La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado de que el modelo de financiación singular de Catalunya no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de “un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad” reflejados en la Carta Magna.

“No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat”, han criticado los inspectores de Hacienda en un comunicado.

En la reunión bilateral celebrada este lunes entre el Estado y la Generalitat de Catalunya se ha acordado seguir avanzando en el desarrollo del modelo de financiación singular de Catalunya. Se quiere que sea la Agencia Tributaria de Catalunya la que desarrolle la campaña de IRPF del año que viene.

La asociación ha advertido de que, si Catalunya recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos. “Por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda”, ha alertado.

Además, los inspectores han avisado de las dos “muy graves consecuencias” de generalizar este modelo al resto de comunidades autónomas: la primera de ellas supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria; la segunda de ellas es que el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones.

“No dispondría, por ejemplo, de fondos para financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el ingreso mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los ERTE en época de pandemia”, ha señalado la asociación.

Revuelta en el Parlamento Europeo contra el intento de Vox de blanquear el Valle de los Caídos la semana del 18 de julio. El partido de la extrema derecha ha organizado una exposición en el edificio de la Eurocámara que inaugurará este martes bajo el nombre “La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa” con la intención de “recorrer la historia, valor artístico y dimensión espiritual” de la que es la mayor fosa común de la guerra civil. Los partidos con representación en el grupo de memoria han enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que revoque la autorización de esa muestra en los pasillos de la institución.

“Tras este título genérico, la exposición ha resultado ser en realidad un intento de blanquear el fascismo. Según la invitación oficial distribuida por uno de los diputados de esta Cámara, la exposición está dedicada al conjunto monumental del Valle de los Caídos: incluye paneles explicativos, fotografías originales, una maqueta del lugar, así como aportaciones de conocidos defensores de la reinterpretación del monumento y de la dictadura franquista en España”, señalan en la misiva en la que recuerdan que la inauguración coincide con la semana del 18 de julio, que es la efemérides del golpe de estado de Franco. “No puede considerarse una coincidencia o un acto neutral. Constituye claramente una celebración de un régimen dictatorial”, denuncian.

“El Valle de Cuelgamuros se construyó bajo el régimen de Francisco Franco utilizando mano de obra forzada de presos políticos y, durante décadas, albergó los restos del dictador en un lugar destacado del monumento. Además, los cuerpos de más de 33.000 víctimas fueron trasladados al lugar, muchos de ellos sin el consentimiento de sus familias. Por sus orígenes y simbolismo, este lugar representa la dictadura y el sufrimiento de miles de represaliados”, recuerdan en la carta, firmada por Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Vicent Marzá (Compromís), Jaume Asens Llodrà (comunes), Pernando Barrena Arza (Bildu), Estrella Galán (Sumar), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Oihane Agirregoitia Martínez (PNV), Irene Montero e Isa Serra (Podemos).

El PP no figura entre los firmantes ya que no forma parte del grupo de memoria democrática, según explican los impulsores de la carta. Lo mismo ocurre en el caso de los eurodiputados de la ultraderecha de Se Acabó la Fiesta, la candidatura que impulsó Luis 'Alvise Pérez.

“El uso del nombre Valle de los Caídos en el cartel que acompaña a la invitación -en lugar de su nombre oficial, «Valle de Cuelgamuros»- es en sí mismo un acto de revisionismo y glorificación del pasado franquista”, agrega la carta, que recuerda que la ley de memoria democrática cambió ese nombre por el de Valle de Cuelgamuros en un intento por resignificar el lugar. Los firmantes recuerdan que esa ley prohíbe el enaltecimiento de la dictadura, así como el tratado de funcionamiento de la UE aboga por el cumplimiento de los principios democráticos como valor fundamental. “Eso es precisamente lo que pretende la exposición de mañana: glorificar una dictadura cruel y sangrienta que suprimió las libertades en nuestro país durante casi 40 años”, señalan.

En principio el Parlamento Europeo se lava las manos y no pretende tomar cartas en el asunto. “Los eurodiputados tienen la posibilidad de celebrar actos culturales o exposiciones en el Parlamento Europeo. Cada eurodiputado tiene derecho a patrocinar dos actos culturales o exposiciones por legislatura. Los actos culturales y exposiciones deben ser autorizados previamente por el Cuestor, como fue el caso de esta exposición”, señalan los servicios de prensa. Los Cuestores componen el órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. Se trata de cinco eurodiputados: dos del PPE, un socialista, una liberal y uno de la extrema derecha del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR).

“Si quieren glorificar una dictadura, los tenemos que expulsar de las democracias. Aquí no hay espacio para quienes pretenden glorificar a Franco ni para los que utilizan símbolos religiosos como coartada para reescribir la historia. Lo que Vox está intentando hacer con esta exposición es repugnante: blanquear una dictadura asesina desde el Parlamento Europeo. No lo vamos a permitir. Esta institución no puede ser cómplice del revisionismo franquista ni un altavoz para la extrema derecha”, dice el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá.

“Enhorabuena, Princesa Leonor por la Medalla de Galicia 2025. Gracias a Alfonso Rueda por su invitación para participar en este encuentro en el Hostal de los Reyes Católicos”. El senador Manuel Baltar, condenado en enero por un delito contra la seguridad vial tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora, compartía este lunes ese mensaje en la red social Instagram. Lo acompañaba una imagen en la que él mismo —junto a otros destacados militantes del PP ourensano— posaban rodeando a la heredera al trono y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La fotografía fue tomada en el interior del Hostal dos Reis Católicos —Baltar etiqueta a Paradores en su publicación—, de donde Leonor y Rueda salieron para dirigirse al Pazo de Raxoi. Alli se celebró el acto oficial de entrega de la máxima distinción que otorga la comunidad autónoma. De camino, la comitiva de autoridades atravesó una Praza do Obradoiro semivacía en la que era más visible el amplio dispositivo de seguridad que la presencia de público.

Junto a Rueda, la princesa de Asturias y Baltar comparten la primera fila, entre otros, el presidente del PP provincial y de la Deputación de Ourense, Luis Menor; el diputado en el Parlamento de Galicia y ex alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, además de las senadoras Carmen Leyte y Rosa Sánchez Gándara. Tras ellos, en un segundo plano, pueden verse el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices o el conselleiro de Emprego, José González.

El calor extremo y temprano que ha afectado a España este año ha elevado a 1.180 el número de muertes atribuibles a las altas temperaturas en dos meses, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Esa cifra es muy superior al registro del mismo periodo del año pasado –donde se certificaron 114 fallecimientos achacables al calor en un curso excepcionalmente benigno–, pero está más en la línea de cursos anteriores. Así, el MoMo del verano de 2023 muestra un exceso de mortalidad por calor de 832 fallecimientos hasta julio de 2023 y de 3.054 en ese periodo de 2022.

Desde que se activó el plan de calor, entre el 16 de mayo el 13 de julio, se ha activado 76 veces el nivel rojo por calor extremo. La ola de calor que atravesó España entre finales de junio y comienzos de julio se unió a otro episodio cálido de cinco días con temperaturas entre 6ºC y 8ºC más altas que el promedio.

El calentamiento global provocado por los humanos está en gran parte detrás de esas temperaturas fuera de registro, como reveló un estudio de atribución de fenómenos meteorológicos extremos aplicado a las altas temperaturas en España en lo que va de año.

Respecto a los datos analizados este lunes por el Observatorio de Salud y Cambio Climático, las comunidades autónomas más afectadas han sido Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria. Estas regiones, que históricamente han experimentado veranos de temperaturas moderadas, “presentan actualmente un incremento notable en la vulnerabilidad climática.”, explica el Ministerio de Sanidad. “Este fenómeno podría estar relacionado con una menor adaptación estructural y social frente a episodios de calor extremo”.

La jueza de la dana ha concluido que el alcalde de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, actuó mejor y más rápido que el Gobierno de su homólogo autonómico del mismo partido, Carlos Mazón, president de la Generalitat.

La magistrada instructora, en un auto dictado este lunes, afirma que Gabaldón “adoptó medidas de protección de la población que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), y con una antelación muy superior a la del referido aviso especial: el cierre de los centros escolares”.

Si bien el departamento de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo a las 11.45, el alcalde de Utiel ya había cerrado los centros escolares antes.

La instructora rechaza así el recurso de una de las acusaciones particulares, que ejercen los familiares de una mujer fallecida en su casa de una sola planta de la localidad de Utiel, contra el auto del pasado 8 de mayo que rechazaba investigar al primer edil del PP.

La jueza reitera que el objeto del procedimiento “se centra en el aviso tardío a la población” por parte de la Administración que ostentaba el mando único de la respuesta a la emergencia: la Generalitat Valenciana.

“Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población, la adopción de medidas de autoprotección”, explica la resolución.

La diferencia, ahonda la jueza, reside en el “manejo de la información” por parte de la Generalitat y en el “presumible aunque desgraciadamente inexistente” conocimiento de las medidas a adoptar por parte de Emergencias.

La Generalitat, como mando de la respuesta a la catástrofe, a diferencia de los ayuntamientos, contaba con “múltiples canales de información”: la Aemet, los medios de comunicación, los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las llamadas al 112 y la “disposición de medios personales que debían controlar los barrancos y caudales” (en referencia a la movilización fallida de los Bomberos), además de la “posibilidad de ser asistidos” por técnicos de emergencias en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Toda esa información contrasta con la situación de los responsables municipales e “impide atribuir la posición de garantes” al conjunto de alcaldes (no solo al de Utiel), que “se vieron sorprendidos” y no recibieron “información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar”, argumenta la jueza.

El auto incide en que la diferencia radical entre las administraciones municipal y autonómica reside en que la Generalitat ostentaba la “competencia en la dirección del plan” de emergencias ante las inundaciones. La consellera competente era la la investigada Salomé Pradas y el también imputado Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico, ejercía de director de la AVSRE, recuerda la resolución.

Pradas tenía una obligación vital, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones: “Determinar, en función del tipo de y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban adoptarse”.

Un aviso a los alcaldes “a todas luces insuficiente”

La activación de la alerta hidrológica —a las 11.45 del 29 de octubre— para el río magro y el barranco del Poyo implicaba que se debía mantener la “observancia” de la evolución y adoptar las medidas preventivas para evitar el acceso a las riberas de los vecinos de las localidades potencialmente afectadas por las inundaciones.

Un aviso, a juicio de la magistrada instructora, “a todas luces insuficiente”. La jueza descarta “de plano” la “atribución indiscriminada” de responsabilidad penal por los fallecimientos a las autoridades locales.

“Lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables penales de los homicidios y lesiones imprudentes a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los hechos, lo que nos situaría fuera del derecho penal”, afirma la resolución.