La percepción de los consumidores españoles de las marcas chinas de coches está mejorando significativamente, como revelan los datos del último estudio elaborado por el Observatorio Cetelem. El trabajo, titulado El consumidor español y las marcas chinas de automóviles, se ha dado a conocer coincidiendo con la reciente celebración del Salón del Automóvil de Pekín, gran cita anual no solo del sector automovilístico chino, sino cada vez más de la industria a nivel mundial.

Para un 37% de los españoles, indica la encuesta, la llegada de coches de marcas chinas a España ayudará a reducir los precios, y para un 29% tendrá como otros efectos destacados aumentar la competencia y mejorar la calidad general de los vehículos. El conocimiento de las marcas y la percepción de calidad, seguridad y tecnología han crecido este año, en paralelo a la llegada de nuevas marcas al mercado español y al crecimiento de las ya existentes.

El 80% de los consumidores españoles sabe de alguna marca china de automóviles, 10 puntos más que el año pasado. Las más conocidas son MG, con un 66% de las menciones, y BYD, con un 56%. La percepción de seguridad de los coches chinos también mejora. Para el 42% es buena y para el 8%, muy buena; sumando un crecimiento de 8 puntos respecto al año pasado. Para el 39% es regular, mientras que para el 7% es mala y para el 4%, muy mala. La suma de estas tres respuestas registra un retroceso de 7 puntos respecto a 2025.

El 50% de los entrevistados dice haber considerado comprar un coche chino. Los motivos principales son su precio (30%, un aumento de 7 puntos), tecnología (19%, un alza de 12) y diseño (1%). Los españoles que no han considerado comprar un coche chino lo han hecho por falta de información (un 26%, 10 puntos menos que en 2025) o de confianza (un 22%, 7 puntos menos). Entre ellos, la disponibilidad de recambios, la durabilidad y la seguridad son los aspectos que más desconfianza generan.

A la pregunta concreta de “¿qué te haría decidirte a comprar un coche de marca china?”, el precio también se sitúa en primer lugar, con un 31% de las menciones (mismo porcentaje que en 2025), seguido de las buenas opiniones (21%, tres puntos menos), la mejora de la calidad (21%, un punto más), la mejora de la seguridad (+15%) y la tecnología avanzada (+13%, dos puntos más que en 2025).

En brazos de la IA

En otro de sus estudios dados a conocer recientemente, el Observatorio Cetelem ha indagado sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de compra de los ciudadanos. De acuerdo con sus conclusiones, los consumidores valoran especialmente la capacidad de esta tecnología para agilizar la búsqueda de productos y mejorar la experiencia de compra.

Sin embargo, persisten ciertas reticencias en ámbitos como la privacidad, la seguridad o la sustitución del contacto humano, especialmente entre los entrevistados de mayor edad, frente a unos jóvenes que lideran su uso y anticipan un mayor impacto futuro de estos sistemas.

En el ámbito de la automoción, la IA ya tiene una presencia significativa en el proceso de compra. El 41% de los conductores afirma haberla utilizado en alguna ocasión, mientras que el 16% declara hacerlo de forma habitual, con los jóvenes destacando en este último caso (21% frente a 12% en seniors) y también en el uso ocasional (44% frente a 37%).

Además, el 27% asegura conocer estas herramientas pero no haberlas utilizado, con mayor peso entre los seniors (31% frente a 24%). Entre quienes sí recurren a ellas, el principal uso es comparar modelos y marcas (55%), seguido de ajustar la compra al presupuesto (36%) y resolver dudas técnicas (33%), destacando en los tres casos las personas de más edad por encima tanto de la media como de los jóvenes.

Ambos trabajos del Observatorio han sido realizados bajo una metodología online y haciendo uso de un universo de adultos que hayan comprado o vayan a comprar alguna de las categorías de producto consideradas en los últimos/próximos 12 meses, todo ello en un ámbito nacional y con un tamaño de muestra de 2.200 encuestas. Las entrevistas tuvieron lugar entre el 18 y el 25 de julio de 2025 y entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 2026.    

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a transformar el examen teórico del carnet de conducir con una batería de cambios que ya se están aplicando de forma progresiva en 2026 y que buscan dejar atrás el modelo basado casi exclusivamente en la memorización de respuestas. La principal novedad es la incorporación de vídeos con situaciones reales o simuladas de tráfico para evaluar la capacidad del aspirante de detectar riesgos y reaccionar ante ellos, un sistema similar al que ya utilizan otros países europeos y que pretende acercar la prueba a situaciones reales de conducción.

El nuevo enfoque del examen teórico comenzó a desplegarse tras la actualización del catálogo de señales en 2025 y ha dado un paso más este año con cambios en la manera de evaluar a los futuros conductores. La intención de Tráfico es comprobar si el aspirante “realmente sabe enfrentarse a lo que pasa en la carretera”, y no únicamente si recuerda una respuesta correcta después de repetir decenas de test. El sistema tradicional se mantiene parcialmente, pero convive ya con herramientas de evaluación distintas que modifican la lógica de la prueba.

Aunque el examen sigue estructurado en 30 preguntas tipo test y mantiene el límite habitual de tres errores máximos para aprobar, la DGT ha comenzado a introducir formatos que exigen interpretar situaciones de circulación y aplicar la normativa en contextos concretos. El objetivo es que el alumno no responda por simple repetición o familiaridad con el cuestionario, sino que comprenda qué sucede en cada escena y cuál sería la actuación más segura.

Vídeos para detectar riesgos al volante

La principal innovación es la inclusión de preguntas apoyadas en vídeos. Estas secuencias muestran situaciones habituales de tráfico, como incorporaciones a vías rápidas, cruces con poca visibilidad, frenazos inesperados o peatones acercándose a un paso de cebra. A partir de esas imágenes, el aspirante debe identificar el riesgo y escoger la respuesta más adecuada. La subdirectora de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez, explicó que la medida busca “evitar la memorización y facilitar que el aspirante adquiera la inmediatez y la rapidez necesaria para percibir un riesgo”.

La actualización del examen también incorpora nuevas señales vinculadas a cambios recientes en la movilidad urbana y la organización del tráfico. Entre ellas aparecen referencias a los vehículos de movilidad personal, las zonas de bajas emisiones y otros elementos que han ganado peso en las ciudades en los últimos años. Por ello, el estudio con manuales antiguos o test desactualizados pierde eficacia frente a materiales adaptados a la normativa vigente.

Un modelo más práctico y menos memorístico

El organismo sostiene que el examen no pretende ser necesariamente más difícil, pero sí más práctico. El cambio de enfoque obliga a interpretar escenarios reales y anticiparse a posibles peligros, un modelo que desde hace años utilizan países como Alemania, Francia o Finlandia. La intención es acercar la prueba teórica a la conducción cotidiana y reforzar aspectos como la percepción del riesgo, la capacidad de reacción y la comprensión del entorno circulatorio.

La transformación también modifica la forma de estudiar para quienes preparan ahora el carnet de conducir. Repetir test sigue siendo útil, pero ya no basta con memorizar respuestas. Las autoridades insisten en la necesidad de trabajar la interpretación de situaciones reales, practicar con vídeos o ejemplos prácticos y entender la lógica que hay detrás de las normas de circulación. El nuevo modelo busca que el aspirante afronte el examen con una comprensión más práctica de la conducción.

Qué cambia y qué se mantiene igual

Más allá de las novedades en el contenido, la estructura básica de la prueba se mantiene. El examen continúa teniendo una duración aproximada de 30 minutos, aunque el tiempo puede ampliarse en función de la duración de los vídeos incorporados. Tras aprobar la parte teórica, el aspirante dispone de dos años para superar el examen práctico; si no lo consigue dentro de ese plazo, deberá repetir nuevamente la prueba teórica. Además, el pago de la tasa oficial da derecho a dos convocatorias para el conjunto de exámenes.

En España, las mujeres han superado el 50% del total de personas con estudios de doctorado, situándose recientemente en torno al 50,2%, según los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) publicados en marzo de 2025. El avance es significativo. Sin embargo, hubo un tiempo en el que las mujeres no solo estaban lejos de alcanzar este nivel educativo, sino que en muchos casos ni siquiera tenían acceso a la Universidad.

En ese contexto, destaca la figura de Elena Cornaro Piscopia, la filósofa italiana que se convirtió en la primera mujer en conseguir un título de doctorado. Fue en junio de 1678 cuando recibió el título en la Universidad de Padua, una de las más importantes y antiguas de Italia. Su graduación recibió tanta atención que esta se celebró finalmente en la Catedral de Padua. 

Elena hizo su defensa oral delante de profesores, estudiantes, senadores e invitados de otras universidades del país. Habló durante una hora en latín clásico, explicando varios pasajes seleccionados al azar de un libro de Aristóteles (la filosofía aristotélica era muy importante en el currículo universitario de la época). Cuando terminó, el profesor Rinaldini le puso la insignia de doctora.

Por la Universidad de Padua pasaron célebres científicos como Alberto Magno, Nicolás Copérnico o Galileo Galilei, entre muchos otros. Sin embargo, el nombre de Elena Cornaro Piscopia no suele ser tan conocido, a pesar de su relevancia histórica. Con aquel primer título, Cornaro abrió la puerta a otras mujeres como Sofía Kovalévskaya, que se doctoró en 1874 por la Universidad alemana de Gotinga, convirtiéndose en la primera mujer en Europa en obtener un doctorado en matemáticas.

La vida antes de ir a la universidad

Hija ilegítima del noble Giovanni Battista Cornaro, procurador de San Marco, y de la campesina Zanetta Boni, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia nació en Venecia en 1646 , la quinta de siete hijos. Desde muy pequeña demostró tener una gran inteligencia y comenzó a estudiar latín y griego, idiomas que podía hablar con fluidez con apenas siete años. Más tarde, también aprendió hebreo, español, francés y árabe.

Con la ayuda de varios tutores, estudió ciencias, especialmente matemáticas y astronomía, y aprendió a tocar varios instrumentos musicales, como el clavicordio, el arpa y el violín, además de escribir poesía. En 1672, fue aceptada en la Universidad de Padua, pero no para los estudios que había solicitado. La joven quería estudiar teología, pero el obispo de Padua se negó a darle esta oportunidad “por ser mujer”, permitiéndole a cambio obtener el título de filosofía.

Además de la investigación, Cornaro tuvo una gran vocación religiosa y dedicó parte de su vida a la caridad. Con tan solo 11 años, hizo un voto de castidad y, a los 19, se convirtió en oblata benedictina. Falleció en Padua en 1684 de tuberculosis, con apenas 38 años, y fue sepultada en la Basílica de Santa Justina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en México. Se ha ido una semana a México para decirle a los mexicanos que dejen de odiar al conquistador Hernán Cortés, que no pidan reparaciones históricas y que abracen el mestizaje. Lo hace porque tiene un plan electoralista: diferenciarse de Vox abrazando políticamente a los latinos que viven en Madrid, especialmente en el barrio de Salamanca. Pero esto sucede en un momento en el que incluso la Corona española ha hecho gestos para acercarse a México. ¿Por qué va Ayuso en contra de estos intereses?

Cada frase de Ayuso en México, sobre Malinche o Hernán Cortés, merece una explicación. Tratamos de entender el calado político de esos mensajes con el licenciado en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alecxaí Yllades. Además, con la periodista de elDiario.es que sigue el día a día de la presidenta de la Comunidad de Madrid, África Gelardo, abordamos qué buscaba Ayuso con este viaje que tuvo que suspender antes de lo previsto por sus propias declaraciones. 

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Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar el próximo domingo, una cita en la que se juega la hegemonía política de la región más poblada de España y que tendrá inexorablemente lecturas en clave nacional, pese a que la evidencia empírica demuestra que los ciudadanos saben de sobra qué votan, a quién y por qué en cada elección. 

La convocatoria servirá, de un lado, para medir la resistencia del modelo que representa el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que en las formas al menos no es el del PP que lidera Feijóo y tampoco el de Ayuso. Pero, también para comprobar qué queda del PSOE en una comunidad donde lo fue todo, gobernó durante 36 años y fue el principal granero de votos en todas las elecciones generales.

Las expectativas para el socialismo no son muy halagüeñas. Y no solo por el desgaste que acumula la marca o porque la imagen de su candidata María Jesús Montero esté indisolublemente ligada a la de Pedro Sánchez, sino también por las heridas que aún supuran en las diferentes familias del PSOE andaluz tras la pérdida del poder institucional en 2019 y las traumáticas primarias que enfrentaron a Susana Díaz y el hoy presidente del Gobierno por el liderato nacional del partido. Esta última es una circunstancia que, aunque en ocasiones se olvide intencionadamente, explica muchos de los males de una federación que no supo o no quiso pasar página de sus luchas intestinas ni renunciar a sus componendas orgánicas.

El caso es que Juanma Moreno no tiene asegurados los 55 escaños que otorgan la mayoría absoluta que le libraría de los controvertidos y humillantes pactos con Vox por los que sí han tenido que pasar sus colegas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero María Jesús Montero tampoco sabe si taladrará aún más el suelo que dejó el PSOE hace cuatro años con el peor resultado histórico de la marca con 30 escaños de 109. El baile de diputados en al menos media docena de provincias puede decantar un resultado cuya lectura marcará seguro las estrategias de los partidos nacionales.

Y en un mundo donde la información fluye a gran velocidad y las opiniones se forman en cuestión de segundos, lo único seguro de la noche del domingo es que el PP ganará su cuarta elección en cinco meses, que Feijóo se apropiará de la victoria, que expedirá por enésima vez el certificado de defunción de Sánchez y que pedirá de nuevo un anticipo de las generales. Todo lo demás, seguirá igual, El PP, con o sin Vox, en la Junta de Andalucía, el PSOE en la oposición y Sánchez, en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, como el primer ministro británico, no se irá, aunque el socialismo andaluz perfore su mínimo histórico como el laborismo se hundió en las elecciones locales. La diferencia entre Sánchez y Keir Starmer es que al primero se lo pedirá la derecha, pero no su gobierno ni su partido, salvo los despechados que no habitan ya en las estructuras del partido, pero orbitan alrededor de los micrófonos que interesadamente les presta la derecha mediática para ajustar cuentas con el pasado. No, España no es Reino Unido. El PSOE no es el laborismo. Y la cultura política anglosajona nada tiene que ver con la española.

El horizonte de Sánchez sigue estando en 2027. En la primavera o en otoño, si bien por su cabeza no pasa la convocatoria de un superdomingo electoral en el que coincidan generales, con autonómicas y municipales. Hasta entonces, asumirá o no el resultado del 17M como propio -al fin y a la postre la candidatura de Montero fue un empeño suyo-, pedirá a los socialistas que se concentren en la tarea de gobierno y seguirá erigiéndose en némesis de la ultraderecha global que representa Trump y emulan los acuerdos que el PP va suscribiendo con Vox allá donde necesita los votos de Abascal para gobernar.

La retórica en todo caso no podrá ignorar una reflexión en profundidad sobre la evidente debilidad del PSOE en los diferentes territorios y la profunda desconexión con su base electoral. Pero, en Andalucía, pese a los augurios del periodismo especulativo, el partido no se abrirá en canal se cumpla o no el pírrico objetivo de mantener los 30 escaños de hace cuatro años. 

Se multiplicarán, eso sí, los reproches sobre quiénes y cómo han diseñado una campaña tradicional y nada disruptiva que no parece que vaya a convencer a los 600.000 andaluces que se quedaron en casa en las autonómicas de 2022 y votaron a Sánchez en 2023. Se escucharán decenas de reproches contra una Secretaría de Organización Federal que no da la talla. Se sucederán los lamentos por haber cambiado precipitadamente a Juan Espadas por Montero sin dar tiempo al primero para consolidarse como alternativa a Moreno Bonilla y achicharrar a la segunda sacándola de su zona de confort y de realmente era útil, que era en el Gobierno de España. Pero el socialismo andaluz, adelantan sus históricos, “tiene suficientes horas de vuelo para gestionar con responsabilidad” el resultado, haya o no otra debacle.  

María Jesús Montero no es cualquier candidata, sino persona de absoluta confianza de Sánchez, además de vicesecretaria general del PSOE, por lo que todos los ecos que llegan desde la federación andaluza es que la digestión de lo que salga de las urnas el próximo domingo se hará con “cabeza y responsabilidad” pensando bien los pros y contras de qué se hace y cuándo se hace. Y es que el cuadro que resulte no será ajeno ni se diseñará al margen del secretario general, que seguirá siendo presidente del Gobierno, aunque le pese a Feijóo. Lo contrario, sería abrir en canal un partido que si de algo sabe es de las consecuencias que producen las autolesiones. Que nadie espere una catarsis y tampoco que el socialismo se resigne a lo que la demoscopia, los editoriales y los tertulianos llaman derechización de Andalucía. Los datos no demuestran eso, sino una profunda apatía en el electorado de la izquierda. 

Y es que una cosa es el voto censal y otra el voto emitido a las diferentes candidaturas. Y el mejor resultado del bloque de la derecha se registró en 2011, con un 34,4% de voto censal, lo que no supone una evolución significativa desde 1977, cuando un 33,7% de la ciudadanía con derecho a voto optó por una candidatura de derechas.

El único cambio sociológico en esta Comunidad se produjo como consecuencia de la gran crisis económica, ya que desde las elecciones de 2011, el voto a la izquierda bajó del 40%-50% hasta situarse en el 30%-37% del censo. Una circunstancia que ha supuesto que, desde entonces, se iguale con el porcentaje de la derecha, pero no por un trasvase neto de votantes, puesto que la derecha ya tenía ese umbral de voto, sino porque buena parte del electorado de izquierda ha ido a engrosar el porcentaje de abstención, como en los 80 y 90 ocurrió con el electorado de derechas. Y eso es de lo que el PSOE tendrá que hablar a partir del próximo domingo si quiere remontar el vuelo porque todos los pronósticos apuntan que la derecha se acercará a su techo histórico y la izquierda seguirá en la desmovilización que arrastra desde 2011, lo que permitirá ganar holgadamente a Moreno Bonilla.  

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya tienen prohibida su entrada en el Congreso, aunque aún de manera cautelar. Este miércoles, la Mesa de la Cámara dio luz verde a las primeras sanciones contra ambos activistas por los reiterados altercados que han provocado y decidió retirarles provisionalmente la acreditación de prensa. Fuentes del Congreso explican que, en las próximas semanas, se empezarán a resolver de manera definitiva algunas de las más de una decena de denuncias que acumulan ambos activistas, lo que previsiblemente conllevará la imposición de más sanciones. Si se demuestra que ha existido acumulación de faltas graves, como las fuentes consultadas prevén que ocurrirá, estas sanciones podrían derivar en la expulsión permanente de ambos de la Cámara Baja. La Mesa ha tomado esta decisión con el apoyo de la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, mientras el PP ha decidido levantarse del órgano para no votar.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

La maestra y activista asturiana Hilda Farfante ha fallecido este 13 de mayo a los 96 años. Natural de Besullo, concejo de Cangas de Narcea, se convirtió en una de las voces de denuncia del silencio que se quería imponer de los crímenes de la guerra civil y el franquismo, tras quedarse sola al ser fusilados sus padres en septiembre de 1936.

Sus padres, Balbina Gayo y Ceferino Farfante, eran maestros republicanos en la zona de Cangas de Narcea y fueron asesinados el 8 de septiembre. Nunca se conoció el lugar exacto donde fueron arrojados sus cuerpos e Hilda inentó a lo largo de los años localizarlos, aunque ha fallecido sin haber logrado darles digna sepultura.

Así, con 5 años, Hilda se quedó huérfana y a cargo de su tía Guillermina: “Un día mataron a mi madre, otro día a mi padre y al siguiente me separaron de mis dos hermanas”, relataba. El miedo a una acción posterior del franquismo lo sufría en primera persona, “teníamos miedo a hablar, un miedo que te comía las entrañas, un miedo a que si hablábamos pasara algo grave, miedo a que podía morir alguien”. Por ello pedía “gritar” como símbolo de denuncia, “es un grito que ya va siendo hora de que se sepa y ahora se va a oír en muchos sitios y por mucho tiempo”.

Hilda Farfante fue una de las protagonistas del documental 'Maestras de la República', ganador del Goya a mejor documental en 2013, que contaba la historia de las educadoras mezclando ficción e historias reales como la de la familia de Farfante. En una protección pidió que las nuevas generaciones “sepan la verdad y griten la verdad” sobre la represión franquista.

En 1984, ya en democracia, su familia realizó un primer intento fallido de localizar los restos de sus padres. En el año 2020 reclamó al Gobierno de España, al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática, que acelerara la búsqueda de desaparecidos. En el 2021 el Gobierno de Asturias realizó otra prospección para localizar a los maestros republicanos, de nuevo infructuosa. En la primera celebración del Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, en el 2022, la madre de Hilda fue una de las personas homenajeadas por el Estado y reconocidas como víctimas.

Las condolencias por su pérdida no han tardado en llegar. Hilda se ha ido sin saber dónde estaban los cuerpos de sus padres.