Activistas propalestinos se han concentrado este martes junto a la sede de la Junta de Accionistas de eDreams para denunciar la complicidad de la empresa turística española con la ocupación israelí por ofrecer servicios turísticos en asentamientos ilegales situados en Cisjordania y los Altos del Golán.

La concentración, organizada por la plataforma BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), ha tenido por objetivo visibilizar “el rechazo social a estas prácticas”, además de exigir “la retirada inmediata de eDreams de cualquier actividad en asentamientos israelíes ilegales”.

“Impulsar turismo en asentamientos ilegales es una forma activa de financiar y legitimar la ocupación y el apartheid. Mientras los gobiernos son cómplices del genocidio, el sector privado participa activamente y debe rendir cuentas. La rendición de cuentas empresarial es esencial para poner fin al genocidio y defender el derecho del pueblo palestino a existir y autodeterminarse”, denuncian la organización.

La empresa multinacional con sede en Madrid desde 2021 aparece como la única empresa española incluida en la lista de Naciones Unidas sobre compañías que realizan actividades en asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino ocupado. Los convocantes han señalado a la empresa “por ofrecer servicios turísticos como reservas de alojamiento y transporte en estos asentamientos, ayudando así a su consolidación y normalización”.

La denuncia llega tras la publicación hace unos días del informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'. El documento analiza la puesta en marcha de un modelo de negocio “basado en la ocupación ilegal” del que se vienen lucrando numerosas y reconocidas empresas multinacionales de diferentes sectores, incluyendo del sector turístico, promoviendo “la exclusión de la población palestina, el relato de los colonos y la legítima anexión”.

Desde septiembre de 2022, eDreams cambió su modelo de negocio para actuar principalmente como intermediario en las reservas de hoteles, es decir, no es propietario directo de las habitaciones ni contrata directamente con los hoteles, sino que ofrece a sus clientes alojamientos listados principalmente por Booking.com y, en menor medida, Expedia. Antes funcionaba con sus propios acuerdos con alojamientos y de ahí su inclusión en la base de datos de la ONU.

Aun así, se acusa a Edreams ODIEGO, nombre oficial del conglomerado empresarial detrás de eDreams, de beneficiarse en su papel como intermediario de la publicación y promoción en su plataforma de alojamientos turísticos listados por Booking.com en colonias israelíes ilegales.

Precisamente esta compañía neerlandesa, propiedad actualmente del grupo estadounidense Booking Holdings, aparece en el último informe de la relatora especial de la ONU acusado de multiplicar por tres su oferta de anuncios en zonas ocupadas de Jerusalén este tras los atentados del 7 de octubre.

Si bien eDreams no se presenta como propietaria directa de estos alojamientos, la facilitación de su comercialización a través de su portal, así como la falta de control sobre los mismos y la ausencia de avisos sobre su ubicación en zonas ocupadas convierte a la plataforma en “cómplice” indirecto del sistema lucrativo ilegal creado en torno a la ocupación israelí, denuncian los convocantes. Un sistema que viola el derecho internacional humanitario y que es contrario a numerosas resoluciones de Naciones Unidas que condenan cualquier actividad que contribuya a asentar la presencia israelí en las zonas ocupadas.

eDreams Odiego facturó solo entre abril y diciembre de 2024 más de 14,5 millones de euros entre sus diferentes filiales, con unos ingresos que llegaron hasta los 490 millones de euros y casi 7 millones de suscriptores a su modelo Prime. Se posiciona así como uno de los principales portales de viajes online a nivel europeo.

“Según el derecho internacional, los asentamientos israelíes en territorio ocupado son ilegales. Por lo tanto, los ingresos que se generan a partir de la explotación de estos asentamientos con fines lucrativos —como por ejemplo la comercialización de alojamientos turísticos– suponen una actividad ilegal según el derecho internacional humanitario”, denuncian los activistas.

El sistema de la dependencia está cada vez más presionado. Entre marzo y junio han entrado de media 10.000 nuevas solicitudes al mes, según los datos que ha ofrecido este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son 10.000 personas más mensualmente que piden algún tipo de prestación porque necesitan apoyos en su día a día: cuidados a domicilio, una residencia, un centro de día o una prestación para ser atendidos en casa por un familiar. “El acumulado mensual es cada vez mayor que el anterior. Hay que tramitar muchos más expedientes”, ha advertido la secretaria de Estado, Rosa Martínez.

La consecuencia, ha admitido la número dos del Ministerio, es que “la bajada de la lista de espera se ralentiza y se alargan los tiempos de tramitación”. Si en marzo la reducción de la lista era del 9,4%; en junio ha caído al 2,4%. La espera para recibir una prestación también aumenta de 338 días a 342, de acuerdo con las cifras oficiales, más del doble que lo que permite la ley. Según la normativa, todos los trámites deberían quedar resueltos en 180 días.

El último análisis que la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales publicaron este lunes sobre la situación indica que, si se toman solo los datos de espera de enero a junio, el número de personas aguardando que se resuelva su solicitud aumenta por primera vez en diez años. El Ministerio ha preferido no valorar estos datos y ha asegurado que los que ofrecen son los “oficiales”. Hasta este año, el Gobierno no hacía su propio balance de cifras del sistema de la dependencia.

La diferencia en las cifras se explica por el siguiente detalle: el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy establece en 180 días el umbral para calcular la lista de espera. Es decir, no se incluyen en ella a todas las personas que solicitan una prestación, como hace la asociación, sino solo a aquellas que, en un plazo de seis meses, todavía no han podido acceder a ninguna ayuda. El proceso contempla la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia (del I al III), la asignación de una prestación y el acceso a ella. El Ministerio, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), además hace la comparación por años, y no meses, para poder analizar “tendencias”, ha explicado Martínez.

La presión sobre el sistema va a seguir aumentando en los próximos años. Ya hoy se ve este crecimiento: las prestaciones totales se han disparado un 54% solo en los últimos cinco años hasta los 2,2 millones de personas. Esto responde a una subida de la demanda pero también de la financiación gracias a un plan de choque que ha infundido 600 millones de euros extras cada año por parte del Ministerio de Derechos Sociales y que ha permitido reflotar parcialmente un sistema azotado por los recortes de la crisis de 2008.

El departamento se marcó al principio de la legislatura el objetivo de hacer crecer el presupuesto del Estado hasta el 50% de la financiación total (las otras dos partes las asumen las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de un copago). Sin embargo, la falta de Presupuestos Generales del Estado está dificultando cumplirlo. Sí hay algún indicador positivo como el número de prestaciones por persona, que ha crecido de 1,27 a 1,42.

La situación por comunidades también es muy variable. Si en Castilla y León y en Aragón solo hay un 0,10% y un 0,35% de la población, respectivamente, en una lista de espera; en Canarias la proporción crece hasta el 6,97%.

Los datos del Imserso, además, se detienen en lo cualitativo. Es decir, en qué tipo de prestaciones se están concediendo. La teleasistencia es el servicio que más crece, con un 119% más de prestaciones que hace cinco años; el segundo es la ayuda a domicilio, con un 42,5% más. Aunque cuidar en el entorno más cercano al hogar o en el propio domicilio, un ambicioso cambio de modelo en el que pretende avanzar en el Ministerio con su Estrategia de Desinstitucionalización, todavía tiene muchas dificultades. La intensidad de la ayuda a domicilio es de 40 horas de media al mes, unas dos horas al día.

Un real decreto aprobado en 2023 aumentó las horas correspondientes por cada grado de dependencia hasta un máximo de 94 para las personas que necesitan más apoyos (grado III), pero solo los nuevos solicitantes tienen derecho a esta ampliación. Es decir, no se aplica de manera retroactiva, ha aclarado Martínez.

Las aguas del río Sena han vuelto a recibir bañistas, que han tenido que esperar 102 años para pegarse un remojón en plena ciudad. La apertura de tres zonas llega un año después de que acogiese las pruebas de triatlón y natación en aguas abiertas de los Juegos Olímpicos de París 2024, una decisión no exenta de polémica por la calidad de las mismas en aquel momento.

No se veían bañistas en el Sena desde 1923, cuando la ciudad prohibió esta actividad por el incremento de la navegación fluvial y la contaminación de sus aguas, que ahora “será controlada todos los días” para asegurar que está dentro de los límites, según explicó el concejal de Deportes, Pierre Rabadan, en declaraciones a la emisora RMC.

Las autoridades aseguran que se trata de un proyecto “titánico”, que se ha desarrollado gracias a la implicación de la prefectura regional, los consejos departamentales de París, la Agencia del Agua Sena-Normandía y la autoridad portuaria Haropa, que integra los puertos de Le Havre, Rouen y París.

En total, se ha necesitado una inversión de 1.400 millones de euros y se han habilitado tres zonas para el baño: a pies del Puente Sully frente a la Isla Saint-Louis (centro), en Bercy ante la Biblioteca Nacional (este) y en el Puerto Grenelle con vistas a la Torre Eiffel (oeste).

Prohibición del baño en el Sena desde 1923

Según los registros de la alcaldía parisina, la moda de bañarse en el Sena surgió a mediados del siglo XVII. Entonces, en este icónico lugar se refrescaban hombres, mujeres y hasta perros. Pronto aparecieron barcas o piscinas flotantes con aguas a diferentes temperaturas.

Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Las autoridades detectaron una creciente contaminación: no había un sistema de alcantarillado adecuado, se vertían aguas residuales sin tratar y también desechos industriales. Además, el tráfico fluvial cada vez era mayor. Finalmente, se prohibió el baño en 1923, alejando una estampa que ahora se ha recuperado 102 años después.

¿Ahora es seguro el baño en Paris?

“Si autorizamos el baño significa que la calidad del agua se ha comprobado con arreglo a la normativa europea y que, por tanto, no hay ningún riesgo en ir a nadar”. Así de tajante ha sido el teniente de alcalde de París responsable del Sena, Pierre Rabadan, cuando se le ha preguntado sobre el baño en el Sena.

Para lograr estos resultados, el consistorio apunta a tres ejes que han mejorado la calidad del río: la instalación de medios para almacenar precipitaciones, el trabajo de las depuradoras y la mejora de los saneamientos para reducir los vertidos.

Sin embargo, el acceso a los tres espacios, que será gratuito, seguirá condicionado a la meteorología y a los controles diarios establecidos por un protocolo que acordaron el Gobierno francés y la Agencia Regional de Salud y que analizarán la corriente fluvial, la calidad del agua y las posibles crecidas por precipitaciones.

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado esta mañana una propuesta de convenio a Airbnb, que sustituye al que se firmó en 2018 y que caducó con la entrada en vigor con la normativa europea que obliga a cada Estado a tener un registro único de pisos turísticos.

En la nueva propuesta, a la que la plataforma todavía no ha contestado, el consistorio exige la eliminación de los anuncios ilegales en un plazo de 48 horas. Esto mejora el sistema anterior, que obligaba al Ayuntamiento a notificar, vía correo postal a la sede de Airbnb en Irlanda, los anuncios detectados como fraudulentos para que, después, la empresa los eliminara en un plazo de unos 10 días. Además, el convenio contempla que, en caso de infractores reincidentes, la eliminación del anuncio sea inmediata.

Igualmente, también se exige a la plataforma que elabore un sistema para verificar la identidad de los anunciantes. Esto también es una mejora respecto al convenio anterior, que ya garantizaba al consistorio acceso total a los datos. El problema era que Airbnb no exigía ninguna verificación de identidad, con lo que muchos anunciantes usaban nombres y números de documentación falsos, lo que complicaba la imposición de multas en casos de infracción.

Los usuarios también deberán compartir los datos de los titulares de las cuentas bancarias, en caso de no ser ellos mismos. De esta manera, el consistorio pretende “reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude”. Igualmente, también se deberá registrar una dirección verificada. Esto supondrá una facilidad destacada para el equipo de rastreadores que tiene el Ayuntamiento y que está encargado de detectar casos de fraude.

Hasta ahora, como no tenían acceso a una dirección concreta -solo a un área-, debían echar mano a herramientas como Google Street View o al trabajo de calle para, cotejando las características del alojamiento y hablando con los vecinos, poder encontrar su localización exacta y así verificar si cuenta o no con licencia y si se salta la normativa. Esto también ayudaría a luchar contra la reincidencia, ya que al desactivar un anuncio, su dirección quedaría registrada en una base de datos e impedirá que se vuelva a ofertar.

Otra condición para anunciarse será subir la licencia de piso turístico, requisito que, hasta ahora, algunos usuarios cumplían pero no era obligatorio. De esta manera, el Ayuntamiento exige a Airbnb que no permita abrir el calendario de fechas disponible sin aportar una licencia que haya sido verificada previamente.

Estas exigencias de información se basan en el nuevo marco normativo, que establece que las plataformas de pisos turísticos son responsables de verificar los datos de sus usuarios. En este sentido, Barcelona va más allá y exige a Airbnb que no sólo garantice que esta información sea veraz, sino que requiera permiso a los anunciantes para compartir sus datos con las administraciones.

“Confiemos que Airbnb acepte nuestras demandas. Nosotros no cederemos y no negociaremos porque las demandas que ponemos sobre la mesa son de sentido común”, ha asegurado la teniente de alcaldía Laia Bonet. Desde el consistorio aseguran que, en caso de respuesta negativa de la plataforma, “los equipos ya están trabajando para estudiar posibles acciones legales”.

Con esta nueva propuesta de acuerdo, el Ayuntamiento responde al “cambio de actitud” y a los comportamientos “arcaicos y dilatorios” que Jaume Collboni atribuye a la plataforma. Estas palabras del alcalde, que ha endurecido su discurso contra Airbnb, responden a que la empresa se retrasó más de tres meses para eliminar una lista de 800 pisos turísticos ilegales, rompiendo así el acuerdo vigente en aquel momento.

Finalmente, esos anuncios fueron eliminados en junio. Ese mes, como de costumbre, el Ayuntamiento envió una nueva lista de 350 anuncios fraudulentos que todavía no han sido eliminados. El consistorio asegura que todavía tienen margen para hacerlo, pero que están “a punto” de incumplir de nuevo el convenio.

A pesar de que las licencias de vivienda turística están en torno a las 10.000 en la ciudad, hay unos 28.000 anuncios de pisos activos –20.000 de los cuales son de Airbnb–. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales gracias a un equipo de técnicos y a un sistema de spider web que rastrea las plataformas y detecta que las irregularidades.

Una punta de flecha de sílex clavada en una costilla constituye una prueba directa y excepcional de una agresión directa entre humanos hace más de 4.000 años en el Pirineo catalán. El proyectil, encontrado en el yacimiento del Roc de les Orenetes (Queralbs, Girona), fue disparado por la espalda y se incrustó en el hueso. Los signos de regeneración ósea indican, además, que el individuo sobrevivió durante un tiempo tras el impacto.

Situado a más de 1.800 metros de altitud, en la alta montaña, el sepulcro de Roc de les Orenetes acogió durante dos o tres siglos los restos de más de 60 individuos, probablemente pertenecientes a una misma comunidad. Hasta la fecha, se han recuperado más de 6.000 restos óseos humanos. El análisis de estos restos, liderado por Miguel Ángel Moreno, profesor de Osteoarqueología en la Universidad de Edimburgo (Escocia), revela una población formada mayoritariamente por hombres adultos, pero también mujeres y niños.

El estudio apunta a una comunidad bien adaptada a las exigencias del entorno pirenaico: esqueletos robustos, inserciones musculares marcadas y signos de gran actividad física. Todo ello sugiere un estilo de vida exigente, ligado al pastoreo y al aprovechamiento de los recursos de altura. Los vínculos entre los individuos y con el territorio eran estrechos, como demuestra la elección de la cueva como lugar de sepultura durante generaciones.

Este hallazgo ha tenido lugar durante la última campaña de excavación en este sepulcro colectivo de alta montaña, excavado desde 2019 por un equipo del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), bajo la dirección de Carlos Tornero, catedrático de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e investigador del IPHES-CERCA.

Otras pruebas de enfrentamientos

Los primeros estudios, publicados en 2024, ya habían identificado anomalías en algunos esqueletos: marcas de corte relacionadas con el uso de hachas y dagas, y fracturas óseas intencionales, evidencias compatibles con enfrentamientos violentos. También se habían recuperado puntas de flecha, como las utilizadas con arcos, pero su relación con los cuerpos era incierta: ¿formaban parte del ajuar funerario o habían causado las lesiones?

La punta se incrustó y el hueso comenzó a regenerarse alrededor. Ahora podremos estudiar la fuerza del impacto, el tipo de arma utilizada y la posición del atacante y la víctima

Miguel Ángel Moreno — Investigador de la Universidad de Edimburgo (Escocia) y lider del descubrimiento

El nuevo hallazgo no deja lugar a dudas. El fragmento de costilla presenta una punta de flecha incrustada, idéntica a otras del yacimiento, que entró por la espalda del individuo. Según Moreno, “la trayectoria indica que el disparo se produjo desde la espalda. La punta se incrustó y el hueso comenzó a regenerarse alrededor. Ahora podremos estudiar la fuerza del impacto, el tipo de arma utilizada y la posición del atacante y la víctima”.

Lo más sorprendente es que el individuo no murió de inmediato. “Considerando la posición y la trayectoria de la flecha, ésta pudo matar a la persona en dos momentos: o bien en el momento del impacto por desangrado o afectación de los pulmones (por ejemplo, un neumotórax), o bien al cabo de poco tiempo, por infección”, explica Tornero. “Si el impacto fue limpio y quedó encapsulado entre las costillas, y la infección se superó, la persona pudo haber sobrevivido y no ser la flecha la causa real de la muerte. Este tipo de detalle será el que se abordará ahora con los estudios pormenorizados que vamos a realizar”.

Actualmente, el fragmento se encuentra en proceso de análisis por microtomografía de rayos X en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en Burgos, y posteriormente será analizado a nivel químico, genómico y proteómico en centros especializados de Barcelona y Estados Unidos.

Una ventana al pasado

El Roc de les Orenetes es uno de los pocos yacimientos funerarios de alta montaña con una densidad tan elevada de restos humanos bien conservados. Su estudio permite reconstruir no sólo cómo vivían estas comunidades del tercer milenio a.C., sino también cómo se relacionaban, cómo cuidaban a sus muertos y cómo, en ocasiones, se enfrentaban entre sí.

Este hallazgo consolida el yacimiento como un referente para el estudio de la prehistoria reciente en el sur de Europa y abre nuevas vías de investigación sobre la violencia, el conflicto y la resiliencia en comunidades humanas antiguas.