Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España, empresa promotora de los conciertos de Bruno Mars que se celebrarán el próximo mes de julio en Madrid, por imponer el pago de gastos de gestión en sus entradas. Estos ascendieron hasta 19,50 euros y un importe extra en concepto de 'Platinum', que varía en función de la oferta y la demanda. Este último no incluye ningún servicio o producto adicional, como sí ocurre con los tickets correspondientes al paquete VIP.

La asociación entiende que Live Nation incurre en una práctica abusiva al imponer un precio u otro a las entradas en función de la oferta y la demanda del evento, generándose de este modo una sensación de inseguridad entre los consumidores. Además, se ha aplicado a los usuarios unos gastos de gestión de entre 9,50 y 19,50 euros por ticket, que son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial.

Facua ya ha denunciado a Live Nation en otras ocasiones por aplicar gastos de gestión similares y el concepto 'Platinum' en los conciertos de Lady Gaga, AC/DC y Rosalía.

Bruno Mars actuará en el estadio Metropolitano de Madrid los días 10 y 11 de julio, donde presentará su nuevo disco, The Romantic, cuya salida está prevista para el 27 de febrero. Será la primera vez que el artista toque en la capital. Sus shows coincidirán con la celebración del Mad Cool, que tendrá lugar desde el 8 al 11 de julio.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha aclarado que su plan para la izquierda de cara a las futuras elecciones generales pasa por unirse en confluencias que “potencien a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos”. Rufián no concretó de forma clara cuál era su plan en su acto con Emilio Delgado el miércoles, donde esbozó algunas claves: un acuerdo por territorios para no dejar ni un solo voto a la extrema derecha, un pacto sobre puntos programáticos en común de las izquierdas y presentarse “con ciencia y orden provincia a provincia”. A renglón seguido, varios partidos afirmaron que no iban a renunciar a presentarse e incluso la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó que en 2023 la primacía fue de su formación y “nunca” le diría a ERC que se retire.

“Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14. Significa potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a VOX y unirse a en torno a ellos. En plural”, ha escrito en X para aclarar que ese plan pasaría por confluencias y no por que los partidos se retiren y pidan el voto para la formación que tenga mejores pronósticos en cada circunscripción.

Durante el acto del miércoles, Rufián repitió la idea de que a los partidos independentistas como EH Bildu y el BNG puede que les vaya mejor solos en las próximas elecciones. “Lo que pido es que se entienda que tenemos que competir con esta gente. Ganar escaños provincia a provincia. Que hay gente más arraigada al territorio que otras y que quizás nosotros también podemos ayudar pidiendo el voto por ejemplo para esta gente”, dijo.

El dirigente de ERC afirmó el miércoles que no pedía a nadie que renuncie a sus siglas o a sus ideas. Tampoco a la autodeterminación de Catalunya en pos de una lista conjunta de la izquierda. “Lo único que pido es que, por primera vez en nuestra historia, orden, ciencia y método. Provincia a provincia. ¿Cómo se gana a Vox? Lo demás son tuits”, señaló.

Incluso propuso un grupo parlamentario compartido en el Congreso. “Propongo tres o cuatro puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate intenso y muy interesante de las cúpulas de los partidos se presenten con ciencia y orden provincia a provincia”, ha dicho. “Cada uno en su casa y antifascismo, derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida en la de todos”.

Lo que en su día no era más que un pasatiempo en los patios de los colegios, hoy es un negocio que mueve muchísimo dinero y que cuenta con un peligro asociado: los niños cada vez están más interesados en invertir en él. Hablamos de las cartas Pokémon, un fenómeno que ya tiene su propio mercado especulativo y que está alcanzando cifras desorbitadas.

El último ejemplo que lo demuestra es reciente. Hace unos días, el youtuber Logan Paul consiguió subastar su codiciada carta Pikachu Illustrator, adquirida en 2021 por 5,27 millones de dólares, por 16.492.000 dólares (unos 14 millones de euros). Una cifra que no solo ha roto el récord en la historia de estas cartas, sino que también ha desatado la polémica.

De acuerdo con la casa de subastas Goldin Auctions, encargada de gestionar el proceso, la operación marcó un hito al convertirse en la tarjeta coleccionable más cara de la historia vendida en una puja pública. El comprador fue AJ Scaramucci, inversor y emprendedor tecnológico hijo de Anthony Scaramucci, quien fue director de comunicaciones de la Casa Blanca en 2017.

El desorbitado precio de las cartas

¿Tiene sentido que un naipe de estas características alcance ese valor en el mercado? Ahí está el debate entre los aficionados. La respuesta pasa por tener en cuenta la exclusividad de Pikachu Illustrator, una carta de la que solo se fabricaron unas 40 unidades para entregarlas como premio en un concurso de cómic celebrado en 1997. Estas jamás llegaron a comercializarse en tiendas.

A esto se suma el carácter de artículo de lujo que Paul ha conseguido darle. El youtuber la llevó colgada del cuello con una cadena de diamantes durante su participación en Wrestlemania 38, un evento de lucha libre profesional que se celebró en abril de 2022 y en el que el creador, conocido por su trabajo en redes sociales, hizo su debut como luchador. 

Pero el fenómeno trasciende a Logan y su carta de Pikachu, y lleva años funcionando a pleno rendimiento. Según un artículo de Fortune, las cartas Pokémon han experimentado el mayor incremento de valor a largo plazo entre todas las categorías: un 3261% en los últimos 20 años, según datos proporcionados por Card Ladder al medio. 

Las cartas han dejado de ser un juego de niños, pero estos no han salido de la ecuación, y las estafas también pueden caer sobre ellos. “Hay un montón de gente estafando ahora. Es un mundo que está petado de gente que especula. Mucho cuidado, porque os puede pasar a vosotros”, denunció El Rubius en su canal de Twitch hace un par de años.

Por fin llegó el día que tantas expectativas había generado. En el cartel: Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Sara Santaolalla. No era un mitin, ni un acto fundacional, tampoco era la primera vez que alguien de la izquierda llama a la unidad de la izquierda, y sin embargo, la expectación no la generaba la promesa de refundación ideológica, sino ver qué hace exactamente la izquierda con todas sus cajitas. Gabriel Rufián propone coordinar candidaturas para dar la batalla provincia a provincia contra la ultraderecha, es decir, de nuevo “vivir juntos o morir por separado”. ¿De qué estamos hablando exactamente esta vez?

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analizamos la letra pequeña de la propuesta del portavoz de ERC. Y con el periodista Alberto Ortiz, que cubre en elDiario.es este espacio político, comprendemos mejor cuál es la novedad que representa la apuesta del líder independentista respecto a experiencias recientes de confluencias en la izquierda en España.  

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El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Un punto de clave para los opositores era que se creara un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto“, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

Vamos a sumergirnos en el océano para observar una maniobra de rescate a 30 metros de profundidad y casi en la más completa oscuridad. Nos movemos en el interior de los restos de un barco que naufragó hace tres días en el Golfo de Guinea. Los carteles que vemos están al revés porque la embarcación se ha dado la vuelta al caer al fondo. Buscamos el cuerpo de los 12 tripulantes del navío. De pronto, lo imposible se hace posible. Hay un superviviente. En este episodio acompañamos a los protagonistas de esta aventura y descubrimos cómo pudo sobrevivir un cocinero durante 3 días sumergido a 30 metros bajo el mar, qué le ocurre a nuestro cuerpo ahí abajo y cuáles son los riesgos y dificultades para sacarlo de ahí con vida.

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español, con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

La cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta se podrá escuchar en elDiario.es a principios de 2026.