El sofocante calor continuará hasta este viernes, cuando se producirá un “suave” alivio térmico en casi toda España, excepto en áreas del mediterráneo y en la mayor parte de Andalucía, donde se mantendrán por encima de los 35 grados, según la previsión diaria que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

El descenso de temperaturas comenzará el viernes por el oeste peninsular y se extenderá el sábado a casi todo el país, lo que hará que el calor sea más “llevadero y soportable” durante el fin de semana. No se notará mucho en el área mediterránea y en las Baleares, donde las temperaturas seguirán siendo muy altas, detalla el portavoz de la agencia, Rubén del Campo.

De momento, para este jueves se espera estabilidad casi generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la circulación atlántica afectará al extremo noroeste peninsular, con cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental. Tampoco se descarta algún chubasco o tormenta aislados en zonas de montaña de los tercios norte y este.

Volverá a ser una jornada muy cálida. Las temperaturas máximas solo descenderán en las Canarias más orientales y oeste peninsular, con aumentos en los extremos sur y sureste y medio Ebro. En el resto, mucho calor: se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte, depresiones del nordeste y Canarias, incluso 38-40 en zonas bajas del nordeste, centro y sur peninsulares, sin descartarse en puntos de Canarias.

La Aemet ha activado hoy avisos por calor en hasta 12 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana.

Las mínimas aumentarán en la mitad nordeste y Canarias, con descensos en el extremo occidental de la Península. Se espera que no bajen de 22-24 grados en el área mediterránea y zonas bajas del nordeste, centro y sur, incluso 24-26 en puntos del Guadalquivir y Canarias. Ahí, las noches serán tórridas.

Viernes y sábado de alivio

El ansiado alivio llegará el viernes, motivado por la llegada de vientos del oeste procedentes del Atlántico, más frescos y húmedos. Será un descenso “suave” advierten desde la Aemet, porque el calor seguirá en muchos puntos del país. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayor parte de Andalucía y cuadrante sureste peninsular, así como en las depresiones del nordeste y en zonas de Canarias, sin descartarse localmente en Baleares. Es posible superar los 40 en puntos de Andalucía y del interior sureste.

El sábado continuarán bajando las temperaturas en casi todo el país, aunque quedará al margen el litoral Mediterráneo, zona donde incluso repuntarán, de acuerdo con la agencia.

El colegio concertado Aixa Llaüt de Palma ha sido el que más dinero público ha recibido por parte del Govern balear del PP para llevar a cabo el plan de segregación lingüística impuesto por Vox para desplazar al catalán de la escuela balear: 177.223 euros. Según la documentación del Ejecutivo autonómico consultada por elDiario.es, en segundo lugar se situaron los centros Nuestra Señora de Montesión y Juan de la Cierva, ambos en Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, en Eivissa, con un total de 151.906 euros.

En tercer lugar, los colegios Nuestra Señora de la Consolación Es Vivero y San Alfonso María de Ligorio, en Palma, y los centros Mare de Déu de les Neus (Sant Josep) y Can Bonet (Sant Antoni de Portmany), ambos en la isla de Eivissa, con 75.953 euros. Por último, Nuestra Señora de la Consolación (Alaró, Mallorca), Santa Mónica y Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta, estos dos últimos en Palma, recibieron 63.294 euros. La cantidad de dinero público se repartió en función de las horas lectivas.

La implantación del plan de segregación lingüística en Balears, que PP y Vox llaman “plan piloto voluntario de libre elección de la lengua”, ha sido un fracaso en su implementación para el curso 2024-2025. Pese a que la extrema derecha quería gastar hasta 20 millones de euros tanto en la educación pública como en la concertada y privada para arrinconar el catalán, finalmente solo se destinaron 1,1 millones. De un total de 339 centros de Educación Primaria de las Illes Balears (222 públicos y 117 privados o concertados), solo se sumaron 11 (todos concertados o privados).

Este plan piloto fue una de las exigencias de Vox incluidas en el acuerdo de legislatura de 110 medidas que hizo presidenta del Govern a Marga Prohens (PP) en 2023. Para los ultraderechistas, la “libre elección de la lengua” significa que las familias puedan elegir si sus hijos o hijas estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un modelo que segrega al alumnado en función de la lengua.

Ocho centros más el curso que viene

Para el curso 2025-2026 un total de 19 centros —ocho más que el curso pasado— han solicitado adherirse al plan de segregación lingüística. Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rabassa y Nuestra Señora de la Consolación (ambos en Palma); Ramon Llull, de Andratx (Mallorca), y Sa Real, de Eivissa, en la etapa de primaria, los centros El Temple y San José de la Montaña, de Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, de Alcúdia (Mallorca), en las etapas de primaria y secundaria, y el colegio Jesús Maria, de Palma, en la etapa de secundaria, son los centros educativos que han solicitado unirse al plan.

La Conselleria de Educación y Universidades no puede cuantificar todavía el coste que tendrá el plan para el curso 2025-2026, según responde en la misma documentación que desglosa el dinero destinado a cada centro para el curso 2024-2025 y que elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia. PP y Vox aprobaron unos presupuestos la semana pasada que elevan a 21 millones la aplicación y ampliación del plan de segregación lingüística.

En qué consiste el plan

En primaria se ofrece a las familias la posibilidad de elegir las asignaturas de matemáticas y conocimiento del medio en catalán o en castellano. Respecto a la educación secundaria, los centros podrán ofrecer las materias de matemáticas y geografía e historia, así como una asignatura del ámbito científico (biología y geología, física y química o tecnología). En cualquier caso, se debe garantizar que el 50% de las horas lectivas se imparten en catalán, como establece el decreto de mínimos.

Para adherirse al plan, es necesario que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse. Además, los colegios e institutos deben garantizar que disponen de las instalaciones idóneas. Según explicó el conseller de Educación, Antoni Vera, “para hacer los desdoblamientos hace falta espacio”. Por tanto, si los centros no disponen de él, “no podrán adherirse al plan”. Si se trata de un grupo reducido será de un mínimo de cinco alumnos por grupo.

Pese a las críticas de la mayor parte de la comunidad educativa, que señalan que hay “segregación por razones de lengua”, Vera siempre ha rechazado dicha definición. “Esa no es la palabra”, valoró en su momento, apuntando que se utilizarían “las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”.

Por otro lado, Vera también recordó que aquellos centros educativos que estén conformes con su proyecto lingüístico podrán continuar con él. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirmó Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”. Los resultados del plan, que estará vigente hasta el curso 2027-2028, serán evaluados por el Govern al final del mismo.

La comunidad educativa, en contra

“Podemos calificar los datos como de fracaso rotundo y más todavía ante la insistencia de la Conselleria de Educación de conseguir más adhesiones con la promesa de inversiones millonarias”, valoró recientemente Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), en referencia que solo ocho centros más se hayan sumado al plan.

En esta línea, la entidad que promueve la lengua catalana ha vuelto a exigir que los recursos previstos en este “despropósito” se destinen a las necesidades más acuciantes de los centros educativos: la mejora y mantenimiento de las infraestructuras, la eliminación de los ‘barracones’, equipamiento y climatización de las aulas, incremento de las plantillas docentes, bajada de ratios, la mejora de la inclusión educativa y las becas, entre otras cuestiones.

En opinión de la OCB, el plan educativo de PP y Vox “no responde a razones pedagógicas, sino exclusivamente ideológicas”, motivo por el que pidieron por carta a todos los centros educativos que no se sumaran a él.

Finalmente, la entidad ha recordado que la Conselleria todavía no ha hecho públicos los datos correspondientes a la evaluación diagnóstica inicial del alumnado de cuarto de primaria de los 11 centros adheridos en la primera convocatoria del plan de segregación, realizada el pasado mes de octubre. La OCB sospecha que la Conselleria no hace públicos los resultados porque reflejan una caída del dominio del catalán a favor del castellano en estos 11 centros concertados. Consultada sobre este tema, la Conselleria afirma que siempre ha dicho que “dará a conocer los resultados de las pruebas una vez finalizado el plan piloto”. “Ahora no hay nada con qué comparar”, añade.

El plan piloto diseñado por PP y Vox generó una ola de indignación en la mayor parte de la comunidad educativa. Más de una treintena de entidades lamentan que la normativa segrega las aulas y que la extrema derecha está intentando “hacer desaparecer la lengua propia de Balears y la cultura de las Islas”.

Hay otras asociaciones, en cambio, como Plis. Educación, por favor y Societat Civil Balear —ambas pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos—, que abogan por un modelo distinto, favorable a las ideas de PP y Vox, aunque el documento que presentaron a ambas formaciones —y en el cual se inspira el acuerdo entre conservadores y ultraderechistas— es más ambicioso.

Lo que criticó la mayor parte de la comunidad educativa, precisamente, es que en última instancia son las direcciones de los centros educativos quienes deciden si implementan el nuevo modelo que propone el Govern o mantienen el anterior. “Toda la presión mediática que se pueda recibir, incluso por las familias, será para los docentes. Y esto será un problema. Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta responsabilidad a los centros educativos”, valoró Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA), en conversación con este diario.

El Consejo de Cuentas ha reprochado a la Junta de Castilla y León que destine fondos de digitalización solo a los centros públicos y excluya a los concertados. El órgano fiscalizador considera que la Junta de Castilla y León gestiona así de manera “reincidente” sus fondos para digitalización como en 'Educa en Digital', fondos del COVID-19 y REACT-UE, en los que se “dejó al margen” a los concertados a pesar de que el programa estaba dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos, mientras que 14 autonomías destinaron parte de la financiación a la Educación concertada.

La institución fiscalizadora afea que no se hayan distribuido ninguno de los 300.000 dispositivos móviles entre el alumnado de los centros privados concertados porque ambos están bajo la competencia de las autonomías. El objetivo de estos fondos era la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.

En el curso 2020/2021, 214 centros privados concertados (aproximadamente el 17,52% del total de centros) y 100.005 alumnos de la Educación concertada (aproximadamente el 27,70% del total de alumnos potenciales) fueron excluidos. Además, el programa 'Educa en Digital', al que esta actuación complementa, también estaba dirigido a todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, pero solo se destinó a los públicos.

La Consejería de Educación ha justificado esta decisión porque la dotación de material informático a los centros públicos es una obligación legal mientras que la asignación a los centros concertados era opcional. “Los centros de competencia de la Comunidad Autónoma son los centros que gestiona esta Administración de forma directa. Y son de los únicos centros de los que la Administración puede conocer los dispositivos móviles disponibles previamente”, suscribe el ramo educativo.

Según el informe, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana fueron las únicas autonomías que no incluyeron a los centros privados concertados, “incumpliendo” lo acordado en el programa.

Centros concertados con alumnos vulnerables

La Consejería de Educación obvió a ocho centros privados concertados que podían acogerse al programa de digitalización prevé la instalación o actualización de las aulas digitales interactivas porque tenían un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Educación Secundaria —como marca la norma— y no fueron considerados como posibles destinatarios.

En este caso, se dio prioridad a los centros públicos a los que no les era de aplicación otro programa de digitalización, considerando que los centros PROA ya contaban con un programa específico. Sin embargo, el Consejo de Cuentas interpreta que las competencias de gestión se extienden a los centros privados concertados, en los que deben incluir en sus presupuestos.

Por eso el Consejo de Cuentas ha recomendado a la Dirección General que incluyan a la concertada en los fondos con financiación nacional o europea destinada a la digitalización, la adopción de medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos. “Esto implicaría superar la práctica actual de destinar la totalidad de los recursos únicamente a los centros públicos, promoviendo así una gestión más equilibrada de los fondos entre todos los centros educativos de la competencia de la Comunidad”, ha reclamado el órgano fiscalizador.

Portátiles para escuelas de infantil

Castilla y León asignó 117 ordenadores portátiles a 25 escuelas de educación infantil (EEI) de titularidad autonómica en contra de los criterios de los fondos. De estas 25, 22 solo imparten educación a niños de 0 a 3 años. “No tiene sentido destinar ordenadores para el uso de alumnos de 0 a 6 años. Y mucho menos a escuelas con alumnos de 0 a 3 años (primer ciclo de infantil)”, afea el órgano fiscalizador, que interpreta que la propia Consejería “admite de algún modo”. La Consejería sí alegó que las escuelas infantiles están dentro de las enseñanzas reguladas por la Ley de Educación, por lo que podían ser destinatarias de los fondos.

Del total, la Consejería entregó 4.370 portátiles de 14 pulgadas a las escuelas de Educación Infantil, los centros rurales agrupados y los colegios públicos, lo que contradice el criterio de la propia Consejería, que había establecido que los portátiles serían más pequeños (11 pulgadas). La Consejería lo consideró una “excepción” para aprovechar mejoras de los precios, pero el órgano fiscalizador lo considera “un error de planificación”.

También se asignaron 59 pizarras digitales, 71 monitores y 64 ordenadores de sobremesa a 36 escuelas de infantil, 31 de las cuales solo atienden a niños de 0 a 3 años, algo que afea el Consejo de Cuentas, que alude a un informe encargado por el Ministerio de Juventud. Este estudio no recomienda utilizar en educación infantil dispositivos digitales individuales, “aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado” y que pide evitar “el uso de dispositivos digitales” en el tramo de 0 a 3 años.

Además, se asignaron portátiles a otras estructuras no contempladas como destinatarios en el programa como Centros de Formación del Profesorado e Innovación (CFIE) (173 portátiles a 10 centros), Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) (241 portátiles a 11 espacios) y equipos de aulas hospitalarias, escuelas hogar, orientación educativa, orientación temprana y la Dirección General de Centros e Infraestructuras. El Consejo de Cuentas cuestionó la elegibilidad de estos gastos para estos centros. Entre otros, no considera un centro educativo a los CFIE, sino un centro de formación: “Los portátiles se habrán asignado a profesores y no a alumnos, a pesar de que el objetivo del PCT es la provisión de, al menos 300.000 dispositivos destinados al aprendizaje de los alumnos”, reprocha.

Sin embargo, la Consejería no estableció “criterios de vulnerabilidad ni brecha digital” de acceso para seleccionar los centros que recibirían los portátiles. “Tampoco estableció un criterio uniforme ni un indicador objetivo para que los centros pudieran identificar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, afea el Consejo de Cuentas, que señala cómo cada centro “ha aplicado su propio criterio” para asignar los ordenadores.

18.253 ordenadores portátiles, 13.442 aulas digitalizadas

La Junta de Castilla y León, que recuerda que ha sido la primera en empezar a ejecutar los Fondos Europeos MRR en esta materia, ha superado el objetivo fijado de entrega de material digital. Hasta marzo de 2024 entregó 18.253 ordenadores portátiles y digitalizó 13.442 aulas. Sin embargo, el Consejo de Cuentas critica los criterios para asignar este material e indica que no existe una “pista de auditoría suficiente” para verificar que todos los fondos se destinaron a constituir las aulas digitalizadas.

Sin embargo, el Consejo de Cuentas considera que hubo 109 centros (de 1.007 posibles destinatarios) con 17.688 alumnos que no recibieron dispositivos en ninguno de los dos primeros contratos del programa. La Consejería alega que estos centros habían recibido equipamiento de otros fondos (COVID-19, Educa en Digital, REACT-UE o fondos autónomos), pero el órgano fiscalizador señala que el gobierno no ha facilitado información sobre las necesidades que hayan comunicado los centros ni hay trazabilidad del procedimiento que ha aplicado la Consejería.

«Migrantes», «musulmanes», «ecologista», «feminista», «votantes de PP y PSOE», «colectivo LGTB» son categorías que aparecen con regularidad en la prensa y en el debate público. Estas, en concreto, han aparecido recientemente en este mismo diario. Todas hacen referencia a identidades sociales o grupales, que no son más que la forma en que las personas nos identificamos a nosotros mismos y a los demás con un colectivo. En las ciencias sociales, la teoría dominante para entender cómo funcionan estas categorías es la «teoría de la identidad social», desarrollada por psicólogos sociales como Henri Tajfel y John Turner. Según esta teoría, la identidad social se refiere a la categorización social de uno mismo y de los demás; es decir, nos identificamos como pertenecientes a un grupo o categoría social al que atribuimos valor y emociones, y hacemos lo mismo para el resto de personas, contraponiendo nuestro grupo a otros. Un componente importante de esta teoría es que las identidades resultantes nos inducen sentimientos positivos hacia aquellas personas que son como nosotros, con las que compartimos categoría, y sentimientos negativos hacia los que son diferentes, y que situamos fuera.

¿Qué sentimientos nos suscitan identidades como las mencionadas anteriormente en España? Hace nueve años, en este blog, ya comentábamos que las identidades políticas eran las que generaban sentimientos más extremos, tanto hacia los nuestros como hacia los otros. Entonces, descubrimos que, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Bélgica y el País Vasco, la discriminación basada en el partido político con el que uno se identifica era mayor que la discriminación racial en Estados Unidos, religiosa en el Reino Unido, regional en Bélgica y la basada en el origen (ascendencia autóctona o no) en el País Vasco. ¿Sigue siendo así? ¿Nos genera la política unos sentimientos de hostilidad mayores que cualquier otra identidad?

Para responder a estas preguntas, los científicos sociales utilizamos un instrumento llamado termómetro de sentimientos. Este termómetro funciona de manera muy sencilla. Preguntamos a los participantes de una encuesta cómo se sienten con respecto a una serie de grupos de personas. Para expresar sus sentimientos, deben situarse en una escala «térmica» de 0 a 100, donde 0 grados significa que se sienten lo más fríos y negativos posible, y 100 grados significa que se sienten lo más cálidos y positivos posible. Un estudio realizado en los Países Bajos, que utilizaba veintisiete categorías (votantes, actitudes frente a la inmigración o hacia los roles de género, etc.), concluía que las categorías que generaban mayores divisiones eran políticas, seguidas de las actitudes hacia los roles de género y las actitudes hacia los refugiados. Este trabajo es uno de los pocos realizados en el contexto europeo midiendo la «primacía del partidismo» sobre otras divisiones sociales, un fenómeno que se ha replicado en innumerables ocasiones en Estados Unidos.

Hace un año, decidimos estudiar este fenómeno en España en el marco del proyecto NORPOL, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. En una muestra representativa de 3000 personas de la población española, incluimos un termómetro de sentimientos con veinticinco categorías. Nuestro termómetro tiene dos peculiaridades que complementan los resultados obtenidos hasta la fecha en otros países. En primer lugar, garantiza que para cada categoría haya al menos otra que se contrapone, permitiendo agrupar categorías o identidades excluyentes que delimitan un grupo propio y un grupo ajeno. Por ejemplo, introducimos «ecologistas» y «negacionistas del cambio climático» como identidades contrapuestas. En segundo lugar, varios conjuntos de identidades incluyen más de dos categorías. Por ejemplo, en términos de religión incluimos «católicos», «musulmanes», «judíos» y «ateos». Todos los datos del proyecto estarán disponibles de forma abierta en breve en el repositorio institucional del CSIC.

El gráfico 1 muestra nueve conjuntos de identidades y el sentimiento que despiertan los miembros de nuestro grupo (punto azul) y los de otros grupos (punto rojo). Si hay varios grupos, se muestra tanto el sentimiento hacia el grupo que genera más hostilidad (punto rojo) como la media de los sentimientos hacia los grupos que no son el nuestro (punto gris). Por ejemplo, para un católico, el punto azul representa el sentimiento hacia otras personas católicas, el punto gris recoge el sentimiento medio hacia musulmanes, judíos y ateos, y el punto rojo el sentimiento más negativo (o de valor más bajo) hacia uno de esos grupos externos.

Los resultados se alinean con los obtenidos hasta la fecha en otros países. El sentimiento hacia nuestro grupo (azul) casi siempre se sitúa por encima del sentimiento hacia otros grupos (gris y rojo). Además, se observan diferencias significativas entre los distintos conjuntos. En el caso de la educación (estudios superiores y estudios bajos) y la región (comunidad autónoma y España), las diferencias son mínimas. En el caso del colectivo LGTB y los heterosexuales, las diferencias también son muy pequeñas, reflejando el gran consenso que sobre este tema muestran las encuestas en España. Otros conjuntos muestran una hostilidad moderada hacia los demás, como las categorías étnicas (personas migrantes de distintos orígenes y población gitana), fútbol (aficionados del Real Madrid y FC Barcelona), roles de género («feministas» y «personas con una idea tradicional de las mujeres»), religión y ecologismo.

Ninguna categoría provoca sentimientos tan extremos como la política. La media de los sentimientos hacia nuestro partido se sitúa en ochenta puntos, la más alta entre los sentimientos positivos, mientras que la media de los sentimientos hacia el partido que más odiamos baja de los diez, la más baja entre los sentimientos negativos. En concreto, el sentimiento más positivo se da entre los votantes de VOX, que valoran a otros votantes de VOX en media con 83 puntos; y el más negativo es de 8 puntos y se da entra los votantes de SUMAR y VOX.

No es de extrañar que los conflictos raciales y los avances y retrocesos de las agendas verde y feminista estén íntimamente ligados a las disputas partidistas. Como no nos cansamos de decir, la política es el espacio social que permite canalizar los sentimientos y comportamientos más extremos de las sociedades contemporáneas. Hace algo más de un año, intentábamos explicar por qué. Contábamos que las normas sociales contra la discriminación son más débiles en el terreno político y que, independientemente de si siempre ha sido así o no, conviene reforzar las normas que han hecho posible la convivencia en otros ámbitos sociales. Hoy no traemos soluciones milagrosas, solo el compromiso de intentar seguir entendiendo este auge incontrolado del partidismo en las sociedades contemporáneas.

Los sindicatos nunca han sido vistos como amigos en los entornos de poder y orden. Eso no es nuevo, a la derecha liberal no le gustan los sindicatos a los que recorta subvenciones desde las administraciones públicas que gobierna. En los últimos tiempos gana terreno un ambiente de populismo antisindical que puede incluso leerse en algunas sentencias judiciales que critican modelos laborales que protegen los derechos de los trabajadores o, incluso, ordenan prisión para sindicalistas al considerar excesivas las presiones a un empresario para garantizar los derechos de una trabajadora.

Con Oriol Solé, periodista de la redacción de elDiario.es en Catalunya, repasamos los detalles más polémicos de una sentencia que elogia el modelo laboral de Glovo, empresa condenada por contratar como falsos autónomos a sus repartidores a pesar de que la legislación lo prohíbe. Con Laura Olías, periodista especializada en temas laborales de elDiario.es, hacemos una radiografía de la importancia del peso y la labor de los sindicatos en España.

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