Cuenta Alexis que nació en los confines del mundo. Allá donde, según la mitología, Hércules partió con su fuerza infinita una montaña, dejando a un lado el Peñón de Gibraltar y a otro el monte Abyla. Cuenta también que fue un extraterrestre el que lo tomó de la mano en una sala sevillano para enamorarlo del cine. Fue un amor para toda la vida. 

Las lágrimas se enjugaron aquel día por la inexorable muerte de su abuelo y por la criatura que ascendía ya a los cielos. Entre realidad y ficción, emoción sin límite de continuidad.

Ha sido, precisamente, esa búsqueda de la emoción una constante en la filmografía de Alexis Morante, desde que, siendo un adolescente, tomó entre sus manos la cámara doméstica de su amigo Raúl Santos y dirigió y montó su primera película: un mini documental sobre el cumpleaños de su madre, con entrevistas a su familia. Aquello, por lo visto, terminó haciendo llorar a todos los presentes.

Con un Grammy en las vitrinas de su casa, numerosos premios de todos los puntos del planeta y varias nominaciones a los premios nacionales más importantes, incluido al Goya, el director algecireño lleva ya más de tres décadas huyendo de la impostura. Buscando lo genuino. 

Y lo hace sin importarle si se enfrenta a una estrella del rock, a un mito o un actor profesional. Lo importante es la búsqueda de esa emoción genuina. De la verdad.

A través de esos personajes reales, encontró, por primera vez y hasta hoy, la forma de ser reconocido y poder vivir de algo tan complejo como la dirección cinematográfica. Una beca le llevó a Estados Unidos. Y su espíritu tenaz, a trabajar en Los Ángeles con el mismísimo Enrique Bunbury, el mítico exlíder de Héroes del Silencio. 

El tour de Bunbury por los EE.UU. le abrió las puertas a la dirección de vídeos musicales, donde descubrió el éxito y la recompensa de arriesgar artísticamente. Lo hizo junto a una serie de profesionales andaluces a los que ya nunca ha perdido de vista: Diana Sagrista (Goya a Mejor Sonido por Segundo Premio), su amigo el guionista Raúl Santos o el director de fotografía Juanma Carmona, entre otros muchos. 

Guiado por ese deseo de innovación artística, Bunbury le propuso un videoclip de media hora, compuesto por un mosaico de varias canciones. Dieron con la tecla. Fue una obra tan original, que terminaron nominados al Grammy y ahí se dio cuenta de que, tomándose en serio la música, podría hacer cine genuino.

Camarón de la Isla, Alejandro Sanz, David Bisbal… en ellos ha encontrado Morante las luces y las sombras del éxito. Un camino de obstáculos hacia el ascenso profesional en el que se ha buscado (y encontrado) a él mismo: el niño que salió de Algeciras y que, a base de tesón, ha logrado vivir con gran fortuna de su trabajo artístico.

Sin dejar nunca de lado el documental musical, su primera oportunidad con el largometraje de ficción le llegó con El universo de Óliver, inspirándose en la Algeciras de su infancia para contarnos una fábula sobre la pérdida. Ahí recogía la semilla de aquel cine donde lloró al ser sobrenatural que se trascendía a sí mismo. Pero ahora era él el que, por fin, hacía cine en pantalla grande. Apenas un par de años años hizo lo propio en ¿Es el enemigo?, una película sobre aquella guerra civil que transformó al adolescente Miguel en el cómico Gila. Estrenó en nuestra meca nacional del cine: San Sebastián.

ET, Gila y Óliver. En las tres, curiosamente, un teléfono enciende la emoción. En El Universo de Óliver, María León baja las revoluciones para desnudar sus emociones y pedir auxilio a su hermana. En ¿Es el enemigo?, de nuevo, un teléfono, en este caso imaginario, desviste las emociones de la extraña tropa que busca un frente perdido, donde se libra una guerra casi imaginaria.

Así, en esta búsqueda de la emoción genuina, su obra documental y su obra de ficción se entrelazan las manos. Así lo hace en sus dos últimas obras. Por un lado, Acoustic Home T4, la docuserie musical, donde HBO y Sony van desnudando, episodio a episodio, a estrellas de la talla de Amaral, Rigoberta Bandini, Edurne o Arde Bogotá, entre otras. 

En confesiones introspectivas, impulsadas por el cinema verité, nos sumergimos en la intimidad de las artistas, mientras el espectacular patrimonio histórico y natural de Andalucía engrandecen con su majestuosidad la puesta en escena de sus conciertos. En una dualidad constante entre la grandeza y la fragilidad, Antonio Orozco se enfrenta a las tierras escarlatas de Riotinto, Amaral a los ecos milenarios de Baelo Claudia o Arde Bogotá a la infinitud física y temporal del desierto de Tabernas. Es, a día de hoy, una de las propuestas más sugerentes de la oferta de HBO.

Las aguas del Atlántico que bañan los pies de Amaral en Acoustic Home o del protagonista de El Universo de Óliver son las mismas que le han llevado a su tercera obra de ficción: A una isla de ti, una comedia romántica ambientada en la Canaria abierta a la diversidad, el amor y la amistad. Acaba de estrenarse en salas de cine, con idea original de otro andaluz, Fernando Pérez (artífice de los guiones de Aída y vuelta, Arde Madrid o Kiki, todas ellas dirigidas por Paco León) y Toni Acosta al frente del reparto.

Hay autores a los que les resulta imposible esconder en la gran pantalla su innata maldad personal. Se me vienen a la mente dos directores españoles. Uno está canceladísimo y el otro, en vías de ello. 

A Alexis le ocurre justamente lo contrario: le resulta absolutamente imposible esconder su bonhomía, su sincera fe en en el ser humano y su inagotable optimismo. 

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes contra las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

Quien convive con un animal en casa acaba organizando su día en función de sus necesidades, prepara horarios para sacarlo o darle de comer y adapta incluso los viajes para no dejarlo desatendido. En España, las mascotas han pasado a ocupar un lugar principal dentro del hogar, con una presencia que ya no se limita a acompañar, sino que implica un cuidado diario, gastos y atención continua.

Esa cercanía ha llevado a una mayor concienciación animal, que se traduce en cambios evidentes en la forma de convivir con perros, gatos u otras especies. Esa forma de vida implica también asumir límites claros sobre cuánto tiempo pueden estar solos y en qué condiciones deben permanecer.

La ley prohíbe dejar animales en ciertos espacios habituales

La Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023 fija esas obligaciones y establece sanciones económicas cuando no se cumplen, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado. El texto legal señala que su objetivo es “garantizar la protección de los animales, en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano”. También indica que busca “regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”.

La norma no se queda en una declaración general, ya que concreta situaciones en las que el cuidado se considera insuficiente y detalla las consecuencias legales. El artículo 27 introduce restricciones claras sobre dónde pueden permanecer los animales y durante cuánto tiempo pueden estar sin vigilancia. Está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, ya que esas ubicaciones limitan su bienestar diario.

Además, se fija un límite temporal para evitar abandonos encubiertos dentro del propio domicilio. Ningún animal puede quedar sin supervisión durante más de tres días seguidos, una regla que afecta a gatos, hurones y otras especies que conviven en casa. En el caso de los perros, ese plazo se reduce a 24 horas, ya que requieren atención más frecuente.

Ese límite tiene efectos directos en situaciones habituales como un viaje o una ausencia prolongada. Dejar a un animal con comida y agua para varios días no cumple con la norma, aunque a simple vista parezca suficiente.

La ley considera que la supervisión implica presencia real o el cuidado de otra persona que se haga cargo del animal durante ese tiempo. Cuando no hay daños físicos ni cambios en su comportamiento, esa conducta se encuadra como infracción leve, según el artículo 73, que define este tipo de faltas como acciones u omisiones que incumplen obligaciones sin causar perjuicio directo.

La falta de microchip dificulta devolverlos a sus familias

El contexto en el que se aplica esta regulación es amplio. En España conviven más de 20 millones de animales de compañía, y uno de cada tres hogares tiene al menos uno. Esa presencia masiva explica por qué la norma pone el foco en hábitos cotidianos, ya que afectan a millones de casos.

También aparecen datos que reflejan un problema claro de identificación de los animales. Cuando un perro o un gato llega a un centro de acogida, en muchos casos no se puede saber de quién es porque no lleva microchip, que funciona como un sistema de identificación con los datos del propietario.

Solo un 27% de los perros están identificados de esta forma, y en los gatos el porcentaje cae hasta el 4,3%. Esa falta de identificación complica mucho poder localizar a la familia y devolver el animal a casa, incluso en situaciones en las que no ha habido abandono intencionado.

Las multas varían según la gravedad del incumplimiento

La ley distingue tres niveles de infracción en función del daño causado o del incumplimiento. Las leves abarcan descuidos o faltas administrativas sin consecuencias físicas para el animal. Las graves incluyen situaciones que generan sufrimiento, como no identificar al animal o utilizarlo como premio en sorteos. Las muy graves se reservan para casos extremos, como la muerte del animal o su sacrificio sin autorización, siempre que no constituya delito.

Cada nivel lleva asociada una sanción económica distinta. Las infracciones leves pueden suponer un apercibimiento o multas que van de 500 a 10.000 euros. Las graves elevan la sanción hasta una horquilla de 10.001 a 50.000 euros, como ocurre cuando se mantiene a perros o gatos de forma habitual en espacios inadecuados. Las muy graves alcanzan cifras más altas, entre 50.001 y 200.000 euros, en situaciones como el adiestramiento para peleas o el uso de animales para consumo humano fuera de los supuestos permitidos.

Este sistema de sanciones busca que el cuidado deje de depender solo de la voluntad de cada persona y pase a tener consecuencias claras cuando no se cumple. La norma introduce así una relación directa entre conducta y multa, con cantidades que obligan a replantear hábitos que antes podían pasar desapercibidos.

De esta manera, dejar a un animal sin supervisión durante días, aunque tenga alimento y agua, deja de ser una decisión privada sin consecuencias y pasa a ser un incumplimiento tipificado por la ley.

La ley redefine cómo se convive con animales en casa

Ese cambio también tiene un efecto en la forma en la que se entiende la convivencia con animales. La presencia de multas elevadas empuja a buscar soluciones como dejar al animal al cuidado de otra persona cuando no se puede atender. Ese tipo de decisiones se convierten en parte del día a día, igual que alimentar o sacar a pasear.

El objetivo final de la ley aparece en su planteamiento inicial, que sitúa la protección y la dignidad de los animales como una responsabilidad social. Ese planteamiento se traduce en normas concretas que afectan a acciones diarias dentro de casa y en la forma en la que se organiza la vida con un animal, desde el tiempo que permanece solo hasta el lugar en el que pasa las horas cuando no hay nadie en casa.

Un animal puede parecer una suma imposible de rasgos y, aun así, funcionar como una especie estable dentro de la naturaleza. El ornitorrinco encaja justo en esa descripción, porque reúne características que en otros grupos aparecen separadas y obliga a replantear qué es realmente un mamífero y de dónde sale una forma así.

Se trata de un animal que pone huevos pese a pertenecer a ese grupo, que produce leche sin tener pezones y que vive en el agua mientras mantiene pelo en lugar de escamas o plumas. Esa combinación, aunque sea muy extraña, es el resultado de una línea evolutiva antigua que siguió su propio camino durante millones de años, lo que explica que hoy conserve rasgos que recuerdan tanto a aves como a mamíferos sin encajar del todo en ninguno de los dos.

Un equipo científico detecta estructuras inéditas en su pelaje

Un estudio publicado en Biology Letters, recogido por Science News, describe que en el pelo del ornitorrinco aparecen estructuras microscópicas huecas que no se habían visto en otros mamíferos. Estas estructuras, llamadas melanosomas, son las encargadas de producir y almacenar pigmento en células de la piel o del pelo.

El trabajo, realizado por un equipo de la Universidad de Gante, se basó en el análisis de muestras de 10 ejemplares mediante microscopía de alta resolución, lo que permitió observar con detalle una característica que había pasado desapercibida hasta ahora.

Los investigadores comprobaron que esos melanosomas no están rellenos como ocurre en el resto de mamíferos, sino que presentan un interior vacío. Jessica Leigh Dobson, autora principal del estudio, explicó a Science News que “me parece muy, muy improbable que aún no lo hubiéramos encontrado”.

Esa afirmación apunta a que no se trata de un rasgo común que simplemente se hubiera pasado por alto, sino de una rareza real dentro del grupo. Durante más de 50 años se había asumido que este tipo de estructura solo existía en aves, lo que hacía que el hallazgo rompiera una idea asentada desde hace décadas.

Además del interior vacío, los melanosomas del ornitorrinco presentan una forma redondeada que tampoco encaja con lo que se conocía. En aves, cuando estas estructuras son huecas, suelen ser alargadas o aplanadas, mientras que en mamíferos la forma esférica aparece solo cuando son sólidas. Aquí se da una combinación que no se había documentado antes en vertebrados.

El análisis del pigmento no encaja con las teorías actuales

Esa diferencia complica la relación habitual entre forma y color, ya que el análisis del pigmento mostró sobre todo eumelanina, responsable de tonos marrones y negros, junto con posibles trazas de feomelanina. Dobson explicó en BBC Wildlife Magazine que “esto no concuerda realmente con lo que sabemos actualmente sobre la relación entre la forma de los melanosomas y el color”.

Para comprobar si este rasgo aparecía en otros animales, el equipo comparó muestras con especies cercanas y con otros mamíferos. Analizaron equidnas, que son los parientes vivos más próximos del ornitorrinco y también ponen huevos, además de marsupiales como wombats o demonios de Tasmania. Ninguno presentó melanosomas huecos.

En total, el estudio se apoyó en datos de 126 especies de mamíferos, y en todas ellas estas estructuras resultaron ser sólidas. Esa diferencia convierte al ornitorrinco en un caso aislado dentro de un grupo muy amplio.

Los científicos plantean su adaptación al agua como posible explicación

Una posible explicación apunta a su pasado ligado al agua. Los antepasados de este animal vivían en entornos acuáticos donde buscaban alimento, y ese contexto pudo favorecer cambios en la estructura del pelo. Los melanosomas huecos podrían contribuir a mejorar el aislamiento térmico, algo útil para un animal que pasa gran parte del tiempo en ríos fríos.

Tim Caro, ecólogo evolutivo de la Universidad de Bristol, indicó a Science News que “mi intuición me dice que no tiene nada que ver con el color, sino con algún otro aspecto del estilo de vida”. Sin embargo, esta idea no resuelve por qué otros mamíferos acuáticos no han desarrollado la misma característica.

Otro aspecto que llama la atención es la ausencia de efectos ópticos asociados a estas estructuras. En aves, los melanosomas huecos suelen organizarse de forma que generan colores iridiscentes, con cambios según el ángulo de la luz. El pelo del ornitorrinco no muestra ese comportamiento y mantiene un tono marrón uniforme.

Esto rompe la relación habitual entre estructura y resultado visual, ya que existen mamíferos con brillo iridiscente, como los topos dorados, pero en esos casos las estructuras internas son sólidas en vez de huecas.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre su biología y evolución

El conjunto de datos refuerza la idea de que este animal sigue un camino distinto al de otros mamíferos. Solo existe una especie y se encuentra en Australia, donde habita en la parte oriental y en Tasmania.

A lo largo del tiempo ha acumulado rasgos poco habituales, como la detección de señales eléctricas para cazar o la presencia de veneno en los machos. La aparición de esta nueva característica microscópica no encaja en los modelos habituales y deja abiertas varias líneas de investigación.

Los investigadores plantean ahora estudiar los genes relacionados con la producción de pigmento para comprobar si existen similitudes con los de las aves. También será necesario entender qué función cumple realmente esta estructura dentro del pelo, ya que la explicación basada en el color no encaja con los datos observados. Esa incógnita se suma a una lista larga de preguntas sobre un animal que sigue desviándose de lo esperado incluso en detalles que solo se aprecian al microscopio.

Durante décadas, las mujeres en España tuvieron que pelear por un derecho que nunca debió depender del coraje individual, del estigma ni de la pura resistencia. La despenalización parcial de 1985 y, más tarde, la ley de plazos de 2010 reconocieron, al fin, la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho ligado a la salud, a la autonomía y a la libertad. Lo que empezó siendo una lucha sostenida por mujeres valientes, frente al miedo y la oposición conservadora, acabó convirtiéndose en una causa colectiva que hizo avanzar a toda la sociedad. Porque cuando las mujeres conquistan libertades, la democracia se ensancha con ellas.

La ley de 2010 no solo reconoció un derecho: sacó a miles de mujeres de la incertidumbre y la desigualdad. Una sociedad decente es la que no humilla a las mujeres.

Ese es el espíritu de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, cuyo inicio de tramitación legislativa aprobamos este jueves en la Mesa del Congreso. La modificación del artículo 43 de nuestra Constitución lo que pretende es garantizar de forma efectiva el tan luchado derecho al aborto de las mujeres. Una reforma avalada por el Consejo de Estado y coherente con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional.

Esta garantía de prestación no es un matiz técnico: es el corazón mismo de la igualdad. Significa que el Estado no se limita a reconocer una libertad, sino que asume la responsabilidad de hacerla real, viva y efectiva en cada territorio y en cada circunstancia prevista por la ley.

En pleno siglo XXI, todavía no es una facultad plena para todas ellas. Demasiadas mujeres siguen encontrando obstáculos, desigualdades territoriales y barreras silenciosas que convierten un derecho reconocido en un camino incierto. Y eso revela una verdad incómoda: los derechos de las mujeres continúan siendo, demasiadas veces, los más expuestos a la intemperie política.

La democracia no es un estado de reposo, sino un ejercicio de vigilancia constante. Ni los derechos conquistados son paisajes inalterables, ni tampoco la Constitución una pieza de museo inmutable. Todos ellos deben guiarse con la brújula del pulso social.

Creíamos haber dejado atrás debates que parecían conquistados para siempre, pero el tiempo nos está recordando que ningún avance es irreversible si no se protege con convicción democrática. Los derechos de las mujeres han sido históricamente los primeros en ponerse en cuestión cuando avanzan los discursos reaccionarios, cuando se normaliza el retroceso o cuando las instituciones miran hacia otro lado.

Los datos lo evidencian con crudeza. En 2024, solo el 21,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos. El resto dependió de la red privada. 

Y la desigualdad territorial sigue siendo inaceptable. En comunidades como Extremadura no se practicó ninguna intervención en la sanidad pública; en Andalucía, apenas el 0,2%; y en Madrid, el 0,47%. En demasiados territorios (la sanidad es una competencia territorial), ejercer un derecho sigue significando desplazarse, esperar o asumir una carga añadida que nunca debería recaer sobre las mujeres.

No puede haber más o menos derechos según el código postal. No puede haber libertades a distinta velocidad.

Por eso, esta reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España puede convertirse así en el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de que Francia ya lo hiciera en 2024.

Nuestra Constitución nació para ensanchar derechos, no para contemplar retrocesos. Esa ha sido la mejor tradición democrática española: avanzar, ampliar, reparar.

Lo hicimos con la sanidad pública, con la educación, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Lo hacemos ahora al reforzar un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas. Una reforma a favor de un país más decente. Más seguro. Más libre.

Defender este avance no es solo defender un derecho de las mujeres. Es defender una idea de España: la que no retrocede ante quienes quieren devolvernos al pasado, la que convierte la igualdad en ley y la dignidad en garantía.

Las constituciones hablan del alma de un país. Y hoy España tiene la oportunidad de decir, con serenidad y firmeza, que reconoce la lucha de generaciones de mujeres que abrieron camino; que lo que está en juego no es solo una prestación sanitaria, sino la capacidad de decidir, de vivir con autonomía y de ejercer la libertad sin tutelas ni retrocesos.