En un país donde los senderos de alta montaña, las travesías de varios días y los retos deportivos acaparan buena parte de las guías de naturaleza, puede resultar difícil encontrar alternativas accesibles para quienes simplemente desean caminar sin complicaciones. Personas que no se consideran senderistas —o que buscan rutas tranquilas y breves— suelen quedar fuera de los itinerarios más difundidos, pese a que la geografía española ofrece propuestas muy adecuadas para quienes se inician o desean disfrutar de un paseo sin exigencias.

Más allá de los desniveles pronunciados o los terrenos abruptos, existen recorridos que ofrecen paisajes memorables, trazados bien mantenidos y ausencia casi total de dificultades técnicas. Este tipo de rutas, cada vez más valoradas por familias, personas mayores o caminantes ocasionales, permiten disfrutar de la naturaleza sin necesidad de experiencia previa, bastones ni botas de travesía.

En ese contexto, hay senderos breves, con pendientes suaves o inexistentes, que atraviesan valles fluviales, bosques o vías recuperadas del pasado ferroviario. Su principal virtud no es el reto físico, sino la armonía con el entorno y la facilidad con que permiten una experiencia gratificante al aire libre.

La Ruta del Alba en Asturias

Ubicada en pleno Parque Natural de Redes, en el concejo asturiano de Sobrescobio, la Ruta del Alba es una de las sendas más frecuentadas de la región, y no por casualidad. Se trata de un itinerario lineal de aproximadamente 14 kilómetros (ida y vuelta) que sigue el curso del río Alba desde la localidad de Soto de Agues hasta la zona de La Cruz de los Ríos. El recorrido, de baja dificultad y pendiente muy suave, invita a recorrer un entorno de gran valor ecológico sin más requisito que unas zapatillas cómodas.

El primer tramo discurre sobre una pista hormigonada, apta para todo tipo de caminantes. A lo largo del camino, el rumor constante del agua, los robles, castaños y abedules y la presencia ocasional de fauna salvaje acompañan el avance sin sobresaltos. La senda está incluida en el Inventario de Rutas de Interés del Principado y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Asturias.

Además del atractivo paisajístico, el recorrido ofrece elementos de interés etnográfico e histórico: antiguos cargaderos de mineral, restos de infraestructura hidráulica y un puente de piedra se suceden a lo largo del valle. En su tramo final, la senda se estrecha ligeramente, sin dejar de ser cómoda, hasta llegar a una pequeña cascada que actúa como punto culminante.

Senda de la Fuente de la Pisadera en Segovia

Lejos del Cantábrico y en un paisaje muy distinto, la provincia de Segovia ofrece una ruta corta, sencilla y muy accesible en pleno Parque Natural Hoces del Río Riaza. Se trata de la Senda de la Fuente de la Pisadera, un recorrido de 2 kilómetros, perfectamente señalizado y pensado para disfrutar del paisaje sin esfuerzo. El punto de inicio del sendero es de acceso directo y sin ninguna dificultad.

La ruta se desarrolla por un terreno completamente llano, con suelo natural compacto, sin escalones ni tramos de pendiente. A lo largo del camino, el visitante puede disfrutar de la vegetación característica del parque así como de vistas al cañón fluvial que define este espacio protegido. Aunque el recorrido es breve, resulta muy gratificante para quienes buscan una inmersión rápida en la naturaleza, con la garantía de seguridad y orientación que ofrecen los paneles informativos del itinerario.

Uno de los principales atractivos de esta senda es su entorno: el Parque Natural Hoces del Riaza es un lugar de gran valor ecológico, en el que habita una de las colonias más importantes de buitres leonados de Europa.

La Ruta del Ferrocarril, también conocida como Vía Verde del Eo

El occidente asturiano, a menudo menos transitado que otras zonas de la comunidad, guarda una joya discreta para los amantes de los paseos tranquilos: la Ruta del Ferrocarril, también conocida como Vía Verde del Eo. Este recorrido de poco más de 13 kilómetros (ida y vuelta) sigue el antiguo trazado del ferrocarril minero que conectaba A Pontenova, en Galicia, con San Tirso de Abres, en Asturias.

La ruta es completamente llana y presenta un firme regular de tierra compactada, ideal para quienes desean caminar sin preocuparse por el calzado técnico o los desniveles. Su principal aliciente, además del trazado sencillo, es el paisaje fluvial que acompaña todo el camino: una sucesión de meandros, bosques de ribera y antiguos túneles ferroviarios adaptados para el paso peatonal. En primavera y verano, la vegetación exuberante convierte el recorrido en un corredor verde de gran belleza.

Una de las características más destacadas de esta vía es su accesibilidad: es apta para peatones, ciclistas, personas mayores e incluso familias con carritos. No hay cruces peligrosos ni tramos exigentes. Desde el punto de partida, la ruta permite un paseo de ida y vuelta sin dificultad, con áreas de descanso y paneles interpretativos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en un auto del que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, ha decidido mantener la suspensión de la Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Esto supone que la norma autonómica seguirá en vigor hasta que haya una sentencia definitiva, pese al intento de tumbarla del Partido Popular y Vox.

La suspensión fue inicialmente acordada por el Pleno del Tribunal, mediante providencia de 26 de febrero de 2025, con ocasión de la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra dicha ley por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en atención a que este invocó el artículo 161.2 de la Constitución española para que se produjera la suspensión de la aplicación de ley impugnada.

El Pleno del Tribunal ha decidido ahora, como medida cautelar -y, por tanto, sin entrar a valorar las cuestiones de fondo en controversia y al margen de la viabilidad de las pretensiones deducidas en el recurso-, mantener la suspensión de esta ley.

Considera que la ponderación de los eventuales perjuicios alegados por el presidente del Gobierno, en caso de levantamiento de la suspensión, tienen “la gravedad y consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica”.

Destaca también el “carácter irreversible” del paso del tiempo en el ámbito del ejercicio de derechos prestacionales como los concernidos en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y de “su trascendencia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos”.

El auto cuenta con un voto particular discrepante suscrito por los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño.

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Ayuso sitúa a la Universidad, y a la protesta estudiantil, en el disparadero de sus políticas educativas. El borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid articula un reglamento sancionador que abriría la puerta a penalizar escraches universitarios, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero. También se recogen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus”.

El texto regula específicamente como una infracción grave “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, según el borrador adelantado por El País y consultado por elDiario.es.

Eso fue lo que sucedió durante el acto al que asistió Espinosa de los Monteros, y que fue boicoteado por centenares de estudiantes. El expolítico de Vox iba a participar en un evento de la asociación conservadora 'Libertad sin ira', finalmente se canceló debido a la oposición estudiantil.

Las infracciones graves se penalizarán, si se aprueba el borrador tal cual está redactado, con una multa de 15.000,01 a 100.000 euros. En esa categoría también se incluyen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino.

La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso asegura que interpretar que este régimen sancionador castigará con hasta 100.000 euros los “escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad” es una “manipulación hasta la falsedad el contenido” del texto. Además, aseguran que, aunque El País lo haya publicado este miércoles, el texto es un “un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024, y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces”. La presidenta también se ha pronunciado, asegurando que la “noticia es falsa”.

“Con esto no se contraviene ninguna norma estatal. Al contrario, sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022. Precisamente lo que protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios”, apuntan desde el Gobierno de Ayuso.

Otros hechos sancionables se producirán si, “en el ejercicio de la autonomía universitaria por parte de las autoridades académicas”, se permite “el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”.

Además, el borrador multas si se “discrimina” a “asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondos, actividades y participación general en la vida universitaria”. Con todo el texto, busca imponer medidas disciplinarias graves si se impide “el libre ejercicio del derecho de manifestación y protesta con la debida autorización o comunicación, y dentro de los límites legales”.

El consejero de Educación, Eduardo Viciana, defendió hace unas semanas un régimen sancionador para “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación”.

El responsable de la enseñanza madrileña aseguró que protestar está muy bien, pero “no se puede permitir que este tipo de actuaciones impida el desarrollo de la vida universitaria, que se cierren espacios, que no se pueda acceder a las aulas”, y recordó que son los rectorados los encargados de hacer cumplir el orden. Preguntado específicamente por las acampadas, rechazó “bajar a ese nivel de detalle”, pero acabó concediendo que “no tiene por qué suponer una vulneración de la libertad”.

Las infracciones muy graves oscilarán entre los 100.000 y el millón de euros. Esas violaciones severas de la ley universitaria madrileña incluyen, entre otras, el incumplimiento de la Constitución, así como que “se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.

La Comunidad de Madrid prevé sancionar con hasta un millón de euros a aquellas personas o instituciones que dificulten “la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, y a aquellas que permitan “la celebración de referéndum ilegales”.

Con este régimen sancionador, la Comunidad asegura que dará “herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente”.

“Los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales”, indican desde la Consejería de Educación.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT elevan el tono contra el Gobierno y amenazan ya con movilizaciones si Función Pública no cumple con el compromiso pendiente de incrementar los salarios de los funcionarios y el personal laboral un 0,5%, con carácter retroactivo desde enero de 2024. En una comunicado conjunto, las organizaciones advierten que “no hay excusas” para que este abono no se ejecute ya y reclaman también la implantación del grupo B, la reclasificación profesional y la jubilación parcial, así como la eliminación de la tasa de reposición, también comprometida por el Ejecutivo.

El 0,5% adicional, que se consolida en la nómina, venía contemplado en el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los sindicatos UGT y CCOO en octubre de 2022 y estaba condicionado a que la inflación acumulada del último trienio acabara por encima del 8%, como finalmente ocurrió.

El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió el 20 de mayo a abonar “en breve” esta subida con carácter retroactivo, que llegará a unos tres millones de funcionarios y empleados públicos. “Queda, por supuesto, abonar el 0,5% de subida adicional del año pasado. Y se abonará, se abonará en breve”, aseguró durante su intervención en el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos. Sin embargo, desde este departamento aún no han dado una fecha concreta para ese abono, cinco meses después de que se confirmara el aumento adicional.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO “exigen al Gobierno que deje de demorar el abono de los atrasos del 0,5%, a la vez que le instan a sentarse para dar una solución que permita recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral y su plena implantación al personal funcionario”. “En caso de no ser atendidas estas peticiones, las organizaciones sindicales no descartan convocar nuevas movilizaciones y las acciones que consideren necesarias hasta conseguir que el Ministerio cumpla con los compromisos asumidos en la mesa de la Función Pública”, indican.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insistían la semana pasada en que “la situación es muy grave”. “Ya estamos en junio y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5% que debe desde 2024, a pesar de que el ministro de Función Pública, Óscar López, anunció hace semanas que la subida era inminente; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados y empleadas públicas 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC”, indicaban.

CSIF ya había registrado a mediados de mayo una petición formal en la Moncloa para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo salarial y “abone de una vez el retraso salarial pendiente del año pasado”.

El anclaje era firme. El mar, en calma aparente, no avisó de lo que estaba a punto de suceder. A menos de un kilómetro de la popa del R/V Sikuliaq, una masa de tierra se desprendió y cayó con fuerza sobre las aguas de la bahía Resurrección, en Alaska.

Esa sacudida activó una serie de pequeñas olas que no habrían dejado registro alguno si no fuera por la tecnología instalada a bordo. En ese momento, se activó la que hoy es la primera detección documentada de un tsunami por deslizamiento desde un buque científico.

El cruce entre imágenes y datos reveló el verdadero alcance del fenómeno

La señal recogida aquel 8 de mayo de 2022 sorprendió a quienes estaban a bordo, no por su fuerza, sino por su claridad. El barco, propiedad de la Fundación Nacional de Ciencias y operado por la Universidad de Alaska Fairbanks, tenía instalado un receptor GNSS que registró movimientos verticales en tiempo real.

Ethan Roth, gerente de operaciones científicas del buque y uno de los autores del estudio, relata que ya se encontraba allí por otro trabajo cuando ocurrió el desprendimiento. Uno de sus compañeros grabó la caída del terreno, lo que llevó al equipo a revisar los datos almacenados en el sistema del barco.

El cruce entre esa grabación y el análisis posterior sirvió para comprobar que el movimiento registrado en el sistema coincidía con los parámetros de un modelo de simulación de tsunami generado por deslizamiento de tierra. Bastó con una señal precisa, localizada, en el momento justo. Lo que antes se consideraba imposible por la magnitud limitada de este tipo de fenómenos, ahora quedaba documentado claramente.

Las zonas escarpadas y cerradas multiplican el riesgo sin margen de aviso

Los tsunamis provocados por deslizamientos de tierra suponen un reto para los sistemas de alerta. En zonas como fiordos o costas con acantilados escarpados, la morfología puede multiplicar la fuerza de las olas y llevarlas hasta zonas habitadas en cuestión de minutos.

A diferencia de los maremotos generados por terremotos, estos no suelen detectarse con la red sísmica convencional, lo que deja sin aviso a muchas comunidades. En este caso, la información se recogió a tan solo 650 metros del punto de impacto.

Anne Sheehan, investigadora del CIRES y catedrática de Ciencias Geológicas en la Universidad de Colorado, ha trabajado con datos similares en otros contextos. En referencia al potencial de este descubrimiento, apunta que “los científicos han capturado tsunamis de mayor magnitud, provocados por terremotos, utilizando sistemas de navegación marítima”. Según detalla, esta vez se consiguió demostrar que “este método también funciona para tsunamis generados por deslizamientos de tierra”.

El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se sustenta en una metodología que podría extenderse a otras zonas de riesgo. La clave está en el uso de software de código abierto capaz de interpretar de forma inmediata las variaciones de altura que experimenta un buque ante una alteración del entorno marino. Adam Manaster, científico de datos del equipo, explica que “podemos utilizar barcos para limitar el tiempo y la extensión de estos eventos de tsunami y deslizamientos de tierra”.

Ese margen temporal, aunque sea corto, puede marcar la diferencia en términos de respuesta. Por eso, el mismo Manaster añade que “si procesamos los datos con la suficiente rapidez, se pueden enviar advertencias a quienes se encuentran en el área afectada para que puedan evacuar y salir del peligro”.

La posibilidad de usar buques equipados con receptores GNSS como parte del sistema de alerta abre una línea completamente nueva. No se trata de cambiar lo que ya existe, sino de añadir nuevas herramientas que complementen lo que la red sísmica no alcanza. En zonas de difícil acceso, contar con un barco cercano puede significar tener o no tener tiempo para reaccionar.

Este avance conecta con investigaciones previas en las que se había probado el uso de datos GPS de barcos comerciales, pero ahora se confirma con un caso real en un entorno activo. Si se generaliza esta aplicación, podría traducirse en mejoras concretas para comunidades costeras expuestas a riesgos similares.