El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

El Ministerio de Consumo ha hecho público este jueves que abre expediente a “una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas” por imponer cuatro cláusulas abusivas muy parecidas a las que costaron recientemente a Alquiler Seguro una sanción de 3,6 millones de euros.

La imposición de un seguro de impago al inquilino, la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individual en los contratos y una cláusula que impone al inquilino gastos y penalizaciones injustificados por los suministros y los cambios de titularidad de los mismos son las cuatro irregularidades graves cometidas que podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros por cada una o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido si se puede calcular.

El Ministerio de Consumo no puede publicar el nombre de la empresa investigada mientras el procedimiento está abierto, por lo cual lo mantiene en secreto.

El caso recuerda a la reciente sanción a Alquiler Seguro, en que la empresa fue quien publicó que habían sido ellos los penalizados mediante una rueda de prensa y por eso trascendió el nombre antes de que se impusiera la sanción.

En su caso, la empresa cobraba gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato en contra de la ley de vivienda, imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Alquiler Seguro recurrió la sanción y asegura que todas sus prácticas son perfectamente legales y lícitas.

Si hoy es jueves, hablamos de Zapatero. Ya sabes que estos días el espacio de la conversación pública solo gira en torno a su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos. No hay, hasta el momento, motivos ni pruebas para condenar al expresidente. Tampoco para defender que estamos ante un nuevo capítulo de la sincronizada ofensiva judicial, política y mediática desplegada contra todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Pero, en esta España en la que si no tienes certezas absolutas eres un tibio o un vendido, antes incluso de que se conociera el auto de más de 80 páginas, ya se habían levantado dos trincheras.

Por un lado, los que como Pedro Sánchez, reivindican la figura del expresidente y deslizan veladamente la complicidad entre el poder judicial y el PP en la búsqueda de atajos para llegar a La Moncloa. Por otro lado, los inflamados que, como Feijóo, no solo han condenado ya a Zapatero, sino que han escalado la responsabilidad penal a todo el Consejo de Ministros, incluido el presidente del Gobierno. 

Toda acción de la justicia, sea auto, diligencia previa, investigación preliminar o informe pericial es buena para que la derecha emita sentencias condenatorias y pida elecciones anticipadas. Con los votos o con las togas, lo suyo es llegar cuanto antes y de cualquier modo a La Moncloa, aunque en el camino renuncie a la presentación de una moción de censura, que es el instrumento adecuado ante la situación de desmoronamiento de las instituciones y corrupción estructural que dibuja cada día. Feijóo sabe que no tiene los votos, por más estrategia de presión que despliegue sobre los socios del Gobierno. La izquierda ya le ha dicho que se peine; Junts, que nadie como ellos sabe lo que es sentir el aliento de una justicia politizada y el PNV calla y espera porque “lo que se conoce sobre Zapatero de momento es una investigación embrionaria”. Todos coinciden en que con Vox de compañero de viaje de Feijóo, su apoyo al PP es solo una ilusión óptica.

El caso que nos ocupa, en todo caso, no es baladí. Ha protagonizado todas las portadas nacionales y extranjeras porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un juez. No lo hizo González por los GAL, ni Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por la Kitchen, pero a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ante autoridades nacionales y extranjeras en la que “puso sus contactos al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. 

Y, aunque, el auto con el que se le cita a declarar hace un relato cronológico bastante sólido de los hechos que se investigan, de momento se han aportado más conjeturas que pruebas sobre la influencia de Zapatero en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra para que no quebrara en pandemia, como se hizo con todas las compañías estratégicas. El juez sugiere  también que un amigo del expresidente y empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, en realidad era un testaferro de Zapatero porque se han encontrado transferencias de cientos de miles de euros a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. Y entiende que los pagos se ocultaron a través de un entramado societario off-shore de cuya existencia no aporta pruebas documentales. Lo único probado es que mientras Julio Martínez facturaba por sus gestiones con el Gobierno de Venezuela, gastaba parte del dinero que cobraba en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes por los que llegaron a ingresar más de 600.000 euros en cinco años.

Todo está escrito negro sobre blanco. En un auto, no en una sentencia que, en efecto, ha caído como una bomba de neutrones en el mismísimo corazón del Gobierno y del PSOE en un momento de debilidad tras la debacle de las elecciones andaluzas y el juicio en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Tan duro ha sido el golpe que no hay dirigente o militante que haya hecho todavía la digestión del impacto emocional de la noticia. Y es que Zapatero no es Ábalos ni es Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Entre los cuadros y las bases, es una especie de guía moral y ejemplo de integridad, además del único expresidente socialista que siempre antepuso los afectos y la lealtad a cualquier otra cuita. 

Y, aunque sus últimos días en La Moncloa terminaron sumidos en el agujero negro de una brutal crisis económica, suyo fue el mérito de haber movido las fichas definitivas para acabar con el terrorismo de ETA, haber impulsado una revolución en la extensión de derechos civiles y haber arrimado el hombro siempre que el partido le ha necesitado. De ahí el cierre de filas sin matices que Sánchez escenificó durante la sesión de control al Gobierno este mismo miércoles.  

El presidente ha defendido la inocencia de Zapatero, si bien ha proclamado, pero recetado también a los suyos, máximo respeto a la investigación, después de la torpeza con la que desde la secretaría de Organización del PSOE que dirige Rebeca Torró se deslizaron el día anterior por la pendiente del lawfare sin mencionarlo expresamente. Algo que también hicieron algunas voces de la izquierda a la izquierda del PSOE y que, con posterioridad, se han visto obligadas a recoger cable porque el auto, como se admite en La Moncloa, “es un texto serio” y “el juez que instruye el caso, José Luis Calama, no es Peinado”.

Ni todo es lawfare ni todo es delito. Porque sobre algunas de las actuaciones que el juez atribuye al expresidente y con las que la sincronizada mediática del PP hiperventila desde hace 72 horas, hay dudas razonables sobre la delgada línea que separa el tráfico de influencias del lobbismo. Una práctica esta última no regulada y a la que se dedican, por cierto, todos los ex presidentes de Gobierno -menos Mariano Rajoy- varios exministros y algún que otro ex presidente autonómico.  

Por eso en La Moncloa defienden que la lectura del auto tranquiliza, ya que no incluye nada que incrimine al expresidente o constate un tráfico de influencias. “De hecho, Zapatero no participa de ningún entramado societario e ingresó el dinero que cobró por sus asesorías en una cuenta corriente compartida con su mujer”, aseguran varios ministros que recuerdan la más de una docena de sociedades que Aznar tiene constituidas con su familia “y nadie ha investigado”. 

La narrativa desplegada por los socialistas destila, no obstante, una doble indignación: la aparente sincronía entre algunas decisiones judiciales y las declaraciones del PP, que desde hace meses vienen anticipando resoluciones de los tribunales que afectan a los socialistas. Motivos dicen tener para dudar, después de que se haya condenado a un Fiscal General del Estado “sin pruebas concluyentes” y tras acuñar un nuevo sujeto penal con “el entorno”. Algo inédito en la jurisprudencia.

Aun así la consigna impartida es defender el legado y el buen nombre de Zapatero, pero mantener la prudencia porque la investigación “es grave”, pero solo los estúpidos, como decía Bertrand Russell, están seguros de todo.

Las ciudades no solo transforman el paisaje, el clima o los ecosistemas: también están modificando el comportamiento de los animales salvajes. Un amplio metaanálisis internacional publicado en Journal of Animal Ecology concluye que las poblaciones urbanas de múltiples especies tienden a ser más atrevidas, agresivas, exploradoras y activas que sus equivalentes en entornos no urbanos. El trabajo, basado en datos recopilados en todo el mundo, apunta a que la urbanización podría estar ejerciendo presiones selectivas capaces de favorecer determinados rasgos conductuales considerados clave para la supervivencia.

La investigación ha sido dirigida por Tracy T. Burkhard, Ned A. Dochtermann y Anne Charmantier, y constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre diferencias de comportamiento entre poblaciones urbanas y rurales. Los autores revisaron 81 estudios distintos y analizaron 279 comparaciones entre animales que viven en ciudades y otros individuos de la misma especie que habitan fuera de entornos urbanizados. El estudio incluyó aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos, aunque reconoce un importante desequilibrio en la muestra: la mayoría de datos procedían de aves estudiadas en Europa y Norteamérica.

Animales más audaces en las ciudades

Los investigadores se centraron en cuatro grandes rasgos de comportamiento muy utilizados en ecología evolutiva: la audacia, la agresividad, la actividad y la exploración. Según sus resultados, las poblaciones urbanas muestran en conjunto niveles más elevados de todos ellos respecto a las poblaciones no urbanas, aunque los autores advierten de que el patrón más sólido apareció en la audacia. Este rasgo, entendido como la capacidad de asumir riesgos o tolerar la presencia humana, ha sido especialmente documentado en aves urbanas. En muchos casos, estos animales permiten una aproximación mucho más cercana antes de huir.

El estudio sostiene que estas diferencias podrían deberse a dos procesos simultáneos. Por un lado, las ciudades funcionarían como un filtro ambiental que favorece a individuos con determinados rasgos conductuales capaces de tolerar ruido, tráfico, luces artificiales o presencia constante de personas. Por otro, podría existir una selección evolutiva paralela en diferentes regiones del mundo, impulsando que las poblaciones urbanas desarrollen comportamientos similares pese a pertenecer a especies distintas. Los autores señalan que rasgos como la capacidad de explorar nuevos recursos o convivir con humanos podrían resultar decisivos para sobrevivir en entornos urbanos.

Sin embargo, el trabajo también deja claros los límites actuales de este campo científico. Aunque las diferencias en comportamiento medio sí aparecen de forma consistente, los investigadores no encontraron pruebas sólidas de que la urbanización modifique de manera clara la variabilidad conductual entre individuos, la repetibilidad de esos comportamientos o las correlaciones entre distintos rasgos. Es decir, las ciudades parecen alterar el promedio del comportamiento animal, pero todavía no está claro si cambian la diversidad interna de conductas dentro de una población.

Un fuerte sesgo hacia aves y países occidentales

El análisis detecta además un fuerte sesgo taxonómico y geográfico. Más del 70% de las observaciones analizadas correspondían a aves, mientras que anfibios, reptiles o insectos apenas aparecían representados. También predominaban los estudios realizados en Europa y Norteamérica, dejando amplias regiones del planeta prácticamente sin datos. Los autores advierten de que esta desigualdad limita la capacidad de extraer conclusiones verdaderamente globales y podría ocultar patrones distintos en especies menos estudiadas.

Uno de los aspectos más llamativos del trabajo es que las diferencias de comportamiento aparecieron incluso en especies con nichos ecológicos distintos. Los investigadores comprobaron que tanto especies generalistas como especialistas tendían a mostrar respuestas similares frente a la urbanización. Tampoco encontraron grandes diferencias entre animales diurnos y nocturnos o entre distintos tipos de dieta. Aun así, el estudio insiste en que muchas de esas categorías siguen teniendo muestras demasiado pequeñas como para obtener conclusiones definitivas.

Los autores consideran que sus resultados reflejan el rápido crecimiento de la ecología evolutiva urbana, una disciplina centrada en comprender cómo las ciudades están moldeando la biología de las especies salvajes. En su opinión, el siguiente paso pasa por ampliar la investigación hacia grupos animales mucho menos estudiados, como invertebrados o especies nocturnas, además de impulsar experimentos controlados que permitan separar mejor los efectos de la genética y del ambiente. También reclaman una definición más homogénea de qué se considera exactamente un entorno “urbano”, ya que los estudios actuales utilizan criterios muy distintos para medir la urbanización. El trabajo concluye que los animales que viven en ciudades no son simplemente versiones adaptadas de sus equivalentes rurales, sino poblaciones sometidas a condiciones ecológicas profundamente distintas.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rudpedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

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