El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la ley para perseguir asociaciones que exalten el franquismo y ha rechazado las enmiendas que introdujo el PP en el Senado para cambiar por completo la norma y poner el foco en ETA. El texto, que ha sido apoyado por todos los grupos salvo el PP, Vox y UPN, incorpora una nueva causa de disolución de estas entidades: la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o sus dirigentes.

La Cámara Baja ha dado luz verde a la proposición de ley impulsada por el PSOE después de descartar los cambios propuestos por los populares, que modificaron de arriba a abajo la iniciativa haciendo uso de su mayoría en el Senado. Así, el texto acabó convetido en una reforma del Código Penal –a pesar de que en un inicio era una reforma de la ley de asociaciones– que no nombraba la dictadura franquista y se limitaba a perseguir asociaciones violentas que promuevan cualquier tipo de regimen totalitario o aquellas que enaltezcan el terrorismo de ETA.

Tanto el PSOE como los socios del Gobierno –Junts y PNV no han tomado la palabra– han afeado a los populares su intento y les han acusado de “tratar de confundir a la ciudadanía” y “utilizar” la Cámara Alta haciendo “un ejercicio de filibusterismo parlamentario”, en palabras del diputado socialista Raúl Díaz, que ha destacado que las víctimas del terrorismo de ETA “ya cuentan con su propio corpus legislativo que las ampara y protege”. Al mismo “amparo legal” se ha referido también Nahuel González, de Sumar, que ha asegurado que el PP “da piruetas argumentales para no condenar el franquismo” y ha dedicado buena parte de la intervención a criticar al PSOE por el escándalo de Cerdán y Ábalos.

Ninguno de los socios del Gobierno que ha intervenido en el debate ha evitado referirse a este asunto, pero la mayoría de intervenciones han sido empleadas por los portavoces para defender la reforma de la ley de asociaciones, cuya aprobación rebasa con creces el plazo de un año que daba la Ley de Memoria Democrática de 2022. La nueva norma está pensada solo para las asociaciones, mientras que la extinción de las fundaciones como la Francisco Franco siguen otra vía iniciada por el Ministerio de Cultura en junio del año pasado.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha apoyado la ley haciendo referencia a la “necesidad de la desfranquización del Estado” y ha puesto como ejemplo “el revisionismo histórico y la basura franquista” que se difunde “en las redes sociales que usan los jóvenes para informarse” o las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que afirmó que “a la larga” la dictadura “fue mejor” que la II República.

El parlamentario de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal se ha expresado en la misma línea al tiempo que ha sido contundente con el PSOE señalándole por “llegar tarde y mal” a la memoria histórica. “El PSOE de Felipe González hizo muchas cosas pero también dejó de hacer otras. [...] Felipe González es responsable también de esa derecha que ha crecido y este es el bipartidismo podrido del que son ustedes victimas directas”, se ha dirigido a la bancada socialista. “Esta ley es un pasito más para que nuestro país salde cuentas con el pasado”, ha añadido Martina Velarde, de Podemos, que ha culpado al PP de “poner zancadillas” a su tramitación.

A la luz de la reforma, las asociaciones podrán ser disueltas si enaltecen el franquismo, el golpe de Estado de 1936 o la dicutadura posterior “cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” o inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las mismas por su condición. Este nuevo motivo de disolución se aplicará “con independencia” de los fines y actividades que recogan las organizaciones en los estatutos y será un juez quien acuerde la medida.

“El orden jurisdiccional civil será competente”, estipula la reforma, que reserva al Ministerio Fiscal el “ejercicio de la acción” en este tipo de procesos. Además reconoce “legitimación activa” a las entidades memorialistas y de víctimas de la dictadura. La Fiscalía podrá también valorar si inicia acciones por posibles comisiones de delitos como el de asociación ilícita, entre las que se encuentran aquellas que incitan al odio o la violencia, según el Código Penal.

La norma ha salido adelante a pesar de los votos de PP y Vox, que la han criticado duramente. El popular Enrique Belda ha justificado los cambios del Senado con el objetivo de hacer una ley “de acuerdo a los informes de los letrados”, que la consideran inconstitucional. “Nosotros lo que estamos haciendo es decir que estamos al lado de todas las víctimas y lo hacemos de manera coherente”, ha afirmado el diputado antes de acusar al Gobierno de “sacar a pasear a Franco” para intentar “extender una cortina de humo que tape lo que está pasando”.

Vox, por su parte, ha defendido que la norma “violenta” varias libertades como la ideológica o la de asociación y pretende “adentrarse en la conciencia de los individuos” además de calificarla de “censura ideológica”, ha dicho José María Sánchez. Durante su turno, el diputado ha afirmado que la reorma es “propia de un sistema no autoritario sino totalitario” y lo ha comparado con “el fascismo italiano” que, a su juicio, “pretendía que la totalidad de la existencia se integrarara en un ente llamado Estado”. Y ha añadido: “Por eso no fue totalitario el franquismo, calificado como autoritario en la obra publicada por la Real Academia de la Historia”, ha asegurado refiriéndose a una versión que ya fue modificada.

La segunda jornada de la huelga de los trabajadores del sector del metal de las denominadas industrias auxiliares en Cádiz deja, por el momento, tres nuevos detenidos tras producirse enfrentamientos con los agentes en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz), según ha indicado la Policía Nacional. Todo ello, a pocas horas de la nueva cita que sindicatos y patronal tendrán este viernes en el Sercla para intentar cerrar un acuerdo.

Tal y como informa Europa Press, la jornada había comenzado de manera conflictiva en Puerto Real, con el corte por barricadas de la carretera CA-611 que da acceso al polígono del Trocadero. Posteriormente, en la barriada del Río San Pedro se han producido enfrentamientos y cargas policiales entre manifestantes y agentes que, de momento, se está saldando con tres personas detenidas.

Por su parte, en Cádiz capital, tras los seis detenidos de la primera jornada por desórdenes públicos, este segundo día de huelga está transcurriendo con más tranquilidad, ya que una comitiva de manifestante se están dedicando a recorrer la ciudad, escoltado por un fuerte dispositivo policial.

Los manifestantes han aprovechado su recorrido por la avenida principal para reivindicar que son “obreros no delincuentes” a su paso por la comisaría provincial. Igualmente han protagonizado una sentada, al grito de “libertad”, en la puerta de los juzgados, donde cinco de los detenidos este miércoles deben declarar ante la autoridad judicial.

Evitar que se convierta en indefinida

Este jueves se celebra la segunda jornada de huelga programada que, de no llegar a acuerdo entre sindicatos y patronal, desembocará en indefinida a partir del día 23. Algo que se intentará evitar este viernes, cuando sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal del sector, están citados de nuevo a las 11.30 horas. El encuentro será en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) de Jerez de la Frontera, donde se tratará de cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo, tal y como han confirmado fuentes de FICA UGT a Europa Press.

Tras dos jornadas de huelga en el sector del metal en la provincia, los responsables sindicales volverán a la mesa de negociación con Femca con las miras puestas en evitar la convocatoria de huelga indefinida que se iniciaría el próximo lunes 23 de junio.

En una nota, el secretario provincial de CCOO Industria, Pedro Lloret, ha asegurado que “independientemente de quién haya promovido esta reunión” su sindicato irá a la misma “con las ideas muy claras” en lo que se refiere a todos los puntos planteados en una negociación “compleja”. Ahí se incluyen cuestiones como la brecha salarial, la regulación del fijo discontinuo, el artículo 11 del convenio que trata sobre las incapacidades temporales y el salario de nuevo ingreso que “quiere imponer la patronal”, que ha sido “una línea roja” para este sindicato.

Lloret ha asegurado que “desconoce la motivación de este Sercla”, pero que acudirá “con la mejor predisposición para llegar a acuerdo” que “intente solucionar un conflicto que puede desembocar en una huelga indefinida a partir del lunes 23 de junio”. Desde CCOO Cádiz han agradecido a todas las personas participantes en los piquetes informativos, a la sociedad y al pueblo gaditano por “su apoyo y su comprensión”.

Tres letras pequeñas, estampadas en oro, han empezado a cambiar la lectura de uno de los naufragios más famosos del Caribe. P. V. A. es la inscripción que acompaña al lema Plus Ultra en las monedas halladas a 600 metros de profundidad. Aparecen grabadas entre los pilares coronados de Hércules, en el reverso de unas macuquinas de ocho escudos. Estas piezas de oro fueron extraídas de minas peruanas y acuñadas en la ceca de Lima en 1707, solo unos meses antes de que la Flota de Tierra Firme iniciara su última travesía, con el San José a la cabeza.

El análisis de esas monedas se ha convertido en la pieza central de una investigación liderada por la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en colaboración con la Armada de Colombia. El hallazgo refuerza la hipótesis de que los restos localizados frente a las costas de Cartagena pertenecen al legendario galeón español hundido en 1708. Gracias a las imágenes obtenidas por un vehículo submarino operado remotamente, el equipo identificó varios grupos de monedas dispersas en la popa, junto a objetos del cargamento y piezas de artillería.

La inscripción en las monedas refuerza la hipótesis del origen virreinal del cargamento

Cada ejemplar examinado ofrece pistas concretas. Las monedas, que miden unos 32,5 milímetros de diámetro, muestran una cruz de Jerusalén en el anverso y los escudos cuartelados de Castilla y León. El reverso revela las columnas de Hércules coronadas sobre las olas, junto a símbolos que indican su procedencia: la letra L de Lima, el número 8 como valor y la H que identifica al ensayador Francisco de Hurtado. En una de ellas, un punto diminuto junto al número refuerza esa autoría.

La campaña arqueológica realizada en 2022 también documentó porcelanas chinas del periodo Kangxi y cañones con inscripciones de 1665. Todo apunta a un barco que operó en las primeras décadas del siglo XVIII. Las evidencias materiales indican que las monedas formaban parte del tesoro embarcado en la feria de Portobelo, antes de que la flota zarpara hacia Cartagena.

La cita con el desastre ocurrió poco después, en medio de un enfrentamiento naval con fuerzas británicas. El 8 de junio de 1708, frente a las costas de Cartagena de Indias, el San José fue interceptado por una escuadra inglesa comandada por el comodoro Charles Wager. Durante el combate, una explosión —probablemente causada por la pólvora almacenada a bordo— partió el barco y lo hundió casi de inmediato, con más de 600 tripulantes a bordo. Solo unos pocos sobrevivieron, y el galeón desapareció bajo el mar cargado con uno de los mayores tesoros del virreinato.

Ese contexto histórico fue clave para interpretar el cargamento. En 1706, el virrey Marqués de Castelldosrius organizó el envío de los tributos acumulados en el virreinato del Perú, que debían cruzar el istmo panameño hasta llegar a Portobelo. Desde allí, el San José zarpó cargado de metales preciosos con destino a España. El oro utilizado para acuñar esas monedas procedía en gran parte de minas registradas en regiones como Huamanga y Puno, y se transformaba en la Casa de Moneda de Lima, que en 1696 retomó la producción en oro tras años de pausa.

El hallazgo también ha despertado una batalla jurídica por los derechos sobre el tesoro

El hallazgo mantiene implicaciones legales. La empresa estadounidense Sea Search-Armada alega haber descubierto el pecio en los años 80 y reclama parte del tesoro, lo que ha derivado en una disputa ante la Corte Permanente de Arbitraje. El gobierno colombiano sostiene que el hallazgo fue independiente y posterior, concretado oficialmente en 2015.

Más allá del litigio, el estudio sigue su curso. El artículo publicado en Antiquity por el equipo liderado por Daniela Vargas Ariza subraya la utilidad del análisis numismático en contextos arqueológicos. Según explica en el texto, “las monedas son artefactos fundamentales para datar e interpretar la cultura material, sobre todo en yacimientos de naufragios”.

La complejidad del estudio ha requerido un abordaje no invasivo. La Armada colombiana utilizó tecnología de fotogrametría y reconstrucción digital para registrar la disposición de los restos sin alterar su ubicación. Gracias a esta metodología, los investigadores pudieron elaborar modelos tridimensionales del naufragio, planos ortofotográficos y un mapa detallado de los hallazgos. Esta documentación ha permitido identificar patrones en la distribución de monedas, objetos cotidianos y restos estructurales.

Ese enfoque permite reconstruir rutas comerciales, prácticas fiscales y mecanismos logísticos de una etapa importante del imperio español. Las monedas halladas en el Caribe colombiano, acuñadas con oro andino, trasladadas en convoyes armados y hundidas junto al San José, encajan con una historia más amplia que combina poder, comercio y conflicto marítimo. Su análisis no solo ayuda a fechar el naufragio, sino también a situarlo dentro de las dinámicas coloniales de principios del siglo XVIII.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2024-2025, concluido el pasado 28 de febrero de 2025, con un beneficio neto de 512 millones, lo que supone un crecimiento del 6,7% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente se situó en 470 millones de euros, un 30,8% más, según ha informado este jueves, según recoge Europa Press.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 16.675 millones de euros, lo que representa un aumento del 2% sobre el ejercicio anterior. La cifra de negocio se incrementó en un 4,3% a superficie comparable, la que lleva abierta más de un año.

La compañía ha destacado el logro de “importantes crecimientos” en sus principales áreas de actividad, así como en todas las magnitudes financieras. “El buen comportamiento responde a mejoras en la eficiencia en la gestión, la vocación de servicio al cliente, así como la continua innovación y calidad de sus productos”, ha subrayado.

El margen bruto mostró un crecimiento del 4,5%, en el que destaca, según la firma, el “buen comportamiento” de la marca propia, que complementa la “sólida” oferta de firmas nacionales e internacionales.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo consolidado se elevó hasta los 1.209 millones de euros, un 11,9% más que el año anterior, mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 682 millones de euros.

La deuda financiera neta, por su parte, se ha reducido en 263 millones de euros, lo que supone 1,5 veces Ebitda, y se sitúa en 1.796 millones de euros. La compañía ha subrayado que afronta el ejercicio 2025-2026 con “buenas perspectivas” en sus distintas áreas de negocio.

La compañía explica, a través de un comunicado, que el negocio de 'retail' logró una cifra global de ingresos de 12.976 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% a superficie comparable y que el área de moda y belleza elevó sus ventas casi un 5%, hasta alcanzar 5.704 millones. Mientras, las áreas de alimentación y hostelería, incrementaron sus ventas un 4,8%, hasta los 3.044 millones de euros; y hogar y electrónica, un 3,4%, hasta 2.697 millones de euros.

Respecto a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3.449 millones de euros, con un crecimiento del 4,3%. Y Financiera El Corte Inglés incrementó este ejercicio su beneficio neto en un 22,8% hasta alcanzar los 50 millones de euros.

Por último, añade que la categoría de comercialización de espacios., gestionados por terceros, como ópticas, lavado y taller de automóviles, peluquerías, clínicas dentales, etc., ingresó 83 millones de euros en el ejercicio

El traspaso de Rodalies avanza. El Govern, ERC y Renfe han cerrado este jueves el acuerdo para consituir la nueva empresa operadora del servicio ferroviario de cercanías en Catalunya, un paso que se incluía en el acuerdo de investidura entre los republicanos y Salvador Illa.

Esta nueva compañía nacerá como una división dentro del grupo Renfe, compañía que además tendrá el control accionarial con el 50,1% de las participaciones. La Generalitat sin embargo tendrá el control del consejo de administración, incluída su presidencia. Una composición accionarial donde la matriz posee más de la mitad de las participaciones es lo que habitualmente se conoce como “filial”, aunque tanto el Govern como el Ministerio rechazan utilizar este término.

“El día de hoy será recordado como un cambio fundamental en la movilidad de Catalunya. Que nadie quiera rebajar este hito. La gestión desde el territorio es fundamental para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos”, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se ha felicitado igualmente por lo que ha considerado un “día histórico” para mejorar el servicio catalán de cercanías.

“Hoy se constituye una empresa plenamente catalana para garantizar los derechos de la ciudadanía de Catalunya”, ha asegurado la portavoz de ERC, Esther Capella, que ha considerado que el pacto firmado por su partido se está cumpliendo. “Ganamos nuevas cuotas de soberanía”, ha remachado Capella.

El acuerdo no supone grandes novedades respecto a lo que ya se venía trabajando por parte de los equipos de las tres partes implicadas. El nombre oficial de la nueva sociedad será “Rodalies de Catalunya S.M.E., S.A.” y se constituirá con un capital inicial de dos millones de euros. Esta nueva empresa absorverá todo el capital personal y material que ahora utiliza Renfe en la prestación del servicio de Rodalies mediante una subrogación.

Respecto al consejo de administración, estará compuesto por nueve personas, cinco de ellas propuestas por la Generalitat, una de ellas para la presidencia de la compañía, y otros cuatro consejeros de Renfe. Uno de estos cuatro que lleguen de la empresa matriz, además, será un representante de los trabajadores.

La constitución de una empresa mixta como nueva operadora de las cercanáis quedó pactada entre el PSC y ERC en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, durante los meses que han transcurrido las condiciones de aquel pacto se han modificado sustancialmente, con el consenso de todas las partes, ya que del “traspaso integral” de Rodalies y de “empresa segregada de Renfe”, que reflejaba el primer acuerdo, se ha pasado al actual escenario.

Tanto desde el Govern como en ERC rechazan, sin embargo, que este cambio sea relevante. “El acuerdo que presentamos hoy respeta totalmente lo pactado con ERC y hace que sea posible cumplirlo”, ha asegurado la consellera Paneque. Desde el Govern sostienen además que esta fórmula facilita dos de los grandes problemas a los que se han enfrentado: la relación con los trabajadores y las licencias y permisos que el nuevo operador necesita para arrancar.

La cuestión laboral ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de los arquitectos de la nueva empresa, después de que los sindicatos mayoritarios se lanzasen a la huelga en marzo y abril pasados. Fruto de aquellas movilizaciones, la plantilla consiguió que la nueva empresa no se relacionase con Renfe a través de un convenio para garantizar los derechos laborales, sino que lo hiciera directamente como filial, es decir, bajo el paraguas del grupo Renfe y con mayoría accionarial de la compañía del Ministerio.

Fuentes de los republicanos ponen el acento en el cambio en la gobernanza de la compañía, que entienden que pasará a manos de la Generalitat, y no tanto a la composición accionarial. Entienden que esta cuestión podrá ser resuelta más adelante y que haber aceptado que la Generalitat quede en minoría accionarial ha sido un peaje razonable para conseguir un nuevo operado controlado desde Catalunya.