La inestabilidad persistirá un día más por la presencia de la dana que dejará lluvias, que en muchos casos pueden ir acompañadas de tormentas, en casi toda España a excepción de la fachada oriental, además de una bajada de las temperaturas y rachas de viento intensas, según la previsión que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Este miércoles predominarán los cielos nubosos, con nubosidad de tipo medio y alto, y nubosidad de evolución a lo largo de la tarde, a la vez que desde el suroeste tenderá a despejar. Se darán tormentas y chubascos ya desde primeras horas en regiones del noroeste, sur y centro peninsular que, a lo largo del día, se extenderán de sur a norte, terminando por afectar a la mayor parte del territorio, a excepción de la fachada oriental, apunta la Aemet.

Es posible que estos chubascos y tormentas sean fuertes en Galicia de madrugada, en Andalucía por la mañana y en regiones del centro y norte peninsular durante el día. Y no se descarta que estén acompañados de granizo y rachas muy fuertes, advierte la agencia.

Para hoy, la Aemet ha activado el aviso amarillo en varias comunidades: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En las islas predominarán los intervalos de nubes medias y altas sin precipitaciones.

Soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares. En cambio, el servicio estatal de meteorología habla de posibles intervalos fuertes o rachas muy fuertes en litorales gallegos y montañas del cuadrante noroeste.

Respiro de las temperaturas

La dana traerá una bajada generalizada de las temperaturas, siendo notable en amplias zonas de la vertiente atlántica. Sin embargo, las máximas aumentarán en el extremo oriental y de forma notable en los litorales del Cantábrico oriental.

Aún así, se superarán los 34-36 grados en puntos del sureste peninsular, Cantábrico oriental e interiores de Mallorca, así como en amplias zonas del nordeste peninsular, donde podrían rebasarse los 38 en depresiones. Las mínimas descenderán en la vertiente atlántica, con aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en las islas.

Una jueza de Madrid ha llamado a declarar como imputados a varios periodistas, entre ellos uno de elDiario.es, tras la petición de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de investigar algunas filtraciones de información en la causa del Tribunal Supremo sobre su correo. La magistrada ha citado a varios informadores para el próximo mes de octubre después de que Alberto González Amador denunciara que habían publicado las actas del registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado, la primera diligencia que puso en marcha el juez Ángel Hurtado tras asumir el caso.

Las partes del proceso que investiga la difusión de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Supremo protagonizaron un cruce de acusaciones por la filtración de información secreta de la causa el pasado mes de noviembre. El fiscal general y la fiscal provincial de Madrid se quejaron de que la prensa había recibido el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes que ambos habían cruzado en la noche del 13 de marzo de 2024, filtración “interesada y sesgada” de un documento con “graves defectos y omisiones”.

Un día después la defensa de González Amador contestó con otra queja similar. El abogado del empresario señaló que tres medios de comunicación –El Español, El Plural y elDiario.es– habían reflejado el contenido del acta del registro practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general. La pareja de Ayuso, sin pruebas concretas, atribuyó estas “revelaciones continuas” a la Fiscalía y acusó a estos medios de “deformar la realidad procesal” y “verter manifestaciones descalificatorias” contra el Tribunal Supremo.

Las dos quejas, pasados los meses, se han traducido en dos causas penales abiertas en el juzgado número 20 de Madrid por delitos de revelación de secretos. En una de ellas, por la queja de los fiscales imputados, comparecerán la semana que viene varios periodistas de El Mundo, El País y 20 Minutos. En la segunda, por la queja de la pareja de Ayuso, han sido citados a declarar en octubre Alberto Pozas, de elDiario.es, y dos periodistas de El Español a la espera de saber si la periodista de El Plural mencionada en el escrito del empresario también es llamada a declarar.

Las actas del registro

Estas publicaciones de las actas del registro en el despacho del fiscal general de la calle Fortuny se enmarcan en un momento temprano y concreto de la causa recién concluida en el Tribunal Supremo. Cuando la acusación que encarna la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidió al juez indagar si, durante ese registro, García Ortiz había manipulado su móvil a espaldas de los agentes con la teniente fiscal del Supremo, representante de la Fiscalía en el caso.

La asociación afirmó en varios escritos que en el día del registro un testigo -posteriormente identificado como Salvador Viada, entonces líder de APIF y miembro del Consejo Fiscal- había visto al fiscal general y la teniente fiscal del Supremo en el patio central de la Fiscalía “examinando una prueba central del delito investigado”, el teléfono de García Ortiz. El juez llegó a tomar declaración a Viada, que terminó reconociendo que no tenía pruebas de que hubieran estado “manipulando” el teléfono, e incluso pidió a la Fiscalía que conservara la imagen de las cámaras de seguridad que graban ese patio, unas cámaras que no existen.

La relevancia del contenido de las actas de ese registro era múltiple. Saber si, para cuando el fiscal general y su colaboradora fueron vistos sobre las siete de la tarde en el patio, la Guardia Civil ya había terminado de examinar el dispositivo y si, además, era un dato que conociera el juez cuando se interesó por el asunto.

El contenido de estas actas, publicado por los tres medios señalados por González Amador, entre ellos elDiario.es, demostraba precisamente eso: que para cuando fueron vistos la Guardia Civil ya había terminado con el móvil de García Ortiz y que ese dato estaba en las actas y, por tanto, en poder del juez Hurtado. Una información que sirvió para explicar la verdad que había detrás de las sospechas de manipulación de pruebas y que ahora una magistrada de Madrid investiga por la vía penal a instancias del Supremo y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con un ejemplar de la constitución de Brasil en la mano y semblante sereno, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro compareció ayer en el Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar declaración en el juicio contra el núcleo duro de la trama golpista. Cara a cara contra su archienemigo Alexandre de Moraes, ministro del STF, Jair Bolsonaro arrancó su intervención en el juicio más esperado del año con un discurso político. Irritado ante la imposibilidad de mostrar videos, el ex presidente incidió en la narrativa victimista. “Recorrí Brasil y acabé siendo elegido, no sin antes pasar por una cuchillada que casi me quita la vida”, aseguró, en alusión al intento de atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2022. Además, Bolsonaro afirmó que fue perseguido por la prensa y la justicia por defender el voto impreso.

En una declaración que duró algo más de dos horas, el ex presidente negó con un tono forzadamente moderado su implicación en el intento de golpe de Estado, que presuntamente ocurrió tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022. A pesar de ello, Bolsonaro fue tropezando en una declaración confusa y llegó a reconocer que convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para discutir alternativas al resultado electoral y “cuestionar” la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez, admitió haber estudiado la posibilidad de adoptar el Estado de Sitio.

Las medidas fueron descartadas, según el ex presidente, porque no había “clima”, “oportunidad” y una “base mínimamente sólida”. Por el contrario, el jefe del Ejército (Marco Antônio Freire Gomes ) y el de la Aeronaútica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), aseguraron en las sesiones previas que las reuniones con el ex presidente tras las elecciones tuvieron “tono golpista”. Por su parte, Jair Bolsonaro calificó de improcedente la acusación que le implica en un intento de golpe de Estado y en los altercados antidemocráticas del 8 de enero de 2023. “Había gente loca pidiendo intervención militar de las Fuerzas Armadas. Nosotros repudiamos eso. No procede decir que yo colaboré con el 8 de enero. No estimulé aquel caos”, aseguró Bolsonaro.

Ataque a las urnas

El juicio contra las ocho personas del núcleo duro de la trama golpista comenzó el lunes con el interrogatorio al teniente coronel Mauro Cid, “ayudante de órdenes” del ex presidente, que firmó un acuerdo de delación con la justicia. Mauro Cid aseguró que Jair Bolsonaro realizó varias reuniones para tratar la “minuta golpista”, el documento que aprobaba la intervención militar, encontrado por la Policía Federal (PF) en la casa del ex ministro de Justicia, Anderson Torres. El ex presidente, según Mauro Cid, “leyó y modificó la minuta”. A su vez, Cid afirmó que el ex presidente presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, para publicar un informe de las Fuerzas Armadas duro contra las urnas electrónicas.

Jair Bolsonaro, que se negó a realizar un media training previo a la sesión recomendado por sus asesores, continuó criticando en su intervención el sistema electoral brasileño. El ex presidente, acusado de cinco crímenes -entre ellos “abolición violenta del Estado democrático”, “intento de golpe de Estado” y “participación en organización criminal armada”- afirmó que “sería bueno perfeccionar el sistema electoral para que no haya dudas sobre él”. Tras una intervención larga de Bolsonaro sobre urnas electrónicas, el ministro Alexandre de Moraes concluyó con firmeza que “no hay ninguna dudas sobre el sistema electrónico”.

A pesar de los tropiezos y contradicciones en su declaración, Jair Bolsonaro consiguió mantener un tono menos beligerante del habitual. Pidió perdón a Alexandre de Moraes por haber insinuado que recibió 50 millones de reales (unos 8 millones de euros) para manipular las elecciones. Cuando los ministros del Supremo o Paulo Gonet (fiscal general del Estado) le recordaron frases polémicas y acusaciones contra el sistema electoral, el acusado se defendió argumentando que así “es mi temperamento”. En un momento, Bolsonaro llegó a bromear y ofreció a Alexandre de Moraes ser su candidato a vice presidente en las elecciones de 2026. Moraes entró al juego y “declinó” la propuesta con tono irónico.

Los acusados en la denuncia del Fiscal General del Estado que apura el STF, incluído el ex presidente Bolsonaro, se enfrentan a una pena de hasta 39 años de prisión.

Trump contra Moraes

La probable prisión de Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado políticamente desde 2023, ha hecho saltar las alertas en la extrema derecha brasileña. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 18 de marzo, argumentando estar perseguido políticamente. Jair Bolsonaro intentó redondear la narrativa victimista tras el “auto exilio” de su hijo: “Si el diputado federal más votado de la historia de Brasil es forzado a elegir entre el exilio y la prisión, este país ya no puede ser llamado democracia”. No obstante, el verdadero objetivo de la presencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos es ejercer presión para que el gobierno de Donald Trump, el entramado de Big Techs y algunas instituciones internacionales intervengan contra contra Alexandre de Moraes por haber ordenado retirar de algunas plataformas digitales contenido que, en su opinión, atentaban contra el estado de derecho. Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, afirmó a finales de mayo que existen “grandes posibilidades” de que Alexandre de Moraes sea sancionado con la severa Ley Magnitsky, usada para punir a autoridades extranjeras acusadas de corrupción o violaciones de derechos humanos.

Eduardo Bolsonaro ha mantenido en Estados Unidos reuniones con Jason Miller, fundador de la red social de extrema derecha Gettr (una de las que demandó a Alexandre de Moraes por presuntos ataques contra la libertad de expresión), con diputados, senadores y con el mismísimo Marco Rubio. A su vez, intentó infructuosamente que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) acusara a Brasil de censura contra militantes de extrema derecha. La maniobras lobbistas de Eduardo Bolsonaro podrían estar dando frutos. La prestigiosa analista política Mônica Bergamo publicó en la Folha de São Paulo que los aliados de Bolsonaro esperan sanciones inminentes del gobierno de Donald Trump contra autoridades brasileñas.

La Casa Blanca, según ha informado la prensa brasileña, descarta sanciones directas contra el gobierno Lula, pero no contra Alexandre de Moraes. Además, considera que Lula perderá de forma avasalladora las elecciones de 2026. Un miembro del gobierno de Donald Trump declaró a Metrópoles que el futuro presidente de Brasil tendrá “suficiente apoyo popular” para conceder indulto a Bolsonaro y sacarlo de la cárcel.

Más de 300 años después de su hundimiento en aguas del Caribe colombiano, el galeón San José sigue desvelando secretos de la historia colonial. Un nuevo estudio interdisciplinar centrado en las monedas recuperadas del naufragio permite reconstruir parte del entramado económico y político del imperio español en América, revelando detalles sobre la producción de plata, el comercio atlántico y la circulación de metales preciosos entre continentes.

Los investigadores han analizado los llamados “macuquinos”, monedas de plata de forma irregular que eran producidas de forma rápida y con baja precisión en los principales centros mineros del virreinato. Estas piezas, acuñadas principalmente en Potosí y Lima, reflejan no solo el volumen de extracción de plata en las minas andinas, sino también los esfuerzos de la Corona por controlar la calidad y el valor del numerario circulante en sus colonias.

Análisis científicos para seguir el rastro de la plata

Gracias a técnicas como el análisis metalográfico, la espectrometría de masas y el estudio de los sellos y marcas de las monedas, los autores han podido identificar no solo su origen geográfico, sino también el periodo exacto de acuñación y los intentos de reforma monetaria emprendidos en el siglo XVIII. El trabajo ofrece una “perspectiva sin precedentes sobre la logística del comercio colonial y la importancia de los envíos de metales preciosos en la financiación del Estado español”, señalan los investigadores.

Una batalla naval con repercusiones históricas

El galeón San José zarpó en 1708 desde el puerto de Cartagena de Indias como parte de una flota que transportaba riquezas hacia España, pero fue hundido por una escuadra británica en el contexto de la Guerra de Sucesión. El hallazgo de su cargamento en 2015 por parte de las autoridades colombianas ha abierto un debate internacional sobre la propiedad del pecio y ha dado pie a una investigación histórica y arqueológica sin precedentes.

Más de 500 monedas para reescribir la historia

El nuevo estudio ha catalogado y clasificado más de 500 monedas, muchas de ellas deformadas por el calor o corroídas por la acción marina, pero que aún conservan detalles únicos como las iniciales de los ensayadores, las cecas o los años de emisión. Estos datos permiten vincular las monedas con episodios concretos del sistema comercial colonial, como las rutas desde Potosí hasta el istmo de Panamá, y de allí a Cartagena, para luego ser embarcadas hacia Europa.

Los autores destacan que estas monedas “no eran simples objetos de valor, sino instrumentos clave de un sistema global de intercambios, tributos e inversiones”, lo que convierte al estudio numismático en una herramienta para comprender las jerarquías económicas del pasado. La investigación, publicada en la revista Antiquity, señala también que los hallazgos podrían servir como base para futuras reclamaciones patrimoniales y para redefinir el valor histórico y simbólico del San José.

A medida que las autoridades colombianas preparan una nueva fase de exploración del pecio, el tesoro del San José se perfila no solo como un hallazgo espectacular, sino como un archivo sumergido que permite reinterpretar la economía colonial desde una perspectiva material y científica. “Cada moneda recuperada es una pista sobre cómo funcionaba el mundo en el siglo XVIII”, concluyen los autores.

Durante estos meses hemos analizado la relación de poder entre Donald Trump y Elon Musk. Ahora toca profundizar en las causas de su divorcio express. Hace unas semanas vimos que ambos firmaban la separación con palabras amables pero gesto serio y contenido. La amabilidad duró poco: acusaciones políticas, reproches, decepciones y mucha masculinidad que llegó a su apogeo con un mensaje en X de Elon Musk: Donald Trump está en lista Epstein. Después, lo borró, pero ahí quedó la acusación.

Intentamos comprender qué ha pasado entre dos de los hombres más poderosos del mundo con el corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos Andrés Gil y el periodista de elDiario.es especializado en tecnología Carlos del Castillo.

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La Generalitat de Catalunya ha impuesto una multa a Amazon por no compartir con los sindicatos el funcionamiento del algoritmo encargado de monitorizar la productividad de los más de 2.000 empleados que trabajan en su centro logístico de El Prat de Llobregat, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona.

La multa es simbólica, de 2.451 euros, pero sí tiene valor el motivo, la falta de transparencia sobre el funcionamiento de dicho algoritmo, y que se trata de la primera que se aplica en España por esta razón, según ha avanzado la Cadena Ser y ha confirmado El Diario de fuentes del Govern, de la multinacional y de Comisiones Obreras.

La Ley 12/2021, de 28 de septiembre, conocida como Ley rider porque pretendía garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, modificó el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la información que la dirección de la empresa debe facilitar al comité. Añadió “los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.

Y esto es lo que, según entienden la autoridad catalana y CCOO, se ha saltado Amazon. El responsable de transición digital del sindicato, Daniel Cruz, habla de una “doble infracción”. Por un lado, no precisar esta información solicitada y, de la otra, no concretar “el impacto” de esta fiscalización, lo que puede “desincentivar a los trabajadores a ir al baño, sin prohibirlo” o “permitir a la empresa tomar medidas por ”baja productividad“.

Amazon asegura que cumple, por lo que ha recurrido la sanción por la vía judicial, a pesar de haber pagado los 2.451 euros de multa, según la Generalitat. “En Amazon, nuestras personas trabajadoras prestan servicios en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y bienestar de nuestras personas empleadas es nuestra máxima prioridad. La infraestructura e instalaciones de nuestros centros logísticos están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro y confortable. Esto incluye el uso de herramientas, que junto a todas nuestras operaciones, cumplen plenamente con las regulaciones y requerimientos locales a todos los niveles”, ha asegurado este martes la multinacional por escrito a preguntas de los periodistas.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat, adscrita al Departamento de Economía y Empresa, inició el procedimiento hace un año, en junio de 2024. Cruz no descarta que a partir de ahora se produzcan sanciones similares, tanto en el ámbito de las empresas tecnológicas, como en las del resto de sectores, ya que el uso de algoritmos no es exclusivo de las primeras.

La Fiscalía de Almería ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas para dirimir si hubo responsabilidad o no del Ayuntamiento de Almería en la muerte de cuatro ejemplares de especies vulnerables de gacela y un arruí en la finca experimental La Hoya de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), instituto investigador adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El propio centro denunció que los fallecimientos se produjeron a raíz de la celebración de varios conciertos del festival de música Alamar en junio del pasado año en los Jardines del Mediterráneo, achacándolo al impacto acústico del evento y su repercusión en los ejemplares.

El ministerio público no aprecia indicios de delito en la actuación municipal, por lo que ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería la finalización de la causa. A su juicio, no existen pruebas suficientes para concluir que hubo una “determinación evidente causa-efecto” entre el volumen de los conciertos y “estrés” sufrido por los animales, que los habría inducido a su muerte.

En su escrito, consultado por Europa Press, el fiscal apunta que el informe pericial encargado a la Unidad Técnica de Medio Ambiente del Seprona carece del nivel de “certidumbre” requerido para justificar el origen del daño sufrido por los animales.

Si bien se estimaba como una posibilidad que los traumatismos que se autoinfligieron los ungulados pudieran deberse al “estrés inducido” por un alto volumen de la música y sus propias características, el fiscal apunta que el informe de Guardia Civil no concluye de forma taxativa, más allá de apoyar la “hipótesis” que sostiene la EEZA, que esta fuera la causa.

No hubo “conducta dolosa”

En este sentido, descarta apreciar un delito contra el medio ambiente al igual que desecha la perpetración de un delito contra los animales, ya que a la hora de organizar los conciertos los responsables municipales actuaron sin seguir una “conducta dolosa”. Es decir, que sus acciones no fueron dirigidas “intencionalmente a causar la muerte de los animales en modo alguno”, tal y como precisa para su comisión este tipo de delito.

Para el fiscal, la actuación seguida por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), como responsables últimos de los conciertos, no estaría “encaminada a la provocación y causa directa de la posterior muerte de los animales”. Entiende, en este sentido, que su acción se vio amparada por una tramitación administrativa “acorde a la legislación” y por una serie de “informes técnicos” favorables, que daban luz verde a celebrar los conciertos.

Con ello, aprecia las conclusiones del estudio acústico y mediciones de ruido realizadas en la zona, con niveles de entre 55,3 y 46,6 decibelios, con lo que se “cumplía con la calidad acústica”, toda vez que el muestreo temporal realizado por la EEZA-CSIC los días 20 y 21 de junio apuntaron “algunos resultados desfavorables en cuanto al nivel de ruido, pero siempre de acuerdo con la legislación vigente”.

El ayuntamiento conocía el riesgo

No obstante, el Ministerio Público admite también en base a las advertencias que realizaron los científicos de la EEZA-CSIC para que el evento se desplazara a otra zona de la capital, que el ayuntamiento era conocedor del “riesgo” que podrían suponer para los animales en época reproductora dichos conciertos y de sus “posibles consecuencias”.

“La conducta de los presuntos responsables, si bien podría haber gozado de más cautelas y haber valorado un posible traslado del lugar de celebración para evitar el fatal desenlace, no puede entenderse dirigida intencionalmente a causar la muerte de los animales en modo alguno”, resumen el fiscal para determinar la inexistencia de requisitos suficientes para apreciar la presunta comisión de un delito.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a las diferentes acusaciones personadas para que informen sobre su parecer en relación con las pruebas existentes. Este posicionamiento se hace de cara a que la jueza Clara Eugenia Hernández resuelva si dictamina la continuación de las diligencias mediante un procedimiento abreviado o da carpetazo al caso.

Rusia y Ucrania efectuaron hoy el canje del segundo grupo de prisioneros de guerra acordado en la segunda ronda de negociaciones de Estambul, según informó el ministerio de Defensa ruso.

Este intercambio, que incluye a prisioneros heridos, enfermos graves y menores de 25 años, sigue al realizado la víspera. Al igual que el lunes, Defensa no especificó el número de prisioneros canjeados ni la fecha de próximos intercambios, que se efectuarán en el formato “todos por todos”, pero no serán menos de 1.000, según informó anteriormente el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski.

A diferencia de la víspera, cuando el mando militar ruso puntualizó que el intercambio incluyó a prisioneros menores de 25 años, este martes no explicó a cuál de las categorías pertenecían los militares. “En estos momentos los militares rusos se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde se les ofrece la ayuda psicológica y médica necesaria”, añadió el mando militar ruso.

“Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir atención médica y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa”, según este ministerio.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también había indicado anteriormente que el canje continuaría en varias etapas en los próximos días.

El intercambio se produce en medio de una polémica en torno a la devolución por parte de Rusia de 6.000 cuerpos de soldados ucranianos caídos en combate, que Ucrania no ha recibido hasta el momento. El canje del lunes se produjo, a su vez, tras el mayor ataque con drones de las fuerzas rusas sobre Ucrania, parte de la respuesta a la operación Telaraña ucraniana en territorio ruso, que resultó en la destrucción de varios aviones a través de drones introducidos en el país sin ser detectados.

El jefe de los negociadores rusos acusó el sábado a Ucrania de “posponer indefinidamente” la entrega de cadáveres, ante lo que Kiev llamó a “no crear obstáculos artificiales y declaraciones falsas” para entorpecer el proceso de canje.