“La actuación del rey no fue ejemplar. Fue algo más, fue decisiva”. Así ha rememorado el expresidente del Gobierno Felipe González el papel de Juan Carlos I para, según ha dicho, detener el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho en el Senado, ante el rey Felipe VI y pocas horas antes de que se desclasifiquen papeles oficiales ligados al intento de alzamiento. González ha criticado la “abritrariedad” de la decisión del Gobierno y ha pedido “hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso aunque sean reyes”.

El Senado ha albergado un homenaje al libro 'El Rey', del que se publicará una nueva edición. Escrito por el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo, el texto analiza el papel del jefe del Estado dentro del ordenamiento español. Al acto han acudido el actual presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; el ministro de Agricultura, Luis Planas, así como el expresidente Mariano Rajoy y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F para conocer el papel de verdad del rey”, ha dicho González, quien ha defendido que Juan Carlos de Borbón actuó entonces para detener el alzamiento armado, y que si “tardó muchas horas” en dirigirse a los españoles en un mensaje televisado fue porque “tenía que pulsar” lo que estaba ocurriendo en los altos estamentos militares.

“¿No sería una estupidez que no supiera cómo estaban todas las guarniciones y evitar el movimiento de contagio?”, ha planteado González en un discurso en el antiguo Salón de Plenos del Senado. “¿Quiénes son los bobos que no saben cómo es la política?”, se ha cuestionado.

“La actuación de Juan Carlos I fue decisiva”, ha dicho González. “En ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas por la Constitución”, ha añadido.

El expresidente socialista ha negado que el hoy rey emérito tuviera “tentaciones de otra naturaleza”, en referencia a quienes aseguran que dudó si apoyar o no el golpe. “Hubo intentos de engaños”, ha dicho González, quien ha zanjado que “en ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego”, en referencia al papel de Constantino II en la dictadura griega.

Felipe González ha criticado la decisión del Gobierno, sin citar a Pedro Sánchez, y ha reclamado la aprobación de una ley que equipare a España con el resto de países europeos en el tratamiento de la información confidencial.

El Congreso tramita precisamente una propuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado en la Cámara Baja que esta norma se apruebe “en este periodo de sesiones”. Es decir, antes del verano.

González mantuvo durante sus 13 años de mandato la ley frsnquista de 1968 y nunca desclasificó documentos secretos sobre el 23F.

El presidente de la aerolínea Plus Ultra ha defendido este miércoles en una intervención de seis minutos en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Gobierno en 2021.

“Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, ha afirmado Julio Martínez Sola, que está siendo investigado en el marco de una causa bajo secreto que trata de determinar si desde la aerolínea rescatada se blanqueó dinero “ilícito” procedente de Venezuela.

Tras esa primera intervención, el empresario ha alegado que está siendo investigado y ha rechazado responder a las preguntas de los senadores. “El hecho de estar sometido a procedimiento judicial bajo secreto me obliga a acogerme al derecho a no declarar”, ha aseverado. Martínez Sola fue detenido el pasado diciembre, cuando los agentes de la Policía Nacional registraron su domicilio y las oficinas de la compañía.

El empresario ha obviado las preguntas de los senadores. Entre ellas, las relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que cobró miles de euros de una empresa —Análisis Relevante— que trabajó para Plus Ultra y que ha acabado salpicada en esta misma causa.

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional en octubre de 2024 por el “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en la pandemia al considerar que al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela.

Esa denuncia no fue admitida porque los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión y estableció que la competencia correspondía al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

La causa, que está bajo secreto, se está tramitando ahora en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Es el mismo juzgado investigó el rescate pero acabó archivando la investigación en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

Yolanda Díaz no será la candidata de la izquierda en las próximas elecciones. Lo ha anunciado este miércoles en una carta que ha publicado en sus redes sociales. La vicepresidenta segunda pone fin a una etapa que comenzó en 2021, cuando Pablo Iglesias la designó como líder de Unidas Podemos, y que siempre tendrá como legado haber conseguido unir a toda la izquierda en una misma alianza el 23 de julio para revalidar el Gobierno de coalición. “Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido”, dice en una misiva en la que envía un mensaje: “Queda mucho por hacer, la tarea pendiente es ganar el país”.

La vicepresidenta mantendrá sus cargos en el Gobierno hasta el final de la legislatura pero da un paso al lado en lo político. Su carta de despedida es una férrea defensa de su trabajo como ministra de Trabajo.

“Lo hemos hecho con humildad, con trabajo y con un enorme esfuerzo. Hemos conseguido lo que nos decían que era imposible conseguir. Cuando empecé mi desempeñó como ministra lo hice con un objetivo en la cabeza, con un horizonte claro: servir a las trabajadoras y los trabajadores de mi país. Cada vez que he sentido esa fuerza desfallecer, cada momento de duda, cada conflicto, ha sido la brújula de los trabajadores y trabajadoras la que me ha indicado el camino”, defiende en la carta que ha publicado este mediodía en su cuenta de Bluesky.

Con esta decisión, termina de alguna forma de consolidar la dimisión que anunció en junio de 2022 tras las elecciones europeas, en las que se apartó del liderazgo orgánico de la coalición Sumar, que entonces intentaba construir un frente de partidos.

“Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado un paso al frente”, dice en la carta. “Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente”, añade.

Díaz deja claro que no se aparta de ese trabajo, que continuará en el Ministerio de Trabajo y que seguirá aportando en la nueva coalición. “Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno”, sostiene.

“Di el paso para encabezar Sumar en 2023 pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dijimos entonces que sin Sumar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daba por perdido. Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer”, recuerda.

Precisamente el pasado 21 de febrero los partidos lanzaron una nueva coalición que aspira a renovar lo que significó Sumar el 23 de julio. En este periodo han tomado el protagonismo las formaciones que hasta ahora habían considerado que no era el momento de hablar de liderazgos sino de construir un proyecto político.

La vicepresidenta se refiere en su carta a ese trabajo y también alude a la conversación despertada por Gabriel Rufián en las últimas semanas acerca de una candidatura que incorpore a la izquierda independentista.

“Mientras el Gobierno debe seguir haciendo su trabajo, se abren de nuevo caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista. Lo hemos visto el pasado día 18 de febrero, con el debate pertinente y ambicioso que ha abierto Gabriel Rufián y lo hemos visto el día 21 con la confirmación de que el espacio que Sumar puso en pie, sigue con fuerza, vocación de mayorías y voluntad de acuerdo y avance social. Es el momento de ampliar la democracia y de llenarla de sentido y esperanza”, afirma.

Y añade: “Eso es lo que necesitamos. Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros destellos, crezca”.

Yolanda Díaz se compromete a dar ahora espacio a esos partidos para que sigan trabajando en la línea que emprendieron desde el pasado verano. “Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción. Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista, porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos”, les traslada en su carta.

“Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, pero soy consciente que queda mucho por hacer. La tarea pendiente es ganar el país. Con claridad, con cariño, con ternura, sin miedo. Como hasta ahora”, concluye.

La coalición del 23J como legado

Yolanda Díaz culmina un periodo complicado al frente del espacio de la izquierda, primero con Unidas Podemos y después con la construcción de su propio proyecto, Sumar, que nunca llegó a funcionar más allá de la coalición del 23J. Queda la estructura orgánica que creó como partido instrumental, Movimiento Sumar, que hoy es una más de las fuerzas de la nueva coalición para las próximas generales.

La vicepresidenta segunda asumió el cargo después de un periodo exitoso como ministra de Trabajo. Iglesias la designó como su sucesora cuando dejó el Gobierno para competir en la Comunidad de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso, en 2021. La ministra era entonces una de las dirigentes más valoradas del Ejecutivo y de toda la izquierda. La aspiración de Iglesias en aquel momento era que ella se hiciese cargo del liderazgo de la coalición para revertir la caída de apoyos que había sufrido el partido en el último tiempo.

Pero Díaz pronto utilizó su liderazgo para construir un proyecto propio, lo que paulatinamente la fue distanciando de Podemos y de su antecesor y amigo, Pablo Iglesias. Para cuando llegaron las elecciones generales, las relaciones estaban totalmente dañadas y el partido de Ione Belarra terminó aceptando entrar en la coalición muy a regañadientes, presionado por los estrechos márgenes electorales que provocó Pedro Sánchez al convocar de forma anticipada las generales.

Yolanda Díaz consiguió una unidad que nació muerta. Las primeras tensiones entre Podemos y el resto de partidos de Sumar ya se empezaron a dar al inicio de la legislatura, cuando el partido de Belarra se quedó sin portavocías en el grupo parlamentario en detrimento de fuerzas más pequeñas como los Comuns, Compromís e incluso Més per Mallorca y Chunta Aragonesista.

El punto culminante de la ruptura tuvo su origen en la formación de Gobierno. Podemos había puesto la repetición de Irene Montero como ministra de Igualdad como condición para entrar en el nuevo Ejecutivo de coalición. Yolanda Díaz ofreció a Nacho Álvarez, entonces secretario de Economía en la ejecutiva morada, como ministro de Derechos Sociales. Pero Belarra, que a esas alturas ya había perdido la confianza política en su secretario de Estado, rechazó la propuesta. Álvarez dejó la política y Podemos quedó fuera del nuevo Gobierno. Pocas semanas después, anunció su marcha al Grupo Mixto.

Los problemas de Yolanda Díaz como líder del espacio siguieron a pesar de la marcha de Podemos. Su equipo intentaba en aquellos primeros meses de legislatura construir un frente de partidos que incluyera a la militancia propia de Sumar y también al resto de formaciones políticas, pero ese proceso generó multitud de enfrentamientos con Izquierda Unida y Más Madrid, también con Compromís.

Todas esas tensiones galvanizaron en la conformación de las listas electorales para las europeas, donde los principales partidos de la coalición peleaban por conseguir un puesto de salida en un contexto de retroceso de las opciones electorales. Demasiados partidos para pocos puestos que provocaron una crisis total en el espacio, que se profundizó tras los resultados, con Izquierda Unida fuera del Parlamento Europeo por primera vez desde su nacimiento.

Aquella noche llevó a Yolanda Díaz a dimitir como líder orgánica de Sumar para centrarse en su labor de Gobierno, el lugar en el que había cosechado hasta entonces todo su capital político. Su salida habilitó poco a poco el reencuentro entre las formaciones del grupo parlamentario y de Sumar en el Gobierno. Esas relaciones han ido mejorando hasta culminar en el acto del 21 de febrero. La vicepresidenta ya dio pistas de sus próximos movimientos al ausentarse. “Es el tiempo de las formaciones políticas”.

Ahora los partidos tendrán que lidiar con un asunto no menor: la ausencia de un liderazgo claro. Con la salida de su principal referente desde hace cinco años, el espacio de la izquierda necesita una cara o varias caras para potenciar la papeleta que vote el electorado progresista en las próximas generales.

La cadena de supermercados Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, en un paquete de medidas que incluye el reparto de primas por beneficios, subidas salariales ligadas a la inflación y mejoras en la jornada laboral.

La compañía presidida por Juan Roig ha abonado este miércoles una prima por objetivos de 780 millones de euros entre sus más de 112.000 trabajadores, con cargo a los resultados obtenidos. Según detalla la empresa, los empleados con menos de cuatro años de antigüedad reciben el equivalente a dos mensualidades, mientras que quienes superan ese periodo —alrededor del 70% de la plantilla— perciben tres pagas adicionales.

En términos netos, estos últimos han cobrado unos 7.250 euros, que incluyen aproximadamente 5.400 euros correspondientes al variable más la nómina mensual.

Subida salarial ligada al IPC, más vacaciones y mejoras de jornada

La empresa también ha aplicado una subida salarial para compensar el incremento del coste de la vida, con un ajuste del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, lo que supone un impacto anual de unos 125 millones de euros en costes laborales.

Desde la compañía sostienen que esta medida busca preservar el poder adquisitivo de la plantilla en un contexto de inflación moderada, en línea con su política de vincular parte de la evolución salarial a los precios.

Entre las iniciativas adoptadas figura además la ampliación del periodo de vacaciones, que desde este ejercicio pasa de 30 a 37 días anuales tanto en España como en Portugal. Esta mejora, anunciada en diciembre, tiene un coste estimado de 100 millones de euros al año y pretende, según la empresa, reforzar la conciliación y las condiciones de trabajo.

Apuesta por el modelo laboral

Mercadona enmarca estas decisiones en su llamado Modelo de Calidad Total, con el que defiende que la inversión en la plantilla repercute en mejores resultados operativos. La compañía asegura que el refuerzo de las condiciones laborales ha contribuido a mejorar su productividad y a alcanzar en 2025 niveles récord de rentabilidad y cuota de mercado.

La empresa insiste en que los trabajadores son “el mayor activo” y atribuye parte de su desempeño a la política de reinvertir beneficios en salarios y organización del trabajo.

Yolanda Díaz ha resuelto este miércoles la incógnita sobre su futuro. La vicepresidenta segunda ha anunciado que no aspirará a liderar la nueva coalición progresista formada por Izquierda Unida, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid, pero sí continuará en el Gobierno. En una larga carta, Díaz afirma que “se abren de nuevo caminos para insuflar de ilusión al espacio progresista”.

Aquí puedes leer íntegra la misiva:

La agresión machista ocurrida en Sant Antoni (Eivissa) y que casi provocó la muerte de la víctima, una mujer de 31 años y nacionalidad española que continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha puesto el foco en los sistemas de protección –o más bien, de disuasión, como han señalado los colectivos feministas– que fueron “insuficientes” para evitar una brutal agresión en su domicilio, en el barrio de Can Tomàs, por parte de su expareja.

El presunto agresor, que ingresó el pasado martes en prisión preventiva, tenía una orden de alejamiento de cien metros durante tres años respecto a la víctima, quien portaba un dispositivo telemático de control que conecta con la Sala Cometa –de competencia estatal–, a través de la cual se coordina a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de violencia machista. Pero la orden ni el dispositivo fueron una medida efectiva para evitar lo que ocurrió.

Los familiares de la mujer, quienes se personaron en la vivienda de su hija y se toparon con el ahora detenido (de hecho, la madre y la hermana también fueron agredidas y necesitaron atención hospitalaria), denunciaron públicamente que la pulsera antimaltrato que llevaba la mujer no había funcionado, una versión que choca desde el principio con la del Ministerio de Igualdad, que aseguró a elDiario.es que el dispositivo sí había funcionado “correctamente” y han explicado que habían pedido a la autoridad judicial encargada del caso que ampliara la orden de alejamiento a 350 metros al considerarla “insuficiente”. El agresor había sido condenado apenas 40 días antes por dos delitos de violencia de género mediante los que se le establecieron dos penas de trabajos a la comunidad de 20 meses cada una, según Diario de Ibiza. 

De hecho, la hermana de la víctima aseguró que el dispositivo ya había emitido la alerta cuando los agentes llegaron al domicilio, así como que su llamada, al llegar al domicilio y encontrarse la escena atroz, fue el primer aviso que se dio a la Guardia Civil de Sant Antoni, a quien corresponde actuar en estos casos dentro del término municipal donde se produjo la agresión. En el informe que elaboraron tras la intervención los agentes consta que fueron alertados por esta llamada y no a través del sistema de seguimiento Cometa, según el mismo medio local, un extremo que Guardia Civil ni confirma ni desmiente.

El Ministerio reitera a elDiario.es que Cometa registró todos los posicionamientos del agresor y de la víctima y asegura a primera llamada por este servicio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hizo a las 10.01 y que a las 10.13 se les volvió a llamar y pudo confirmar que la Guardia Civil estaba con la víctima. También subrayan que todo está registrado, aunque no han podido corroborarlo con documentación, e insisten en que el juzgado fue alertado de que esa distancia, los cien metros, es insuficiente para la mejor protección de la víctima por este servicio.

Una medida disuasoria

Los colectivos feministas de Eivissa han cuestionado la eficacia de la orden de alejamiento de cien metros que protegía a la mujer presuntamente agredida por su expareja. Una portavoz de Emprendada Feminista, Maria Cardona, considera que esa distancia era “claramente insuficiente” y que la ampliación solicitada por el Ministerio de Igualdad era “fundamental”. No obstante, advierte de que incluso los 350 metros que se plantearon “tampoco la hubieran salvado necesariamente”. 

Desde el movimiento feminista han lamentado la gravedad del estado de la víctima y han reiterado que, aun si la pulsera se hubiera activado cuando tocaba, con estos cien metros, en la mayoría de los casos no da tiempo a actuar. A su juicio, tanto las órdenes de alejamiento como los dispositivos telemáticos cumplen sobre todo una función disuasoria: ofrecen a la víctima una sensación de protección y marcan al presunto agresor una línea que no debe cruzar.

En ese sentido, objetan que la idiosincrasia de la isla no es la misma que la de una ciudad, señala la representante de Dones Progressistes, Dessiré Ruiz. Eivissa es un territorio insular, con población dispersa y tiempos de desplazamiento que poco tienen que ver con los de una gran ciudad, donde la presencia policial es más constante y la intervención puede ser más inmediata.

A esa configuración territorial se suma, además, la rigidez del sistema judicial. Una vez fijada la distancia de la orden de alejamiento, ampliarla requiere nuevos trámites que no siempre se resuelven con la urgencia que demandan situaciones de riesgo, continua Ruiz. Desde la asociación critican además la falta de coordinación efectiva entre el juzgado, el sistema de seguimiento telemático y las fuerzas de seguridad, lo que dificulta ajustar la protección a las circunstancias específicas del territorio y del historial del agresor: “Las herramientas existen, pero el sistema tiene que afinarse”.

Esto hace que, cuando una persona está decidida a agredir o incluso matar, es muy complicado que una pulsera tenga “un efecto absoluto”, añade Cardona. Por otro lado, cualquier fallo en el sistema puede generar una sensación de impunidad en el agresor y aumentar la desprotección y el miedo en la víctima, dificultando que pueda mantener una vida cotidiana con normalidad. 

También se suma el hecho de que los juzgados de Eivissa están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder la antigua sede, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial de la isla (y otros ámbitos profesionales) por la carestía de la vivienda. A finales del año pasado se creó un nuevo juzgado de Violencia Sobre la Mujer en las Pitiusas por la sobrecarga que tenía el primer juez encargado de esta materia, que había llegado a un número límite de casos. En 2025 ingresaron en el órgano judicial especializado en violencia machista 1.137 casos a falta de contabilizar el cuarto trimestre, según datos oficiales del Poder Judicial. Es decir, más de mil casos o denuncias por presuntos delitos que han sido recibidos formalmente por ese juzgado y que, por lo tanto, pasan a formar parte de la carga judicial.

Los juzgados de la isla están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder los antiguos juzgados, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial por la carestía de la vivienda

La investigación, en curso

Las instituciones insulares y autonómicas de Eivissa y Balears han condenado la agresión y trasladado su apoyo a la víctima y a su entorno. El Consell d'Eivissa solicitó formalmente la semana pasada que se convocara con carácter urgente el comité de crisis de violencia de género ante la “preocupación institucional” generada por la denuncia de la familia. El objetivo, según la institución, es esclarecer si el sistema Cometa activó correctamente los mecanismos previstos y analizar de forma coordinada la respuesta de todos los servicios implicados.

En cuanto al Govern, reclamó a la Delegación del Gobierno toda la información oficial disponible y una reunión específica para aclarar si se produjo algún fallo en las medidas de protección. El Ejecutivo autonómico recordó que ya solicitó datos sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas en septiembre sin obtener respuesta y ha instado al Estado a garantizar la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista. Mientras tanto, el servicio 24 horas del IbDona mantiene el seguimiento del caso y la atención a la mujer y su familia, añadió el Govern en el mismo comunicado. 

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que aguardará al avance de la investigación policial y al procedimiento judicial en marcha antes de ofrecer valoraciones adicionales, para no interferir en las diligencias. Por ello, no se ha pronunciado de momento sobre los posibles fallos del dispositivo de seguimiento de la víctima.

Intervención quirúrgica urgente por la agresión

La mujer, que continúa ingresada en la UCI de la Policlínica, como ha informado a elDiario.es el área de Comunicación del centro hospitalario, necesitó una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso por un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa consecuencia de la agresión. Además, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar cuatro días más tarde una nueva intervención debido a la evolución de un delicado cuadro clínico.

La paciente también presentaba un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones. La paciente, que permanece bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, padece además múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico de la Policlínica, de hecho, ha estado trabajando durante la última semana para estabilizar su estado.

El mismo martes que su expareja tenía que ser sometida a una neurocirugía, el presunto agresor pasaba, a las nueve de la mañana, a disposición judicial en los juzgados de Eivissa. El juez dictó para él prisión provisional y sin fianza por un delito de violencia de género.

Tras un inicio de año marcado por la inestabilidad, el tiempo primaveral se asienta en la Comunidad de Madrid con un miércoles en el que se podrían alcanzar los 23 grados según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, será una jornada en la que no se esperan fenómenos meteorológicos, con cielo poco nuboso o despejado, que tenderá en mediodía a intervalos de nubes altas que irán acompañadas de nubes medias en la Sierra.

A su vez, este miércoles 24 de febrero el viento soplará flojo variable.

Temperaturas máximas por encima de 20 grados

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Con mínimas que se quedarán por debajo de los 10 grados, entre los 2 y los 9, y con máximas que seguirán entorno a los 20 grados, oscilando entre 18 y los 23, que se podrían alcanzar en Aranjuez.

Para los próximos días, se espera que el tiempo estable continue hasta el lunes, cuando podrían volver las lluvias, aunque desde el viernes y el fin de semana comiencen el descenso de temperaturas, por debajo de los 20 grados para las máximas.

Este medio ha podido conocer algunos de los hallazgos más relevantes encontrados por la Policía Nacional el pasado 10 de febrero en la sede principal de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.

Entre la documentación judicial a la que ha accedido elDiario.es hay una cadena de correos electrónicos, impresa y encontrada en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.

Una tabla y la palabra “obuses”

Ese documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para “obuses”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de la destinatarias.

Esa cadena de mensajes -el más reciente está fechado el 5 de marzo de 2025- hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024, año en el que el Ejército israelí mató a decenas de miles de palestinos en Gaza y bloqueó la entrada de ayuda necesaria en la Franja. En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar.

El registro en la sede de Sidenor se realizó en el marco de la investigación liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas, quien tomó declaración el pasado mes de noviembre al presidente de la siderúrgica española, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por la venta de acero a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI), con envíos de los que informó este diario el pasado mes de junio.

La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional expone que estas ventas se produjeron “con pleno conocimiento” de que el comprador es un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que “el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento”. 

El demandante contra Sidenor es la Comunitat Palestina de Catalunya, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Estos colectivos indican que los hallazgos en el registro policial muestran que “Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses”.

De Jorge Mesas señala que los abusos perpetrados en la Franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina], entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”. 

La cadena de suministro de acero de Sidenor a Israel llevaba operativa al menos varios meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 envío 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 exportó 219 toneladas y en mayo de ese mismo año se registró otra carga, de 356 toneladas. Una de las últimas partidas rastreadas, de la que informó este diario, se produjo el pasado 10 de junio de 2025, cuando el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. 

Una vez conocido este envío, la relatora de la ONU para Palestina,Francesca Albanese, advirtió de que el mismo haría escala en Turquía, y solicitó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel. 

Poco después, elDiario.es informó de que otro barco, el ZIM LUANDA, tenía previsto salir del puerto de Barcelona con 122 barras de acero del fabricante Sidenor Aceros Especiales -con sedes en el País Vasco, Cantabria y Catalunya- para hacer entrega de la carga el 11 de julio en el puerto israelí de Haifa. Estos hechos pudieron conocerse a través de una investigación de la organización estadounidense Palestinian Youth Movement.

La Fiscalía

Hace dos semanas la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio. Ante ello, la Comunitat Palestina de Catalunya, colectivo querellante, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave”.

Sus portavoces señalan que dicha Fiscalía “se opuso al registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución” y “trata de impedir que comparezca en el procedimiento, en condición de víctima, una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo”. Por ello, solicitan que “el procedimiento judicial continúe sin interferencias y con todas las diligencias necesarias”.

También piden que se excluya a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de participación y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática “asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados” como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.

Las obligaciones legales

Ya en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló que había riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese mismo año pidió a los países de la ONU medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación “ilegal” israelí y a la “segregación”.

La Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que “Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023”. Sus integrantes, presididos por la jueza Navi Pillay, han explicado que, desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de genocidio, “si no antes, los Estados tenían la obligación legal de actuar” con medidas para prevenir, detener y sancionar los crímenes israelíes.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

La campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientas organizaciones, insiste en pedir al Gobierno “la aplicación de un embargo de armas ”integral y retroactivo“, para que no se produzcan nuevas compras o transacciones a través de filiales de empresas israelíes o para que no haya nuevas autorizaciones de transacciones de material militar con Israel, como las aprobadas por España el pasado 23 de diciembre.

Fundada en 1908, General Motors (GM) llegó a ser, durante gran parte del siglo XX, el mayor productor de automóviles del mundo. La compañía, casa de marcas como Chevrolet, GMC y Cadillac, se convirtió en símbolo del poder industrial de Estados Unidos, pero no se libró del movimiento organizado de sus trabajadores que, a finales de 1936, se pusieron de acuerdo para demandar mejoras laborales.

En plena Gran Depresión, los trabajadores industriales sufrían no solo bajos salarios y jornadas extensas, sino también despidos arbitrarios y represión sindical. La industria automovilística, dominada entonces por GM, era una de las más poderosas del país y se negaba a reconocer al sindicato United Auto Workers (UAW) como representante legítimo de sus empleados. 

El 30 de diciembre de 1936, los obreros de la planta de General Motors en Flint (Michigan) dijeron basta. En lugar de abandonar la fábrica de automoción y organizar piquetes, estos ocuparon las plantas y decidieron dejar de trabajar, permaneciendo dentro de ellas. Comenzaba así la llamada huelga de los brazos caídos de Flint. 

Organizar la huelga no fue tarea fácil para los de Flint. En aquel momento, la empresa se gastaba millones de dólares en contratar diferentes agencias de detectives que se infiltraban en las fábricas e investigaban a sus trabajadores, elaborando listas negras de empleados sospechosos de simpatizar con sindicatos.

Cómo consiguieron el reconocimiento

Con las sentadas, los empleados consiguieron dos cosas: impedir que la compañía reemplazara a los huelguistas con otros trabajadores dispuestos a ocupar esos puestos, y paralizar completamente la producción. Era la mejor forma de presionar económicamente a la empresa. 

En los 44 días que duró la huelga, los empleados convirtieron la fábrica en su propio hogar, con “salas de estar” improvisadas en los asientos de los futuros coches. Además, establecieron su propio sistema civil dentro de la huelga: un alcalde y varios funcionarios fueron elegidos por los huelguistas para mantener el orden en la planta.

El 11 de febrero de 1937, General Motors reconoció oficialmente al United Auto Workers como representante de los trabajadores, logrando la negociación colectiva para establecer mejoras en las condiciones laborales de los empleados. Así, la huelga de brazos caídos de Flint terminó marcando un precedente en el movimiento sindical de Estados Unidos.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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