El abogado Benet Salellas ha asumido la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, después de que el letrado que le representó en los primeros días renunciara a ejercerla, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Salellas es conocido por defender a Jordi Cuixart en el juicio del procés y pertenece al ámbito de la izquierda independentista catalana.

Conocido en círculos judiciales desde sus inicios como abogado por su implicación en casos antirrepresivos, Salellas saltó al primer plano a raíz de su paso por el Parlament como diputado de la CUP entre 2015 y 2017, en la etapa más convulsa del procés, y después, de vuelta a la abogacía, por defender al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo.

El penalista Gonzalo Martínez-Fresneda asumió la defensa de Cerdán el pasado viernes con la intención de representar a Cerdán en el trámite urgente de comunicar al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que aceptaba su ofrecimiento de declarar voluntariamente, sin necesidad de tramitar el suplicatorio del Congreso, y para acceder a los indicios que contra el ex número tres de los socialistas aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una vez formalizada la renuncia, Martínez-Fresneda renunció a la defensa de Cerdán, tal y como estaba previsto desde que la asumión, aseguran fuentes cercanas al letrado. Martínez-Fresneda representa al PSOE en la acusación popular del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Junts pone contra las cuerdas la ley para reducir la jornada laboral. Como advirtió, la formación de Carles Puigdemont ha cumplido su amenaza y este miércoles por la mañana presentará la enmienda a la totalidad a la regulación para llevar el horario máximo de trabajo a las 37 horas y media (de media anual). “Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos”, ha afirmado Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, en una entrevista en RNE, como habían informado fuentes de la formación independentista catalana a elDiario.es.

El paso de Junts es una primera complicación para la tramitación parlamentaria de esta ley estrella para el Gobierno de coalición, especialmente para Sumar y para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde la formación de Díaz han intensificado la presión en las últimas semanas para intentar sacar la norma adelante, que aún no cuenta con los apoyos necesarios y que enfrenta una fuerte oposición por parte de las patronales.

“No ha habido ningún movimiento, hemos hablado estos días pero seguimos muy lejos”, afirman fuentes de Junts a elDiario.es. Ayer estaba prevista una reunión de la formación indepentista catalana con la vicepresidenta Yolanda Díaz, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con todas las fuerzas políticas (salvo Vox), pero el encuentro se canceló. Según Junts por una cuestión de agenda, porque coincidía con el encuentro mantenido ayer con Pedro Sánchez ante el estallido del caso Santos Cerdán.

Primer debate antes del parón veraniego

La presentación de la enmienda a la totalidad tiene lugar después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmara que el primer debate parlamentario sobre la reducción de la jornada tendría lugar antes del parón veraniego. Es decir, como muy tarde en julio, cuando la Cámara Baja tiene previsto convocar al menos un pleno extraordinario para votar algunas medidas que el Gobierno quiere tener ya listas.

De prosperar la enmienda a la totalidad de Junts, que podría suceder con el apoyo del PP y Vox (que no se han posicionado aún al respecto), el Parlamento devolvería la ley al Gobierno, que debería volver a aprobar una nueva norma si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz ha avisado a los empresarios de que, en caso de que se tumbara la ley, aprobaría el endurecimiento del registro horario por decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso, una carta de negociación que asomó hace unas semanas.

En cualquier caso, desde Sumar y el Ministerio de Trabajo han insistido en que la enmienda a la totalidad de Junts es más una maniobra de negociación, y han reiterado que confían en poder dialogar y superar este primer impedimento para que el texto legal se debata en el Congreso y las formaciones políticas puedan negociar su contenido, a través de enmiendas al articulado.

Ataques a los “sindicatos españoles” y a la reducción horaria

“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, ha explicado Nogueras en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha cargado contra los sindicatos por afirmar que Junts “es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo”, como afirmó Unai Sordo, el secretario general de CCOO.

Nogueras ha afirmado que no pueden dar apoyo a una ley “que se ha hecho solo con los sindicatos españoles”, y en la que, según su opinión, “se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Catalunya”. No obstante, hay que recordar que los sindicatos CCOO y UGT son los más representativos en Catalunya.

Nogueras ha reprochado que los sindicatos no tengan “fuerza” para denunciar que “el Estado español no está pagando a los catalanes” o que se “machaca a impuestos a la las pymes y a la clase trabajadora catalana”. “¿Dónde están esta gente cuando todo esto pasa y qué ocurre desde hace muchos años? Bueno, pues supongo que ellos no lo notarán (...) Lo único que les he escuchado era que volvían a atacar a Junts, que es lo único que escuchamos últimamente”, ha zanjado la independentista catalana.

Aunque en Trabajo insisten en la “discreción” sobre las negociaciones, las ayudas a las pymes se sitúan como una de las herramientas de negociación del Gobierno en la tramitación parlamentaria, especialmente con Junts, dada la importancia de las pymes en el tejido empresarial catalán.

Red Eléctrica (REE) ha situado este miércoles el inicio del histórico apagón del pasado 28 de abril en el “mal funcionamiento” de una planta fotovoltaica en Badajoz que la empresa, de la que el Estado es el mayor accionista con el 20%, tiene “perfectamente identificada”, pero no revela por cuestiones de “confidencialidad” y que fue la que provocó una “oscilación forzada de frecuencia” que el informe del Gobierno presentado el martes por el Gobierno considera anómala.

En una rueda de prensa en la sede en Tres Cantos (Madrid) de Redeia, matriz de la empresa, para presentar su informe sobre el apagón, la directora general de Operación de REE, Concha Sánchez, ha situado el inicio del incidente en “las 12 de la mañana” del 28 de abril.

La situación del sistema era “absolutamente normal”. “Nada teníamos de indicios de lo que después iba a suceder”. Pero a las 12.03 “el sistema empezó a sufrir” una “oscilación forzada de frecuencia” que provocó “una bajada del nivel de tensión” y una fluctuación “muy importante” que se prolonga durante casi cinco minutos y requiere actuar “de forma inmediata” porque es una situación “peligrosa”: hay que cambiar la forma en la que opera la interconexión con Francia, que deja de funcionar en corriente alterna y pasa a consigna fija, “algo que se hizo de acuerdo con RTE”.

Se observa una alteración “importante” en una línea eléctrica en Badajoz y se decide reducir el intercambio con Portugal. Pero la oscilación “se vuelve a reproducir” a las 12.16. “Seguimos desconectando reactancias para mejorar el nivel de tensión en el sistema”.

Procede de una “planta fotovoltaica que denominaremos A en la provincia de Badajoz”, que está “conectada a la red de transporte”. Según Sánchez, esa oscilación “inequívocamente” se debería “a un mal funcionamiento de los controles internos” de la planta. Pero esta cuestión “lógicamente deberá ser aclarada por el propietario”.

Tras esas oscilaciones anómalas, se observa un “crecimiento anómalo” de la demanda que “en realidad es una desconexión de generación” empiezan a desconectarse 700 MW de pequeñas instalaciones sobre las que REE, ha asegurado, no tiene visibilidad, incluyendo plantas de autoconsumo.

A continuación el flujo de la exportación se “reduce”, siguen incrementándose las tensiones y se produce el disparo de generación en una subestación en Granada. Empiezan a sucederse desconexiones, incluyendo otra de 582 MW en Badajoz, y cuando ya se han desconectado más de 2.000 MW en la red de transporte y “un volumen considerable” en redes de distribución “ya no fue posible que el sistema mantuviera sus niveles de tensión”. Pero hasta ese momento “no podemos hablar de sobretensiones” porque, ha asegurado, estaban en los valores que fija la normativa.

Otro aspecto muy “relevante” es la “insuficiencia de recursos” para controlar la tensión, porque no hubo un “cumplimiento” de las obligaciones de control de tensión de los generadores que deben prestar este servicio. “No hubiéramos tenido apagón”, ha afirmado. Y “que hubiera un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado las cosas”, en referencia al informe del Gobierno que destaca que la potencia de reserva estaba en mínimos de 2025, que la víspera un ciclo combinado se declaró indisponible y REE no lo sustituyó.

Sánchez ha urgido a que se apruebe el servicio de control de tensión que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza aprobar desde hace cinco años.

Se trata de un procedimiento que según el propio súperregulador está obsoleto y que REE le propuso en 2021. La propia CNMC planteó cambiarla en 2019 y en 2022, reconoció “problemas continuos de control de tensión” pero los abordó con un proyecto piloto.

REE ha presentado el informe sobre el apagón que exige al operador del sistema la normativa vigente (un procedimiento de operación de 2019) cuando se produce un incidente de “especial relevancia” como este, con un plazo máximo de 60 días y medidas a tomar para que no se repita.

REE ha sido señalada en el informe del Gobierno (que reparte culpas entre el operador del sistema) por una “mala planificación”, en expresión de la vicepresidenta Sara Aagesen, de la potencia reserva en el mercado conocido como de restricciones técnicas. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha explicado que es “clave” tener en cuenta que el operador, que debe ejercer sus funciones con “transparencia, objetividad y eficiencia económica”: “al mínimo coste”, como ha subrayado la directora general de Operación de REE. La empresa “no gestiona las redes de distribución” ni las redes privadas de evacuación de generación, ni los centros de control vinculados al resto de operadores, aunque “evidentemente” hay “una coordinación en la previsión y la operación” del sistema.

La empresa ha elaborado su informe con la información disponible “hasta donde alcanza la observabilidad el operador del sistema”. El resto de operadores, ha explicado Corredor, han facilitado “información parcial”, a veces sin “la calidad deseable”, sin entregar “siempre” los datos remitidos y con las compañías “especificando su carácter de confidencial”. Por eso, como el informe del Gobierno, el contenido se va a publicar “anonimizado” y se ha presentado este miércoles en un acto “al que no estamos obligados” y “en aras al interés general”.

“No es nuestra competencia la depuración de responsabilidades”, que “corresponde a las autoridades que están investigando”, la CNMC, ENTSO-E y la Audiencia Nacional, ha dicho Corredor.

Respecto al informe del Gobierno presentado este martes, Corredor ha recalcado que REE autorizó que “todos los datos” que le afectan “se hagan públicos” y el sector privado no: “Es evidente que no todos los agentes del sector han hecho lo mismo”. Desde el 1 de mayo REE ha realizado 57 envíos de informes, algunos compuestos por decenas de documentos, al comité que investiga el apagón, de forma “adicional” a la información de la denominada “caja negra” del sistema eléctrico.

El alcalde se desplomó con el micrófono en la mano, en mitad del cuadrilátero elevado, sin haber terminado su intervención. El silencio fue inmediato. Tres mujeres cruzaron el borde sin dudar, mientras otros asistentes apenas alcanzaban a reaccionar. Una de ellas se arrodilló y empezó a practicar maniobras de reanimación. El resto intentaba despejar el espacio, apartando a quienes se agolpaban. La escena ocurrió sobre el dohyō, la plataforma sagrada del sumo japonés.

La intervención se produjo en un gimnasio de la ciudad de Maizuru, en la prefectura de Kioto, donde se celebraba una exhibición oficial. Ryozo Tatami, alcalde de la ciudad y con 66 años, colapsó frente al público mientras ofrecía un discurso de apertura. Las mujeres que acudieron a socorrerle fueron interrumpidas por los avisos del árbitro principal del torneo, que exigía por megafonía que abandonaran el círculo. Las normas del sumo prohíben la entrada de mujeres al dohyō, al considerarlas contrarias a la pureza del recinto ritual.

Las imágenes del suceso, recogidas en vídeo por medios locales, mostraban cómo al menos dos de las socorristas comenzaron a retirarse al escuchar la instrucción del juez, aunque regresaron segundos después al ver que el estado del alcalde no mejoraba. Pese a los impedimentos oficiales, ignoraron las órdenes por megafonía y retomaron la atención médica sin apartarse.

Según confirmaron las autoridades municipales, Tatami sufrió una hemorragia subaracnoidea y fue trasladado al hospital, donde quedó estabilizado. El incidente generó críticas inmediatas en redes sociales y medios de comunicación. Numerosos usuarios denunciaron que se antepusiera una norma ceremonial a una emergencia médica evidente.

La exclusión femenina en el sumo sigue siendo un punto de fricción con la sociedad japonesa actual

Uno de los aspectos más comentados fue que, tras la retirada de las mujeres, algunos testigos presenciaron cómo se arrojaba sal al dohyō, como parte del ritual de purificación que precede cada combate. En redes, el gesto fue interpretado como una respuesta al acceso de las mujeres. Una usuaria japonesa expresó en su cuenta de X: “Qué grosería lanzar sal para limpiar el anillo después de que hayan entrado mujeres”.

El presidente de la Asociación Japonesa de Sumo, Nobuyoshi Hakkaku, ofreció una disculpa pública por lo ocurrido. En un comunicado recogido por la prensa nacional, el dirigente afirmó que el protocolo seguido no fue el adecuado dadas las circunstancias, y apuntó que “el anuncio fue realizado por un árbitro que se encontraba alterado, pero fue un acto inapropiado en una situación que implicaba la vida de una persona”.

No era la primera vez que la presencia de mujeres en la arena de combate desataba polémica en Japón. En el año 2000, la entonces gobernadora de Osaka, Fusae Ota, solicitó a la asociación de sumo poder entregar el trofeo al ganador del torneo desde el centro del dohyō. La petición fue rechazada de forma reiterada. Finalmente, tuvo que realizar la entrega desde una pasarela situada fuera del área de combate, al igual que haría en años posteriores.

Las normas que regulan el sumo tradicional están firmemente ligadas a ritos sintoístas, y el dohyō es considerado un espacio ritual exclusivo. Pese a las presiones sociales y los debates sobre la necesidad de revisar ciertas restricciones, la asociación se ha mantenido firme en su postura sobre la exclusión de mujeres del círculo. Según el reglamento vigente, no pueden participar en torneos ni ceremonias oficiales, ni siquiera acceder al área de competición.

El suceso en Maizuru volvió a dejar al descubierto la tensión entre la tradición del sumo y las exigencias sociales de una mayor equidad, una contradicción que persiste incluso cuando lo que está en juego es la vida de una persona.

Yoko sobrevivió por suerte. Esta perrita, una pastora del Cáucaso, estaba andando sola por mitad de la carretera cuando fue avistada por un conductor, que se paró con el ánimo de convencerla y llevarla a un lugar seguro, por lo menos donde no pudiera ser atropellada. Y ella, lejos de mostrar desconfianza, reaccionó como pocos: nada más abrir el maletero, subió sin pensarlo.

Luego, recaló en la Asociación de Defensa, Ayuda y Rescate Animal Adayra de Madrid. Los voluntarios se pusieron manos a la obra y lograron contactar con la familia, aunque no se comportase como tal. Fueron a buscarla, pero la desatención hacia la perra era habitual por su estado y por las informaciones que llegaban de los vecinos de la zona. De hecho, “se escapaba a menudo”.

La asociación les ofreció hacerse cargo de la peluda. Les dijeron porque “un día les iba a dar un disgusto”: “Le dijimos que podía dejarla con nosotros si quería”. En un primer momento, rechazaron la oferta. Sin embargo, a las dos semanas se pusieron en contacto con ellos para entregarla definitivamente.

A la espera de una familia de verdad

Tras protagonizar varias escapadas, Yoko llegó a un sitio seguro, aunque no lo suficientemente cómodo para su tamaño. Se trata de un pastor del Cáucaso, conocido como un perro guardián de propiedades, cazador de lobos y guardián de prisiones de no menos de 50 kilos en cualquier caso y más de 60 en el caso de los machos.

En su caso, es una peluda de poco más de dos años que ahora presenta un gran estado. No fue así cuando llegó a la protectora. En ese momento, pesaba 40 kilos cuando tenía que pesar 55 kilos. También llegó llena de nudos y espigas en su frondoso pelo.

“Yoko ya está bien físicamente. Ha pasado de estar siempre cansada y seria a disfrutar de los patios, de otros perros, de los paseos, del cariño de todos los voluntarios. Y nunca, nunca, ha dejado de ser un amor”, aseguran desde la Asociación de Defensa, Ayuda y Rescate Animal Adayra en una publicación en sus redes sociales.

Sus cuidadores no pierden la esperanza de que, por fin, recale en un hogar donde reciba todos los mimos que se merece: “Enamora a todo el que la conoce, pero de momento no ha tenido suerte”. Los interesados en que forme parte de su familia se pueden poner en contacto con la protectora a través de su web o de sus redes sociales.