No más estudiantes extranjeros en Harvard. La batalla de Donald Trump contra la universidad para asaltar la independencia y perseguir la libertad de expresión da un paso más.

El presidente de EEUU ha firmado este jueves una orden para prohibir la maticulación de más estudiantes extranjeros con programas de intercambio con Harvard.

“Queda suspendida y limitada la entrada a Estados Unidos de cualquier extranjero en calidad de no inmigrante con el propósito de cursar estudios en la Universidad de Harvard”, afirma Trump, “o de participar en un programa de intercambio auspiciado por la Universidad de Harvard. Dicha suspensión y limitación expirará, salvo que se prorrogue, seis meses después de la fecha de esta proclamación”.

“La admisión a Estados Unidos para estudiar en una universidad estadounidense ‘élite’ es un privilegio, no un derecho”, dijo la fiscal general Pam Bondi en una publicación en X. “Este Departamento de Justicia defenderá enérgicamente la proclamación del presidente que suspende la entrada de nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard por motivos de seguridad nacional.”

Se trata de un paso más en el enfrentamiento de la Casa Blanca con la universidad más antigua y rica del país. Un tribunal federal en Boston bloqueó la semana pasada el intento del Departamento de Seguridad Nacional de impedir la entrada de estudiantes internacionales en Harvard.

La orden de Trump invoca una base legal distinta, explica Associated Press:. Trump invocó una ley federal que otorga al presidente la autoridad para bloquear la entrada de extranjeros cuya presencia sería 'perjudicial para los intereses de Estados Unidos'. Este miércoles citó esa misma norma al anunciar la prohibición de entrada para ciudadanos de 12 países y restricciones para los de otros siete. La orden contra Harvard menciona además otras leyes, incluida una que prohíbe la entrada de extranjeros vinculados a organizaciones terroristas.

En un comunicado difundido la noche del miércoles y recogido por AP, Harvard afirma que “seguirá protegiendo a sus estudiantes internacionales”.

“Este es otro paso ilegal y retaliatorio por parte del Gobierno, en violación de los derechos que garantiza la Primera Enmienda”, señalaron las autoridades universitarias.

El conflicto se origina en la negativa de Harvard a acatar una serie de exigencias del Gobierno federal. La tensión se ha intensificado en los últimos días, después de que el Departamento de Seguridad Nacional afirmara que la universidad se negó a entregar documentos relacionados con conductas indebidas de estudiantes extranjeros.

“En mi opinión, representa un riesgo inaceptable para la seguridad de nuestra nación que una institución académica se niegue a proporcionar información suficiente, cuando se le solicita, sobre casos conocidos de mala conducta y criminalidad cometidos por sus estudiantes extranjeros”, afirma Trump en su orden.

Fuenes de la administración Trump han elevado la presión y buscado nuevos frentes para presionar a Harvard, recortando más de 2,600 millones de dólares en subvenciones para investigación y avanzando hacia la cancelación de todos los contratos federales con la universidad. La última amenaza se ha dirigido a los aproximadamente 7,000 estudiantes internacionales de Harvard, que representan la mitad de la matrícula en algunas de sus escuelas de posgrado.

Los tiempos

La orden se aplica a todos los estudiantes que intenten entrar a Estados Unidos para asistir a Harvard después de la fecha de la orden ejecutiva. Establece una excepción que permite la entrada de estudiantes cuyo ingreso “beneficie al interés nacional”, según lo determinen funcionarios federales.

La orden de Trump alega que Harvard proporcionó datos sobre la conducta indebida de solo tres estudiantes en respuesta a la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, y que dicha información carecía de detalles suficientes para evaluar si se necesitaba una acción federal.

Trump afirma que Harvard “no está dando cuenta completamente de sus registros disciplinarios a estudiantes extranjeros o no está supervisando seriamente a sus estudiantes extranjeros. Estas acciones y omisiones socavan directamente la capacidad del Gobierno Federal para garantizar que los extranjeros admitidos con visas de estudiante o de visitante de intercambio cumplan con la ley federa”.

Para los estudiantes extranjeros que ya están en Harvard, el secretario de Estado, Marco Rubio, determinará si se deben revocar sus visas, escribió Trump.

El autopen. Dícese de un artilugio que han utilizado todos los presidentes de EEUU, incluido el propio Donald Trump durante su primer mandato, para firmar montones de documentos: desde tarjetas navideñas y felicitaciones de cumpleaños hasta decisiones ejecutivas, siempre con la autorización del inquilino del Despacho Oval.

Pero ahora el movimiento MAGA, con Trump a la cabeza, agita cada día el fantasma de que el deterioro cognitivo de Joe Biden era tan avanzado que su equipo utilizaba el autopen para gobernar, firmar indultos o —como le gusta repetir a Trump— “abrir las fronteras de par en par”, obviando que el número de deportaciones bajo el mandato de Biden superó en ocasiones al del propio Trump, y como si existiera algún documento firmado por Biden que decretase el fin de las fronteras con México.

Pues bien, según sostiene Trump en su orden dirigida a la fiscal general, Pam Bondi, “en los últimos meses ha quedado cada vez más claro que los asesores del expresidente Biden abusaron del poder de la firma presidencial mediante el uso de un autopen para ocultar el deterioro cognitivo de Biden y ejercer su autoridad. Esta conspiración constituye uno de los escándalos más peligrosos y preocupantes en la historia de Estados Unidos. Al pueblo estadounidense se le ocultó deliberadamente quién ejercía el poder ejecutivo, mientras la firma de Biden aparecía en miles de documentos para implementar cambios radicales en las políticas”.

Biden respondió en un comunicado la noche del miércoles: “Quiero ser claro: durante mi presidencia, fui yo quien tomó las decisiones. Yo decidí sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las poíticas. Cualquier insinuación de que no lo hice es absurda y falsa”.

“Los problemas cognitivos y el evidente deterioro mental de Biden durante su presidencia fueron incluso 'peores' en privado”, afirma Trump, “y quienes estaban más cerca de él 'intentaron ocultarlo' al público. Para ello, sus asesores restringieron drásticamente sus ruedas de prensa y apariciones en los medios, y le escribían los diálogos con legisladores, funcionarios y donantes, todo con el fin de encubrir su incapacidad para desempeñar sus funciones”.

Según Trump, “la Casa Blanca emitió más de 1.200 documentos presidenciales, nombró a 235 jueces federales y concedió más indultos y conmutaciones de penas que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Aunque la autoridad para tomar estas decisiones ejecutivas —y muchas otras— está constitucionalmente encomendada al presidente, existen serias dudas sobre el proceso de toma de decisiones e incluso sobre el grado de conocimiento que tenía Biden sobre las acciones llevadas a cabo en su nombre”.

Trump asegura que “la gran mayoría de las acciones ejecutivas de Biden fueron firmadas utilizando un bolígrafo mecánico, comúnmente conocido como autopen, en lugar de su propia mano. Esto fue especialmente frecuente en la segunda mitad de su presidencia, cuando su deterioro cognitivo, al parecer, se había vuelto aún más evidente para quienes trabajaban estrechamente con él”.

“Dadas las claras señales de que el presidente Biden carecía de la capacidad necesaria para ejercer su autoridad, si sus asesores utilizaron en secreto el autopen para ocultar esta incapacidad mientras adoptaban medidas radicales en su nombre, eso constituiría un ejercicio inconstitucional del poder presidencial, una circunstancia que tendría implicaciones sobre la legalidad y validez de numerosas decisiones ejecutivas tomadas en nombre de Biden”, concluye Trump.

Por todo ello, el actual presidente de EEUU solicita “investigar, en la medida en que lo permita la ley, si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercieron de forma inconstitucional las funciones del presidente”, así como “las circunstancias que rodearon la supuesta firma por parte de Biden de numerosas decisiones ejecutivas durante sus últimos años en el cargo”.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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Diez años después de la primera marcha de Ni Una Menos, los feminismos se han dado cita frente al Congreso de la Nación acompañando la protesta de jubilados, trabajadores de la salud y personas con discapacidad. Porque la vulneración de los derechos fundamentales está en el centro del reclamo colectivo: la motosierra del gobierno ultraderechista de Javier Milei ha desmantelado políticas públicas y programas de género y ha cercenado pensiones y salarios.

Desde que asumió el gobierno de Milei, en diciembre de 2023, el escenario se volvió alarmante para los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. María Pía López, exintegrante de Ni Una Menos, académica y escritora, participa de esta movilización y señala a elDiario.es que el Ejecutivo actual ha definido como enemigos a los feminismos y a todo grupo que apueste por un enlace social no mercantil. “Es un gobierno homofóbico, transfóbico, que también ataca fuerte los derechos de las personas jubiladas y las que tienen discapacidades. Todo el tiempo parte de una idea de que hay un conjunto de la población desechable. Hace diez años nosotras dijimos que nuestras vidas cuentan, ese fue el corazón del movimiento. Este gobierno dice que no todas las vidas cuentan, que un jubilado puede ser tratado como un número en un posible déficit fiscal, y eso hace que las jubilaciones estén congeladas”.

Un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) destaca que durante 2024 casi el 20% del ajuste del Estado estuvo explicado por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima es de 304.726 pesos (224 euros), a la que se le suma un bono de 70.000 pesos congelado desde marzo de 2024.

Todas las cuestiones que hacen a los derechos atravesaron esta marcha en las inmediaciones del Congreso en el centro de la ciudad de Buenos Aires, mientras dentro del recinto se debatía la emergencia en las prestaciones de personas con discapacidades y un aumento en las jubilaciones. Más tarde, los diputados darían media sanción a una subida del 7,2% de las jubilaciones y una actualización del bono, que pasaría a ser de 110.000 pesos. Sin embargo, el gobierno ya anticipó que vetará la iniciativa en caso de convertirse en ley por atentar contra el equilibrio fiscal.

Rita Merlo, mamá de Mateo, de cinco años, un niño con trastorno en el desarrollo del lenguaje, cuenta el drama que vive con un sector que el Estado ha desfinanciado. “Nos están dejando totalmente vulnerados, no están pagando las cinco terapias de mi nene. Desde febrero que no les pagan a los terapeutas de mi hijo; nos están quitando el derecho a un acompañante en el ámbito educativo, que para Mateo es importantísimo para que siga estudiando”.

El gobierno planea reducir, por lo menos, el 30% del total de las pensiones por discapacidad vigentes a través de una auditoría, que las organizaciones sociales denunciaron ante la ONU por las irregularidades que detectaron en el proceso.

Diez años de lucha

Ni Una Menos nació primero en torno a lo más urgente: los femicidios. Movilizó a multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad. Los observatorios feministas calculan que serán más de 2700 los femicidios en estos diez años. Una década en que se lograron conquistas como la ley de paridad de género y el derecho al aborto.

Luci Cavallero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y miembro de Ni Una Menos en sus inicios afirma que “la velocidad con que el gobierno de Milei está atacando al pueblo en su conjunto, al movimiento feminista y al movimiento sindical es de una intensidad de un shock neoliberal que no tiene antecedentes por su capacidad de destrucción”. “Necesitamos como gesto político unidad de todas las luchas de todos los sectores, necesitamos crecer en la transversalidad, en la capacidad de coordinación política, más allá de las internas, más allá de las coyunturas electorales, necesitamos enfrentar hoy el daño que están generando estas políticas”.

El gobierno ha desmantelado todas las políticas para prevenir la violencia de género. La línea telefónica 144 de atención a las víctimas de violencia machista ha sufrido un recorte drástico de personal; se pusieron en pausa las capacitaciones de la Ley Micaela (promulgada en 2019 en homenaje a Micaela García, víctima de femicidio), se cerró el Ministerio de la Mujer y también 13 programas de género dependientes del Ministerio de Justicia.

María Pía López advierte los efectos de la motosierra a la gestión pública. “Los recortes afectaron los dispositivos que tenían que ver con la prevención y atención de violencia de género, por ejemplo, el desguace de programas centrales como el de acompañamiento a personas en situación de amenaza de violencia femicida, que no podían salir de circuitos de violencia hogareña por razones económicas y podían tener un auxilio del Estado para hacerlo. En un sentido más general, cuando hoy se atacan las instituciones universitarias, las instituciones científicas, uno de los argumentos que se ponen para atacarlas es que son instituciones en las que prima o existe lo que la derecha llama la ideología de género”.

“Privatizar los cuidados”

Para López el poder político combate los feminismos como parte de un proyecto de las ultraderechas globales. “Cuando no se financian las escuelas, cuando no se financian las atenciones específicas para discapacitadas y discapacitados, cuando se hambrea a jubilados, en realidad lo que se está haciendo es producir una privatización cada vez mayor de los cuidados y esa privatización de los cuidados sobre personas vulnerables, adultas mayores o niñas, recae sobre la población feminizada. Entonces, todo lo que llaman recorte estatal tiene una dimensión clave, que es la de tirar sobre el cuerpo de las mujeres una cantidad de trabajos y de esfuerzos. El proyecto de Milei, pero también el de Trump, también el de las ultraderechas mundiales, ese proyecto volverá a condenarnos a la reproducción y al hogar, a El cuento de la criada”.

Habrá que apostar por la unidad en la calle, en la transversalidad, señala Cavallero, para defender los avances de la sociedad argentina. “Tenemos variadas conquistas institucionales que obviamente tienen su punto más alto en la consecución de la ley de aborto. Las conquistas fueron parciales, hay muchas que quedaron sin cumplir, por ejemplo aquellas que tienen que ver con la autonomía económica, el acceso a la vivienda, la remuneración del trabajo comunitario, pero, sin embargo lo poco o lo mucho que se consiguió está siendo desmantelado, por lo tanto ahí vemos un punto muy preocupante que nos lleva a crecer y a sentir que el movimiento feminista tiene que seguir organizado. Aún si estamos en un momento de gran retroceso, hay un movimiento feminista organizado que todavía está dispuesto a tomar las calles en unidad”.

Esta vez, la masividad de la protesta mantuvo a las fuerzas de seguridad detrás de las vallas. Es que cada miércoles, los policías golpean y lanzan gases lacrimógenos a grupos reducidos de jubilados.

¿Y si el futuro del hidrógeno pasara por las latas usadas y el agua del mar? Un grupo de investigadores del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) ha desarrollado un nuevo método para obtener hidrógeno sin necesidad de electricidad ni altas temperaturas. La clave está en una aleación de galio que reacciona con aluminio reciclado y agua marina, liberando hidrógeno en el proceso. Aunque el estudio no usó directamente latas, sus autores apuntan que el método sería compatible con aluminio reciclado, como el presente en estos envases.

Un enfoque sin emisiones y de bajo coste

La reacción química no requiere fuentes externas de energía, lo que lo convierte en un método potencialmente escalable y sostenible. Según los investigadores, esta tecnología permitiría generar hidrógeno de forma descentralizada, abriendo la puerta a aplicaciones móviles como generadores portátiles, dispositivos de emergencia o incluso transporte. Aunque no se ha probado aún en vehículos, los autores destacan que el sistema podría facilitar la producción de hidrógeno para aplicaciones de movilidad en el futuro.

El artículo, publicado en Energy Storage Materials, estima que el coste del hidrógeno producido mediante esta técnica sería de unos 9 dólares por kilogramo. Sin embargo, se trata de una proyección teórica basada en condiciones óptimas de laboratorio, como el reciclaje eficiente del galio. “Nuestro sistema no necesita electricidad para descomponer el agua y puede funcionar incluso con agua de mar, lo que lo hace muy prometedor para zonas remotas o con acceso limitado a la red eléctrica”, explica el equipo.

Galio, la pieza clave

El proceso químico se basa en la creación de una microaleación entre galio y aluminio. El galio impide la formación de una capa pasivadora sobre el aluminio —una película que normalmente bloquea la reacción con el agua— y favorece una oxidación sostenida. Esta interacción genera burbujas de hidrógeno de forma constante mientras el metal se consume.

Una de las ventajas del sistema es su sencillez: no requiere catalizadores complejos ni infraestructuras especializadas. “Este enfoque ofrece una alternativa viable a los sistemas de electrólisis tradicionales, que dependen de electricidad y materiales caros como el platino”, destaca el estudio.

Compatible con agua del mar y reciclaje

Otro aspecto innovador es su compatibilidad con agua marina, algo que reduce aún más los costes y amplía las posibilidades de despliegue en zonas costeras. El sistema podría acoplarse a sistemas flotantes o funcionar en plataformas aisladas sin necesidad de redes de suministro.

El uso de aluminio reciclado también representa un paso adelante hacia una economía circular. Los investigadores mencionan que materiales como las latas de refresco podrían convertirse en una fuente accesible y barata de aluminio para el sistema. Aunque todavía no se ha validado a escala industrial, el principio químico es sólido y ha sido reproducido de forma consistente en laboratorio.

Los autores planean continuar el desarrollo del sistema para optimizar su eficiencia y estudiar su escalado. También trabajan en mejorar el proceso de recuperación del galio para abaratar aún más el coste total del hidrógeno generado. Este avance se suma a la creciente búsqueda de métodos alternativos para producir hidrógeno limpio, una de las claves para descarbonizar sectores como el transporte o la industria pesada.