Marta volvía este domingo a su casa de Lepe después de haberse presentado a las oposiciones para ser funcionaria de prisiones. No le había ido mal. Siempre se le han dado bien los estudios, sobre todo las matemáticas, que cuando era joven era lo que más le gustaba aparte del baloncesto.

Eso sí, los médicos le recomendaron que dejase la actividad deportiva, y decidió centrar su vida en los libros. A sus 33 años, hace algo más de un año le surgió la oportunidad de presentarse a las oposiciones a funcionaria de prisiones. Ha estudiado más que nadie, y este domingo hizo su examen. A la hora de escribir estas líneas, Marta duerme en su casa de Lepe, “después de nacer otra vez”, afirma su madre. “Desde ayer, mi hija tiene dos cumpleaños, el del su fecha de nacimiento y el 18 de enero”.

Durante varias horas, su familia no supo nada de ella. Avisó de que estaba bien pero no la creyeron, porque pensaban que no quería intranquilizar a nadie más de la cuenta. Ya de madrugada, la localizaron en el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba, magullada, pero bien. La ayuda de una joven con su propio coche hizo que pudiese salir del hospital y llegar a Huelva, donde su familia la recogió casi al amanecer. Con todo, ha tenido la suerte de no viajar en los vagones del Alvia que cayeron al terraplén, y podrá contar su historia en el futuro.

Luto en el periodismo onubense

Como le ha pasado a su familia, centenares de personas intentan reunir información desde el accidente para saber dónde están y en qué estado sus seres queridos. María Clauss y Óscar Toro no han tenido su suerte. A primera hora de la mañana se comunicaba la muerte de estos dos periodistas, quizás de los más respetados por la profesión desde hace más de 30 años.

Su hija estaba entre las personas que llegaron en la noche del domingo a la estación de tren de Huelva para buscar información sobre sus familiares, que tendrían que haber llegado a su destino a las 22.02 en el Alvia siniestrado.

La Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva han señalado en un comunicado conjunto que la consternación entre el gremio de periodistas de Huelva es total, ya que el matrimonio era muy querido y respetado entre los compañeros de profesión.

Estaban siempre vinculados y comprometidos con las causas solidarias y de cooperación internacional, así como en todo tipo de proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y formación relacionada con el gremio periodístico.

De hecho, justo antes de su viaje a Madrid, mantuvieron una reunión de trabajo con miembros de las juntas directivas de la Asociación de la Prensa de Huelva y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Huelva para preparar de forma conjunta uno de los próximos Cursos de Verano para impartir en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), así como talleres de formación para periodistas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida a través de la Asociación de la Prensa de Huelva.

Luto oficial en la capital y la provincia

Son dos de las víctimas confirmadas en un suceso que mantiene en vilo no solo a la ciudad de Huelva, sino a su provincia, porque, precisamente las oposiciones en Madrid hicieron que muchos jóvenes de varios municipios viajasen en ese tren de vuelta tras hacer el examen. Los ayuntamientos de Punta Umbría, Isla Cristina y Lepe han confirmado este lunes que aún hay vecinos de sus municipios que se encuentran “desaparecidos”.

El Ayuntamiento de Huelva, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial. Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta, luciendo crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales.

La programación de las Fiestas de San Sebastián queda suspendida en su totalidad y el Ayuntamiento de Huelva declina acudir este año a la Feria Internacional del Turismo, Fitur que se celebra esta semana en Madrid. De hecho, se ha suspendido la programación en la feria madrileña de toda la provincia.

La búsqueda sigue, y de forma paralela al trabajo de los investigadores y los médicos, las redes sociales también están haciendo su labor. Eva Mestre, una onubense, ha publicado varios mensajes para recodar que se busca “a un familiar que viajaba sola en el vagón 1 del Alvia”. Se llama Miriam del Rosario Alberico Larios, tiene 27 años “y lo que sé era que llevaba un pantalón de pana verde e iba en el Alvia 2384 dirección Huelva”.

Miriam es natural y vecina de Lepe, Ayuntamiento que esta mañana ha guardado un minuto de silencio y decretado luto oficial. Marta y Miriam no eran las únicas personas del municipio que iban en el tren, y se esperan con ansia noticias oficiales que tranquilicen a los familiares.

Otro onubense, Antonio Vázquez, pide que se localice a su tío, Rafael Millán Albert, que iba en el Alvia junto a su esposa, que ha sido localizada.

Abierta una oficina para recabar datos

Para intentar encontrar todos los datos posibles y cuanto antes, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha puesto en marcha una oficina de identificación de víctimas, con el objetivo prioritario de la centralización de las labores de identificación de las personas desaparecidas y realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible.

Por ello, se realiza un llamamiento a todos los familiares de personas desparecidas que sospechen que sus familiares o allegados pudieran viajar en el tren siniestrado y de los cuales, hasta el momento, no tengan conocimiento de su paradero.

Para facilitar las labores de identificación, se recomienda a los familiares que, en caso de ser posible, aporten documento de Identidad, fotografías recientes e información sobre rasgos físicos característicos como tatuajes o cicatrices.

La Fiscalía ha rechazado este lunes la tesis de la legítima defensa y ha mantenido la petición de 15 años de cárcel por homicidio para el acusado de matar a un ladrón que asaltó su casa en septiembre de 2020 para robar unas plantas de marihuana.

“Sale [de su vivienda], recorre 19 metros y sigue asestando puñaladas a una persona que ya está muy malherida. Sigue asestando puñaladas una y otra vez. El ánimo de matar es evidente. Las puñaladas, por su número y por su importancia, no dejan ningún lugar a dudas”, ha relatado tajante el fiscal durante la exposición de los informes finales.

Las conclusiones se han presentado durante la sesión de este lunes del juicio con jurado que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Balears. En el banquillo se sientan tanto el hombre acusado de matar a uno de los cuatro supuestos asaltantes como éstos, procesados por robo en grado de tentativa. Para estos últimos, el fiscal mantiene la solicitud de 11 meses de cárcel para cada uno al considerar acreditado que se desplazaron hasta Inca “para cometer un palo”. “Los hechos estaban claros y además ahora están probados”, ha defendido.

Respecto al homicidio, el Ministerio Público ha subrayado la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, aseverando que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. “Lo han visto con pelos y señales: una docena de puñaladas, tres de ellas mortales, cometidas con un cuchillo”, ha indicado dirigiéndose a los miembros del jurado.

Sobre el intento de robo, el fiscal ha argumentado que existió un “esfuerzo para entrar y para salir” motivado por la expectativa de obtener un gran botín. Según su versión, el asaltante fallecido fue quien convenció al resto para acudir a la vivienda, y las pruebas apuntan a que el objetivo era apoderarse de las plantas de marihuana.

Miedo y legítima defensa

La defensa del principal acusado, en cambio, sostiene que el relato de las acusaciones no se corresponde con lo ocurrido. La abogada ha insistido en que no hay testigos directos y que lo expuesto se apoya más en el dolor por la muerte que en una reconstrucción fiel. Aunque no cuestiona que la víctima falleciera a consecuencia de las puñaladas, niega que los hechos sucedieran como se ha planteado.

La letrada también ha criticado que se presente a su cliente como un “loco psicópata que está esperando en su casa a alguien para matarle”. A su juicio, el miedo y la legítima defensa están acreditados, ya que los intrusos entraron en la vivienda, encontraron al acusado desarmado y lo atacaron varias personas, una de ellas armada con un cuchillo. Por ello, mantiene su petición de absolución.

La misma letrada, que ejerce a su vez la acusación contra los asaltantes, ha afirmado que no cabe otra salida que condenarlos por tentativa de robo. “El intento de robo está más que probado. El agujero en el muro no se hizo por generación espontánea”, ha remarcado.

Los abogados de la familia de la víctima, por su parte, mantienen que los hechos deben calificarse como asesinato con alevosía y ensañamiento. Uno de los letrados ha señalado que el fallecido recibió una docena de cuchilladas que le provocaron un daño “irreparable”, con un sufrimiento “atroz”, hasta morir desangrado. “Jaume no se pudo defender porque se encontró sorpresivamente atacado por una persona de una manera extremadamente agresiva”, ha dicho. La otra abogada ha añadido que “la intención era que sufriera” y ha recalcado que “nadie tiene derecho a quitar la vida de otro” ni a “defender la propiedad privada con esa violencia”.

Críticas de las defensas de los asaltantes

Las defensas de los supuestos ladrones han coincidido en cuestionar la acusación del fiscal, que consideran basada en una lógica insuficiente: la de que, pese a poder consumir droga, decidieran desplazarse hasta Inca. El abogado del primer acusado, que auxilió al fallecido, ha alegado que su cliente desconocía el propósito del viaje y niega que hiciera labores de vigilancia. También ha subrayado que no huyó, sino que permaneció en el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil. “No se ha desplegado prueba alguna o indicio de que hiciera las labores de vigilancia que se le imputan”, ha afirmado, defendiendo que actuó como “buen amigo” al sacar a la víctima para evitar que muriera.

La defensa del segundo acusado ha rechazado igualmente que el lugar y las circunstancias fueran compatibles con una vigilancia y, aunque ha reconocido que su cliente huyó, lo ha justificado como una reacción comprensible en una situación de ese tipo.

El abogado del tercer procesado también ha criticado que se pretenda condenar a su defendido sin pruebas de un acuerdo previo para ir a robar a Inca. “No hay pruebas de que se hubieran puesto de acuerdo”, ha concluido.

El jurado recibirá este miércoles el objeto del veredicto y quedará incomunicado para deliberar.

En concreto, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020. Según las acusaciones, cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de sustraer plantas de marihuana. Tres de ellas se habrían quedado fuera para vigilar, mientras el cuarto accedía al interior.

Este último entró por un orificio practicado en una valla metálica situada sobre el muro que rodeaba la finca. En ese momento fue sorprendido por el propietario, y durante el forcejeo recibió varias puñaladas que acabaron causándole la muerte.

“Sin comentarios”. Así ha respondido Donald Trump a una pregunta directa sobre si utilizaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia durante una breve entrevista telefónica con NBC News.

En esa breve conversación con la cadena de televisión, el presidente de Estados Unidos se negó a decir si descartaría la posibilidad de apoderarse de Groenlandia por la fuerza. “Sin comentarios”, respondió.

También insistió en que seguiría adelante “al 100 %” con sus planes de imponer aranceles a los países europeos si no consigue Groenlandia.

Por otra parte, también reiteró su frustración con Noruega por el Premio Nobel de la Paz, afirmando que “Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan. Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver”, añadió.

Trump también expresó su frustración con los líderes europeos que están saliendo en defensa de Groenlandia: “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania, porque, francamente, ya se ve lo que les ha pasado. Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia”.

El presidente de EEUU ha introducido un nuevo giro en su enfrentamiento con sus viejos aliados europeos, al vincular Groenlandia con su fracaso a la hora de ganar el Premio Nobel de la Paz en una carta enviada el domingo al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América”, dijo Trump en el mensaje, que fue adelantado por la PBS.

Noruega fue uno de los países afectados por los nuevos aranceles, que entrarían en vigor el 1 de febrero, según anunció Trump en sus redes sociales.

En un comunicado emitido este lunes, Støre afirmó: “La posición de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en esta cuestión”.

Un comité de cinco miembros nombrado por el Parlamento noruego otorga cada año el Premio Nobel de la Paz. En 2025, el comité eligió a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, para recibir el galardón.

Como muestra de gratitud por su derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro en un ataque militar, Machado le entregó a Trump su medalla de oro de 18 quilates en una visita a la Casa Blanca la semana pasada.

Trump rechazó la idea de que Noruega no tenga influencia en la competición por el Premio Nobel de la Paz y que la decisión dependa totalmente del comité.

Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

La Ertzaintza ha abierto una investigación por las amenazas de muerte recibidas en la Casa de las Mujeres de Irún, un equipamiento municipal gestionado por una asociación y operativo desde 2023. Hasta calibrar la magnitud de los hechos y “por prudencia”, el recurso ha sido clausurado, según confirman fuentes municipales.

Según los datos recabados por este periódico, las amenazas habrían llegado por correo electrónico. Con celeridad, el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza y fuentes policiales indican que “se ha abierto una investigación”, aunque no dan más detalles sobre su alcance. La alcaldesa de la localidad, la socialista Cristina Laborda, está en contacto con la entidad del tercer sector que gestiona el servicio.

Según la web oficial, éste “es un espacio que fomenta el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres”. Fue creada “para hacer de Irún una ciudad más igualitaria y para hacerle frente al machismo y a la violencia”. Ofrece servicios como asesoría jurídica, sexual y de homologación de títulos, escuela de empoderamiento, talleres de autoestima y comunicación positiva y una biblioteca feminista. También dispone de una sala de ordenadores con conexión a Internet.

José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, se ha desentendido ante la jueza de la dana de la retirada de los efectivos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Basset, en la segunda tanda de su declaración testifical tras su comparecencia del pasado 14 de enero, ha negado que los bomberos desplegados ante la dana fueran una “anarquía” y ha defendido la “estructura jerarquizada” y los protocolos del Consorcio Provincial de Bomberos: “por eso la información que los mandos consideran la elevan”, ha afirmado, según fuentes consultadas por elDiario.es conocedoras de su declaración. El testigo ha explicado que es “habitual” que Emergencias pida a Bomberos que unidades de forestales controlen barrancos, “incluso sin dana”.

José María Bueno Manzanares, el abogado de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, se ha sorprendido con las respuestas de Basset sobre su poco grado de conocimiento de una decisión a la postre tan trascendental. El letrado le ha planteado varias preguntas al respecto: “¿Eso es la forma normal? Ante una emergencia de esa envergadura, ¿es posible que el jefe de Bomberos no se entere de que han sido movilizados y desmovilizados? ¿Se autoregula el cuerpo de Bomberos sin lo que sepa su jefe? ¿En ningún momento, como jefe de Bomberos, supo nada de eso? ¿No sintió curiosidad por saber lo que ocurría en los barrancos?”.

El exinspector jefe ha contestado: “En esas horas, esa información no es preceptiva que se me transmita, el último responsable es el oficial jefe de guardia”, en referencia a Manuel Alonso, que declaró el pasado 10 de septiembre.

El testigo también ha eludido cualquier responsabilidad en relación con el contenido del mensaje Es-Alert enviado a los móviles de la población. José Miguel Basset ha asegurado que no se opuso al envío del Es-Alert, tal como habían afirmado varios testigos anteriores o la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa.

Tal como hiciera en su primera declaración ante la jueza, José Miguel Basset ha dicho que el debate sobre el Es-Alert con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, fue un “intercambio de ideas” y, además, “muy corto”. “No me acaloré”, ha afirmado.

Eduardo de Urbano, el abogado que ejerce la defensa de la exconsellera Pradas, le ha preguntado al testigo si se convocó “con retraso” la reunión del Cecopi. “Es algo subjetivo”, ha contestado. “Había detonantes no a lo mejor para un Cecopi, pero sí para hacer reuniones previas para valorar y hacer lo que fuera oportuno”, ha remachado.

La “amplitud” del texto del primer Es-Alert

Sobre el contenido del mensaje y los consejos de buscar refugio en altura (que el primer Es-Alert enviado no incluía), el testigo ha dicho: “Evidentemente, subirse a zonas altas no hubiera estado de más, quien tenía que tomar la decisión la tomó, pero no era competencia mía”. La propuesta de mensaje de Basset pedía a la población que permaneciera en sus domicilios, como un “marco referencial más extenso”, según ha afirmado.

Además de la petición de buscar refugio en altura, “ese mensaje tenía que contener información más precisa, solo subir a plantas altas no es suficiente”. Así, abogó por “un mensaje más amplio”. “Y con eso de mantenerse en domicilios das esa amplitud”, ha manifestado. El testigo ha asegurado que desconoce por qué el mensaje finalmente enviado rebajó el texto a la petición de que se evitaran desplazamientos.

Basset tampoco revisó el texto antes de su envío: “Eso no ocurrió, yo no soy quien para validar un texto, sé que eso no ocurrió” También ha negado que la consellera Pradas impidiera el envío del mensaje.

“Muchas vueltas le dieron” a la alerta a los móviles

El testigo se ha refrendado en que, sobre las 18.15 o 18.20, ya se tenía una primera propuesta de texto para el Es-Alert. El retraso hasta las 20.11 “lo deben explicar los que lo gestionaron”, ha dicho Basset, quien considera que “muchas vueltas le dieron”. Considera que fue un “retraso” en el envío del mensaje automático, aunque matiza que se trata de un comentario “subjetivo”.

El exinspector jefe, actualmente jubilado, ha admitido que se habló de “algún desbordamiento menor” en el barranco del Poyo, a partir de las 17.00, hora de inicio de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Basset no recordaba que, tal como afirmó el testigo Antonio Mira, se hablara a partir de las 19.00 de “algún desbordamiento parcial”.

El testigo ha explicado que consultaba las imágenes del mapa de Chiva (cabecera del barranco del Poyo) al tratarse en la reunión los posibles emplazamientos del Puesto de Mando Avanzado (PMA). “Ese no era el sitio adecuado en ese momento”, ha afirmado. También ha detallado que la inundación del parque de bomberos en Chiva fue “posterior” a la de Utiel: “Son episodios distintos en tiempo y espacio”.

Por otro lado, también ha apuntado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo que no informó sobre los caudales de los barrancos, según el testigo. Sobre la presa de Forata, la CHJ “no acotaron ni el escenario”, que saltó al nivel 2 “de inmediato”. Basset no tuvo “sensación de previsión”. Basset ha reconocido que “nunca” consultó el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ.

La llegada de Mazón al Cecopi

José Miguel Basset ha matizado que a su llegada, a las 20.28, el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, “actuó” como president, “pero no hubo notificación formal de cambio de mando”.

Por otro lado, también ha negado que al Cecopi llegara la información de la inundación del Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), situado a tiro de piedra del barranco del Poyo.

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En su escrito, su defensa argumenta que se han vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denuncia siete motivos de nulidad, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

El texto sostiene que la nota informativa sobre el caso de fraude fiscal del empresario era una “respuesta institucional” que tenía como objetivo “evitar que cristalizara ante la ciudadanía la idea de una Fiscalía guiada por 'órdenes de arriba' o con fines prevaricadores”. Y advierte de las consecuencias que esta sentencia puede tener para el futuro: “Es un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”, recoge el documento.

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías. 

El escrito alude asimismo al auto por el que el Supremo rechazó investigar al presidente del tribunal por su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados.

El escrito afirma que en ese auto “se examinan y ponderan una serie de hechos de conocimiento sobrevenido vinculados a determinados miembros del órgano situándolos expresamente en un plano distinto, y señalando que, de haberse conocido con anterioridad, habrían podido ser objeto de valoración plena previa denuncia en el momento previsto legalmente para ello”.

La Abogacía del Estado cuestiona que la sentencia “elude” los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024. “Esta forma de razonar, que dice creer al testigo mientras actúa como si no lo creyera, no constituye una valoración de la prueba compatible con la presunción de inocencia, ya que no pondera la prueba de descargo sino que la elude”, dice el escrito.

elDiario.es informó el pasado lunes de que, además del incidente de nulidad, su defensa iba a registrar otro escrito en el que reclamaría la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con esa segunda petición, la Abogacía del Estado pretendía postergar la aplicación del fallo hasta que se resolviera el incidente de nulidad. Finalmente, ese escrito no se ha presentado dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó la incorporación de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo.