Cada año se queman en Europa una media de 353.000 hectáreas, lo que supone superficies totales del tamaño de Cantabria. Esas catástrofes son cada vez más dañinas como consecuencia de la emergencia climática y conllevan unos daños económicos por valor de unos 2.000 millones de euros, según la estimación del Tribunal de Cuentas de la UE, que apunta a un incremento sustancial de los fondos que se destinan a la preparación, prevención y restauración de los incendios forestales. No obstante, los auditores cuestionan que no haya un mapa exacto por parte de la Comisión Europea y las autoridades nacionales sobre ese dinero y da un tirón de orejas por que el reparto se produzca de acuerdo a criterios geográficos y no según el nivel de riesgo.

Esa advertencia se dirige directamente a España, que es uno de los países que han servido de muestra a los auditores, junto con Grecia, Portugal y Polonia. “El proceso de selección de proyectos en los Estados miembros debería garantizar que la ayuda se canalice hacia los proyectos que mejor respondan a las necesidades identificadas y que estén dirigidos a lograr los mejores resultados en la protección frente a los incendios forestales. La selección debería basarse en los riesgos de incendio forestal y en los méritos de los proyectos”, señala el informe del Tribunal de Cuentas.

“En España, en el caso de los proyectos del Feader del período 2014-2022, al menos dos de las regiones analizadas usaron un procedimiento de selección dirigido a lograr la cobertura regional”, exponen los auditores, que señalan el caso de Castilla-La Mancha. “En una región, cada provincia propuso seis proyectos. Conforme a los criterios de selección, se financiaban tres proyectos por provincia. Esto significa que podrían recibir financiación los proyectos con puntuaciones más bajas, pero no los proyectos con una puntuación más alta, dependiendo de su ubicación. Otra región consideró que toda su superficie presentaba un alto riesgo de incendio forestal y distribuyó anualmente los fondos del Programa de Desarrollo Rural entre todas sus provincias”, critican los auditores.

Otro de los reproches que hacen se dirige al Gobierno de Alfonso Rueda. “En las regiones de España que visitamos, el mantenimiento de los cortafuegos creados depende de la financiación de la UE y, en algunas regiones, la financiación del Feader no es suficiente para cubrir estos costes. En Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes”, alertan.

Galicia es una de las zonas que figuran en el mapa como más afectadas por los incendios forestales, que se ceban especialmente con el sur de Europa. En la UE, la superficie total de bosques y demás terrenos arbolados asciende aproximadamente a 160 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 39% de la superficie terrestre total de la UE. Cada año se quema un 0,22% de ese terreno.

El informe de los auditores se centra en los fondos europeos que se destinan al combate de los incendios forestales y, a pesar de que se ha producido un incremento del dinero que va a parar a esa partida, reconocen que “la Comisión Europea no disponía de una visión completa de la financiación total de la UE desembolsada en medidas relacionadas con los incendios forestales”.

“La Comisión es responsable del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que contiene información sobre el número, la ubicación y la superficie de los incendios. Constatamos que, a pesar de los importantes recursos de datos del sistema EFFIS, esta información seguía estando infrautilizada en la evaluación de los proyectos financiados por la UE destinados a la prevención, preparación y recuperación frente a incendios forestales”, lamentan los auditores.

No obstante, hacen una estimación que asciende a 3.500 millones de euros en base al análisis de las políticas de cohesión (2.100 millones) y los fondos de recuperación (1.470 millones).

“En el marco del Fondo de Cohesión, el FEDER e Interreg, la ayuda prevista de la UE para la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos relacionados con el clima ascendió a 6.600 millones de euros. Parte de este importe se dedicó a la prevención y gestión de incendios forestales. Para el período 2021-2027, la contribución prevista de la UE a la «prevención o gestión de riesgos relacionados con el clima: incendios» es de unos 2.100 millones de euros”, agrega. También se refiere al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE para financiar la reparación de daños de catástrofes como la DANA, terremotos o incendios entre 2014 y 2023, el Fondo de Solidaridad se utilizó para la recuperación tras cinco incendios ocurridos en cuatro estados miembros (Chipre, España, Rumanía y, en dos ocasiones, en Portugal) por un importe total de 99 millones de euros.

Igualmente, los planes de recuperación puestos en marcha tras la pandemia tienen proyectos relacionados con los incendios. No obstante, los auditores ponen pegas a los mecanismos de selección: “Constatamos un total de 1.470 millones de euros en los 27 Estados miembros, en los planes iniciales de recuperación y resiliencia (PRR) de Chipre (23 millones de euros), Grecia (640 millones de euros), España (170 millones de euros), Portugal (634 millones de euros) y Eslovenia (0,3 millones de euros)”.

También dan por hecho es que el grueso del dinero se destina a la prevención. Y se cuentan por miles de millones. “Para el período 2014-2022, 19 estados miembros incluyeron medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus programas de desarrollo rural: 2.200 millones de euros para la prevención de catástrofes naturales, incluidos los incendios forestales, y 700 millones de euros para la restauración. Para el período 2023-2027, 13 estados miembros incluyeron inversiones medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus planes estratégicos; sin embargo, no es posible determinar todos los importes asignados a estas medidas”, recoge el documento.

Sin embargo, recriminan que en la puesta en marcha de los planes de recuperación “los estados miembros tuvieron que actuar con rapidez para decidir qué actividades financiar y llevar a cabo las actividades”. “Las decisiones se tomaron a veces de manera apresurada y algunas autoridades pertinentes no participaron en la decisión sobre qué actividades financiar. El MRR permite reasignar la financiación, pero esto reduce el tiempo disponible para finalizar los proyectos y absorber los fondos del MRR”, apunta el texto, que menciona entre las “deficiencias” el reparto en función del peso geográfico y no el riesgo.

El parque del Retiro es uno de los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad de Madrid, un sitio en el que se desarrollan también eventos destacados como la Feria del Libro. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando fue planteado como una parte del Palacio del Buen Retiro, una posesión real de la que solo quedan algunos vestigios.

Esplendor en el reinado de Felipe IV y los primeros Borbones

El Palacio del Buen Retiro comenzó su construcción en 1630 por orden del rey Felipe IV, que seguía la sugerencia de su valido, el conde-duque de Olivares, para plantear una residencia de descanso en torno a la iglesia de San Jerónimo.

Esta siguió el modelo de alcázar de planta cuadrada con torres en las esquinas coronadas por chapiteles y un gran patio central, pero la falta de proyecto general y las prisas hicieron que el resultado fuera un edificio desarticulado, sin eje principal.

Esa plaza cuadrada en el centro fue sede de numerosos festejos, corridas de toros, juegos y representaciones teatrales durante el reinado de Felipe IV, siendo otras zonas destacadas el Salón de Reinos, el salón de baile o Casón y el teatro o Coliseo.

Sin embargo, vivió un pequeño período de abandono con el fallecimiento del conde-duque de Olivares, de la reina Isabel y del heredero Baltasar Carlos, para luego volver a su esplendor con el segundo matrimonio del rey.

La decadencia del Palacio del Buen Retiro

Con la llegada de los Borbones, el edificio real volvió a vivir un período destacado, pues Felipe V lo prefería al Alcázar, y por eso planteó una remodelación de estilo francés, algo que no comenzaría hasta 1712 y que se quedaría tan solo en papel y con algunas modificaciones parciales. A pesar de ello, tras el incendio del Palacio Real en 1734, los monarcas se trasladaron aquí como residencia oficial.

Sin embargo, en 1764, con el nuevo Palacio Real, Carlos III se trasladó allí y también se llevó algunas de sus pinturas más destacadas, con lo que comenzaría una pequeña decadencia que se haría más grande con la Guerra de la Independencia, cuando los franceses lo utilizaron como fortaleza. Así, a la vuelta de Fernando VII, el palacio estaba arrasado y comenzaron a demolerse algunas de sus partes, cediendo lo que quedaba al Ayuntamiento.

El resto es historia. Actualmente del Palacio del Buen Retiro solo quedan sus jardines, que muy modificados representan el Parque del Retiro, así como el Casón del Buen Retiro, restaurado en 1881 y actualmente siendo una de las sedes del Museo del Prado, que en su ampliación ocupará también el Salón de Reinos, anteriormente el Museo del Ejército.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha obtenido este miércoles un voto de confianza parlamentario por 243 votos a favor y con 210 en contra, gracias al respaldo de los partidos de su coalición de Gobierno de centro-liberal. Tusk había convocado la votación después de que el conservador Karol Nawrocki ganase las elecciones presidenciales del 1 de junio, derrotando al candidato apoyado por el Gobierno.

El voto de este miércoles en la cámara baja o Sejm estuvo precedido por un encendido debate sobre la gestión del Gobierno de coalición que encabeza Tusk, cuya estabilidad está en entredicho tras la victoria de Nawrocki, respaldado por el partido opositor Ley y Justicia (PiS).

Las más de 260 intervenciones de los diputados, muchas de ellas interrumpidas por tumultos desde la grada, reflejaron el clima de tensión y enfrentamiento que atraviesa la escena política del país centroeuropeo. Pese a ello, Tusk ha recibido el apoyo de los 241 diputados que apoyan a su ejecutivo y de otros dos diputados de izquierda.

En su discurso previo a la votación, el primer ministro Tusk aprovechó para insistir en los logros de su gestión y recordar las causas pendientes ante la Justicia de varios miembros del anterior Gobierno, hoy en la oposición. También reivindicó sus esfuerzos para “corregir la situación y reanudar la colaboración con la Comisión Europea”.

Tusk ha anunciado además una reestructuración de su Ejecutivo para el mes que viene y de cara a la segunda mitad de su legislatura, que comenzó en diciembre de 2023.

Amnistiados. Tras varios enredos procesales, la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los casi 40 exaltos cargos, funcionarios y empresarios del Govern de Carles Puigdemont encausados por los gastos del procés y su promoción exterior. Se trata de la causa de los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y conocida por los registros del 20 de septiembre de 2017 en la conselleria de Economía.

En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es el tribunal se guarda de desmarcarse del Tribunal Supremo, que rechazó amnistiar a Carles Puigdemont y los exconsellers por el delito de malversación, pero dejó la puerta abierta a hacerlo con sus subordinados que no decidieron a qué destinar los fondos, sino que solo “ejecutaron” los designios del Govern.

Esto es justamente lo que resuelve la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que concluye que los encausados pueden ser amnistiados porque actuaron “en cumplimiento del mandato” de los consellers, por lo que no hay obstáculo a la aplicación de la ley de olvido penal del procés.

Se trataba de una decisión muy esperada para los casi 40 exaltos cargos, empresarios y funcionarios procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.

El tribunal no va más allá y se limita a recoger la argumentación del propio Supremo para poder aplicar la amnistía al sottogoverno del 1-O. Por el contrario, la Fiscalía consideraba que la malversación sí entraba plenamente en la ley de amnistía, por lo que había pedido amnistiar a todos los cargos salvo dos (encausados por un gasto no relacionado con el procés).

Citando las resoluciones del Supremo contrarias a amnistiar la malversación de los exconsellers, la Audiencia de Barcelona

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha nombrado a Eva Ledo como consejera de Educación del gobierno de la comunidad, en sustitución de la dimitida Lydia Espina. La única persona a la que se lo ha ofrecido, ha asegurado el presidente asturiano en una rueda de prensa este miércoles, agradeciendo que haya aceptado el cargo en una situación complicada tras la huelga educativa vivida en las últimas semanas.

Eva Ledo ocupa actualmente el cargo de subdirectora general de Programas y Gestión en el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría. Anteriormente ocupó cargos relevantes en los gobiernos del Principado como directora general de Personal Docente y previamente había sido jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

Barbón ha puesto en valor su “experiencia de gobierno en materia educativa”, así como su capacidad de diálogo y “tender puentes”. El presidente asturiano ha reconocido que “venimos de una situación en que ha habido una distancia de consejería y docentes”, por lo que le pone de deberes “reestablecer situaciones de diálogo”. “Hay que recuperar la confianza y cumplir con el acuerdo que ha sido ratificado por amplia mayoría de las organizaciones sindicales”, indicó en la rueda de prensa.

El mandatario socialista considera que el acuerdo con los sindicatos es “un paso fundamental” y “el mejor acuerdo posible” dentro del marco económico actual, y considera un antes y un después para ser el “inicio del reforzamiento de la educación pública asturiana”. “Somos un gobierno de carácter progresista y reformista y que se caracteriza por tender puentes”, aseveró.

Barbón ha valorado que en su mandato como presidente, desde 2019, la inversión en educación ha crecido en 100 millones pese al descenso de un 25% de los alumnos en los últimos años. Y ha puesto cifras al acuerdo con los sindicatos, que implica una inversión de 45 millones de euros y la reducción de la jornada lectiva que suma otros 25 millones.

“No nos podemos dejar de engañar por aquellos que dicen apoyar la educación pública pero a la hora de votar siempre hacen lo mismo, recortan la educación pública y favorecen la privada”, señaló.

Sobre el conflicto abierto también con la educación concertada, Barbón ha señalado que el gobierno autonómico no es el empleador instando a negociar con las entidades y empresas responsables de estos centros.

En relación a los problemas de uno de sus proyectos estrella, Les Escuelines de 0 a 3 años, ha encomendado al nuevo equipo de la consejería que reinicie el diálogo con las trabajadoras, que este miércoles han protagonizado una jornada de huelga, reconociendo problemas en la conexión de los centros municipales a la red autonómica. “Asturias puede presumir de tener la única red autonómica y gratuita

Barbón ha hecho autocrítica, “no detectamos , explicando que ”me siento con ganas“ para afrontar un nuevo mandato al frente de Asturias, llamando a Álvaro Queipo, presidente del PP, como ”líder provisional de la derecha“. El líder socialista ha calificado de ”tremendo“ la pretensión de un régimen sancionador universitario en Madrid, como se ha publciado este miércoles, considerando que ”somos un gobierno que no levanta muros, sino que tiende puentes“, criticando las políticas de derecha.

Sobre los ajustes del Gobierno que ha tenido que hacer este mandato, cambiando cuatro consejeras dos de ellas por dimisión, considera que es normal “mover el banquillo” en las situaciones que se demanden sin que ello suponga una situación de más crisis en el gobierno.

Este jueves saldrá publicado en el BOPA el primer punto del acuerdo, la vuelta a la reducción de jornada los meses de junio y septiembre, anunció el presidente. La toma de posesión de la nueva consejera tendrá lugar el próximo lunes, participando después de la reunión del Consejo de Gobierno.