El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa.

En un auto, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado.

Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado, informó la Audiencia Nacional.

El juez así acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes “ha brillado por su ausencia”, pese a haber hecho, destaca, todo lo posible para recabar su colaboración. “Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio”, advierte.

En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Properti BV y Muscari Development BV sucursal en España por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.

Beneficio de 100 millones

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro describe el proceso de compraventa de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en 2016, que le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, y la operativa creada por este a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con dichos ilícitos capitales.

Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.

Asimismo, el juez señala que también serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros.

“Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública, (...) correspondiente al año 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi”, añade.

El instructor señala así que Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales 'ad hoc' para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.

“Ingeniería jurídico-societaria”

De esta manera, subraya que “mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. ”De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito“, añade.

Además, en su resolución, Calama expone la figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.

En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los “importantes” inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.

“No se puede permitir que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un ”testaferro de última hora“ para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio”, añade el juez.

Igualmente, para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en España como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado.

“Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales”, considera.

“Acabas de disparar a una periodista”, se oye gritar a un testigo mientras la periodista y el cámara corren despavoridos para alejarse del pelotón de antidisturbios. En el vídeo se ve que, mientras entra en directo la periodista australiana Lauren Tomasi, de 9 News –canal vinculado a la CNN–, un policía se gira para apuntar directamente hacia ella y dispara por la espalda en las piernas: la periodista ni estaba cerca de los policías, ni se interponía en su trabajo ni se encontraba en una línea de fuego cruzado, sino en un costado de la escena.

“La situación se ha deteriorado rápidamente, la policía de Los Ángeles se ha desplazado a caballo, disparando balas de goma”, se encontraba diciendo Tomasi cuando recibió el balazo.

Por las imágenes no está claro a qué cuerpo concreto pertenece el agente, si bien los policías locales suelen vestir uniforme azul y la Guardia Nacional, caqui.

Tomasi fue alcanzada en la pierna por una bala de goma, disparada a quemarropa por un agente de policía. Quedó dolorido, pero ilesa“, informa su canal de noticias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ha emitido un comunicado en el que declaraba que “todos los periodistas deben poder hacer su trabajo con seguridad”, tras el disparo contra Tomasi, recoge The Guardian: “Australia apoya la libertad de los medios de comunicación y la protección de los periodistas”.

El problema con las balas y proyectiles de goma es que las autoridades los usan como “no letales” en contraposición a munición real, pero sí pueden causar lesiones graves, como ha pasado también en España.

Además de Tomasi, un periodista del New York Times fue alcanzado por otra bala de goma a última hora del domingo en el centro de Los Ángeles, y según informa su periódico fue atendido en un hospital, pero no resultó herido de gravedad.

En otro episodio, Nick Stern, fotoperiodista británico afincado en el sur de California, explicó a The Guardian que había resultado gravemente herido por lo que parecía ser un proyectil no letal disparado por la policía contra él mientras cubría una protesta el sábado en Paramount, municipio del condado de Los Ángeles. Resultó herido en una pierna y fue trasladado para ser operado, según informan los medios de comunicación.

El auto del magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, asusta. Por la cantidad de saltos al vacío que pone por escrito en la decisión más grave que ha tomado en su carrera profesional. Pese a su controvertida instrucción, que ha alargado durante ocho meses autorizando medidas tan graves como el volcado del móvil y los ordenadores del fiscal general del Estado, no hay ninguna prueba de que Álvaro García Ortiz filtrase el correo electrónico de la confesión del doble fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En elDiario.es sabemos quién ha filtrado la información, pero jamás vamos a revelar nuestra fuente porque nos acogemos a nuestro derecho constitucional, pero sobre todo al primer mandamiento del periodismo. Pero sí podemos revelar quién no fue. Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de Madrid, a quien el Supremo envía camino del banquillo, filtraron esa información.

La exposición de hechos de Hurtado arranca con varias frases de las que no tiene ninguna prueba. El magistrado del Supremo escribe literalmente esto: “Cabe presumir que a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

En el extenso sumario no hay una sola prueba de que Presidencia del Gobierno proporcionase ninguna indicación al fiscal general para que filtrase datos de la pareja de Ayuso. Tal vez por eso, Hurtado arranque el párrafo con la siguiente redacción “cabe presumir”.

El magistrado llega a calificar la operación urdida por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que en connivencia con varios diarios afines se inventó (así lo admitió el propio Miguel Ángel Rodríguez ante el tribunal) que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso para que reconociera los delitos, pero que se retiró por órdenes de arriba (los jefes de la Fiscalía). Que la cúpula del Ministerio Público desmintiese la información falsa publicada por El Mundo de que el pacto había partido del fiscal del caso (y no del abogado de la pareja, como señalan todas las pruebas aportadas al tribunal) y que, según Rodríguez y algunos otros medios, ese pacto se había frenado por órdenes políticas es para el magistrado del Supremo “una cuestión de escasa relevancia”. Hurtado va más lejos y señala que la dirección de la Fiscalía preparó una respuesta para dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo.

Como si la autoría de la oferta fuese un asunto opinable y el magistrado del Supremo no tuviera sobre su mesa las declaraciones que hicieron todas las partes y los propios documentos donde queda patente que el abogado de González Amador quien reconoció los dos delitos y propuso el acuerdo para que su cliente pudiese evitar la entrada en prisión. El famoso correo donde la defensa del comisionista admitía: “Ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal”.

Ya durante la instrucción el magistrado Ángel Hurtado incurrió en clamorosas omisiones y ha utilizado rocambolescos argumentos para justificar sus muy dudosas decisiones. Un ejemplo que atañe a las declaraciones de los periodistas que fuimos citados como testigos en la fase de instrucción. A estas alturas hay media docena de profesionales que declaramos haber tenido acceso a la información de la propuesta de pacto días antes de que esa documentación llegase a manos del fiscal general.

Yo mismo declaré al tribunal que tenía en mis manos el correo el martes, 6 de febrero de 2024, junto al expediente tributario y la denuncia de la fiscalía. El periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos defendió que tuvo noticia de ese correo varias horas antes de que el mail se enviase al fiscal general.

El magistrado del Supremo ha optado por no creer nuestros testimonios (en su derecho está y es obligación de un juez dudar de todas las declaraciones), pero emplea argumentos para desestimarlos que desafían la lógica más elemental. En primer lugar, alega que no hemos aportado pruebas de haber tenido acceso a esa documentación antes que el fiscal general. Y es verdad que no lo hemos hecho porque aportarlas implicaría dar pistas sobre nuestras fuentes.

El segundo argumento es todavía más estrafalario: que no es creíble que los periodistas dispusiésemos de esa información y no la hubiéramos publicado antes. elDiario.es dispuso de los documentos el martes 6 y empezó a publicar el martes 12. Por el medio hubo un fin de semana y un equipo de investigación escudriñando toda la documentación: las tres primeras informaciones aludieron al fraude, a de dónde había salido la comisión millonaria de González Amador (la venta de mascarillas) y a los dos pisos en los que reside la presidenta y su pareja en el centro de Madrid.

¿Desde cuándo en una investigación como esta se publican todos los datos en la primera entrega? ¿En qué manual de Derecho Penal (ya que en los de periodismo no figuran y eso que su auto llega a citar el Libro de Estilo de El País) aparece el orden de las informaciones?

El tercer y último argumento de Hurtado es todavía más descabellado: deja por escrito que ha visto contradicciones entre los diferentes periodistas que relataron cuándo habían tenido en sus manos la información de la confesión. ¿Cómo puede haber contradicciones si lo que se preguntó en el Supremo es cuándo había tenido acceso cada periodista a su información? ¿Es contradictorio que un redactor logre la información un martes y otro un jueves? ¿Cree el magistrado que este tipo de documentación se reparte en una ventanilla un día a una hora determinadas? ¿Resiste el menor análisis defender que es contradictorio que unos periodistas digan en el tribunal que tuvieron la documentación un día y otros cinco días más tarde?

Pues así quedó escrito en un auto del Tribunal Supremo.

El magistrado Hurtado tiene todo el derecho a desconfiar del relato de testigos e imputados e incluso a abrir una causa separada por falso testimonio si cree que alguien ha mentido a su tribunal. Él sabrá por qué no lo hizo. Pero cabría exigir a un magistrado del Supremo una argumentación algo más razonada cuando trata de desbaratar el testimonio de los periodistas. Sería entendible incluso que hubiera decidido no citar a los periodistas si cree que su testimonio no va a aportar nada a la causa por su derecho a guardar secreto sobre sus fuentes. Pero citar a los informadores con obligación de decir verdad para no tener en cuenta la información que aportan y desbaratar sus testimonios con argumentos tan pobres es impropio del primer tribunal del país.

En las últimas semanas, cuatro periodistas de El País ratificaron ante notario y aportaron al Supremo sus declaraciones, según las cuales sabían de la existencia de ese acuerdo 31 horas antes de que el correo electrónico llegase a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Los periodistas que ya habían publicado esa información, aportaron comunicaciones e incluso el registro de una llamada al abogado que firmaba el correo, Carlos Neira, realizada el mismo día en que elDiario.es destapó en exclusiva el fraude, por tanto, mucho antes de que el correo llegase a manos de García Ortiz.

El dato es muy relevante. El propio Tribunal Supremo ha dejado escrito hace unas semanas cuando archivó la causa de la pareja de Ayuso contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusaba de desvelar datos antes de que nadie lo publicase en prensa de su expediente tributario (que las comisiones millonarias salieron de una compraventa de mascarillas), que no se revela ese secreto cuando esa información ya circulaba por las redacciones. Ningún secreto se pudo desvelar, incluyó el mismo tribunal que ahora decide sentar en el banquillo al fiscal general.

En sus autos, Hurtado ha esgrimido la falta de pruebas para no tener en cuenta las declaraciones de algunos testigos, pero al mismo tiempo hace aseveraciones en sus escritos de los que no existe en la causa ni el más mínimo indicio. Como por ejemplo, señalar que fue nada menos que la Presidencia del Gobierno quien dio “instrucciones” para filtrar el fraude de la pareja de Ayuso. Ni en su auto ni en toda su instrucción hay pruebas de que eso hubiera sucedido. La alto cargo del gabinete de Moncloa Pilar Sánchez Acera declaró como testigo que lo había recibido de un periodista. Hurtado escribe en su escrito que se lo pasó la fiscalía. Es decir: concluye que Sánchez Acera miente, pero evita abrirle una causa por falso testimonio.

Produce desasosiego comprobar tal sucesión de saltos al vacío en la exposición de un alto magistrado del Supremo.

Si semejante argumentación se utiliza para sentar en el banquillo nada menos que al fiscal general y con el seguimiento qué ha tenido este caso, ¿qué no se podrá hacer un ciudadano anónimo en esas vistas en las que no hay testigos?

En los últimos meses, crece la desafección sobre la Justicia. Las polémicas actuaciones de algunos jueces y magistrados, incluidas algunas condenas muy sonoras, han puesto bajo la lupa también al tercer poder del Estado en un momento en que jueces con togas se manifestaron contra leyes que aprobó el Congreso. A pesar de las dudas crecientes de la sociedad en una parte de la Justicia, magistrados y fiscales de altas instituciones se comportan como profesionales intocables que intentan sustraerse al ejercicio de la crítica. El propio tribunal Supremo que ha empleado más de ocho meses de trabajo en la investigación de un correo electrónico, similar a los que se publican en decenas de causas, ha sido protagonista de sus propias filtraciones. La sentencia más importante de los últimos años, la del juicio del procés, se filtró antes a algunos periodistas que a los propios condenados. ¿No tenían esos acusados derecho a conocerla antes que la prensa? ¿Abrió el Supremo alguna investigación interna?

Miembros del mismo tribunal han ido adelantando a periodistas de muchas redacciones de Madrid los pasos que se irían dando con el fiscal general: la imputación la anunciaron semanas antes de que se produjese y lo mismo ha sucedido con su procesamiento. ¿No lesiona el derecho de defensa de Álvaro García Ortiz que miembros del Tribunal Supremo lleven meses anticipando a algunos periodistas sus decisiones?

En una dictadura, que es la que el PP dice que gobierna España, un fiscal general del Estado no se sentaría en el banquillo y tampoco sería acusado de un delito de revelación de secretos. Mucho menos se investigaría a un exministro, a la esposa o al hermano del presidente del Gobierno. Los jueces no podrían rebelarse o cuestionar la legislación del régimen, ni manifestarse a las puertas de los juzgados contra las leyes, ni hacer declaraciones políticas en los medios de comunicación, ni dictar autos contra quienes ostentan la máxima representación institucional.

En una dictadura más bien ocurriría todo lo contrario porque todas ellas tienen un marco normativo e institucional para asegurar su pervivencia y utilizan el Derecho a su antojo para articular un sistema que legitime su poder político y persiga, reprima y extermine al disidente.

Pedro Sánchez debe ser un dictador de quinta regional porque Isabel Díaz Ayuso está dedicada 24/7 a mentir, injuriar, insultar y acusar al presidente de esta dictadura a la que nos ha llevado “a sorbos, poquito a poquito” y nadie ha ordenado su detención. Un dictador no permitiría que sus opositores le llamasen “hijo de puta”, se manifestaran en las calles de la capital para tacharle de “capo de la mafia” y animaran a los españoles a “asaltar La Moncloa”.

En las dictaduras se utiliza el Derecho para construir una arquitectura represiva de normas e instituciones concebidas para dar cobertura a regímenes políticos que convierten al ciudadano en súbdito. Se suprime la división de poderes, se crean tribunales ad hoc y se violan sistemáticamente los derechos y las libertades. Siempre, claro, en el contexto de una estrategia que, en mayor o menor grado, trata de sembrar el terror en la población como factor de disuasión y desmovilización En España, ni los ciudadanos viven aterrorizados ni la oposición teme salir a la calle a protestar, salvo por miedo a no ser secundado, que es lo que le pasó al PP este domingo en la plaza de España. De 37 millones de ciudadanos que integran el censo electoral, 100.000 -según estimación de los organizadores- se sumaron al grito de “hay que echar a Sánchez”.

Así que cuando el PP habla de mafia o dictadura para referirse al Gobierno parece confundir al Ejecutivo con algunos sectores del poder judicial, única estructura del Estado que no completó el tránsito del franquismo a la democracia y en la que perviven togados que hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les controle o juzgue por su trabajo, como ocurre con el juez Peinado o con el juez Hurtado por poner dos ejemplos.

El último, magistrado del Tribunal Supremo, ha dictado un auto este lunes que pone al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo. Le atribuye un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sostiene que actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. No explica en qué datos ni qué pruebas basa esta tesis, pero asegura que el fiscal general filtró el correo del abogado de Alberto [Quirón] González Amador “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba una palmaria falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

O esta dictadura que es España se va por el desagüe de la democracia o en esta democracia fallan controles sobre algunos jueces que ponen su ideología por encima de la imparcialidad y se creen salvadores de la patria, pero no precisamente en beneficio de quienes los gobernantes, sino todo lo contrario.

La instrucción de Hurtado y su auto de procesamiento responden a una instrucción cuando menos peculiar, y no sólo porque carece de evidencias probatorias sobre el ilícito que se le imputa al fiscal general, ya que decenas de personas tuvieron acceso al correo que se filtró a los medios antes de que lo conociera García Ortiz.

También es excepcional porque es la primera vez que se investiga una filtración periodística como un delito de revelación de secretos. Así que más que padecer una dictadura estamos ante un brazo armado de la judicatura que responde a la orden de “quien pueda hacer que haga”. Y todo lo demás, zarandajas.

El ministro Óscar Puente y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recurren con frecuencia a la hemeroteca tuitera, que siempre almacena contenido del cual sus autores reniegan tiempo después. Esta vez le ha tocado el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al hilo del plantón que dio Ayuso a los líderes autonómicos que usaban lenguas cooficiales durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, ambos políticos han recuperado un tuit que la madrileña publicó en diciembre de 2014: “Acto por la Constitución de @PPopular. Discursos en catalán, gallego, valenciano, mallorquín, castellano... #España”.

“¿Esto era de cuando llevaba la cuenta de Pecas?”, se ha preguntado el ministro de Transporte, en alusión a cuando Ayuso, supuestamente, manejaba la cuenta de Twitter bajo el usuario del perro de Esperanza Aguirre.

La madrileña había afirmado en el programa 'Salvados' en 2021 que había creado la cuenta, pero que la había gestionado otra persona.

Sin embargo, dos años después se supo que Ayuso creó perfiles falsos para atacar a la izquierda en redes sociales, por ejemplo, para ridiculizar a Zapatero o al candidato del PSOE en la región.

Gabriel Rufián citaba el mismo tuit que Puente y hacía una sucinta recomendación a la presidenta: “Borra”.

Como señalaban otros usuarios, en otro tuit, esta vez de 2018, Ayuso afirmaba: “El bilingüismo me parece de gran riqueza pero no en detrimento de la segunda lengua materna más importante del mundo”. La presidenta madrileña concluía: “Pero hablar catalán, gallego, etc. es riqueza cultural, un tesoro”.

En 2013 Ayuso se movía por la misma línea: “No soy experta pero tengo entendida [sic] que el bilingüismo fomenta destrezas mentales. Da envidia...”.

La visión transmitida por Ayuso cambió radicalmente la semana pasada. La presidenta madrileña abandonaba la Conferencia de Presidentes cuando las intervenciones eran en euskera, catalán y gallego, para volver durante esta última, ofrecida por su compañero de partido Alfonso Rueda. Fue la única que lo hizo: el resto de líderes autonómicos permanecieron en sus asientos siguiendo las intervenciones con traducción automática por pinganillo para quien lo solicitó.

“España no es un país plurinacional, es una gran nación de siglos y además pocas naciones como la nuestra tienen una lengua común compartida por 600 millones de personas”, declaró después Ayuso, que añadió que el uso de pinganillos le parecía “una farsa”.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 50 años que fue encontrada muerta este sábado, 7 de junio, en Marbella (Málaga). La mujer, española, murió presuntamente a manos de su pareja, de nacionalidad búlgara, que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

El cadáver apareció el pasado sábado por la mañana en un descampado de la calle Vélez, tras una estación de servicio. La pareja solía trabajar como aparcacoches, según informaron este fin de semana medios locales. El hombre fue detenido en las inmediaciones de la comisaría.

De este modo, en Andalucía, ascienden a cuatro las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025. El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España este año asciende a 13, sumando un total de 1.304 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo, constata que la víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado de nuevo “su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas”. Tanto la ministra como la delegada han pedido “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes”.

Se trata del cuarto asesinato machista de este año en Andalucía, la comunidad con más casos en 2025. Le sigue Cataluña, con dos. Mientras, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Extremadura tienen un caso cada una.

Es el segundo caso del año en Málaga, tras el asesinato de Catalina, con tres hijos menores. Ocurrió en Benalmádena el pasado febrero. Esta mujer sí había denunciado a su agresor y solicitado una orden de alejamiento cautelar, pero la jueza lo denegó.

Por otro lado, de los trece asesinatos machistas de este año, once no contaban con denuncia previa, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad.

En cuanto a las víctimas, ocho de ellas eran españolas y cinco de otro país. Asimismo, en el caso de los presuntos agresores, siete eran españoles y seis de otro país.

Cuarta víctima del año en Andalucía

De las tres mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); y aumentan a cuatro con el último caso confirmado, en Marbella.

En concreto, el pasado 24 de abril, una mujer de 55 años fue encontrada muerta en su domicilio de Cartaya (Huelva). Se constató que el cuerpo hallado había sufrido una muerte violenta a martillazos. La víctima, formaba parte del sistema Viogen, aunque no por la pareja con la que convivía actualmente, si no por una anterior.

El 3 de marzo una mujer de 78 años fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Martos (Jaén).

El 9 de febrero, Catalina, de 48 años, fue asesinada presuntamente por su pareja en Benalmádena (Málaga), siendo la primera mujer asesinada por violencia género en Andalucía en este 2025. La víctima tenía tres hijos menores de edad. El mismo día se detuvo al sospechoso, que había provocado un incendio en la vivienda.

En cuanto al año anterior, en 2024 fueron diez las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en Andalucía, seis menos que en 2023. En el 70% de los casos existía una convivencia de la pareja en el momento del asesinato y no había denuncias previas en nueve de los diez homicidios.

Un disparo cruzó la espesura y agitó el aire junto al río Endeavour. La tensión entre los tripulantes del HMS Endeavour y los Guugu Yimithirr había estallado por un desacuerdo con una tortuga marina. En tierra, la vegetación ardía por el fuego encendido por los aborígenes como advertencia. James Cook ordenó responder con pólvora. Así comenzó el contacto europeo con los pueblos originarios de la costa noreste de Australia.

El 11 de junio de 1770, el barco comandado por Cook encalló en un arrecife de coral y tuvo que permanecer más de seis semanas en la desembocadura de un río al que bautizó como Endeavour. Aquel accidente abrió un periodo de convivencia forzada con los habitantes tradicionales del lugar, que ya conocían la Gran Barrera de Coral desde hacía siglos.

Una misión científica terminó en apropiación territorial

La presencia británica, aunque fue fugaz, desencadenó un choque de costumbres y prioridades. Los relatos orales transmitidos por generaciones entre los Guugu Yimithirr recuerdan ese primer contacto como el inicio de un desequilibrio que nunca volvió a restablecerse.

La expedición de Cook tenía objetivos científicos. La Royal Society le había encomendado observar el tránsito de Venus desde Tahití y buscar evidencias del continente austral en aguas del Pacífico. Tras cumplir el primer encargo, el capitán británico se dirigió a la costa este de Australia.

Allí comenzó una travesía por aguas desconocidas, cartografiando el litoral mientras Joseph Banks recogía muestras de flora y fauna. Aquel avance culminó con una toma de posesión sin consentimiento aborigen, ejecutada por Cook el 22 de agosto desde Possession Island, en el extremo norte del continente.

En sus propias palabras, Cook escribió en su diario que Australia “no produce nada que pueda convertirse en un artículo de comercio que invite a los europeos a establecerse allí”. Dieciocho años después, el Imperio británico instaló una colonia penal en Nueva Gales del Sur.

Para los pueblos originarios, ese acto no supuso una llegada, sino el inicio de una transformación impuesta por gente que no conocían y que no tenían derechos sobre ellos. La autoridad aborigen sobre el mar y la tierra se vio desplazada por nuevas normas, idiomas ajenos y lógicas extractivas.

La historia del arrecife está entretejida con las memorias del colonialismo

Las comunidades como los darumbal, wulgurukaba o manbarra mantienen una relación ancestral con el mar, a través de prácticas culturales que combinan saberes espirituales y aprovechamiento sostenible. Antes de que el mar cubriera las planicies donde hoy se alza el arrecife, ya existía una vida organizada con rutas comerciales, divisiones territoriales y conocimiento ecológico profundo.

Con la subida del nivel del mar, ese vínculo se trasladó a lo que hoy se llama Sea Country, una noción que entrelaza territorio, cultura y responsabilidad. Esa relación, transmitida durante generaciones, se vería profundamente trastocada con el asentamiento británico en la región.

Los europeos, además de llevar nuevas enfermedades o desposesión territorial, también interrumpieron los sistemas de transmisión de conocimiento oral, los ritos ligados al arrecife y la gestión comunitaria de los recursos marinos.

A pesar de ello, muchas personas aborígenes continúan implicadas en la protección del arrecife y en la recuperación de sus prácticas. Algunas participan en acuerdos formales con la Autoridad del Parque Marino para codirigir la gestión del entorno. Otras registran tradiciones, cuidan de lugares sagrados o enseñan a los más jóvenes la relación que mantienen con ese territorio sumergido.

Las cicatrices históricas no han roto por completo ese lazo. Aún persiste un conocimiento vivo que sitúa a los pueblos originarios como custodios legítimos del arrecife. Según explica Malcolm Mann, representante darumbal en la comisión asesora de la Autoridad del Parque Marino, “la barrera de coral es algo que va y viene, pero lo que nos preocupa es el ritmo de cambio debido a la influencia humana”.

El legado colonial sigue presente en las estructuras de gestión, en la distribución de los derechos sobre el territorio y en los efectos acumulados de decisiones que priorizaron intereses económicos frente al equilibrio ambiental. Sin embargo, la memoria de lo que ocurrió a partir de aquel encallamiento en 1770 no se ha perdido. En las narraciones, en los cantos tradicionales y en las líneas de conexión cultural con el arrecife, sigue vivo el recuerdo de una historia que comenzó con un disparo en la costa.

Las estanterías de las tiendas especializadas están llenas de diseños llamativos. Hay botas de fútbol con patrones geométricos, otras con cordones asimétricos y algunas que cambian de color si les toca el agua. Las marcas compiten por destacar con cada nuevo lanzamiento y los precios se disparan con facilidad.

Entre tanta oferta, el calzado se ha convertido en un marcador de estatus. En medio de esa vorágine de modelos y tendencias, los alevines del Espanyol han tomado una decisión que rompe por completo con esa lógica.

La medida busca proteger a los niños y eliminar presiones externas

Los chicos del conjunto perico, que se han proclamado campeones de LaLiga Futures, han dejado una imagen que ha llamado la atención tanto como su fútbol. Cada jugador, sin excepción, saltó al campo con botas completamente negras. Sin logos de colores, sin personalizaciones, sin diseños extravagantes.

La imagen, repetida partido tras partido, no respondía a una cuestión estética ni a la nostalgia por tiempos pasados, cuando prácticamente todos los jugadores llevaban botas negras al haber poca oferta. Este código de vestimenta tenía un motivo muy concreto que fue detallado por Joel Tubau, entrenador espanyolista, al término del torneo.

La medida, adoptada por el club y aplicada de forma transversal en todas sus categorías inferiores, persigue la igualdad. El miembro del staff detalló que “a principio de temporada hicimos una reunión con los coordinadores y las personas que más mandan del club” y “decidieron poner esta norma como política de club desde los más pequeños hasta el Juvenil A”.

En esa reunión se valoraron varios factores. Uno de los más importantes fue la necesidad de reforzar la imagen colectiva del grupo por encima de las individualidades. Pero también se tuvo en cuenta un aspecto que va más allá del terreno de juego: la situación económica de las familias.

Tal y como explicó Tubau,, desde el club catalán pretenden “minimizar la diferencia de estatus de las familias”, para evitar que un “niño llegue con unas botas de mil colores y precio elevadísimo mientras otro, con menos recursos en casa, no pueda acceder a ese tipo de calzado tan espectacular”.

El resultado ha sido doble: por un lado, homogeneidad visual en cada comparecencia del equipo; por otro, un gesto sencillo que elimina una fuente frecuente de presión entre los más pequeños. En lugar de destacar por llevar el último modelo de una marca concreta, los niños del Espanyol destacan por cómo juegan, se asocian y compiten.

Una imagen coherente con una propuesta deportiva que funciona

A lo largo del torneo, el equipo periquito superó rivales de peso, incluido el Real Madrid o el Sevilla en una final que se resolvió en los penaltis. En cada uno de esos partidos, la uniformidad de las botas fue una constante. En redes sociales, la imagen ha circulado junto a comentarios que valoran positivamente la iniciativa, aunque desde el club no se ha querido hacer promoción de la medida.

El mensaje interno ha sido claro desde el principio: todos son iguales cuando pisan el césped. La implementación ha sido discreta, centrada en el beneficio que aporta al grupo. El efecto ha sido inmediato, especialmente en categorías donde las diferencias económicas entre compañeros y familias pueden hacerse evidentes de forma sutil.

Sin interferencias externas ni elementos visuales que distraigan, los jugadores han competido en igualdad de condiciones, al menos en lo que respecta a su indumentaria. Lo que sobresale, en este caso, no es el calzado. Es la propuesta deportiva que les ha llevado hasta lo más alto del torneo, con un grupo que ha sabido imponerse en cada eliminatoria para volver a poner a la Dani Jarque como una de las canteras más productivas de España.

Isabel Díaz Ayuso no ha descartado este lunes la opción de postularse en el futuro a liderar el PP y disputar el liderazgo a Alberto Núñez Feijóo. “Son cuestiones para siguientes congresos”, ha respondido tras ser preguntada en una entrevista en Espejo Público por su posicionamiento a favor de 'un militante, un voto', ya que “posiblemente” con esta fórmula ella “tendría más apoyo de las bases que otros candidatos”, tal y como le ha planteado la presentadora Susanna Griso, que ha llegado a insinuar que incluso este posicionamiento podría estar pensado de cara al futuro, en caso de que en algún momento decidiera “cuestionar” el liderazgo de Feijóo.

En su respuesta, la presidenta madrileña no ha querido cerrar la puerta a esta posibilidad: “Son decisiones para el futuro y nosotros estamos aquí en el presente”. Además, ha defendido la necesidad de un sistema “más democrático, abierto y libre” para elegir a los futuros líderes del partido. “Pensamos que es mejor”, ha reseñado, después de que Griso le recordara que, en 2018, Soraya Sáenz de Santamaría contó con el respaldo de los militantes, pero fue Pablo Casado quien obtuvo el apoyo de los compromisarios y finalmente se alzó con la presidencia del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado estas declaraciones tras la manifestación que organizó su partido este domingo en la Plaza de España bajo el lema “mafia o democracia” y la exigencia de un adelanto electoral. Ante decenas de miles de personas –50.000 según Delegación del Gobierno, el doble según el PP–, Ayuso recabó más aplausos y vítores cuando saltó al escenario que su jefe de filas.

Ayuso asegura que el PP no es “una secta”

Preguntada de nuevo en Espejo Público sobre si defiende que su partido debería promover una moción de censura en contra de Pedro Sánchez, la mandataria se ha limitado a asegurar que Núñez Feijóo tiene “todo” su apoyo. Además, Ayuso ha normalizado la “disparidad de criterios en algunas cuestiones” y que se verán en el Congreso a principios de julio porque no son “una secta, sino un partido político”, ha reivindicado.

Aun así, la jefa del Ejecutivo autonómico considera que hay cierto nivel de acuerdo con la dirección del partido en revisar el actual sistema de primarias de doble vuelta del partido, primero votan los afiliados y luego los compromisarios, que se implantó en 2017 con Mariano Rajoy. “Feijóo tampoco está de acuerdo con que sea la militancia la que decida un candidato y luego por compromisarios eso se desluzca”, ha indicado.

Tras su plante en la Conferencia de Presidentes a los mandatarios autonómicos cuando utilizaron el catalán y el euskera para expresarse en la reunión, y su negativa a dar dos besos a la ministra Mónica García, la presidenta ha continuado este lunes defiendo su argumentación. Insiste en asegurar que Más Madrid, partido al que pertenece la ministra de Sanidad, le ha llamado asesina, algo que desmienten desde esa formación.

“Se me ve incómoda”, ha reconocido Ayuso al observar las imágenes de su plante a García. “No lo puedo fingir”, ha insistido, a la vez que ha reprochado a la ministra que se le “encara”, “sin respetar las distancias”.

Además de abrir brecha contra el presidente de su partido, también lo ha hecho con el del Gobierno, la mandataria ha asegurado que “Sánchez pretende ser el jefe del Estado y no el Rey y”. “Por eso, todas las concesiones que todos los días vemos”, entre ellas, según la presidenta, la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes, que contribuyen a remper “el país a la cara, a sorbitos y no pasa nada”. Y ha añadido: “Como lo denuncies o como te parezca mal, es que eres extremista”.