“Hoy no hay médico”. En Galicia —especialmente, en los meses de verano— no es sorprendente encontrarse un cartel como éste en el centro de salud. Sin embargo, en el área sanitaria de Lugo no podrán colocarse ya sin el permiso expreso de la gerencia. Es lo que afirma una circular enviada este lunes a los ambulatorios y firmada por el propio gerente, Ramón Ares, tras ordenar la retirada de un anuncio que advertía a los usuarios de la reducción de facultativos en julio. Para la plataforma SOS Sanidade Pública, es una muestra de cómo la Xunta quiere aplicar en el ámbito sanitario la misma censura que han llevado a la educación bajo el disfraz de “neutralidad ideológica”. Pero no es un caso aislado: en Pontevedra, la gerencia estudia denunciar ante la Guardia Civil a los manifestantes que sacaron a la calle el mobiliario de la sala de espera del centro de salud de Catoira para denunciar la falta de medios.

“Por medio de la presente, comunicamos que la información a usuarios de los centros de salud mediante carteles o anuncios que se colocan en los tableros deberán seguir las normas y protocolos del Servizo Galego de Saúde. Así, toda información que se pretenda difundir deberá requerir autorización en cuanto a los términos de fondo y forma por parte de los órganos correspondentes de la gerencia”, comienza la circular, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ha llegado al menos a media docena de ambulatorios de la comarca de A Mariña, donde se suceden las protestas por la falta de medios.

El escrito explica el procedimiento a seguir por los profesionales si consideran “conveniente” difundir información a los usuarios. Primero, enviarán un correo electrónico a los responsables de Atención Primaria del área sanitaria, indicando qué es lo que “se pretende trasladar”, además de otros aspectos como el lugar en el que se colocaría el cartel o la vigencia del aviso. Será entonces cuando “los órganos competentes de la gerencia resolverán sobre la procedencia, contenido y forma de la referida información” y darán “las indicaciones oportunas al respecto”.

Por último, la circular ordena “retirar todos aquellos carteles o anuncios que constan en las dependencias de ese centro de salud que no se ajusten al procedimiento antes descrito o no fuesen emitidos por órganos del Servizo Galego de Saúde”. Según denuncia el sindicato CIG —y recoge Europa Press—trabajadoras del de San Cibrao colocaron una nota informativa en las dependencias para avisar de que, a partir del 7 julio, una sola médica estará a cargo de la atención de ambos ambulatorios y que durante todo el mes no habrá facultativo hasta las 10.20 horas.

Fuentes sindicales aseguran que la gerencia pidió a la empresa de limpieza que retirase este cartel, a lo que ésta se negó y fue el encargado de la misma quien acudió a quitarlo. Fue justo después cuando se envió la polémica circular.

“Censura” contra la “confusión”

“Es censura pura y dura”. Según SOS Sanidade Pública, lo que pretende el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) es “acabar con la libertad de expresión para evitar la crítica profesional y social a la política de recortes y el desmantelamiento del sistema sanitario público”. Para la plataforma, esa “vuelta a la censura” está relacionada con lo que la Xunta “ya hizo en la educación pública”, al incluir en las instrucciones para el próximo curso la obligación de recoger en la programación anual todas las actividades previstas, que deberán estar caracterizadas por la “neutralidad ideológica”.

ANPAs, sindicatos educativos y partidos de la oposición coinciden en considerar este cambio un intento de la consellería de evitar la celebración en los centros de actos críticos con el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), el genocidio de Palestina o la política lingüística de la Xunta. A lo largo del pasado curso, la inspección educativa solicitó información a las direcciones de colegios e institutos que participaron en actividades relacionadas con estas temáticas e, incluso, en alguna ocasión, las presiones llegadas desde el gobierno autonómico consiguieron suspenderlas.

La Consellería de Sanidade respalda la actuación del gerente de Lugo. En respuesta a elDiario.es, aseguran que la circular recordaba “que los centros de salud y hospitales son espacios donde la información que se difunde debe ser rigurosa, contrastada e ofrecida por canales oficiales o autorizados” y que se había “detectado” la “colocación periódica” de notas con “afirmaciones incorrectas o inexactas sobre la actividad asistencias” que generan “alarma innecesaria y confusión entre los pacientes y usuarios”.

Según el SERGAS, el escrito del gerente “no pretende en ningun caso limitar ni coartar” un derecho, el de la libertad de expresión, que “no puede amparar la difusión de informaciones falsas sobre cuestiones tan delicadas como la atención sanitaria”.

La performance que puede acabar en denuncia

Lugo no es el único frente de batalla de la consellería contra las protestas. En Catoira (Pontevedra), los vecinos llevan semanas saliendo a la calle cada miércoles para denunciar las carencias de su centro de salud, donde —según afirman— sólo hay pediatra un día a la semana, no hay matrona, las citas de medicina familiar se eternizan y la única ambulancia medicalizada ha sido desplazada durante todo el verano a Sanxenxo, para reforzar el operativo turístico.

Tras una movilización simbólica, con decenas de pares de zapatos para demostrar que “no son invisibles”, este miércoles dieron un paso más: sacaron a la calle bancos, asientos, una silla de ruedas y uno de los biombos de la sala de espera. Una vez fuera, representaron un teatrillo para poner voz a sus demandas. Lo original de la acción les permitió ser portada de los diarios locales, pero puede acabar por no salirles gratis: según la consellería, el área sanitaria de Pontevedra “está valorando la posible interposición de denuncia ante la Guardia Civil”.

Sanidade destaca que los manifestantes “omitieron las advertencias del personal del SERGAS” y provocaron “molestias” a usuarios y pacientes al desplazar el mobiliario. Insisten en que las indicaciones de los profesionales para que no lo hicieran tampoco van contra la libertad de expresión, “sino en defensa de los pacientes y de la asistencia sanitari que se presta. Ante esta situación, el área sanitaria evaluará las acciones legales oportunas”.

“No creo que se atrevan”, respondió a elDiario.es José María Dios, portavoz de SOS Sanidade Pública que estaba presente en la movilización. Entiende que tanto esta amenaza como la circular del área de Lugo buscan “matar al mensajero”, impedir cualquier movimiento “que afecte al relato” de la Consellería y que demuestre “que recortar los medios es recortar la atención”. “Para esto sí que tienen prisa en moverse. Para poner médicos, pediatras o personal de enfermería no son tan diligentes”, concluyó el portavoz.