Isabel Díaz Ayuso anunció a última hora de la tarde del viernes que suspendía su viaje a México y se volvía antes de lo previsto a España ante lo que calificó como un “clima de boicot” por parte del Gobierno del país, de Claudia Sheinbaum. La presidenta autonómica no ha acudido finalmente a los premios Platino, que se han celebrado el fin de semana en Riviera Maya, y su agenda institucional desde el viernes está vacía.

Según confirman fuentes de Sol a La Sexta, Ayuso aterrizará este mismo lunes en Madrid en un vuelo que ha despegado desde México el domingo, poniendo fin a un viaje envuelto en polémica. elDiario.es ha intentado confirmar la fecha de regreso de la presidenta autonómica pero, por el momento, no ha obtenido respuesta.

Desde la Comunidad de Madrid, a través de un comunicado oficial, aseguraron que Sheinbaum había “amenazado a los organizadores” de los premios de cine para impedir la asistencia de la española. Tanto los hosteleros del complejo en el que se celebraba la gala como el propio Ejecutivo mexicano negaron las acusaciones.

El grupo hotelero que acoge los premios emitió otro comunicado y aseguró que fue decisión suya pedir que le retirasen la invitación a Ayuso por sus “desafortunadas declaraciones”, mientras que el Gobierno de Sheinbaum aseguró que “en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”.

Otro de los puntos que criticó la Comunidad de Madrid eran las informaciones que apuntaban a que Ayuso había vaciado su agenda de la última parte de su viaje en Riviera Maya. Aseguraron que era “falso”: “Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje”, indicaban, aunque sin precisar con quién se reunió.

El último de los apuntes en la agenda de Ayuso consta del pasado jueves 7 de mayo a las 01:00 de la madrugada de España —la tarde del miércoles en México—, donde se especifica que la presidenta autonómica participaba en Aguascalientes en la Feria Nacional de San Marcos, además de visitar después la plaza de toros Monumental. En Aguascalientes recibió también el mismo miércoles las medallas del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de la ciudad.

Continúan las críticas

Mientras, crecen cada vez más las críticas por parte de la oposición a la presidenta madrileña. Manuela Portavoz, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha enviado una carta a Sheinbaum para disculparse “en nombre de los millones de ciudadanos y ciudadanas madrileñas que vemos con bochorno el ridículo perpetrado por la presidenta” de la Comunidad.

“Desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dedicado a simular una ”agenda internacional“ para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados”, recoge Bergerot en su misiva, donde también critica la visión de Ayuso en aspectos como la conquista española.

También el líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha elevado sus críticas a la visita al país norteamericano. “¿Alguien ha visto a Ayuso? Anda perdida. Hace cuatro días que no sabemos nada de ella”, decía este domingo López.

La apertura de la tercera planta de la emblemática Casa Batlló, recuperada tras un siglo de uso privado, es todo un hito que realeza una de las joyas de la arquitectura modernista de Barcelona. Y es que, por primera vez en la historia contemporánea, el público puede acceder a la única vivienda de este icónico edificio modernista que se conserva tal y como Antoni Gaudí la concibió originalmente en 1906. Este espacio ha permanecido habitado durante más de cien años por los descendientes directos de la familia Batlló, lo que ha permitido una preservación excepcional de su autenticidad. La apertura marca un momento trascendental para el patrimonio mundial, ofreciendo una visión íntima de la arquitectura doméstica del genio catalán.

Ahora, estas salas dejan de ser un refugio familiar para transformarse en un escenario vivo donde la historia y la modernidad se encuentran finalmente. A diferencia del resto de las plantas que conforman el edificio, este nivel destaca por haber mantenido intacta la esencia de la vida doméstica de la Barcelona de principios del siglo XX. Se trata de un testimonio valioso que revela cómo Gaudí proyectaba los espacios más íntimos, combinando funcionalidad con su inconfundible lenguaje estético de formas orgánicas. La autenticidad de sus estancias ofrece una oportunidad única para comprender la dimensión más humana y cotidiana del arquitecto, más allá de sus grandes intervenciones públicas. Al cruzar el umbral de su puerta original, el visitante se sumerge en una atmósfera que parece haberse detenido en el tiempo tras décadas de privacidad familiar. 

Es la última joya residencial que faltaba por mostrar al mundo dentro de esta obra maestra declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, una recuperación que ha sido posible gracias a un minucioso proceso de restauración que se ha extendido durante tres largos años de trabajo. Los responsables del proyecto adoptaron un enfoque estrictamente arqueológico, retirando con sumo cuidado las múltiples capas de pintura y reformas acumuladas a lo largo de las décadas. Bajo estos añadidos posteriores, emergió la verdadera naturaleza de la vivienda, revelando una estructura que permanecía sorprendentemente intacta a pesar del paso del tiempo. 

Cada intervención se realizó con el máximo rigor histórico para asegurar que la visión de 1906 volviera a brillar intensamente. Entre los hallazgos más sorprendentes de este proceso arqueológico destacan delicadas decoraciones florales en los estucos de cal, que estuvieron ocultas por más de un siglo. La restauración también ha permitido recuperar los techos de formas onduladas y orgánicas que demuestran la innovadora concepción espacial que Gaudí aplicaba en los ámbitos residenciales. Un detalle fascinante descubierto durante los trabajos es el uso pionero del reciclaje por parte del arquitecto, quien adaptó puertas del edificio preexistente para su nuevo diseño. 

Sin embargo, el descubrimiento más excepcional ha sido una maneta inédita diseñada por el propio Gaudí, cuya existencia era totalmente desconocida hasta ahora en la casa. Estos elementos decorativos y funcionales amplían significativamente nuestro conocimiento sobre la capacidad de innovación y la atención al detalle del maestro. La materialidad del espacio ha sido devuelta a la vida gracias al esfuerzo de expertos artesanos locales que han analizado y restaurado cerca de un centenar de carpinterías originales. Puertas, ventanas y arrimaderos han sido tratados con técnicas tradicionales, mientras que los pavimentos, debido a su mal estado, se han reproducido fielmente pieza a pieza. 

Estas réplicas mantienen la geometría y el diseño originales concebidos por Gaudí, incorporando mejoras técnicas contemporáneas que garantizan su durabilidad para los nuevos usos. El rigor en la recuperación de los herrajes, pomos y tiradores originales completa una atmósfera donde cada material cuenta una historia de excelencia artesanal. Este viaje a los orígenes permite que el visitante no solo observe el patrimonio, sino que sienta la textura de una arquitectura diseñada para ser vivida.

Lugar de encuentro

Sobre esta base histórica impecablemente restaurada, la prestigiosa diseñadora Paola Navone ha introducido una nueva capa de interiorismo contemporáneo que dialoga con la obra de Gaudí. La intervención de OTTO Studio no busca imitar el lenguaje modernista, sino establecer una conversación respetuosa a través del color, las texturas y el mobiliario ecléctico. Navone planteó su diseño imaginando cómo sería habitar hoy esta vivienda única, integrando piezas actuales con bancos y colgadores originales diseñados por el arquitecto. El resultado es un espacio que vibra con una sensibilidad propia, donde los contrastes sutiles activan las salas sin competir con su valor patrimonial. 

La nueva vida de la tercera planta trasciende la función de un museo convencional para recuperar su vocación original como un lugar de encuentro dinámico y vibrante. Este formato flexible permite que la vivienda siga cumpliendo su propósito doméstico original, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. Con esta apertura histórica, Casa Batlló reafirma su compromiso como monumento vivo que evoluciona constantemente sin perder de vista sus raíces y su legado radical de innovación. La tercera planta representa la continuidad natural de un relato arquitectónico que comenzó hace más de un siglo y que ahora se proyecta hacia el futuro. Al permitir que nuevos públicos habiten estos espacios, se garantiza que la visión de Gaudí siga inspirando y generando felicidad a través del arte y el diseño. Barcelona recupera así un fragmento esencial de su memoria modernista, ofreciendo una forma inédita de experimentar la genialidad del maestro catalán en pleno siglo XXI. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este lunes que se vote de una vez las sanciones a Israel que supongan “el veto a productos que provengan de los territorios ocupados, las sanciones a los colonos violentos, las sanciones para la expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania”. Albares ha explicado que estas medidas entraría dentro “del mero cumplimiento de las opiniones consultivas del Tribunal Internacional de Justicia”, justo antes de entrar en la reunión de ministros de Exteriores que tiene lugar en Bruselas.

“Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas. La Comisión hizo unas propuestas, las puso encima de la mesa. Solicito que para las medidas que requieren mayoría cualificada, las comerciales, pasemos a votar y se deje de decir que no hay la mayoría cualificada. Ya no vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea”, ha recalcado Albares.

La Comisión Europea propuso una serie de sanciones comerciales a los productos de los asentamientos ilegales además de castigos a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes cuando Israel estaba en plena ofensiva contra los habitantes palestinos de Gaza. La medida se quedó en un cajón y nunca se llegó a poner en marcha .

En esta ocasión hay más posibilidades de que salgan adelante las sanciones comerciales contra los productos que provengan de los asentamientos israelíes en territorio palestino o contra colonos violentos. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha admitido que “espera un acuerdo político respecto a las sanciones a los colonos violentos que llevan bastante tiempo sobre la mesa”.

El pasado viernes los representantes diplomáticos de Francia y Suecia presentaron una propuesta conjunta para limitar el comercio o imponer aranceles a productos provenientes de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. “Actualmente, cuando lo probamos el viernes con los embajadores, parece que no tenemos la mayoría necesaria para aprobar estas medidas. Pero realmente, ¿qué más podemos hacer?”, ha comentado Kallas.

“Eternamente en deuda con Israel”

Entre los obstáculos para aprobar medidas contra Israel, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha dado en la clave al comentar que “algunas personas nos dicen que la historia marca que estamos eternamente en deuda con Israel”, en relación a Alemania y su posición de impedir cualquier medida que perjudique a Israel.

Con la salida de Viktor Orbán del Gobierno húngaro se espera que no haya bloqueos a las iniciativas de sanciones contra los asentamientos o los colonos israelíes. El actual primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha señalado que no vetará sanciones comerciales si tienen un amplio respaldo por parte de los países europeos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, ha pedido “una prohibición total de productos de los asentamientos ilegales”, aunque ha admitido que la mayoría estaría más en la línea de de imponer aranceles a los productos de los colonos israelíes.

Vuelve el podcast más esperado de la historia, ¡vuelve Catástrofe Ultravioleta! Los divulgadores científicos Antonio Martínez Ron y Javier Peláez y el artista y diseñador sonoro Javi Álvarez regresan, tras más de cinco años, para acercarnos al mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento.

La cuarta temporada se estrenará el próximo jueves 14 de mayo en exclusiva para las socias y socios de elDiario.es. Serán 10 episodios monotemáticos de entre 40 y 60 minutos de duración, que se publicarán los jueves cada dos semanas. Cada capítulo es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

El equipo de Catástrofe nos llevará hasta los rincones más extremos de la ciencia y la aventura humanas para dejar atrás la aburrida imagen del científico encerrado en su laboratorio. Viajaremos con los investigadores hasta las cumbres del Himalaya para presenciar una boda entre glaciares, nos sumergiremos en una trama detectivesca en busca de unos misteriosos cuadros perdidos y viviremos una historia de terror en la Estación Espacial Internacional. Por el camino, jugaremos con el formato true crime para desentrañar un extraño asesinato y una trepidante carrera contrarreloj por el planeta para conseguir el antídoto de un veneno.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

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Y no te pierdas las tres temporadas anteriores:

En la provincia de Cuenca, a pocos kilómetros de la localidad de Saelices, los restos arqueológicos de Segóbriga ayuda a entender el pasado romano desde el propio terreno. El yacimiento ocupa el cerro de Cabeza de Griego, un punto elevado desde el que se domina el valle del río Gigüela y que ya estaba habitado antes de la llegada de Roma. Hoy forma parte de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha y mantiene una lectura clara de lo que fue una ciudad antigua.

El interés del lugar está, sobre todo, en que no hay una población actual levantada sobre sus restos. Eso permite seguir parte de su trazado, reconocer accesos, situar edificios principales y comprender cómo se distribuían los espacios públicos. Calles, murallas, teatro, anfiteatro, foro, termas, necrópolis y restos del circo forman parte de un recorrido que no se limita a enseñar ruinas aisladas.

Segóbriga nació a partir de un asentamiento de la Edad del Hierro y, tras la conquista romana, acabó integrada en la organización de Hispania. Su desarrollo se explica por su posición en las comunicaciones interiores y por el peso del lapis specularis, un yeso traslúcido utilizado como cierre de ventanas. En época de Augusto, la localidad obtuvo rango municipal y comenzó una etapa de obras que dio forma a buena parte de los edificios que hoy se visitan.

El enclave romano de Segóbriga

La antigua Segóbriga estuvo rodeada por una muralla de unos 1.300 metros, construida hacia el 50 a. C. Buena parte de ese perímetro todavía se reconoce en el terreno, aunque los sectores excavados con más detalle se encuentran en el lado norte, cerca del teatro y del anfiteatro. Las puertas se adaptaban a la forma del cerro, por lo que el acceso no respondía solo a una cuestión defensiva, sino también a la propia pendiente del lugar. La entrada norte tuvo carácter monumental y comunicaba con el área del foro.

El foro era además el centro de la vida pública. Como la ciudad se asentaba sobre una elevación, hubo que salvar desniveles mediante obras. Una de esas soluciones fue el criptopórtico, construido en época de Augusto para sostener la plaza superior y permitir que el espacio cívico tuviera una cota estable. En torno a ese ámbito se situaban edificios administrativos, religiosos y comerciales.

El teatro es uno de los puntos más reconocibles del parque. Su construcción comenzó en época de Tiberio y quedó inaugurado en tiempos de Vespasiano, hacia el año 78 d. C. Aunque no fue uno de los teatros de mayor tamaño de Hispania, conserva un graderío que permite entender cómo se organizaba el público. La grada se dividía en tres zonas, separadas por corredores, de acuerdo con la jerarquía social de la población.

Frente a ese edificio se encuentra el anfiteatro, levantado también en época de Vespasiano. Ambos flanqueaban una de las entradas principales y daban al acceso un carácter representativo. El anfiteatro tiene planta elíptica irregular, mide unos 75 metros de largo y pudo acoger a unas 5.500 personas. Una parte fue excavada en la roca y otra se construyó con muros de cantería. En el centro quedaba la arena, separada de las gradas por un podio.

La visita continúa por espacios vinculados a la vida cotidiana. Las termas del teatro ocupaban unos 350 metros cuadrados junto a la muralla norte y una calle de orientación este-oeste. Fueron construidas en la segunda mitad del siglo I a. C. y conservan restos de salas destinadas al baño, vestuario, sauna seca, estancia caliente con hypocaustum y letrinas. Más adelante, la ciudad contó con termas monumentales, de mayor tamaño y con áreas para ejercicio y baño.

El crecimiento de Segóbriga estuvo ligado al lapis specularis. Ese material se extraía en el territorio próximo y tuvo importancia en la economía local. La presencia del aula basilical, situada junto al foro y la vía principal, se relaciona con operaciones comerciales. También se conserva la conocida como casa del procurador minero, cerca de las termas monumentales, donde apareció parte de un mosaico de teselas blancas y negras que hoy se guarda en el centro de interpretación.

Fuera del recinto amurallado se encontraban las necrópolis, colocadas junto a las vías que salían del núcleo urbano. También en el exterior se levantó el circo, situado en una terraza al noroeste, cerca del anfiteatro. Fue construido a mediados del siglo II d. C. para las carreras de carros tirados por caballos. Aunque no se conserva completo, las excavaciones han permitido documentar parte de su planta, zonas de graderío y espacios de salida.

El valor patrimonial de Segóbriga no es reciente. Las antiguas ruinas de Cabeza de Griego fueron declaradas monumento histórico-nacional por decreto de 3 de junio de 1931, lo que supone su consideración actual como Bien de Interés Cultural. Décadas después, los trabajos arqueológicos y de restauración permitieron poner en valor los principales edificios. En 1975 se inauguró el Museo de Segóbriga, hoy Museo de los Epígrafes, que funcionó como museo de sitio hasta la apertura del parque arqueológico.

El recorrido actual parte del centro de interpretación, desde donde se accede al yacimiento por caminos señalizados y pavimentados. La visita permite seguir la evolución de un lugar que fue castro, ciudad romana, sede episcopal en época visigoda y, más tarde, un asentamiento cada vez más reducido. Tras la Reconquista, la población acabó desplazándose hacia el actual Saelices, mientras el viejo cerro quedó asociado al nombre de Cabeza de Griego.

Renfe ha calculado cuánto le puede costar la exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ceder sus talleres al operador privado Iryo, participado por el Estado italiano, para realizar en ellos reparaciones y mantenimiento pesado, que conllevan trabajos complejos y de varias jornadas.

Un requerimiento por parte del supervisor de los mercados al que Renfe ha tenido que dar respuesta en 10 días y que la empresa estatal ha llevado ante la Audiencia Nacional, por considerar que puede suponer un golpe para el servicio público. En concreto, asume que puede afectar al mantenimiento de rutas clave y conllevar la retirada de trenes, por ejemplo, en el Eje Atlántico, en los servicios de Avant a Valladolid y, también, en el corredor que une Barcelona y Madrid. Un golpe que puede suponer a la empresa pública 60 millones de euros anuales.

La medida de ceder sus talleres, según indican fuentes de Renfe, iría en contra de sus propias reparaciones y mantenimiento y afectaría tanto a servicios comerciales como a trenes sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP). Por ello, cree que podría provocar un fuerte recorte diario de la oferta de trenes en varios de los principales corredores del país.

Esa exigencia de “hacer hueco” en sus talleres a los convoyes de Alta Velocidad de Iryo, supondría elevar la carga de trabajo en instalaciones de mantenimiento críticas, que en muchos casos ya están saturadas, explican las citadas fuentes.

Por ello, en contra de lo que apunta Competencia, argumentan que no se trata de “un mero ajuste administrativo”. “Supone restar capacidad industrial” a Renfe. Eso, en la práctica, obligaría al operador público español a “sacar de los talleres sus trenes” para “dar entrada a material de otros operadores”. Hay que recordar que Renfe mantiene un choque similar con Competencia, porque también obliga a la cesión de sus instalaciones a Ouigo, el operador de origen francés. 

“La consecuencia inmediata sería menos trenes disponibles cada día y, por tanto, la supresión de servicios públicos en la programación habitual”, explican desde el operador público español. “La menor capacidad de mantenimiento pesado tendría además un efecto en cadena y podría derivar en una paralización progresiva de la flota en pocas semanas”, advierten.

El motivo, que “si no se realizan a tiempo las intervenciones obligatorias al alcanzar determinados umbrales de kilometraje, los trenes deben inmovilizarse por seguridad”, argumentan. “Eso carga la operación sobre un parque cada vez más pequeño y se traduce en menos trenes en servicio día tras día”.

Y reducir el servicio tendría un coste económico, que Renfe calcula en 60 millones de euros anuales, tanto por la caída de ingresos que experimentaría como por los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta. 

Los corredores más afectados

Renfe, en sus estimaciones sobre el impacto de esta medida que requiere Competencia, ha calculado el impacto concreto en los corredores más afectados, por ejemplo, el que une Madrid y Barcelona, el Eje Atlántico o los Avant que unen la capital y Valladolid. En total podría afectar a casi una treintena de circulaciones diarias.

Respecto al primero, las citadas fuentes de Renfe señalan que “el impacto sería especialmente notable” en ese corredor. “La menor disponibilidad de trenes de la Serie 103”, que circulan entre Madrid y Barcelona, “podría suponer una reducción de hasta 650.000 kilómetros al año, la supresión de unas 1.100 circulaciones y la pérdida de más de 450.000 plazas ofertadas”, enumeran.

Eso, en términos operativos, conllevaría retirar “de forma estable alrededor de dos trenes al día por sentido, es decir, unas seis circulaciones menos cada jornada en uno de los ejes con mayor demanda, con un recorte cercano al 10% de la oferta diaria”.

Por otro lado, la menor disponibilidad de mantenimiento en talleres clave afectaría a corredores donde se emplean trenes de las Series 120 y 121, como en el Eje Atlántico, Huelva y Euskadi. En estos casos, la estimación de Renfe “apunta a 1,5 millones de kilómetros menos al año, más de 3.300 circulaciones suprimidas y cerca de 800.000 plazas menos”.

Es decir, en estos servicios, la reducción “equivaldría a disponer de hasta ocho trenes menos en el conjunto de los corredores donde opera esta familia, lo que afectaría a unas 16 circulaciones diarias en su conjunto”.

También se verían afectados los servicios Avant, que operan en el corredor entre Madrid y Valladolid. En él, podría conllevar la supresión de seis servicios Avant al día o a eliminar composiciones dobles en horas punta, reduciendo de inmediato la capacidad ofertada.

Las argumentaciones jurídicas

En este choque entre Renfe y el organismo presidido por Cani Fernández, el operador público argumenta desde el punto de vista jurídico que la tramitación acelerada –le ha exigido la cesión de los talleres en un plazo de 10 días, que Renfe ha recurrido– y la adopción de medidas presentadas como cautelares “estarían produciendo efectos estructurales y difíciles de revertir, al anticipar en la práctica decisiones de fondo sin una ponderación suficiente del interés general ni del impacto sobre la prestación diaria del servicio público ferroviario”.

Es decir, las exigencias de la CNMC conllevarían, según Renfe, “redefinir el marco técnico y jurídico del mantenimiento pesado” ferroviario. “Esto alteraría las reglas del sistema a través de una decisión urgente y conllevaría el riesgo de reordenar capacidades industriales críticas ya comprometidas con el servicio público, trasladando el coste a los viajeros en forma de trenes que dejan de circular cada día”, recalcan.

“En la práctica”, añaden las citadas fuentes, “el requerimiento desplazaría a la operadora pública de sus propios talleres para facilitar la entrada de otros operadores vinculados a grandes grupos empresariales extranjeros, mientras el sistema público asumiría el impacto operativo, económico y social de esa decisión”.

Además, las fuentes consultadas insisten en que “no hay alternativas técnicas reales para absorber estas actuaciones en otros talleres, a diferencia de las opciones disponibles” en otros países, como en Francia o Italia. “El resultado”, concluyen, es que “en última instancia, el coste no recaería en quienes acceden a las instalaciones, sino en los ciudadanos, mediante una merma efectiva de su movilidad y de la continuidad de servicios ferroviarios esenciales”.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

El 2 de mayo de 1892, la localidad de Breslau, en la actual Polonia, dio la bienvenida al recién nacido Manfred von Richthofen. Pocos podían imaginar que aquel chico acabaría convertido en un “héroe” para el ejército alemán después de sus hazañas bélicas durante la Primera Guerra Mundial. 

Nacido en una familia aristocrática, el joven siguió los pasos de su padre y se alistó en los Ulanos, la famosa caballería alemana. No estuvo mucho tiempo allí porque, una vez estalló la Primera Guerra Mundial, el alto mando prusiano lo mandó a la infantería para que combatiera contra los franceses en la batalla de Verdún.

A Manfred nunca le gustó aquello, y llegó a calificar la guerra de trincheras como algo “inhumano” y, sobre todo, “aburrido”; así que, fascinado por la aviación, solicitó ingresar en la Fuerza Aérea Alemana. Sus primeros pasos como aviador no fueron especialmente brillantes. De hecho, él mismo reconoció en sus memorias que no era un piloto excepcional en sus inicios.

Sin embargo, poco a poco fue mejorando sus habilidades de combate, llegando a llamar la atención del aviador Oswald Boelcke, que lo reclutó para el escuadrón de caza Jagdsstaffel o Jasta 2. Allí siguió perfeccionando su técnica y, tras la muerte en 1916 de Oswald Boelcke, Von Richthofen recibió el mando de la escuadrilla. 

Los 14 aviones que la componían estaban pintados de distintos colores, pero el suyo destacaba al ser de color rojo, elegido para que tanto aliados como enemigos pudieran identificarlo de inmediato en pleno combate. Así se ganó el apodo de “Barón Rojo”, que lo persiguió desde entonces y hasta el último día de su vida. 

Manfred murió en combate con solo 25 años pero, en ese corto período, le dio tiempo a hacer historia. Como comandante de aquella escuadrilla llegó a dirigir 58 misiones en las que derribó 80 aviones, batiendo el récord de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la campaña, su unidad había derribado 644 aviones y sufrido apenas 56 bajas.

Su historia se llevó al cine

La primera película que llevó la vida de Manfred a la gran pantalla fue El Barón Rojo (1971), un filme estadounidense dirigido por Roger Corman que reconstruyó las hazañas bélicas del alemán. La trama no solo se centró en su época como “héroe de guerra”, sino también en sus inicios como piloto de combate y la obsesión que desarrolló el aviador canadiense Arthur Roy Brown con la idea de enfrentarse a él y derribarlo. 

Sin embargo, la película más conocida sobre Von Richthofen se estrenó en 2008 y fue una producción alemana dirigida por Nikolai Müllerschön. La película intentó mostrar el lado más humano del piloto a través de la evolución de su personaje, que pasa de ver el combate aéreo casi como un deporte entre pilotos a cuestionarse hasta qué punto el ejército alemán ha utilizado su figura como propaganda.