2016 fue el año del Brexit, de la primera presidencia de Donald Trump y de la revelación de los Papeles de Panamá. También fue el año en que Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura y que nos dejó David Bowie. Pero probablemente lo que muchos recuerden de hace una década sea Pokémon Go. El verano de 2016, millones de personas se obsesionaron con salir a la calle con sus teléfonos en mano en busca de Pikachu, Bulbasaur o Charmander, convirtiendo el juego en un fenómeno global.

Lo que hizo que Pokémon Go se convirtiera en uno de los videojuegos de aquel año no fue tanto su calidad técnica (de hecho, el juego tenía sus limitaciones y tuvo varios errores durante sus primeros meses), sino la experiencia que ofrecía a través de la realidad aumentada (RA). En aquel momento, esta tecnología no estaba tan a la orden del día como ahora, por lo que captó la atención tanto de jugadores habituales de la franquicia como de usuarios nuevos.

Lo que permitía la RA era ver a las criaturas del videojuego como si realmente estuvieran en nuestro entorno. A través de la pantalla del teléfono, veíamos a Eevee, Pidgey o Gyarados superpuestos en plazas y parques de la vida real. Algunos lugares emblemáticos de las principales ciudades de nuestro país, como el Parque del Retiro en Madrid, se llenaron de jugadores que trataban de capturar a Pokémon que aparecían de manera inesperada.

Algunos seguramente conocieron rincones de su ciudad donde nunca antes habían estado gracias a este juego, que obligaba a los jugadores a caminar para encontrar y capturar diferentes criaturas. Muchas de ellas solo aparecían en ciertos puntos o durante eventos especiales, lo que obligaba a la gente a movilizarse. Esto hizo que se creara una comunidad bastante grande de jugadores interesados en coordinar encuentros e incluso intercambiar consejos para conseguir los Pokémon con más rapidez.

Un éxito que no esperaban

La proyección de la compañía era que Pokémon Go consiguiera unos 50 millones de usuarios activos al mes, acumulados mediante un crecimiento constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, después de tres días, la aplicación móvil había sido descargada 5,6 millones de veces y superó los 100 millones de descargas en tan solo un mes. El equipo de Niantic hizo todo lo posible para mantener el juego en funcionamiento, pero esta saturación de usuarios provocó algún que otro problema a los que lo jugaron entonces.

“Ha superado con creces nuestras expectativas al mostrar a todos el potencial de los juegos que trascienden la pantalla”, llegó a decir entonces John Hanke, director ejecutivo de la compañía detrás del videojuego. “La prioridad ahora es incorporar funciones que incentiven el juego cooperativo, ofreciendo más profundidad que solo la mecánica de captura”, añadió.

Y así ha sido. El 13 de diciembre de 2018, la compañía lanzó los conocidos como Combates de Entrenador, que permitieron por primera vez a los jugadores de Pokémon Go participar en combates uno a uno. Hoy en día, hay torneos competitivos que reúnen a miles de jugadores de todo el mundo a lo largo de todo el año. 

La noche cae sobre Son Banya: calles de tierra, portales a medio abrir, coches que entran y salen sin hacer demasiado ruido y miradas que se cruzan con la rapidez de quien no quiere dejar rastro. En este poblado chabolista situado a las afueras de Palma, donde la compraventa de droga forma parte del paisaje cotidiano y la presencia policial es tan habitual como la desconfianza, un vehículo llama la atención de los agentes de la Policía Nacional a la salida del considerado mayor 'supermercado' de la droga en Mallorca. Al inspeccionarlo, encuentran varios gramos de cocaína y, en el maletero, uniformes de la Policía Local de Capdepera. En el turismo viaja un policía que, al parecer, acaba de abastecerse de sustancias estupefacientes, una circunstancia que, pese a estar fuera de servicio, no le saldrá barata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento de este municipio de 13.200 habitantes situado en el extremo oriental de la isla decidió suspender de empleo y sueldo durante 102 días al agente al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. En su artículo 69 q., esta norma considera una falta grave -como la que se ha aplicado en este caso- “embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo”. El precepto añade que “se entiende que hay habitualidad cuando se acrediten tres o más episodios de embriaguez o consumo de dichas sustancias en un periodo de un año”.

La resolución dictada por el Consistorio, adelantada por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge, asimismo, al artículo 69 y., que apunta a la “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. El documento municipal incluye como sanción accesoria la imposición de un cambio de destino a una unidad sin acceso a armas de fuego si no se acredita que el agente ha dejado el consumo. Una cláusula que no es habitual en todos los cuerpos, pero suele aplicarse en el caso de agentes con acceso operativo a armas, como sucede en este caso.

El Ayuntamiento de Capdepera ha suspendido de empleo y sueldo al agente durante 102 días al amparo de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, que considera una falta grave 'embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio cuando sea con carácter habitual o afecten a la imagen del cuerpo'

Un debate incómodo para las instituciones

El caso reabre un debate incómodo para las instituciones: hasta qué punto la exigencia de ejemplaridad recae sobre los miembros de los cuerpos policiales incluso cuando están fuera de turno y cómo se gestiona la confusa frontera entre la vida privada y la credibilidad pública de quienes portan un arma y representan al Estado. Una circunstancia, además, que se torna un desafío en regiones como Balears, que combinan un flujo constante de turismo internacional con rutas favorecidas por la logística marítima, y donde el transporte, la distribución y el consumo de drogas se entrelazan con la vida cotidiana de zonas como Son Banya, uno de los principales focos de venta de estupefacientes y escenario de operaciones policiales como la que, en agosto del pasado año, desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca.

El caso del policía local de Capdepera no es aislado. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que, en enero de 2019, fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid a su salida de una chabola “sospechosa” de la Cañada Real por “ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo”. Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta “muy grave” de “abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración. La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central. Los funcionarios recurrieron ante el TS al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, su presunción de inocencia y su derecho a un proceso con todas las garantías. Los magistrados avalaron la medida disciplinaria.

En octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la sanción impuesta a dos guardias civiles que fueron interceptados a su salida de una chabola "sospechosa" de la Cañada Real (Madrid) por "ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo". Los dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, dieron positivo en drogas y alcohol, por lo que se les abrió un expediente como autores de una falta "muy grave"

En diciembre de 2022, un guardia civil fue identificado en el barrio de La Tafalera de Elda (Alicante): portando consigo una jeringuilla, se identificó como agente del Instituto Armado y “toxicómano” y manifestó a los policías que se encontraba bajo el síndrome de la abstinencia y que iba a comprar droga. El funcionario fue sancionado por falta grave al haber protagonizado “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, medida que fue confirmada por el Tribunal Militar Central. La sentencia señalaba que “los miembros de la Guardia Civil deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2017 una orden de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Policía Nacional que dio positivo en drogas en una prueba capilar: el análisis determinó que había consumido sustancias psicotrópicas tras asistir a un macrofestival en Arganda. La sentencia, consultada por elDiario.es, no pone en duda los hechos, que consideraba “incontestables”, ni las pruebas -se llevaron a cabo e incluso el agente prestó su consentimiento expreso para las mismas-. La sanción cayó, sin embargo, por un motivo que los magistrados consideraban clave: la Administración no había acreditado el elemento que exige el tipo disciplinario aplicado, es decir, que el consumo fuese habitual -definiendo habitualidad como tres o más episodios en un año- o que hubiera afectado a la imagen del cuerpo, tal como exige la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de los policías nacionales, la normativa que regula su régimen disciplinario exige que la Administración acredite que el consumo es habitual -tres o más episodios en un año- o que afecte a la imagen del cuerpo

El límite entre lo público y lo privado

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que sí han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no sanciona únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseveran que esta confluencia de factores no solo sitúa el consumo de drogas como preocupación de salud y seguridad, sino que intensifica la sensibilidad pública sobre la conducta de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La lógica que suele sostener las resoluciones judiciales que han confirmado sanciones de este tipo radica en que la vía disciplinaria no castiga únicamente el hecho de consumir, sino lo que ese comportamiento proyecta sobre la institución: la idea de que un agente puede estar vulnerando, aunque sea en su esfera privada, aquello mismo que tiene el deber de prevenir y combatir, erosionando con ello la confianza pública y la autoridad del cuerpo

Las policías locales, además de regirse por las leyes generales, se someten a reglamentos disciplinarios propios de cada comunidad autónoma o ayuntamiento. En el caso de Balears, la Ley 4/2013 de Coordinación de las Policías Locales regula de forma exhaustiva las faltas y sanciones que pueden imponer los ayuntamientos a sus agentes, desde las leves hasta las muy graves. Los cuerpos policiales en España cuentan, además, con estatutos de conducta que, además de sancionar actos delictivos, regulan conductas que pueden afectar a la imagen institucional. Aunque consumir drogas fuera de servicio no es necesariamente un delito -en muchos casos puede constituir únicamente una infracción administrativa- sí puede ser considerado una falta disciplinaria, especialmente cuando se trata de personal cuyo trabajo es hacer cumplir la ley.

Los informes oficiales sobre consumo de sustancias estupefacientes, como la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, muestran además que el uso de sustancias es una realidad extendida en la sociedad, lo que no equivale automáticamente a una actividad delictiva organizada. Sin embargo, en el caso de los cuerpos policiales, el foco no se limita a la eventual responsabilidad penal, sino que se desplaza al terreno administrativo y disciplinario: además de la Ley de coordinación de policías locales en el caso de Balears, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ampara que las administraciones impongan medidas disciplinarias a sus funcionarios por acciones incompatibles con los deberes del cargo, incluso si se producen fuera de servicio, precisamente por el impacto que pueden tener en la confianza pública y en la credibilidad de la institución.

Ese mismo criterio de responsabilidad reforzada se reproduce también en los cuerpos policiales de ámbito estatal. La Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, permite sancionar conductas que no necesariamente constituyen un delito o que se producen fuera del horario de servicio cuando se considera que comprometen la dignidad del cargo, el prestigio de la institución o la correcta prestación del servicio. En la práctica, este marco disciplinario parte de una idea común a la función pública, pero especialmente exigente en cuerpos armados: la conducta privada de un agente puede tener consecuencias profesionales si afecta a la confianza ciudadana o plantea dudas sobre su idoneidad para ejercer funciones policiales.

Un problema laboral -incluso fuera del turno-

Aunque en España consumir drogas no siempre conduce a una condena penal, el margen de tolerancia se estrecha cuando quien lo hace lleva una placa. En los cuerpos policiales, el consumo puede convertirse en un problema laboral y disciplinario incluso fuera del turno, porque entra en juego la seguridad -propia y de terceros- y la credibilidad de una institución armada. Por eso, en determinados contextos y bajo protocolos internos, un agente puede ser sometido a controles toxicológicos si existen indicios, siempre con garantías y límites ligados a derechos como la intimidad.

Mientras el Código Penal reserva sus castigos para el tráfico y otras conductas más graves, la respuesta más habitual ante el consumo en espacios públicos se mueve en el terreno administrativo: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, sanciona la tenencia o el consumo en la vía pública con multas que pueden ir de 601 a 30.000 euros, incluso cuando se trata de cantidades para uso propio.

En este marco, una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que obvian la finalidad garantista de la misma y creen que aboca a una “normalización” implícita del consumo.

Una instrucción del Ministerio del Interior de 2025 estableció que no se deben denunciar ni sancionar la tenencia y consumo de drogas en vehículos privados estacionados si no hay indicios de tráfico, al aseverar, al abrigo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que el interior de un vehículo es "un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad"

Por otro lado, el European Code of Police Ethics del Consejo de Europa señala que la legitimidad de un cuerpo policial no solo depende de su capacidad para mantener el orden, sino también de que su conducta -y la percepción de esa conducta- respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este código, que no es una vinculante como tal en España pero sirve de marco ético para las policías en sociedades democráticas, sostiene que la confianza pública está íntimamente ligada al comportamiento de los agentes, tanto en servicio como en su imagen ante la ciudadanía.

Asimismo, el último European Drug Report 2025, el informe anual más completo sobre la situación de las drogas en Europa elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), describe un mercado ilícito con altos niveles de oferta de sustancias como cannabis y cocaína y un creciente número de nuevas drogas sintéticas, lo que representa una presión persistente sobre las políticas de seguridad y salud pública en todo el continente.

En el caso de Capdepera, la escena no se detiene en el maletero, donde afloraron los uniformes municipales junto a una presunta compra de droga en el lugar más vigilado de Mallorca. El expediente disciplinario abierto busca, como en otros casos similares registrados, delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de un policía cuando apaga la emisora, se quita el chaleco y vuelve a ser un ciudadano más. La sanción impuesta por el Ayuntamiento no es únicamente una respuesta punitiva: es también un mensaje hacia dentro y hacia fuera, un recordatorio de que la credibilidad del cuerpo puede, en cuestión de minutos, quedar en entredicho.

La cultura de la inmediatez aderezada con la teoría del caos amenazan el periodismo o lo que queda de él. Una cosa son los tiempos acelerados, los cambios en el lenguaje y las nuevas herramientas de la era digital y otra muy distinta es que todo ello se anteponga a los principios de rigor, veracidad y objetividad. Si esto además ocurre ante asuntos tan sensibles como el del accidente de ferrocarril en Adamuz que el domingo se cobró en nuestro país la vida de 43 personas, el resultado no puede ser más desolador.

El 'todo vale' vuelve a poner a cierto periodismo frente al espejo de una realidad que abochorna. Sin datos, sin conclusiones de la investigación y con algunos cadáveres aun sobre las vías de tren y ya había diarios e informadores que tenían todas las claves. Ninguna sostenida con una base sólida o irrefutable: que si los materiales de la infraestructura ferroviaria eran “low cost”; que si la falta de inversión en el mantenimiento de la red; que si la supresión de un organismo de seguridad; que si las incidencias no atendidas; que si la desatención a las quejas de los sindicatos de maquinistas… 

La responsabilidad en algunos rincones de una profesión imprescindible para vertebrar la democracia y garantizar el derecho a una información veraz ha vuelto a brillar por su ausencia en un momento, sí, en el que las víctimas reclaman explicaciones y respuestas, pero no que una tragedia se convierta en conversación especulativa de barra de bar a golpe de titulares manipulados, cábalas improvisadas o comentarios de supuestos expertos en la materia. Y esto sin entrar en las teorías conspiranoicas y la difusión de bulos.

El martilleo de los medios afines a PP y Vox sobre el “Gobierno del caos” se ha encontrado con un trágico accidente de tren que, como ya sucedió ante el apagón eléctrico de la pasada primavera, alimenta su relato sobre “un país tercermundista” donde reina el desorden, la corrupción y la incompetencia. No es un discurso inocuo, sino una parte nuclear de la estrategia de polarización y desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país en el que nada funciona.

El objetivo de ese marco ficcionado de desconcierto constante es que del desorden y la decadencia provocados, por supuesto, por el Gobierno de Pedro Sánchez, surja algo superador que ordene la situación y que provoque un estado de ánimo que impulse el voto a las derechas. El problema para el PP es que lo nuevo y la solución para todos los males que proyecta no es Feijóo, como demuestran todas las encuestas, sino un Vox que aún no ha tocado techo en el tablero electoral. 

En Los ingenieros del caos, Giuliano da Empoli (Anaya en 2020) ya explicaba cómo la propaganda se ha reinventado para adaptarla a la era de las redes sociales y que su objetivo ahora ya no es tanto unir a la gente en torno a un mínimo común denominador, sino inflamar las pasiones del mayor número de gente. Y añadía que para ello se necesitan dos elementos clave: la ira de ciertos sectores de la clase trabajadora, que responde a problemas sociales y económicos reales, y una potente maquinaria de comunicación al servicio de quienes quieren multiplicar el caos. Algo con lo que sin duda cuentan las derechas.

De ahí, la desinformación, el carrusel de noticias sin contrastar y la sarta de imprecisiones e hipótesis que tras el accidente de Adamuz se han leído o escuchado en los medios de comunicación alineados con la derecha política. Mientras investigadores, expertos cualificados y el propio ministro de Transportes —que se multiplica desde hace tres días para dar respuestas a todas las preguntas de los medios de comunicación— piden prudencia y apuntan a que con la información disponible aún no se pueden extraer conclusiones sobre la causa del siniestro, medios y dirigentes políticos buscan desesperadamente un relato de culpable único que tenga nombre propio. A ser posible que lleve el apellido Puente o Sánchez.

La experiencia reciente y remota muestra que las investigaciones serias sobre este tipo de siniestros no entienden de prisas. Ni políticas ni mediáticas. Solo la normativa europea exige publicar el informe final antes de doce meses y si no se llega a ese plazo, debe emitirse un avance intermedio. Es decir, incluso con presión pública o publicada, el protocolo está diseñado para que la celeridad no lleve a conclusiones precipitadas. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia en los accidentes ferroviarios más graves de Europa. De hecho, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los tiempos medios de investigación de accidentes de tren en otros estados oscilan entre los 11 y los 60 meses. Alemania: 34 meses; Dinamarca. 11; Francia: 23; Italia: 18; Suecia: 13; Suiza: 16; Dinamarca: 27 y Alemania hasta 60.

A continuación, algunos ejemplos: 

Eschede (Alemania), 1998. Un tren de alta velocidad (ICE) descarriló y colisionó contra un viaducto provocando 101 muertos y 88 heridos. La causa se debió a la fatiga de una rueda y un fallo técnico. La investigación se inició inmediatamente tras el accidente y los informes iniciales técnicos se publicaron en los meses siguientes. El proceso judicial no finalizó hasta 2003.

Tempi (Grecia), 2023. Una colisión frontal entre trenes de pasajeros y mercancías dejó 57 muertos, alrededor de 180 heridos debido a un error humano y una infraestructura obsoleta. Hasta 2025, dos años después del siniestro, no se presentó el primer informe técnico mientras que el proceso judicial sigue abierto.

Angrois (Santiago de Compostela), 2013. Un Alvia descarriló por exceso de velocidad en una curva y causó 80 muertos y 145 heridos. Los informes preliminares de la investigación técnica (CIAF) se publicaron en 2014, pero la sentencia judicial no llegó hasta 2024. La Agencia Ferroviaria Europea determinó tres años después del siniestro que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «no aseguró la independencia de la investigación» del descarrilamiento del tren de Angrois y que en ella no se abordaron «elementos clave». Bruselas defendió que la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, no profundizó en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas que infringieron claramente la directiva de seguridad europea respecto a la investigación del accidente.

Chinchilla (Albacete), 2003.  Se produjo una colisión frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías con 19 muertos y 38 heridos debido a una aproximación a vía única sin coordinación adecuada. Los informes técnicos sobre causas y seguridad operativa existieron casi de inmediato tras el accidente, pero la sentencia judicial no llegaría hasta 2006. 

Valencia, julio de 2006. Un tren de metro que viajaba a velocidad excesiva se estrelló en un túnel subterráneo matando a 43 personas e hiriendo a muchas más. Se tardaron 13 años en que un tribunal encontrara culpables de homicidio negligente a cuatro gerentes del sistema de metro de la ciudad por no tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la tragedia.

Con Adamuz, la experiencia y la prudencia recomiendan comprender antes de señalar causas o responsables porque si algo han enseñado ya las grandes catástrofes ferroviarias es que el progreso en seguridad, aseguran los expertos, no nace del análisis más rápido, sino de las evidencias más pacientes. Y esas evidencias no parecen fáciles de apreciar.

Los maquinistas se han plantado este jueves y se han negado a conducir los trenes de Rodalies en Catalunya, dejando a la población sin servicio por segundo día consecutivo a pesar de que el Govern anunció el miercoles que esta mañana se reanudaría de manera “progresiva” la circulación de los trenes tras el accidente mortal del pasado lunes en Gelida.

Fuentes de Rodalies confirman a elDiario.es que los maquinistas han acudido a su puesto de trabajo pero se han negado a conducir los trenes ante la “falta de garantías” de Adif sobre la seguridad de la infraestructura. Los conductores reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad de la red de Rodalies en Catalunya para reanudar el servicio, según explicaron el miércoles por la noche fuentes del sindicato ferroviario Semaf.

“[Los maquinistas] están pidiendo una serie de medidas de seguridad adicionales a las que presentó Adif que entienden que no se están cumpliendo”, ha explicado el portavoz de Rodalies, Antonio Carmona a Catalunya Ràdio. “Están yendo a trabajar pero por razones no se está prestando el servicio”.

Los sindicatos se reunirán con la compañía a las 11 de la mañana. Fuentes de la conselleria de Territori recordaron que la cuestión laboral debe resolverse internamente dentro de Renfe.

En las estaciones, los informadores dicen a los usuarios que no hay trenes, y en algunos casos hay accesos a los andenes cerrados. “Recomendamos consultar servicios alternativos a los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios”, afirma Rodalies en X.

En previsión a las dificultades que ya reconoció el Govern para este jueves, explicaron que aumentan las frecuencias de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Además, también se mantienen barreras levantadas de la autopista del Garraf, y las operadoras de autobús tienen autorización para ampliar la flota disponible.

Hasta el viernes, y con posibilidad de prórroga, quedan anuladas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona. Una de las principales arterias viales de Catalunya, la AP-7, está cortada en sentido Sud entre Martorell y Vilafranca del Penedès debido a la inestabilidad del muro de contención que el martes causó el accidente mortal en Gelida.

Confusión entre los usuarios

Andrea se ha quedado perpleja ante las pantallas, que normalmente anuncian la frecuencia de trenes pero que este jueves, de nuevo y a pesar de la promesa del Govern de reestablecimiento de servicio, seguían en blanco. Sólo un mensaje que avisa de que hoy tampoco hay trenes y que recomienda usar medios alternativos de transporte. “¿Qué medios? No tengo coche y los autobuses van llenos”, dice esta mujer, que se ve llegando tarde por segundo día consecutivo al trabajo. “Eso me pasa por confiar en lo que dicen los políticos”, lamenta.

La pareja de informadores que están apostados frente a los tornos se reconocen “cansados” a pesar de que sólo llevan una hora de turno. “Es que la bronca nos la llevamos nosotros. Pero por mucho que nos preguntéis, no sabemos nada”, aseguran, mientras señalan a las pantallas informativas. “¿La previsión? Es la que dijeron ayer en la tele. Que a las 6h habría trenes, y ya ves”, añaden. Al tiempo que acaban la frase, suena por megafonía una grabación que pide “usar servicios alternativos por carretera”.

En Sants, la principal estación de la capital catalana, los tornos están cerrados y no aparecen los trenes en los paneles informativos. Las personas que llegan a la estación se encuentran con que sus trenes no están anunciados y no pueden acceder a las vías. A diferencia del miércoles, la megafonía funciona correctamente y hay más informadores avisando de la suspensión del servicio.

La estación de Arc de Triomf, igual que la de Plaça Catalunya o la de Sants han amanecido casi vacías. Son pocas las personas que han intentado tomar los trenes que el Govern prometió que hoy volverían a circular. “No me arriesgo, yo es que ya no me fío”, apunta Claudia, que cada día viaja desde Barcelona hasta Mataró para ir a trabajar. Siempre va en tren, pero hoy ha decidido ir por otros medios. “Ayer fue un desastre, un caos. Hoy ya sabía con qué bus tenía que ir y no pensaba arriesgarme. No hasta que vea que va todo bien de verdad”, asegura. Eso sí, ha madrugado más de lo normal para poder subirse al autobús. “Ayer todos iban llenos y me tuve que esperar al tercero que vi para poder subir”, cuenta.

A pocos metros de la estación de Plaça Catalunya se encuentran una serie de paradas de buses interurbanos en los que se podían contar bastantes más personas que en Rodalies. Juanjo ha bajado de uno de esos autobuses. Viene de Castelldefels y, aunque entra a trabajar a las 9h, se ha apeado a las 7.45. “He madrugado mucho, por si los buses iban llenos”, cuenta. Él ha tenido suerte, más que Álex, que se ha quedado sin poder subir al autobús que se dirigía a Mataró porque iba completo, tal como indicaba el cartel luminoso en el morro del vehículo. “Tenía que haberlo visto venir”, se lamenta, mientras saca el teléfono para avisar a su jefe de que hoy también llegará tarde.

Cuatro días después del peor accidente de tren de alta velocidad ocurrido en España, accedemos a las llamadas realizadas en los primeros instantes del siniestro entre el centro de control de Adif, en Atocha, y los dos trenes siniestrados en Adamuz, Córdoba. Esas llamadas nos ayudan a reconstruir los primeros minutos de una tragedia en la que han fallecido más de 40 personas y han resultado heridas más de un centenar, algunas muy graves. Sin embargo, aún no es posible conocer qué fue lo que provocó este choque entre un tren procedente de Málaga con destino Madrid, contra otro que viajaba en la vía contraria hacia Huelva.  

Hablamos con Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, que ha tenido acceso en exclusiva al registro de esas llamadas, para analizar su contenido. Con Cristina G. Bolinches, periodista de Economía de elDiario.es especializada en transportes, analizamos cómo funcionan los sistemas de seguridad de la alta velocidad y cómo se investiga un accidente de este tipo.

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La politóloga y socióloga zaragozana Cristina Monge ha ganado la segunda edición del Premio Paidós de ensayo, dotado con 35.000 euros, con su libro Contra el descontento, una obra en la que apuesta por dejar de lado el pesimismo y buscar vías que conduzcan a un futuro mejor.

Monge, que ha dedicado el premio a su padre, quien “se dejó la vida” para que ella pudiera tener acceso a la formación, se ha acordado al recibir el galardón de “todos aquellos que trabajan con rigor” incluidos los periodistas que luchan contra la desinformación o los profesionales que acudieron al rescate de las últimas tragedias ferroviarias de las últimas horas.

“Tenemos que pasar página ya del descontento para empezar a construir futuros deseables” ha defendido la autora, que es presidenta de la asociación Más Democracia, además de docente en la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora en diversos medios de comunicación.

A la venta el 25 de febrero

El libro, que saldrá a la venta el 25 de febrero, huye del pesimismo y llama a “pasar página” del diagnóstico de la desafección política para dar protagonismo a las ideas y a la esperanza, ha contado. Cristina Monge (Zaragoza, 1975) ha explicado a la prensa tras recoger el premio que “aunque esté mal visto” ella cree en volver a poner en valor a la política y los partidos políticos, aunque cree que “deben revisarse”.

“Siempre hay múltiples alternativas para abordar las cosas” ha defendido la autora, quien ha llamado a todas las generaciones a unirse para salir del momento presente de “erosión del Estado del bienestar y aumento de la ultraderecha”. “Es verdad que hay un 25% de jóvenes que abogan por la ultraderecha y la vuelta al pasado, pero también lo es que un 75% no lo hace y que muchos de ellos salen a la calle ante un genocidio como el de Palestina” ha apuntado.

Monge reconoce que es “frívolo” hablar de “soluciones” cuando el mundo se enfrenta a problemas “tan complejos” pero ha animado a “explorar salidas, cada uno desde su posición”.

Fórmulas nuevas para construir un futuro más llevadero y menos desigual, un futuro que sea apetecible: “Ahora mismo todos creemos que tenemos enfrente un futuro apocalíptico, nos han robado la idea de futuro”. La obra ganadora, que lleva el subtítulo Por una alianza para construir futuros deseables, ha sido la elegida por el jurado de entre los 249 manuscritos recibidos.

La asociación Mujeres en Igualdad Bumei recurrió la decisión del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza número 1, que acordó el sobreseimiento provisional del caso de A Maruxaina, al “no existir indicios racionales y suficientes de criminalidad” contra el único investigado.

El caso investiga las grabaciones a mujeres orinando durante la fiesta de A Maruxaina, celebrada en 2019 en San Cibrao (Cervo), las cuales fueron incorporadas a páginas web de contenido erótico, algunas de ellas con acceso previo pago.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, discrepa del criterio del juzgado sobre la falta de competencia de la jurisdicción española para investigar al ciudadano francés.

De esta forma, la acusación entiende que los juzgados españoles sí son competentes para ello al haber una “conexión relevante” de los hechos con el territorio nacional, ya que las imágenes fueron tomadas en España y la gran parte de las afectadas son ciudadanas españolas.

La jueza también alegó que el plazo de instrucción está agotado, una afirmación que la acusación respeta, pero entiende que eso no impide que se pueda tomar declaración al ciudadano francés y que brinde las explicaciones pertinentes.

Por todo ello, la acusación pide revocar la resolución del juzgado de Viveiro al entender que no procede el sobreseimiento provisional al existir indicios de delito y se acuerde tomar declaración en calidad de investigado al ciudadano francés identificado.

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a los cinco acusados de prevaricación y malversación en una pieza separada del caso Invercaria, que investiga desde hace una década los supuestos préstamos irregulares que la extinta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía -bajo gobiernos socialistas- concedió a algunas empresas.

Esta vez se trata de las ayudas que Invercaria otorgó al operador Aéreo Andaluz, que gestionaba la aerolínea malagueña Al Ándalus. Entre los investigados, y ahora absueltos, está el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado, que en ese momento presidía la citada aerolínea, y el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, que logra con esta sentencia su sexta absolución en investigaciones que nacen de la pieza principal. El tribunal concluye que “se trató de un proyecto real y serio iniciado en una época aún de expansión de la economía”.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a Pérez-Sauquillo y a otras cuatro personas de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que fueron juzgados durante los pasados meses de octubre y noviembre en una pieza separada del caso Invercaria por los préstamos participativos concedidos a la mercantil Operador Aéreo Andalus S.A., constituida el 28 de noviembre de 2007 con la finalidad de crear una compañía aérea malagueña para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía la región como emisora y receptora de vuelos.

En la vista oral, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por el PP retiraron la acusación contra una investigada y solicitaron, para el expresidente de Invercaria, seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de quince años por el delito de malversación, así como la pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que para los otros tres encausados reclamaron dos años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, pidieron que los acusados indemnizaran de manera conjunta y solidaria con un total de 1.320.844 euros a la Agencia IDEA, mientras que las defensas de los investigados solicitaron su libre absolución.

En la sentencia, fechada el día 16 de enero y notificada este miércoles a las partes, la Audiencia de Sevilla considera probado que Operador Aéreo Andalus fue constituida en noviembre de 2007, siendo socios fundadores dos de los acusados junto con una tercera persona y participando en el capital con las acciones mencionadas en la escritura fundacional, mientras que otro de los acusados, el exconsejero andaluz, asumió a través de su despacho la llevanza de la Secretaría del Consejo de Administración y asumió además la presidencia de la mercantil.

El 8 de febrero de 2008, Martín Delgado también pasó a formar parte de la empresa como socio, de forma que la asesoría jurídica y la llevanza de la Secretaría pasó a ser desempeñada por otro bufete.

Los magistrados señalan que, a finales de 2007, la mercantil, “buscando la necesaria financiación” para su proyecto, presentó el mismo a estudio a Corporación Financiera Caja Granada, donde se llevó a cabo el análisis de dicho proyecto a partir de diciembre de 2007, mientras que la posibilidad de financiar el proyecto también fue estudiada por Invercaria, aunque el tribunal asegura que “no consta que el proyecto” llegara a Invercaria “de la mano” de Martín Delgado “por el hecho de haber sido en el pasado consejero de la Junta de Andalucía (…)”.

La Audiencia indica que, el día 3 de noviembre de 2008, Operador Aéreo Andalus recibió de Invercaria un préstamo participativo de 410.000 euros y otro préstamo del socio financiero Corporación Caja Granada por importe de 1.110.000 euros, una operación que se formalizó conjuntamente con una entrada en capital de Invercaria por importe de 40.000 euros. “Ambas operaciones de Invercaria, por razón de su importe, que no superaba los 450.000 euros, fueron adoptadas por el presidente de la entidad dentro del límite cuantitativo de sus competencias, sin perjuicio de dar cuenta al Consejo de Administración de Invercaria el 9 de diciembre de 2008”, puntualiza.

Los magistrados añaden que la operación fue analizada por el Departamento de Inversiones de Invercaria, en coordinación con el coinversor Corporación Caja Granada, existiendo el correspondiente preinforme de inversión y memorando, señalando que la operación fue avalada mediante garantías personales de los propios socios, “avales que han sido finalmente ejecutados”.

Según resaltan, Operador Aéreo Andalus “no operó vuelos durante el año 2008, siendo un factor determinante para ello el retraso en la concesión de las licencias administrativas necesarias, generando ello gastos improductivos de primer establecimiento”, de manera que la licencia de primera explotación fue concedida en enero de 2009.

La Audiencia indica que, el día 29 de julio de 2009, Invercaria formalizó un nuevo préstamo a la mercantil por importe de 700.000 euros, “siendo la previsión en ese momento la participación en el concurso para la concesión de la línea Sevilla-Almería, con los consiguientes gastos e inversiones necesarios para cumplir los requisitos que exigía tal licitación”.

Al hilo de ello, el tribunal agrega que esta inversión fue analizada en el departamento de Análisis de Invercaria, “presentando en ese momento Operador Aéreo Andalus una situación financiera comprometida, con fondos negativos, si bien no se encontraba en causa legal de disolución, por el cómputo de los préstamos participativos como patrimonio neto, de conformidad con la legislación mercantil, y analizándose en dichos momentos el proyecto como un proyecto viable, y estratégicamente interesante, desde el punto de vista de las expectativas que generaba, teniendo en cuenta las posibilidades del sector turístico andaluz y el número de vuelos dentro de su territorio”.

Los magistrados afirman que, para el desarrollo de su actividad, en la que llegó a facturar ocho millones de euros y a viajar con más de 80.000 pasajeros, Operador Aéreo Andalus había obtenido en el mes de enero de 2009 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la preceptiva licencia de explotación, previo análisis y evaluación por dicho organismo de su capacidad económico financiera y demás condiciones exigidas.

Esta licencia de explotación estuvo vigente de forma ininterrumpida hasta el 15 de julio de 2010. “No obstante, por diversas circunstancias, entre ellas la falta de inversión de algunos socios, el retraso en el inicio de la actividad por el tiempo transcurrido hasta la concesión de la licencia, con los consiguientes gastos por inactividad y el impacto de dicho escenario asimismo de la crisis económica mundial del momento, llevaron al no cumplimiento finalmente de las expectativas del proyecto, de manera que suspendida la licencia de explotación el 16 de julio de 2010, el 28 de julio de 2010 Operador Aéreo Andalus dejó de operar todos sus vuelos”, considera probado la sentencia.

La jueza de la dana ha acordado en una providencia dictada este jueves que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar solicite los “mandamientos precisos, al objeto de que por la empresa de telecomunicaciones o titular de la red social se recuperen los mensajes de WhatsApp o Telegram” del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, y “relacionados con la emergencia” que José Manuel Cuenca se intercambió con la entonces consellera Salomé Pradas y con el president Carlos Mazón, entre otros.

En la comparecencia de Cuenca ante la jueza el pasado 16 de enero, tras haber comprobado con técnicos de la Generalitat que no se podían recuperar los whatsapps al haber sido borrados, el letrado de Compromís, Armando Galán, propuso que se solicitara a Meta los mensajes. Cuenca aceptó voluntariamente esa posibilidad.

La providencia se hace eco del informe de la Dirección general de Tecnologías de la Información y la Telecomunicación (DGTIC), que concluyó que el terminal telefónico corporativo que entregó José Manuel Cuenca a la Generalitat había “sido reseteado” antes de su devolución, “por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados”.

Por otro lado, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha rechazado en sendos autos incluir en la causa a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como nuevas víctimas mortales de la catástrofe.

La instructora ha denegado así, en sendos autos notificados este miércoles a las partes, las solicitudes cursadas por los familiares de esos dos fallecidos, al entender que no puede establecerse “un nexo causal” entre esas muertes y los hechos objeto de la investigación.

La magistrada también ha rechazado en un tercer auto la inclusión como víctima en estas diligencias previas de una mujer que había presentado una denuncia en la que refiere que padece lesiones psicológicas.

“Es indudable que la dana produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes como se estableció de forma definitiva en auto de la Audiencia Provincial de 17 de mayo de 2025”, responde la instructora a esa petición.

La jueza también desestima el recurso de una acusación particular que pidió que la declaración testifical del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 9 de enero se llevara a cabo de forma presencial y no telemática, mientras que en el segundo deniega la petición de otro letrado relativa a la ampliación de un oficio que requería información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre agentes medioambientales y la vigilancia de ríos y barrancos.

Este martes se ha anunciado la participación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrará del 6 al 22 de febrero, con la delegación más grande de la historia igualando la de los 20 deportistas que participaron en Sochi 2014, según la nota de prensa del Comité Olímpico Español (COE).

La delegación española contará con Queralt Castellet y Oriol Cardona como principales referentes, y posibles deportistas con más opciones de medalla, mientras Quim Salarich y Olivia Smart como abanderados de España en estos Juegos Olímpicos de invierno 2026.

La participación española en Patinaje artístico y de velocidad

Por parte de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, la delegación estará representada por siete deportistas, cinco en patinaje artístico y dos en patinaje de velocidad. Así, Olivia Smart y Tim Dieck debutan como pareja en modalidad de danza, en el que será la segunda cita olímpica de ella, mientras para el segundo será el debut como español tras haber participado en Beijing 2022 con Alemania. En esa misma disciplina, Sofía Val y Asaf Kazimov harán su debut olímpico y Tomás Guarino competirá en categoría individual masculina.

En la modalidad de patinaje de velocidad, España tendrá por primera vez dos representantes, Nil Llop y Daniel Milagros, con el primero participando en la categoría de 500 metros y el segundo en los 1.000 metros.

La delegación de España en esquí en los Juegos Olímpicos de invierno 2026

Uno de los detalles más relevantes de la cita olímpica en Milano Cortina 2026 es el debut del esquí de montaña como deporte, lo que hace que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada sea la primera con participación española en unos Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno y con cuatro deportistas en total como son Oriol Cardona, María Costa, Ot Ferrer y Ana Alonso, que se ha recuperado a tiempo de su grave accidente.

En otras disciplinas, en esquí de fondo participan Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell, mientras en esquí alpino lo harán Quim Salarich, y Arrietta Rodríguez. En cuanto a snowboard, participan Lucas Eguibar y Álvaro Romero representarán a España en la categoría cross, Queralt Castellet en halfpipe y Nora Cornell en slopestyle y big air. 

El Comité Olímpico Español asegura que la lista de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 todavía podría sufrir alguna modificación hasta el 26 de enero, por posible reasignación de plazas y que podría incluso aumentar el número de deportistas, con reservas en algunas disciplinas como Leanna García en monobobsleigh, Adrián Rodríguez en skeleton, y Javi Lliso en esquí libre sloptestyle.