Los ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia —Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido— y que han sido amenazados por el presidente de EEUU, Donald Trump, con aranceles comerciales han publicado un comunicado conjunto en el que aseguran que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y arriesgan una peligrosa espiral descendente. Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía”.

Coincidiendo con la firma del acuerdo comercial de Mercosur en la capital de Paraguay, Trump concretó el chantaje anunciado a los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Trump ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por defender a Groenlandia de sus obsesiones expansionistas.

Los ocho países aseguran que “Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés ”Resistencia Ártica“ realizado con los Aliados responde a esta necesidad”.

De momento, estos países solo habían mandado a una delegación con pocos soldados para ir preparando el ejercicio militar. De momento, han llegado a Groenlandia a coordinar la operación Resistencia Artica 15 soldados franceses, 13 alemanes, Reino Unido ha mandado a un oficial; Noruega, a dos militares; Países Bajos, a un militar; Estonia y Suecia han anunciado el envío de tropas, pero aún no ha confirmado cuántos irán a la isla danesa.

Con este contingente de tropas, los países firmantes del comunicado se reafirman en que “no representa ninguna amenaza para nadie”.

A pesar de las amenazas de Trump, los países europeos señalan que se “solidarizan plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia” y frente la política de saltarse las reglas internacionales y abandonar las negociaciones resaltan que están “listos para entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente”.

La Comisión Europea y el Consejo Europeo también lanzaron ayer un comunicado en el mismo sentido donde critican los aranceles y defienden “la integridad territorial y la soberanía”. Además, se muestra el compromiso a mantener el diálogo iniciado “entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos”.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo por la tarde. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles del líder estadounidense, Donald Trump, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Un hombre ha perdido la vida en el Pirineo aragonés tras un alud en el barranco de Puimestre, (Cerler), según ha confirmado el GREIM de la Guardia Civil. El accidente se ha producido fuera de pistas.

Hacia las 14:00, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Huesca ha recibido un aviso de que se han producido dos aludes fuera de pista en la estación de esquí de Cerler y que una persona había quedado atrapada. El GREIM de Benasque y el personal de la estación de esquí han acudido de inmediato al lugar y han rescatado a la persona, que ha fallecido.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el alud se ha producido en el barranco de Puimestre, en Cerler, en el término municipal de Benasque. Se ha activado el helicóptero del 112 de Zaragoza. La AEMET mantiene activo durante este domingo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

Por otra parte, se ha reabierto la carretera entre los kilómetros 65 al 72, en Benasque, que había quedado cerrada en la tarde de este sábado por riesgo de aludes.

Tercer alud con fallecidos en un mes

Con este nuevo siniestro, son cinco las personas que han perdido la vida en aludes en el Pirineo aragonés en el último mes. El primer accidente tuvo lugar el pasado 29 de diciembre y en el fallecieron tres personas que estaban realizando esquí de travesía. Tres días después, el 1 de enero, otro montañero perdió la vida en Bielsa al ser sorprendido por un alud cuando iba de excursión con raquetas.

La comparecencia del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024, que estaba prevista para el próximo martes, ha sido aplazada debido a que está de baja médica, según han confirmado fuentes parlamentarias.

Argüeso era el número dos de la Conselleria de Justicia e Interior el día de la dana en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia y es uno de los dos imputados en la causa penal que investiga la gestión de esa emergencia, junto a quien entonces era la consellera, Salomé Pradas.

Fue destituido de su cargo autonómico el 3 de diciembre de 2024, y declaró como imputado ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa el pasado 11 de abril, cuando solo respondió a las preguntas de su abogado y descargó toda la responsabilidad en técnicos y subordinados.

Argüeso estaba citado en la comisión de investigación del Congreso del próximo 20 de enero, pero se ha aplazado su comparecencia por baja médica y de momento no tiene nueva fecha, al igual que el exjefe de gabinete del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, actual asesor en la Oficina del expresident.

El Partido Popular ha tratado de hacer este domingo un frente común ante el Gobierno central en materia de financiación autonómica, pero el documento suscrito por los barones del partido para articular esta ofensiva, la denominada Declaración de Zaragoza, apenas se adentra en el modelo que aspiran a proponer los de Alberto Núñez Feijóo. Sin ninguna cifra o sustento técnico sobre qué criterios aplicar, el manifiesto constituye una suma de ataques ya formulados al Ejecutivo de Sánchez y a los dirigentes catalanes. Sí que hay un guiño a Aragón, al incluir expresamente las variables de despoblación y orografía que reclama el Gobierno de Jorge Azcón.

La Declaración de Zaragoza comienza desautorizando al Ejecutivo central por “reintroducir” en el sistema la “arbitrariedad” como “cesión al separatismo”. Los populares exigen “el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista” y proponen “reiniciar el proceso desde el principio”.

En materia de igualdad, según el PP el Gobierno del PSOE y Sumar “dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución”. Desde su punto de vista, las sucesivas crisis han “incrementado de forma estructural el coste de los servicios fundamentales”, pero para resolver “esta urgencia” se debe acudir a tras “una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”, aunque el documento no va más allá. “Basta ya de enfrentar a los españoles”, proclama.

La Declaración continúa en su listado de agravios y, en materia de autonomía fiscal, expresa su oposición “a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes”.

Una de las únicas propuestas es la creación de un “fondo transitorio para paliar la infrafinanciación” de las comunidades autónomas, para lo que el manifiesto pide tener “una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado”. En este punto, los populares proponen incluir una “excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana”, aunque no concretan nada más allá de esta idea.

Al hablar de “infrafinanciación”, en la que incluye el “crecimiento exponencial” del coste de los servicios públicos, los barones del PP aprovechan para acusar al “separatismo” de haber “promovido estructuras paralelas a las del Estado con un elevado coste”.

En el apartado de solidaridad es cuando el PP alude a las variables reclamadas por algunos de sus barones y que en el modelo presentado por el Gobierno central no aparecen expresamente, aunque sí con denominaciones distintas. “La demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno” son los criterios mencionados por los populares, que inciden en dos que ha reclamado en particular el Ejecutivo de Azcón en Aragón: “Una orografía complicada o niveles altos de despoblación”, que tal y como refleja el manifiesto “pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema”.

La Declaración reclama asimismo “reactivar de manera complementaria el Fondo de Compensación Interterritorial” e incrementar “su dotación” y, por otro lado, “avanzar hacia una verdadera cogobernanza de los fondos europeos para evitar el desastre propiciado por la gestión unilateral de los Fondos Next Generation”, otro mantra repetido por los populares en los últimos años.

Para terminar, el documento abunda en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al defender “sin matices la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. “No aceptamos atajos ni excepciones que rompan un sistema que garantiza la cohesión de España”, advierten los populares, para quienes “España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”.

Y concluyen invitando a “todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse” a la iniciativa.

La propuesta del PP ya ha tenido las primeras reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La propia ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado que el modelo planteado por los populares “contempla cero euros” para la comunidad andaluza, frente a los 5.800 de lo previsto en la iniciativa del Ejecutivo central. “Eso es lo que le importan los servicios públicos, nada. Y eso que se conformaba con 4.000...”, ha añadido Montero.

La dirección del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo ordena el plante a la propuesta del modelo de financiación del Ministerio de Hacienda, que implica una mejora sustancial de recursos para la Comunitat Valenciana. Son 3.669 millones de euros más anuales con una fórmula que beneficia a la autonomía peor financiada en los cálculos, estableciendo la base en la población ajustada e incorporando un fondo contra el cambio climático. En su lugar, la propuesta presentada este domingo en Zaragoza por el PP aboga por reconocer la “excepcionalidad” del caso valenciano por la dana de octubre de 2024.

El documento presentado este domingo, una declaración de intenciones suscrita por todos los barones populares, incluido el presidente valenciano Juan Francisco Pérez Llorca, reconoce como válidas distintas variables de reparto de recursos sin apuntar cuáles deben primar, situando al mismo nivel la despoblación, orografía compleja del territorio o aumento de población. “Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta porque no hacerlo, o hacerlo parcialmente, ahonda en un modelo de privilegios que no vamos a aceptar”, dice el texto.

El presidente de la Generalitat, que tiene difícil justificar el rechazo a los recursos que plantea el ministerio socialista, defiende el texto de los populares como un éxito. “Estoy muy satisfecho de ver que contamos con el apoyo de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular para trabajar por lo que nos corresponde a todos los valencianos”, ha señalado desde Zaragoza. En este sentido, ha subrayado que “todos los presidentes autonómicos han apostado por que exista una excepcionalidad por el tema de la dana”, algo que, a su juicio, “demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

La propuesta del PP incorpora un fondo transitorio de nivelación, una de las reivindicaciones valencianas, que ya ha sido planteada en otros momentos. El PP aprobó una iniciativa en el Senado y lo incluyó en sus compromisos en su cumbre de presidentes autonómicos, pero posteriormente votó en contra de la misma propuesta en la Cámara y no lo mencionó en su última ponencia política. Esta vez, reclama “un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Adicionalmente a la financiación que actualmente se recibe, exigimos la creación de un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación, cuya necesidad calificamos de imperiosa”. También señala que se debe apostar por la “financiación necesaria que permita la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en términos homogéneos en calidad y alcance”. Condicionar el apoyo al sistema de financiación, que según el Gobierno entraría en vigor en 2027, a un fondo transitorio, que no viviría más de un año, resulta difícil de entender.

El texto, sin embargo, no cuantifica los recursos demandados. No se concreta a cuánto debería ascender el fondo de nivelación ni cómo debería repartirse. Tampoco qué volumen de recursos implica reconocer las singularidades de la dana.

El PSPV critica que Pérez Llorca “capitula” ante Feijóo

Los socialistas valencianos consideran que el presidente y dirigente popular autonómico “capitula” ante la dirección provincial y le acusan de renunciar a los fondos. El miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha denunciado que Pérez Llorca “ha capitulado ante Feijóo y vuelve de Zaragoza sin un solo euro para la Comunitat Valenciana”. La propuesta que el dirigente valenciano ha suscrito supone, a su juicio, “decir que no a 21.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas”. “El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 3.669 millones de euros para mejorar nuestro estado de bienestar [en el caso valenciano] y el president de la Generalitat ha decidido renunciar a ellos”, ha subrayado España.

El representante socialista, que fue conseller de Hacienda en el Gobierno valenciano de Ximo Puig, reprocha: “Lo que ha hecho hoy Feijóo es condenar a la Comunitat Valenciana a seguir sufriendo durante años una infrafinanciación injusta, renunciando a recursos que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos de calidad y que el Gobierno de Pedro Sánchez sí está poniendo sobre la mesa”.

Compromís: renuncia a una “Oportunidad histórica”

Capitular es el mismo término que ha empleado el diputado de Compromís Alberto Ibáñez. Los valencianistas también consideran que el presidente valenciano cede ante Feijóo y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “contra los intereses valencianos”. Ibáñez califica el documento como “cuñado”, un texto repleto de “vaguedades” que “no se centra en mejorar la financiación de los valencianos”, censura el parlamentario.