El tiempo permanecerá estable en la jornada de jueves santo en la Comunidad de Madrid, con tan solo rachas de viento muy fuerte en la Sierra como fenómeno meteorológico destacado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, la Aemet prevé probables rachas de viento muy fuerte en zonas altas de la Sierra, mientras en el resto soplará flojo o moderado de componente norte.

La jornada, sin embargo, transcurrirá tranquila con intervalos de nubes medias y altas, que irán disminuyendo a poco nuboso o despejado.

Día de 19 grados de máxima

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso, que podría ser moderado en algunas zonas de la Comunidad. Las mínimas oscilarán entre los 3 y 6 grados, mientras las máximas se quedarán por debajo de los 20 grados, aunque cerca, entre los 16 y 19 grados.

Para los próximos días de Semana Santa se espera un aumento de temperaturas, pudiendo llegar a los 27 y 29 grados en la jornada de Domingo de Resurrección.

Nos llama la atención que el debate sobre el registro de jornada y el dictamen del Consejo de Estado – al que se ha adjetivado de “demoledor” por sus numerosos comentaristas – no se hayan subrayado dos circunstancias a nuestro juicio definitorias del núcleo del problema jurídico y político que se está dilucidando. 

La primera, el incumplimiento masivo que se está produciendo en las empresas mediante la realización de horas extraordinarias no remuneradas. No es una cantidad baladí. Según las estimaciones más seguras, en 2025, se realizaron una media de 2,5 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, afectando a cerca de 441.000 trabajadores que no recibieron remuneración ni descanso por su trabajo. Este fenómeno supone un ahorro ilegal para las empresas de 3.243 millones de euros anuales, con una media de 5,6 horas no pagadas por trabajador semanalmente, además de una sensible afectación de la salud de las personas trabajadoras.

La segunda, la relación directa que existe entre el tiempo de trabajo, los descansos y la salud laboral. Es una relación evidente que ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige implantar sistemas objetivos, fiables y accesibles para registrar la jornada diaria de cada persona trabajadora, garantizando el cumplimiento de los tiempos de descanso y límites horarios, una obligación que busca proteger la seguridad y salud de las personas empleadas y se aplica en todos los sectores, incluyendo en una reciente sentencia a las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. Esta doctrina es la que justamente provocó la reforma del Estatuto de los trabajadores (ET) en el 2019 para acomodar la legislación española a esta exigencia del derecho europeo. Este enfoque permite a nuestro juicio abordar de forma productiva el problema planteado por el dictamen del Consejo de Estado sobre la competencia del gobierno en la regulación de este sistema de control del tiempo de trabajo.

La STJUE C-55/18 exige un “sistema objetivo, fiable y accesible” de registro de la jornada diaria que permita verificar el cumplimiento de los límites de la Directiva 2003/88. No se limita a recomendar un control cualquiera. El dictamen admite la referencia a esa sentencia, pero relega la discusión al plano de la “oportunidad técnica” y se detiene sobre todo en los costes empresariales y en las objeciones de las patronales sin realizar referencia alguna a los resultados que está arrojando hoy un sistema de llevanza del registro de jornada en papel. Eso invierte el orden de fuentes: la prioridad no es la comodidad de la empresa, sino la garantía de un derecho social fundamental de origen europeo. Este deber empresarial no resulta cumplido satisfactoriamente con la implantación de un sistema cualquiera de llevanza del registro de jornada. Por el contrario, la normativa exige que se tenga en cuenta la evolución de la técnica (digital en los tiempos actuales) como principio básico de la prevención de riesgos laborales en la adopción de esta medida preventiva (art. 15.1.e LPRL). La concepción que denota el dictamen sobre la gestión algorítmica y digital, que actualmente integra los esquemas organizativos de la gran mayoría de las empresas, parece hacer honor a la naturaleza secular de la institución y se ancla en las empresas con torno, taquilla y paquete de folios en plena época de la IA y la transformación digital, evitando que el avance tecnológico se ponga al servicio de los derechos de los trabajadores.

En el debate público entre los creadores de opinión más solicitados parecería que la potestad reglamentaria en materia laboral es inexistente en materia de tiempo de trabajo. Y, sin embargo, tanto respecto del tiempo parcial (art. 12 ET), como de las jornadas especiales (art. 34.7 ET) y horas extraordinarias (art. 35.2 ET) está explícitamente reconocida. Pero es que además y con carácter general, el art. 6 de la Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL), prescribe la competencia de las normas reglamentarias del gobierno para establecer los “requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, de donde cabe por consiguiente deducir una competencia plena del reglamento para la regulación de los estándares mínimos de protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, garantizando el cumplimiento de los límites horarios y los tiempos de trabajo y de descanso. El dictamen apenas explora esta clave y trata el registro como un mero instrumento de control horario y de relaciones colectivas. Pero si el tiempo de trabajo es un factor de riesgo reconocido, la opción reglamentaria de reforzar el registro es una manifestación típica de la potestad del art. 6 LPRL, no un “exceso ultra vires”. La STC 35/1992 y la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional entienden que la reserva estatal abarca también el desarrollo reglamentario necesario para garantizar la efectividad de los derechos laborales básicos, entre ellos los relativos al tiempo de trabajo y descansos. El Consejo de Estado no puede invocar esa doctrina y, al mismo tiempo, negar en la práctica al Gobierno la posibilidad de fijar estándares técnicos mínimos del registro horario sin vulnerar la ley.

No cabe leer el art. 37.9 ET como una cláusula excluyente de la intervención reglamentaria, que atribuya un estatus de inmunidad a la negociación colectiva, los acuerdos de empresa o, en su defecto a la decisión unilateral del empresario en la regulación del registro diario de jornada, sino que, por el contrario, debe leerse la mención a la “organización y documentación” del mismo como un momento posterior de desarrollo y aplicación de la norma que lo diseña. Además, atribuir a la negociación colectiva y, en su defecto, a la decisión unilateral del empresario la arquitectura del registro en un contexto de alta precariedad y debilidad representativa en las pymes supone naturalizar la asimetría de poder. Un reglamento que fija estándares mínimos homogéneos reduce el margen de discrecionalidad empresarial y protege a quienes carecen de representación, que son precisamente los más expuestos a jornadas abusivas y horas extra invisibles. Los estudios citados en la propia memoria de impacto muestran que el control horario mejora más la salud y la conciliación de las mujeres. Sin embargo, el dictamen silencia este ángulo.

Por lo demás, la lectura que proponemos es coherente con la dicción del precepto, que sitúa como un elemento determinante para la puesta en práctica del registro la decisión unilateral del empleador, que es la que se aplica si no llega a un acuerdo en la empresa con la RLT. No cabe por tanto interpretar que la voluntad del titular de la empresa encarne en última instancia un poder regulador excluyente de la intervención pública que fija los estándares mínimos de protección en materia de control del tiempo de trabajo. Un enfoque progresista debe remarcar además que la jornada difusa y prolongada agrava la doble jornada femenina y penaliza especialmente a quienes tienen responsabilidades de cuidados y peor posición negociadora. Negar instrumentos de control robustos significa, de facto, reproducir desigualdad de género y de clase.

Se requiere, por tanto, un cambio de enfoque en el análisis de la regulación por el Gobierno del instrumento que garantiza el control horario en los lugares de trabajo. Y este es el que suministra la conexión ineludible con la salud laboral, propiciando el entorno de trabajo saludable que impone como principio universal la OIT a partir de la reforma de su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo en el 2022

Este cambio de perspectiva habría también aminorado las prevenciones del Dictamen sobre el respeto a la privacidad e intimidad de las personas trabajadoras en el control de la salud en el trabajo. El dictamen, al reforzar la lectura de la AEPD, se preocupa más por la eventual afectación a la privacidad que por la opacidad estructural que protege el fraude en tiempo y cotizaciones. Se trata de una inversión de prioridades incompatible con el mandato del art. 9.2 CE de remover obstáculos reales a la igualdad y con el art. 28 CE sobre libertad sindical y control de las condiciones de trabajo. La STC 142/1993 de 22 de abril, la crítica a la denominada “intimidad económica” en materia de salarios y otras condiciones de trabajo y la defensa de la capacidad de control de datos esenciales para lograr el cumplimiento de la norma, son elementos de reflexión muy valiosos para analizar que determinadas condiciones de trabajo como el tiempo de trabajo y los descansos no pueden ser considerados incluidos dentro de una esfera de intimidad personal que requiere, por el contrario, su conocimiento para garantizar no solo la aplicación efectiva de la norma imperativa, sino también las facultades de vigilancia y control del cumplimiento de la misma que nuestra legislación encomienda a los órganos de representación de las personas trabajadoras en la empresa como una función esencial de los derechos de representación colectiva y de acción sindical. 

Ya habrá tiempo para examinar con más calma la “gran consistencia jurídica” que se expresan en las 106 páginas del Dictamen del Consejo de Estado, su apasionamiento y su retórica, pero nos parece que el Real decreto cuestionado, por el contrario, avanza correctamente en la aplicación de la norma que establece el control horario como forma de garantizar el derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo, en definitiva del derecho a la vida y la integridad física de las personas trabajadoras en el desempeño concreto de su actividad.

Donald Trump se ha dirigido a la nación este miércoles por la noche para ofrecer un discurso que ha resultado ser una recopilación de las declaraciones de los últimos días. El presidente estadounidense, que había convocado la comparecencia para hacer una actualización sobre la guerra, apenas ha ofrecido nuevos detalles sobre el futuro del conflicto. Ha vuelto a insistir en que el fin de la campaña militar en Oriente Medio está cerca y que en las “próximas dos o tres semanas golpearemos muy duro” al régimen. 

“Durante las próximas dos o tres semanas, los devolveremos a la Edad de Piedra”. El republicano, que ha enviado unos 7.000 soldados adicionales a la región, no ha ofrecido detalles sobre cómo será esta supuesta nueva escalada. Simplemente ha vuelto a insistir en que “gracias a los progresos que hemos logrado, puedo decir que estamos en vías de alcanzar todos nuestros objetivos militares muy pronto”. 

La comparecencia sobre la guerra de esta noche es la primera que el presidente estadounidense ha ofrecido desde que atacó Irán conjuntamente con Israel el 28 de febrero. En ese momento, Trump anunció la operación “Furia Épica” con diversas publicaciones en Truth Social. Y ni siquiera cuando hubó las primeras bajas estadounidenses, el mandatario se dignó a dirigirse a la nación. Hoy ha hecho mención a los 13 soldados estadounidenses, aunque ha usado su muerte como un pretexto más para continuar la campaña. “Debemos honrar la misión por la que dieron sus vidas. Y cada uno de sus seres queridos, han dicho: ‘Por favor, termina el trabajo’. Y lo vamos a hacer muy rápido”. 

Trump también ha vuelto a hablar de este supuesto nuevo régimen iraní con el que está dialogando, “menos radical y más razonable”. Este miércoles por la mañana el presidente estadounidense había anunciado que Irán le había pedido un alto el fuego, algo que Teherán ha desmentido rápidamente. El presidente insiste en defender que se ha producido un cambio de régimen porque “todos sus líderes están muertos”, a pesar de que la Guardia Revolucionaria y otros cargos de los ayatolás salen cada día a negar las supuestas negociaciones con Washington. 

El presidente estadounidense tampoco ha hecho ninguna referencia a la carta publicada por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Horas antes del discurso a la nación, Pezeshkian había publicado una carta en inglés y persa donde pedía a los estadounidenses que se cuestionaran el sentido de esta guerra. “¿Forma parte America First de las prioridades del gobierno de EE. UU. hoy en día? Os invito a mirar más allá de la maquinaria de la desinformación”, dice el texto.

Además, por primera vez una voz oficial del régimen parecía tender la mano a Trump para negociar. “Hoy el mundo se encuentra ante una encrucijada: seguir por el camino de la confrontación es más fútil y costoso que nunca. La elección entre la confrontación y la negociación es real y tiene consecuencias”, escribía el iraní. Aun así, no está claro si la carta de Pezeshkian tiene algún tipo de valor real. La máxima autoridad del país es el líder Supremo, Mojtaba Khamenei, y no hay conocimiento de si esta misiva cuenta con su aprobación. 

Por contra, Trump ha vuelto a recordar que Irán sigue en tiempo de descuento del ultimátum que hizo contra las instalaciones eléctricas del país. Si antes del seis de abril no se reabre Ormuz, dijo el magnate, Estados Unidos bombardeará todas las plantas de electricidad iranianas. Hoy lo ha vuelto a recordar, pero hablando solo de la necesidad de llegar a un acuerdo. “Si durante este período de tiempo no hay un acuerdo, tenemos a la vista los objetivos clave. Si no hay un acuerdo, bombardearán cada una de sus centrales eléctricas”, ha dicho. 

Sin mención de la OTAN

En las horas previas al discurso de la nación, Trump ya había dejado claro su malestar con la Alianza Atlántica y había vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de sacar a los Estados Unidos del pacto de defensa. Todo, como retaliación a la negativa europea de sumarse a su coalición para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde que Washington y Teherán iniciaron la incursión aérea. Pero, sorprendentemente, Trump no ha hecho ninguna referencia al tema esta noche. 

En una entrevista a Reuters concedida antes de la comparecencia, el republicano había advertido que uno de los temas centrales de su discurso sería su decepción con la Alianza.“No han sido amigos cuando los hemos necesitado. Nunca les hemos pedido mucho… es una relación de una sola dirección”, decía el magnate.  

Pero en lugar de cargar abiertamente contra los europeos, esta noche Trump se ha limitado a volver a insistir en que se encarguen ellos de reabrir el estrecho de Ormuz. “Para esos países que no pueden obtener combustible, muchos de los cuales se niegan a involucrarse en la decapitación de Irán,-la cual tuvimos que hacer nosotros mismos- tengo una sugerencia. Primero, comprad petróleo a los Estados Unidos. Tenemos de sobra, muchísimo. Y segundo, desarrollad algo de valentía, aunque sea tarde. Deberíais haberlo hecho antes”. 

Por lo que respecta al precio de la gasolina, que en Estados Unidos ha superado los 4 dólares de media por primera vez desde 2022, Trump ha hecho llamamiento a la calma. “Estados Unidos nunca ha estado mejor preparado económicamente para afrontar esta amenaza. Todos sabéis que construimos la economía más fuerte de la historia. Lo estamos viviendo ahora mismo”, ha afirmado.

Suenan dos chasquidos. Manuel y José acaban de abrirse unas latas de cerveza. Empiezan a beberlas mientras cuentan que una madrugada escucharon golpes en la puerta de la caravana. La misma puerta sobre la que uno de ellos se apoya ahora mientras el otro, sentado en una silla, fuma y mira el móvil. “¡Sabemos que estáis ahí!”, dicen que les gritaron para amedrentarlos. La pantalla y la bombilla que hay dentro del remolque son los dos únicos puntos de luz que iluminan a estos dos hombres. No se les distinguen las facciones de la cara. Así lo quieren. De alguna manera, están señalados. El 29 de abril –si no se han ido antes– tendrán que marcharse del solar en el que llevan meses viviendo junto a varias decenas de personas. Muchos son migrantes y tienen trabajo. Como Manuel y José: colombianos y albañiles. Algunos de sus vecinos también tienen hijos.

Ya hay orden judicial para desalojar una parcela situada en el municipio de Eivissa: casi dos hectáreas y media en la periferia burguesa de la ciudad. En julio, este terreno de forma rectangular empezó a llenarse de caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y alguna barraca. Otros desahucios –Can Rova, Can Raspalls, es Gorg o Cas Bunets– empujaron a estos ibicencos sin hogar hacia otro sitio donde plantar su campamento. Entonces encontraron estas feixes, antiguas tierras de cultivo, un pedazo del barrio de Can Misses todavía por construir. 

Allí terminaron el verano, pasaron el otoño y resistieron el invierno: con la llegada de la primavera tienen las horas contadas. Los propietarios –entre los que se encuentra Inmo Sirenis, una empresa hotelera que también posee el Teatro Pereyra– han solicitado la expulsión y el Tribunal de Primera Instancia número 5 de la isla se lo ha concedido. “Pusimos la demanda hace un año. Ya había gente allí dentro. Imagino que después, durante el verano, entraron más. El riesgo de incendio al okupar un terreno con masa boscosa en el que se hacen conexiones, se cocina y se fuma es inevitable”, dice Mariano Ramón. Este abogado representa a Inmo Sirenis como ya hiciera con los dueños de Can Rova o Cas Bunets. En apenas dos años, tres desalojos multitudinarios.

“Desde el primer momento en que se detecta cualquier asentamiento, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, interviene para abordar la situación y tratar de reconducirla ofreciendo acompañamiento, orientación e intervención. Asimismo, los equipos municipales estarán presentes antes y durante el desalojo para informar, valorar cada caso y tramitar las prestaciones o recursos sociales que puedan corresponder a las personas afectadas”, explican desde el Ajuntament d’Eivissa, que en los últimos años ha cerrado –con gálibos– la entrada a vehículos altos para evitar que aparcamientos y descampados se llenen de furgonetas y roulottes.

Almuerzo entre colombianos

“¡Sombra, dentro!”. Una voz recoge a una hembra de american stanford que ha salido tras unos matojos para recibir a los extraños. Olisquea botas y zapatos, ofrece el lomo a manos desconocidas y vuelve junto a su amo, un joven que remueve un cazo recibiendo el calor de un hornillo. Dos planchas de metal evitan que la llama del gas prenda algo inapropiado. Dentro del guiso hay cachos de patata y bolas de carne picada. El cocinero añade a la salsa un chorro de ketchup. Tras el culo de la caravana que el cocinero tiene a sus espaldas aparecen los comensales. Son otros dos veinteañeros subidos a patinetes eléctricos. Desmontan, se sientan en círculo, van pasándose el cazo y comen todos de él. En silencio. Son las siete de la tarde: podría ser una cena temprana o, quizás, un almuerzo a destiempo.

–Mis vecinos son colombianos, como yo. El día que vuelva p’allá seguro que me recochan [fastidian] porque voy a tener palabras de acá. Como el ¡venga!: al principio lo decía para joder y ya se me pegó. Pero el acento colombiano no lo voy a perder: los más fuertes son el paisa, de Medellín, y el nuestro: yo soy de Cali Valle, la sucursal de la salsa: allá hablamos muy pesado, muy remarcado.

Dice Jonathan. Su caravana está a sólo unos metros de la caravana de los tres jóvenes que están comiendo. Invirtió “3.000 euros” para comprar un cubículo de unos pocos metros cuadrados al que en la mayoría de países de América Latina llaman casa-rodante, remarcando el sentido que tiene la palabra en francés: roulotte. En el caso de este hombre de treinta y dos años, su casa-rodante es –literalmente– un domicilio nómada. Y Can Misses, la tercera parcela en la que aparca, siempre “expulsado” por las circunstancias. 

“Llegué hace dos años y medio porque mi ex pareja ya estaba acá”, cuenta Jonathan. “Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas”.

Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas

Jonathan — Resiente en una caravana

–¿Y tú tienes trabajo todo el año, Jonathan?

–No, por temporadas, lo que va saliendo.

–¿En invierno se pone dura la cosa?

–Lo que se activa en la época, pero poco más. En verano sí hay más trabajo de mantenimiento y jardinería. Los que tengan papeles trabajan con contrato, y los que no… al negro me imagino. Por lo regular, todo funciona por conexiones. Yo te conozco, tú me conoces y me dices que allí necesitan a uno que sepa hacer algo. P’allá que vamos. En Colombia tenía otra vida totalmente diferente: trabajé como operario en una imprenta, pero lo mío eran las ventas: yo te vendo eso [señala una bici oxidada en el suelo] si hace falta. A la construcción siempre le tuve mucho respeto, pero aquí he tenido que trabajarla.

–¿Aguantarás aquí hasta el 29 de abril?

–Espero que no, pero si no encuentro otra cosa… A mí no me notificaron nada oficialmente, pero sé que nos van a sacar. Y sé cómo funciona. Al final uno conoce gente que vivió lo de Can Rova.

Hasta que lo desahucien, Jonathan seguirá dando de comer a Cati –una mezcla muy curiosa: malinois con podenco–; vaciando la sentina en un punto limpio; duchándose con cazos de agua caliente; viendo la silueta de la catedral de Eivissa recortada en el horizonte cada vez que entra a casa; escuchando salsa y cumbia los sábados por la tarde y los domingos al mediodía, cuando se encienden parrillas, se torra carne y los habitantes de la parcela celebran el fin de semana. Como las urbanizaciones de adosados con piscina que los rodean. Al fin y al cabo, todos forman parte del mismo vecindario. Igual que los residentes censados, los nómadas de Can Misses viven en tiempo real los goles de la Unión Deportiva Ibiza. El estadio de fútbol municipal está en la acera de enfrente.

La niñez dentro de una ‘roulotte’

Elena está sentada al volante de su cochecito de baterías como quien se para en un área de servicio a escuchar la radio. Del altavoz del cochecito suena una canción infantil –en castellano con acento argentino– que repasa los nombres de los dedos de la mano. Elena se baja del cochecito y señala la carrocería de plástico. Señala después su bicicleta y un muñeco tirado por el suelo. Señala también su propia ropa y dice una palabra: “Rosa”. Las pertenencias más preciadas de esta niña que en unos días cumplirá tres años son todas del mismo color. Hecha la aclaración, Elena corretea junto a la caravana en la que vive desde que tiene memoria. “Uno podría pensarse”, dice su padre, “que para ella esto es pura vida. Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato”.

'Uno podría pensarse', dice el padre de Elena, de tres años, 'que para ella esto es pura vida'. 'Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato'

El padre de Elena –que no se llama así– es también colombiano, pero no tuvo que regularizar sus papeles cuando llegó hace siete años a Eivissa. Con doce emigró junto a su familia en busca de la prosperidad que prometía la Unión Europea. Elena tiene a sus abuelos en Milán y su padre guarda en el bolsillo un pasaporte con una estrella de cinco puntas: el de la República de Italia. “En la isla no nos fueron mal las cosas al principio”, prosigue el hombre, con un castellano en el que se cruzan dejes latinos e itálicos. “Acá, mi mujer y yo pudimos alquilar, pero después de la pandemia se puso todo muy caro. Tuvimos que salir de la ciudad e irnos a Isla Blanca, una urbanización que queda bastante lejos, en el norte de la isla. Allí vivíamos cuando vino Elena (que nació en el hospital que tenemos acá, muy cerca), subieron el precio y salimos otra vez. No encontramos nada. Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco”.

Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco

Padre de Elena — Residente en una caravana

Entonces, como Jonathan, como muchos de sus vecinos, los padres de Elena soltaron un puñado de miles de euros para comprar una casa rodante. Pasear por la parcela de Can Misses es recorrer un museo del caravanismo. Lord Münsterland, Lunar Premiere 51, Senator, Hymer, Knaus… Marcas y modelos míticos de fabricación británica o alemana. Algún remolque conserva la matrícula extranjera. ¿A qué vehículos estuvieron enganchadas? ¿Durante cuántos veranos recorrieron las carreteras europeas? ¿En qué campings de postal pernoctaron? ¿Por cuántos propietarios pasaron? ¿Cómo y cuándo llegaron a Eivissa, el territorio insular donde estacionar una roulotte en una zona no autorizada puede suponer 30.000 euros de multa? El torrente de preguntas es inevitable. Lo interrumpe el padre de Elena con una afirmación categórica:

–Al final, tendremos que irnos de Ibiza.

–¿Pero usted y su mujer tienen trabajo aquí, verdad?

–Sí, todo el año. Pero no nos da. Encontrar una vivienda por menos de 2.500 ó 3.000 euros al mes es imposible. Y súmele luego todos los gastos. Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos.

–¿Han buscado algún abogado?

–No. ¿Para qué? Sé que en otros lugares consiguieron retrasar el desahucio pero, al final, terminaron saliendo.

Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos

Padre de Elena — Residente de una caravana

Una intimidad minúscula

El padre de Elena –como Manolo y José, como Jonathan y sus vecinos– no quiere aparecer en las fotos a cara descubierta, pero permite al fotógrafo entrar en la caravana para retratar un rincón de su casa. Sobre la mesa, un barreño, un vaso con una cola por terminar, una flor rojiza encima de un plato blanco lleno de piñas. Es un adorno de las Navidades pasadas, como los adhesivos de nieve en el cristal de una ventana que cruza una cuerda de la que cuelgan pinzas de colores. En los espacios minúsculos la intimidad se mide en milímetros. A esta familia sólo le resta un consuelo: cuando se vayan rodando a otro sitio no perderán euros ni horas invertidas en levantar una barraca –listones, chapa, pladur–: en Can Misses son muchas menos que las que hubo en Can Rova o Cas Bunets. Alguna hay, sin embargo. La chabola que más destaca recicla los despojos de las discotecas: las lonas de Cocoon, una fiesta que lleva un cuarto de siglo celebrándose en la isla, cubre de punta a punta el tejado.

“Salutati, dai”. Despídete, venga. Elena escucha la orden y mueve una mano en el aire. Su padre la mete en casa agarrándola con dulzura por las axilas. El sol ya se ha ocultado. Mañana, la niña se despertará, se pondrá una mochila (rosa), la montarán en el portabebés de una bicicleta de paseo y la bajarán a la escuela. Hay dos colegios públicos a menos de un kilómetro de distancia.

Bosch, la compañía multinacional de ingeniería y tecnología, ha presentado en el evento Mobility Move de Berlín un nuevo concepto de pila de combustible de hidrógeno especialmente diseñado para autobuses urbanos. El módulo denominado C100 entra a formar parte así del amplio catálogo de soluciones que ofrece la compañía alemana tanto en la producción como el uso del hidrógeno en el campo de la movilidad.

Entre ellas se encuentran dispositivos de pila de combustible que comprenden potencias de entre 100 y 300 kilovatios. En el caso del Fuel Cell Power Module (FCPM) C100, hablamos de una nueva versión de su tecnología que está pensada específicamente para ser instalada en los autocares que realizan principalmente recorridos urbanos.

La tecnología de hidrógeno permite que los vehículos funcionen con electricidad producida a partir de una fuente renovable, lo que significa que pueden operar sin emitir dióxido de carbono (CO2) y ofreciendo en consecuencia una solución sostenible para el transporte público en las ciudades europeas.

El nuevo C100 es un módulo compacto que se integra fácilmente en los autobuses de entre 12 y 18 metros. Su diseño plano, de solo 40 centímetros de altura, permite instalarlo en el techo del vehículo, algo habitual en los modelos del Viejo Continente.

Junto al C100, y dentro de su gama de soluciones, Bosch también ofrece el modelo C190, orientado a autobuses interurbanos y autocares, y que se instala en la parte trasera del vehículo. Está previsto que las pruebas de este modelo en vehículos de demostración se realicen durante esta primera mitad de 2026. El catálogo se completa con el FCPM C300, con 300 kW de potencia, y pensado para camiones pesados y autocares.

Según Jan-Oliver Röhrl, vicepresidente ejecutivo de Bosch Power Solutions, “además de los autobuses eléctricos de batería, los vehículos de pila de combustible también pueden ayudar a luchar contra el cambio climático”. Además, esta tecnología está especialmente indicada para aquellos autobuses que recorren largas distancias diarias y que tienen pocas oportunidades de recargar durante el servicio, explica la multinacional.

Rebaja de emisiones

La normativa europea exige que, para 2030, las emisiones de CO2 de los nuevos autobuses urbanos se reduzcan en un 90% con respecto a las medidas en 2019. A partir de 2040, además, esta exigencia se ampliará al resto de los autobuses. Por ello, los vehículos equipados con pilas de combustible, que son reconocidos por la UE como cero emisiones porque funcionan a todos los efectos como vehículos 100% eléctricos, pueden contribuir de forma importante a cumplir estos objetivos.

Bosch indica que lleva años impulsando el desarrollo de una economía basada en el hidrógeno y ofrece soluciones tecnológicas para toda la cadena de valor de este elemento, desde la producción e infraestructura hasta su uso final. En 2025, la compañía presentó su pila de electrólisis Hybrion PEM para producir hidrógeno. También trabaja en motores de hidrógeno y en componentes específicos para estas aplicaciones. Además, un equipo de Bosch recibió el Premio Alemán del Futuro por el desarrollo de una pila de combustible móvil.

Alberto S.M., el acusado de secuestrar y mantener encerrada a la fuerza a su expareja durante dos años, ha sido puesto en libertad por la jueza de la plaza nº 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia. Según el testimonio de Salma, durante los 700 días que se alargó su cautiverio en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José sufrió un infierno de palizas y violaciones. El investigado se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 13 de febrero, acusado de presunta detención ilegal, agresión sexual, lesiones, amenazas y coacciones en el ámbito familiar.

La resolución explica que, tras la práctica de diversas declaraciones testificales y la incorporación de nueva documentación, han surgido dudas sobre algunos aspectos del relato inicial que motivó la adopción de la medida de prisión provisional. El auto señala que los indicios, “si bien se mantienen, carecen de la virtualidad inicialmente concedida para el mantenimiento de la medida restrictiva de la libertad”.

La magistrada subraya que la investigación continúa, con diligencias aún pendientes, entre ellas el reconocimiento forense de la denunciante, la incorporación de su historial sanitario y una pericial sobre terminales móviles.

El auto ha acordado la libertad provisional del investigado con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y comunicar cualquier cambio de domicilio. Asimismo, mantiene la prohibición de aproximación y comunicación con la denunciante acordada en la resolución de 13 de febrero.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha acudido hoy a la sesión de la Corte Suprema que debatirá la legalidad de su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que el republicano quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Esta será la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presenciará argumentos orales ante el alto tribunal, que ya en junio de 2025 falló a su favor y levantó los bloqueos en tribunales menores a la controvertida política.

Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antimigración.

El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día en que asumió su segundo mandato en enero de 2025, aunque esta fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.

La decisión del Supremo de escuchar argumentos en este caso significa la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio.

Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.

En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (6-3) respaldó a Trump en su petición de levantar los bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

Entonces, el Supremo no decidió sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del mandatario han cuestionado esta limitación, porque señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.

Unos 255.000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema se pone de lado de Trump y reafirma las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.

Aunque no asistieron a sesiones en el ejercicio de su cargo, varios presidentes han estado relacionados con el Supremo. Richard Nixon (1969-1974) defendió un caso ante la corte en 1967 entre su mandato como vicepresidente y presidente, mientras que William Howard Taft ejerció como jefe del tribunal tras su presidencia (1909-1913).

El Ministerio de Hacienda ha prorrogado los umbrales del sistema de módulos por el que tributan miles de autónomos sobre la bocina, a través de una nota informativa de la Agencia Tributaria publicada este miércoles y que confirma que siguen en vigor los parámetros aprobados a finales del año pasado en el Real Decreto-Ley ómnibus que decayó en el Congreso.

En una nota informativa sobre los efectos de los dos reales decretos-ley ómnibus derogados por el Congreso a principios de año, la Dirección General de Tributos considera que los límites del sistema de estimación objetiva, como se conoce oficialmente, se mantienen con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros, igual que en la última década.

La nota llega solo un día después del cierre del primer trimestre del año, cuando miles de autónomos tienen que presentar la declaración del IVA trimestral. Como informó elDiario.es, Hacienda estaba buscando la manera de solucionar el problema, pero se había comprometido a hacerlo “en tiempo y forma”.

“Una interpretación kafkiana”

La Agencia Tributaria repite para este año la “interpretación kafkiana” que hizo el ejercicio pasado, a juicio de Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

“No es nada ortodoxo regularlo así, por una interpretación de la Agencia Tributaria en una página web y no por una norma técnica. Pero como al final se arregló y es bueno para todo el mundo, también para la gente que cotiza por módulos, pues nadie se queja de la técnica legislativa. Mucho me temo que va a ser lo mismo”, considera.

La tributación por módulos, oficialmente conocida por Hacienda como de estimación objetiva, no funciona únicamente en base a la facturación de las actividades adheridas a este sistema, sino que lo hacen en relación con una serie de características del negocio. Y siempre con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso. Sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explica Gimeno, que destaca la simplicididad del sistema como una de sus ventajas.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay unos 350.000 autónomos que tributan por módulos, a los que hay que sumar 700.000 trabajadores agrícolas que disfrutan de un sistema similar, que también ha sido extendido.

Otras medidas también en vigor

La prórroga del sistema de módulos no es la única que sigue en vigor, a pesar de que se derogara el Real Decreto-Ley ómnibus. Según la Dirección General de Tributos, como estaba en vigor “en la fecha de devengo del IRPF para 2025”, resultan de aplicación otras medidas fiscales que contenía la norma.

Así, sigue en vigor el mantenimiento del porcentaje de las rentas inmobiliarias en el impuesto sobre la renta, la prórroga de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, el plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva; así como las exenciones para las ayudas recibidas por los daños personales en la oleada de incendios forestales del pasado verano y de aquellas aprobadas por la Comunitat Valenciana en respuesta a la DANA.