Swear, que ha sido traducida como Incontrolable en España, donde se estrenará el próximo 10 de abril, en la que interpreta a John Davidson, un activista con síndrome de Tourette, en un drama dirigido por Kirk Jones, y que ha sido descrito como una película “divertida, feroz y llena de sentimiento” en la crítica de The Guardian.

El actor británico del momento con ascendencia vasca

Nacido en Hull, en estado de Yorkshire, en el noreste de Inglaterra, en 1992, Robert Amayo tiene ascendencia vasca por parte de padre, pues su abuelo era natural de San Sebastián y emigró siendo un adolescente al Reino Unido, un vínculo que comparte con estrellas como Jacob Elordi, cuya familia proviene de Ondarroa.

Amayo se graduó en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, y de ahí dio el salto a la industria del cine y la televisión con una llamativa combinación entre técnica teatral y contención expresiva, que le ha hecho triunfar en ambos lados del Atlántico y en la pequeña y gran pantalla.

Así, su primer gran papel fue el de la versión joven de Ned Stark en Juego de Tronos, en flashbacks de la serie, pero fue la serie El señor de los anillos: los anillos de poder lo que lo consagraría, tras haber participado en títulos como Animales Nocturnos o la miniserie Detrás de sus ojos.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

En una sentencia, adelantada por Nació Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal sigue el aval que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la medida y concluye que el Ayuntamiento “puede establecer reservas de techo para viviendas de protección pública en suelo urbano consolidado”.

El Alto Tribunal recuerda la jurisprudencia del Constitucional que ha establecido que ni de las normas urbanísticas ni de la Constitución “se deriva el derecho de un empresario a vetar el concreto uso de vivienda protegida”.

En suma, para el Supremo la normativa blinda la posibilidad de “validar la reserva” de vivienda protegida no solo en una gran transformación urbanística de un barrio, sino también en cualquier construcción de pisos nueva.

Además, el Alto Tribunal rechaza que la imposición del 30% comporte una “indemnización general” sobre los promotores inmobiliarios, tal y como reclamaba la constructora recurrente, JOSEL.

La reserva del 30% de vivienda social que aprobó Ada Colau para Barcelona va camino de convertirse en una piedra en el zapato de Jaume Collboni. La modificación de la norma que prometió el alcalde, alegando que no había funcionado, por ahora no se ha llevado a cabo.

Los constructores han ido con todo contra la medida. Primero en los tribunales, donde han perdido, pero también han querido presionar al alcalde con propuestas públicas como crear dos escaleras en un mismo edificio para pisos sociales y de mercado libre –sugerencia que luego rectificaron–.

Collboni intentó apaciguar los ánimos del sector con el archivo de cinco expedientes sancionadores a empresas con indicios de haber incumplido la obligación del 30%. Las cifras de Vivienda de Protección Oficial (VPO) generada por la medida de Colau, cerca de los 160 pisos, están muy lejos de lo que prometió el gobierno de Barcelona en Comú en su día.

Al mismo tiempo, la avalancha de licencias pedidas antes de su aprobación, la falta de suelo en la trama urbana de la ciudad y el rechazo del sector de la construcción han contribuido al poco recorrido de la que un día fue de las medidas estrella de Colau.

La alta representante para Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que respalda la posición del Gobierno español para que se levanten las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los 27 que ha tenido lugar en Bruselas.

Kallas ha declarado que va a proponer “levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina. Este planteamiento se basa en los recientes avances legislativos, incluidos la aprobación de una amnistía y la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Alabares, ya comentó antes de comenzar la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que “hay sintonía” en la UE respecto a este tema. “Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismo, son un medio de presión”.

El pasado 20 de febrero, en una sesión calificada como histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión sacó adelante la medida como “un intento real de reconciliación”. 

Albares ha recordado que “Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones europeas. Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener el diálogo, la Unión Europea nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores”.

Proceso europeo por 'hitos'

“Todavía no sabemos si habrá consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea para respaldar esa propuesta, porque aún no ha sido formalmente llevada a la mesa de decisiones y requerirá la aprobación unánime de los socios europeos para modificarse el régimen de sanciones”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea sobre los próximos pasos a dar para normalizar las relaciones entre la UE y Venezuela.

En este sentido, Kallas ha apuntado que propondrá “entablar una discusión más amplia sobre el enfoque europeo hacia las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer criterios claros o 'hitos' acerca de lo que esperamos ver por parte de Venezuela en términos de derechos humanos, estado de derecho y proceso político. Cualquier avance tangible en esos ámbitos pueda ir acompañado de pasos reflejados por nuestra parte”.

La alta representante para Exteriores de la UE ha puntualizado que “se podría articular una relación condicional y progresiva que incentive reformas internas en Venezuela, manteniendo al mismo tiempo el apoyo europeo en función de resultados concretos”.