Hoy se cumplen 15 años de aquel 11 de mayo de 2011 en el que una manifestación, que a priori comenzaba como tantas otras, terminó en un asentamiento en la Puerta del Sol de Madrid que cambió para siempre la historia política de España. Ha pasado el tiempo y este capítulo parte de una pregunta que Juanlu Sánchez lanza a varias personas que estuvieron allí: “¿A quién le importa hoy el 15M?”

Esas personas, que estuvieron implicadas activamente en aquel movimiento, y que nos han enviado sus notas de voz son Fabio Gándara, Guillermo Zapata, Clara Nieto, Stephane Grueso, Sofía Coca y Patricia Martín. Con sus voces y con sonidos de aquel momento, desde el 2026, tratamos de entender qué vigencia tiene hoy el 15M.

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El Museo del Prado ha concluido la restauración de Pablo de Valladolid, una de las obras más célebres de Diego Velázquez, y el resultado ha permitido recuperar las dimensiones originales del lienzo y el equilibrio entre la figura y el espacio que la rodea. La intervención, presentada el pasado lunes 11 de mayo, se enmarca en el programa de conservación de pinturas del maestro sevillano impulsado por la Fundación Iberdrola España.

Una obra clave de Velázquez

El cuadro ha gozado de un prestigio singular entre artistas e historiadores del arte. Manet lo definió como “el cuadro más asombroso jamás pintado”, una valoración que ayuda a explicar el lugar excepcional que ocupa dentro de la pintura española del Siglo de Oro. Velázquez prescinde en esta pieza de referencias arquitectónicas o paisajísticas y construye toda la escena a partir del cuerpo del bufón, la sombra que proyecta y el aire que lo envuelve.

Aunque la obra ha llegado en buen estado de conservación, el lienzo presentaba modificaciones antiguas que alteraban esa relación entre la figura y su entorno. En el siglo XVIII se añadieron bandas de tela en ambos laterales y en la parte inferior, mientras que el borde superior sufrió un desdoblamiento del perímetro claveteado al bastidor. A ello se sumaban repintes posteriores cuyos tonos habían cambiado con el tiempo y afectaban al equilibrio cromático del conjunto.

La intervención ha optado por conservar las bandas añadidas por su valor histórico, pero ocultándolas bajo el nuevo marco mediante un sistema de cajeado interno. Con ello, el museo evita una retirada agresiva y permite mostrar solo la superficie pintada por Velázquez, de forma que el público se acerque a una lectura más fiel a la original. La solución combina conservación material y recuperación visual sin borrar la historia posterior de la obra.

Radiografía y análisis técnico

Una nueva radiografía, realizada con equipos de última generación, ha sido decisiva para fijar con más precisión las dimensiones originales del retrato y estudiar sus ampliaciones. El análisis con el software Aracne ha permitido determinar que las tres bandas cosidas al lienzo original proceden del mismo paño de tela y fueron incorporadas en un único momento. Esa constatación refuerza la lectura material de la historia del cuadro.

Las nuevas cámaras de reflectografía infrarroja han ampliado de forma notable el conocimiento sobre el proceso creativo del pintor. Frente a los estudios anteriores, basados en una sola longitud de onda, el uso de más de una docena de rangos ha revelado un dibujo subyacente hecho a pincel y a mano alzada, con gran espontaneidad y con correcciones y ajustes compositivos. También ha servido para detectar repintes y retoques no originales que han sido retirados.

Pigmentos y materiales

La intervención ha permitido revisar estudios previos de pigmentos y confirmar que la imprimación del lienzo es muy clara y está compuesta mayoritariamente por blanco de plomo. Según el museo, esta es una característica propia de ese momento de la carrera de Velázquez, especialmente visible en las obras realizadas para el Palacio del Buen Retiro. El análisis del traje del bufón ha identificado además una combinación de negro de humo y negro carbón, ambos de tonalidad azulada.

El Prado considera que la restauración devuelve al cuadro su fuerza visual y conceptual, al tiempo que los nuevos estudios aportan una mirada inédita sobre la manera de trabajar de Velázquez. La Fundación Iberdrola España ha subrayado que el resultado recupera el equilibrio espacial y visual concebido por el artista y ha puesto el acento en el valor del mecenazgo cultural como colaboración entre instituciones. Con esta intervención, Pablo de Valladolid vuelve a presentarse como una de las obras más modernas y experimentales del pintor.

Un caso lleno de incógnitas y que ha dejado estos días escenas surrealistas dentro del Senado de Filipinas. Ronald 'Bato' dela Rosa, aliado del expresidente Rodrigo Duterte que ha estado bajo la protección de la cámara desde el lunes para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), ha huido en secreto antes del amanecer tras días atrincherado.

El caso de Dela Rosa, que fue jefe de la Policía Nacional durante los años más duros de la cruenta guerra contra las drogas de Duterte, actualmente detenido en La Haya por crímenes de lesa humanidad, ha agravado la tensión política en el país y dividido al país entre partidarios y detractores del exmandatario.

El senador filipino, también requerido por la CPI por supuestos delitos de lesa humanidad, ha salido de madrugada después de que se cerrara el edificio y reinara el caos tras escucharse una serie de disparos dentro durante un supuesto operativo para arrestarlo, según informaron medios locales, sin éxito.

Actualmente se encuentra en paradero desconocido. El presidente del Senado –socio de Dela Rosa– ha afirmado que solo se le arrestará si así lo dicta un juez del país. Alan Peter Cayetano ha confirmado el exjefe de Policía y senador ha abandonado el edificio por propia voluntad. “No escapó, decidió irse”, ha dicho Cayetano, tras detallar que, según la Constitución del país, Dela Rosa solo podría ser detenido “si hay una orden judicial de un juez filipino”, sugiriendo que la orden internacional de captura por crímenes de lesa humanidad no será de momento obedecida.

Atrincherado durante días

El actual senador, que no había acudido a las sesiones de la Cámara desde hace meses, se atrincheró desde el lunes en el edificio para aprovechar la inmunidad de arresto dentro del inmueble. Lo hizo el mismo día en que se publicó la orden de la CPI, tras lograr escapar de agentes de la Oficina Nacional de Investigación que trataron de detenerlo sin éxito, en una huida a la carrera por los pasillos del edificio. Las cámaras de seguridad del Senado lo captaron tropezando por unas escaleras y corriendo por pasillos mientras efectivos trataban de alcanzarlo en un incidente poco claro.

Visiblemente agitado, el senador irrumpió en el salón de plenos tras lograr esquivar a los agentes encargados de detenerlo. Reapareció en una votación que aupó a la presidencia del mismo –dominado por la dinastía política de los Duterte– a Alan Peter Cayetano, quien señaló que lo mantendría bajo custodia a menos que una corte filipina ordene su detención. La jornada se alargó más de lo previsto: al término de la sesión, Dela Rosa, de 62 años, se confinó en el edificio y pasó la noche en el despacho del senador Jinggoy Estrada, de donde se le vio salir en camiseta y pantalones cortos, en una inusual escena descrita en la prensa filipina.

La tensión subió más este miércoles, cuando se escucharon varios disparos en el Senado, fuertemente custodiado, coincidiendo con un supuesto operativo para arrestarlo. De momento, no ha trascendido la autoría de los mismos y tampoco se ha informado de ningún herido. Las autoridades ordenaron el desalojo de los periodistas y empleados que se encontraban en el segundo piso. El senador fue grabado entrando en un ascensor.

Dela Rosa había descartado entregarse, alegando que aún disponía de recursos legales. “Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador”, afirmó después de su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.

También hizo un llamamiento a la población para que se “reuniera frente” a la cámara con el objetivo de impedir un plan de arresto. Este llamamiento desató el caos, con una fuerte presencia policial y guardias armados en el Senado, protestas en el exterior, además de los disparos.

El Gobierno filipino, liderado por Ferdinand Marcos Jr., némesis de Duterte, niega estar implicado en el intento de detenerlo. “Estemos todos tranquilos. Confíen en que el Gobierno no hará algo como esto”, ha declarado Marcos en un vídeo publicado en su perfil de Facebook. El Ejecutivo no ha podido confirmar si Dela Rosa ha huido ni quién disparó exactamente ni la identidad de las personas que intentaron entrar en el Senado. El jefe de la Oficina Nacional de Investigación ha afirmado que la posibilidad de que el incidente fuera un montaje también forma parte de la investigación.

Alan Peter Cayetano ha leído este jueves a los periodistas un mensaje de texto que, según él, procede de la esposa de dela Rosa, en el que se disculpa por el revuelo que había causado su presencia. “Por eso estoy segura de que Ronald se ha dado a la fuga”, dice el texto de Nancy dela Rosa, que no revela el paradero del político pero afirma que huir “no formaba parte del plan”.

Quién es Dela Rosa

Con fama de implacable, Dela Rosa, considerado una de las personas más próximas a Duterte, ocupó el cargo de jefe de la Policía Nacional entre 2016 y 2018 y está acusado de coordinar parte de la campaña antidroga, en la que fueron asesinadas unas 6.000 personas, según los datos oficiales, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

En su primera día al frente del cuerpo, el oficial emitió una circular con el nombre de “Proyecto Doble Cañón” que, en la práctica, permitía a los oficiales disparar a matar contra personas adictas a la droga y narcotraficantes en caso de verse amenazados.

Conocido con el sobrenombre de “Bato” (roca, en tagalog), el oficial ya había aplicado la violencia contra los vendedores de droga mientras ejercía como jefe de la Policía en la sureña ciudad de Davao, feudo del clan Duterte.

La retórica violenta en sus discursos también fue una seña de identidad de Dela Rosa, que habitualmente arengaba a los policías a “aplastar” y “asesinar” a los narcotraficantes. En solo seis meses desde que asumió el cargo, el 1 de julio de 2016, la policía informó de más de 2.000 muertes en relación con la guerra contra la droga, la mayoría registradas durante tiroteos.

Dela Rosa llegó a instar a los civiles a tomarse la justicia por su mano, en un acto frente a un grupo de personas con adicciones que se habían entregado a las autoridades por temor a la violencia. “Ustedes saben quiénes son estos narcotraficantes. ¿Quieren matarlos? Mátenlos. No hay problema, porque ustedes son las víctimas aquí (...) Vayan a sus casas. Viertan gasolina, préndanles fuego. Muéstrenles su ira”, declaró en agosto de 2016.

En abril de 2018, después de declarar que había “limpiado” al país de drogadictos, Dela Rosa se vio forzado a jubilarse debido a las leyes que obligan a los policías a retirarse a los 56 años. Tras dejar el cuerpo, fue nombrado director general del Departamento de Correccionales, puesto que ocupó durante medio año, antes de lanzarse a la arena política.

En 2019, ganó un puesto en el Senado por un mandato de seis años, que logró revalidar en mayo de 2025 dentro de las filas del partido de Duterte.

Por qué lo busca la CPI

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto –inicialmente clasificada como secreta– contra Dela Rosa, al considerarlo presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas en Filipinas.

La corte afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que “autorizaban, toleraban y promovían” los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante “escenarios ficticios de defensa propia”.

En una entrevista con DZBB emitida el jueves, dela Rosa dijo que “agotará todos los recursos disponibles” para bloquear su traslado a la CPI. Él ha negado su participación en cualquier asesinato ilegal ocurrido durante la campaña antidrogas.

De ser arrestado y enviado a La Haya, Dela Rosa coincidirá con su mentor, arrestado en 2025 y actualmente detenido en la ciudad holandesa a la espera de juicio.

Aunque Filipinas se retiró en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro. 

Con información de agencias.

La huella de Roma en la península ibérica sigue presente en numerosos enclaves que permiten entender cómo se organizaban sus ciudades. Durante varios siglos el Imperio romano impulsó la creación de núcleos urbanos con infraestructuras, espacios públicos y viviendas que estructuraban la vida cotidiana. En muchos casos, esos restos han quedado integrados en ciudades actuales o se conservan de forma parcial, lo que dificulta su lectura completa sobre el terreno.

Aun así, existen algunos lugares donde esa estructura urbana se mantiene con suficiente claridad como para poder recorrerla sin necesidad de interpretaciones complejas. Es el caso de la antigua ciudad romana de Itálica, situada en el entorno del actual municipio de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla. Su cercanía a la capital andaluza la ha convertido en una de las visitas más habituales dentro de las rutas culturales del sur peninsular.

El conjunto destaca porque permite caminar por calles que mantienen su trazado original y enlazan distintos espacios sin interrupciones modernas. No se trata de restos aislados, sino de un área continua donde es posible identificar cómo se distribuían las zonas residenciales, los edificios públicos o los espacios destinados al ocio. Esa continuidad facilita una lectura directa del conjunto, algo poco habitual en otros yacimientos.

Itálica, una ciudad romana con trazado intacto

El origen de Itálica se sitúa en el año 206 a. C., al final de la Segunda Guerra Púnica. Tras la batalla de Ilipa, el general Publio Cornelio Escipión ordenó la creación de un asentamiento destinado a acoger a soldados heridos. Ese primer núcleo se levantó sobre un territorio ya habitado y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una ciudad consolidada dentro de Hispania. Se considera la primera fundación romana en la península y también el primer establecimiento promovido por Roma fuera de Italia.

Durante los siglos I y II d. C. el enclave alcanzó su mayor desarrollo. En ese periodo nacieron allí los emperadores Trajano y Adriano, lo que reforzó su relevancia dentro del Imperio. Fue precisamente bajo el mandato de Adriano cuando se llevó a cabo una ampliación urbana que dio lugar a nuevos barrios organizados con una planificación regular. Esa intervención configuró una red de calles amplias y rectas que aún hoy se pueden recorrer.

Uno de los puntos más reconocibles del conjunto es el anfiteatro. Se trata de una de las estructuras de mayor tamaño conservadas en la Hispania romana, con una capacidad aproximada para 25.000 personas. En este espacio se celebraban espectáculos públicos, entre ellos combates de gladiadores. Aunque gran parte de las gradas no se conserva, sí permanecen visibles galerías, accesos y zonas subterráneas que permiten interpretar su funcionamiento.

El teatro completa el conjunto de espacios dedicados al ocio. Su construcción se sitúa entre los siglos I a. C. y I d. C., y se mantuvo en uso hasta el siglo V. Tenía capacidad para unas 3.000 personas y estaba destinado a representaciones escénicas y actos públicos. A diferencia del resto del yacimiento, este edificio se encuentra en una zona más integrada en el actual núcleo urbano de Santiponce.

Las viviendas conservadas ofrecen otra perspectiva del funcionamiento de la ciudad. Las llamadas domus, pertenecientes a familias con recursos, presentan una organización en torno a patios interiores y estancias decoradas. En algunas de ellas se mantienen mosaicos con motivos geométricos y escenas mitológicas, como ocurre en la Casa de los Pájaros o la Casa de Neptuno.

El conjunto incluye también instalaciones termales. En Itálica se han identificado dos complejos de este tipo, conocidos como termas mayores y menores. Estos espacios estaban destinados tanto a la higiene como a la vida social y contaban con salas de distintas temperaturas. Además de estos elementos, se conservan restos de murallas que delimitaban el perímetro urbano y estructuras relacionadas con el suministro de agua, como depósitos vinculados a un acueducto. Todo ello formaba parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la ciudad.

Tras la caída del Imperio romano, el enclave fue perdiendo población y terminó siendo abandonado de forma progresiva. A pesar de ello, su estructura no desapareció por completo. El interés por su recuperación comenzó a principios del siglo XX. En 1912 fue declarado Monumento Nacional y, a partir de 1929, se iniciaron excavaciones sistemáticas que permitieron identificar distintas áreas de la ciudad. En la década de 1970 se ampliaron los trabajos, especialmente en el teatro.

En la actualidad, la zona arqueológica abarca tanto el área excavada como parte del municipio de Santiponce. El recorrido se realiza a pie y permite enlazar calles, viviendas y edificios públicos en un mismo itinerario. La señalización facilita la identificación de cada espacio y su función dentro del conjunto.

La conservación de Itálica permite observar cómo se estructuraba una ciudad romana sin necesidad de reconstrucciones extensivas. Caminar por sus calles, acceder a viviendas y recorrer espacios públicos ofrece una forma directa de entender su funcionamiento. Esa combinación de accesibilidad y estado de conservación sitúa a este enclave como uno de los ejemplos más completos del urbanismo romano en la península ibérica.

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.

Por los pasillos del Círculo de Bellas Artes que frecuentaron Ramón del Valle Inclán o Pablo Picasso a principios del siglo XX, donde los principales intelectuales confrontan sus visiones, se habla ahora de vivienda. ¿Dónde no se habla de vivienda? Ante la gran crisis de precios del alquiler que asfixia la economía de las familias y enriquece a caseros, especuladores y fondos de inversión (se puede ser una cosa, dos o las tres a la vez) y con la compra también disparada, se enfrentaban en este escenario dos recetas contrapuestas, o tal vez no tanto: la de Jorge Galindo, director de Esadeecpol, que aboga por acelerar la construcción privada, y la de Javier Gil, del CSIC, que defiende la regulación de precios y tiene una propuesta estrella: un superfondo público de 120.000 millones para “expulsar” a los fondos privados mediante la compra.

El debate del miércoles por la tarde, bajo el engañoso título 'Vivienda, ¿más regulación o más construcción?' (engañoso porque Javier Gil no es contrario a la construcción y tampoco Galindo es vehemente contra la regulación) venía precedido de un acalorado debate en redes. Galindo tomó los datos usados recientemente por Gil y el CSIC para apuntar que los multipropietarios, fondos y caseros han aumentado su peso en la propiedad inmobiliaria en España mientras crecen los inquilinos, para relativizar su importancia.

Mientras que Gil señalaba y recordaba durante el debate que la inversión de fondos extranjeros ha pasado de 2.500 a 7.000 millones en los últimos años y que gran parte de la subida de precios tiene que ver con “la demanda especulativa”, Galindo cuestionaba “el peso” que estas propiedades tienen sobre el mercado. Según sus cálculos, las viviendas de fondos y socimis suponen tan solo el 1% del mercado, mientras que “el desencaje” de la oferta y la demanda tiene que ver más con que ante una creación de 1,2 millones de hogares desde 2021 tan solo se han construido 465.000 viviendas. Ni la vivienda vacía ni la turística, alerta Galindo, sería ni muy de lejos suficiente para cubrir las carencias.

Si Gil, en su reciente informe para el Ministerio de Consumo, señalaba que quienes poseen entre 4 y 10 inmuebles pasaron de tener 827.000 inmuebles a 2,3 millones y los de más de 10 saltaron de 138.000 a 626.000, pero los hogares con un solo inmueble cayeron de los 10 millones a menos de 7,9, Galindo muestra en su gráfico cómo todavía quienes tienen una y dos viviendas suman (46,6% + 21,9%) aun un 68% del stock.

Pero Gil advertía que “no es importante solo el dinero que invierten estos fondos, sino también las expectativas que generan”. “No solo es dinero, hay un respaldo político, llegaron con alfombra roja de España y de las instituciones europeas, detrás de Blackstone estaba uno de los asesores de Trump. No hace falta que controlen todo el mercado para ser arquitectos de la nueva situación”, reflexionaba.

Galindo insistía en que “es difícil demostrar el efecto real de la financiarización de la vivienda en el precio” y en que lo que dispara los precios es más bien “la escasez”. 

Gil se mostraba partícipe de construir, pero defendía que “lo último es construir” y no de cualquier manera. Apuntaba a los precios de nueva vivienda en barrios empobrecidos como Villaverde, con pisos de dos habitaciones a más de 400.000 euros, “con esta oferta no vas a bajar los precios”.

Ante eso, la necesidad de que “la vivienda no se utilice para obtener beneficios sino para dar respuesta a una necesidad”, como sucede con la sanidad o la educación, es su modelo, tomando como referencia ciudades como Viena o países como Suecia donde “el mercado no lo decide todo”.

Y antes que construir, Gil defiende una movilización de vivienda en manos de socimis, fondos y empresas, vivienda vacía y alquiler turístico con la creación de un superfondo público que se convierta en un actor relevante en vivienda para poner precios asequibles y “expulsar a los fondos” del mercado comprando sus bienes con el derecho de tanteo y retracto. Gil habla de un fondo de 125.000 millones con los que se podrían construir justo tres millones de viviendas, que es como se titula el libro de Galindo en defensa de la construcción.

Con un fondo de estas características, España podría haber comprado las 5.000 viviendas de Blackstone, que Brookfield adquirió hace mes y medio por 1.000 millones, muchas de ellas compradas a la administración pública en 2013 por precios tres veces menores. 

“No acabo de ver cómo se financia un fondo de tal tamaño. Cualquier aumento de inversión pública de grandes magnitudes requiere decisiones complicadas en términos presupuestarios para sacarlo de otras partidas sociales. Y no solo tenemos déficit de vivienda, sino también de inversión en infraestructuras, en educación, en cercanías…”, apunta receloso Galindo, que apunta que cabría ver también esos 150.000 millones en cuántos años se desplegarían.

Desde su punto de vista, “si la gente hace negocio con la vivienda y la compra para después venderla, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. Sí que se muestra partidario de invertir mucho más dinero en vivienda pública. Concretamente, de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años. Con la incorporación del sector privado con orientación social, el esfuerzo público podría reducirse.

Sí que considera que el Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones en los próximos diez años es “totalmente insuficiente” y que además, “habría que dedicar el 90% y no el 40% de todo ello a construcción”. 

Y en cualquier caso, para acometer esta revolución de la construcción, sobre todo pública, pero también privada, hay que revertir “una regulación que ralentiza la construcción” e incluso la pública, que hace que haya “incluso terrenos públicos paralizados”. “El estado se ha puesto palos a sus propias ruedas”, asegura. 

Las verdades de Galindo y Gil parecen en ocasiones más complementarias que contrapuestas, más diferenciadas en magnitudes que en esencia. La receta es distinta: Gil quiere acabar con la especulación de vivienda mediante el control público (regulatorio pero también control de propiedad) y Galindo mediante la construcción tanto pública como privada. 

Pero ambas visiones pueden encontrarse en algunos puntos. Sin una mayor agilización de la construcción y de los visados y sin el peso de la inversión privada, resulta imposible imaginar una aceleración de la oferta que dé respuesta a la creación de hogares. Sin una vigilancia sobre los precios y un mayor peso del estado a la hora de movilizar esa vivienda, resulta complicado que ese incremento de la oferta tenga precios accesibles para las familias.

La primera ministra de Letonia, Evika Šiliņa, quien ha sido una defensora acérrima del apoyo a Ucrania frente a Rusia, ha visto cómo su coalición de Gobierno ha saltado por los aires tras impactar en el territorio del país dos drones ucranianos desviados supuestamente por Moscú.

Šiliņa ha dimitido este jueves por la crisis con sus socios de gobierno, unos meses antes de las elecciones generales que celebrará Letonia el próximo mes de octubre, en las que aspiraba a renovar su mandato.

En septiembre de 2023, tras ser designada líder del partido Nueva Unidad (JV), formó una atípica coalición entre su partido centrista, la alianza de Unión de Verdes y Campesinos (ZZS) y los socialdemócratas de Pro. Pero las diferencias entre los socios han puesto fin a ese Gobierno, después de que dos drones ucranianos impactaran y causaran daños en una instalación de almacenamiento de combustible en la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia, y cerca de la frontera con Rusia.

Los drones se dirigían a Rusia, pero las fuerzas rusas lograron desviarlos con medios de guerra electrónica, según Ucrania.

Šiliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones y forzó su dimisión, mientras que Pro denunció que la primera ministra no les había informado de su intención de destituirle y de politizar una cuestión militar, desacreditando con ello a las Fuerzas Armadas.

La primera ministra designó al coronel Raivis Melnis como sustituto de Sprūds, pero Pro se negó a darle su apoyo y afirmó que debía haber un nuevo gobierno. La jefa del Ejecutivo dimitió después de que los partidos de la oposición se apresuraron a afirmar que respaldarían una moción de censura contra ella.

Previamente, la coalición gobernante había sobrevivido a tensiones, como las vividas en el debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, un texto firmado por Letonia en 2016 pero sólo ratificado en noviembre de 2023 pese a las resistencias de ZZS.

Šiliņa también había vivido tensos desacuerdos con sus socios de gobierno por el apoyo financiero a la aerolínea nacional airBaltic. Nunca tuvo problemas, sin embargo, a la hora de apoyar a Ucrania frente a Rusia, que se convirtió en uno de sus principales caballos de batalla.

Con la primera ministra al frente del Gobierno, Letonia alcanzó los 600 millones de euros en ayuda militar a Ucrania, según datos del Instituto para la Economía Mundial de Kiel (IfW, centro de estudios alemán que registra los anuncios de ayuda a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa contra Ucrania).

Así, Šiliņa convirtió a Letonia en el cuarto país que mayor proporción de su PIB ha destinado a Kiev en ayuda, con un 2,5%, sólo por detrás de Dinamarca (3,9%), Estonia (3,6%) y Lituania (3%), según el IfW. Esa ayuda incluyó el suministro de munición y drones a Ucrania, pero precisamente sistemas aéreos no tripulados de Kiev originaron la crisis que ahora le ha costado el cargo.

Tras la caída de su Gobierno, Siliņa volverá al Parlamento como diputada y presidenta de JV, conservando una influencia política considerable en un país miembro de la OTAN y de unos 1,9 millones de habitantes. La política centrista-liberal fue la segunda mujer que dirigió un gobierno, después de Laimdota Straujuma (2014-2016).