El Congreso va a denegar la petición de indemnización por cese que había reclamado el exministro José Luis Ábalos al renunciar al escaño, recordando que cuando la pidió estaba suspendido de sus derechos tras haber ingresado en prisión, y que además sería incompatible con la pensión de jubilación a la que se va acoger el exdirigente socialista.

Después de renunciar a su escaño en el Congreso, una vez que el Supremo confirmó su situación de prisión provisional por el 'caso Koldo' ante su próximo juicio, Ábalos anunció su intención de acogerse a la jubilación quejándose de que había sido “desprovisto” de todos sus derechos y deberes y “privado de todo ingreso y protección social”.

Los diputados que dejan el Congreso tienen derecho a la llamada indemnización por cese, una suerte de 'prestación por desempleo' que pueden cobrar siempre que no tengan otros ingresos ya sean públicos o privados. La cuantía es el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, y en el caso de Ábalos, que fue diputado ininterrumpidamente desde abril de 2009, esta indemnización podría haber ascendido a un total superior a los 57.200 euros.

Sin embargo, en la Cámara existían dudas sobre si Ábalos conservaba o no el derecho a pedir esa indemnización habida cuenta de que el pasado mes de noviembre, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa del Congreso le suspendió de sus derechos y le dejó sin cobrar su sueldo y sin poder votar.

Renunciar al acta no implica recuperar derechos

Y un informe de los letrados concluye que efectivamente no procede conceder esa indemnización porque cuando Ábalos la pidió estaba suspendido de sus derechos, uno de los cuales es poder solicitar tal ayuda, y que tampoco la cobró ninguno de los parlamentarios suspendidos en el pasado.

Además, se recuerda que la suspensión abarca la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado y que no parece “razonable” entender que la pérdida del acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían con anterioridad.

Y, en todo caso, los servicios jurídicos subrayan que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta del parlamentario a su ocupación profesional y, por tanto, es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, también la pensión por jubilación.

De hecho, la indemnización se abona mes a mes, y se interrumpe cuando el beneficiario recibe otro ingreso, público o privado. “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”, recuerdan.

Con este informe, la Mesa del Congreso formalizará este martes la decisión de desestimar la petición de indemnización de Ábalos, que precisamente esta semana será sustituido por la siguiente en la lista del PSOE de 2023 por la provincia de Valencia.

Cerdán fue el último en cobrar esta prestación

El último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos.

El PP intentó que la Mesa del Congreso impidiera a Cerdán percibir esa cantidad alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar. Pero el PSOE y Sumar se ampararon en un informe de los letrados para concederle esa indemnización.

Los servicios jurídicos de la institución concluyeron que el 'número tres' del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el periodo durante el que fue diputado. Cerdán la cobró durante seis meses hasta el pasado diciembre.

La diferencia con Ábalos es que Cerdán mantenía intactos sus derechos como diputado cuando abandonó el Congreso, puesto que entregó su acta antes de entrar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.

Vox ha esperado al último día que marca el calendario electoral para anunciar a su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. No era un secreto a voces, pero sí se había mantenido la incógnita sobre por quién se decantaría la cúpula de Bambú: el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, o el portavoz parlamentario autonómico, David Hierro. Finalmente, ha sido el primero.

Pollán (León, 1967) encaja con el perfil que Santiago Abascal busca para sus territorios: una figura institucional, sin grandes salidas de tono en público y capaz de asumir que durante la precampaña y la campaña los focos se concentren en los líderes nacionales, como ya ocurrió en Castilla y León en 2022 y más recientemente en Extremadura y Aragón.

Muy alejado del perfil bronco que exhibía el anterior candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, el bajo perfil de Pollán ante los micrófonos y en el hemiciclo no lo ha mantenido al margen de la polémica. Aun así, ha logrado que la oposición pase de negarle el saludo a reconocerle su trabajo al final de la legislatura, algo que verbalizó el procurador Francisco Igea en su última intervención en un pleno.

Carlos Pollán es licenciado en Derecho y, antes de su llegada a la política autonómica, ejerció profesionalmente en el ámbito de la asesoría laboral. En León es conocido también por su vinculación al balonmano, donde fue jugador y presidente del Ademar. Bajo su mandato, el club entró en bancarrota y tuvo que declarar concurso de acreedores en 2013 debido a una deuda impagada superior a los 500.000 euros. Tras la presentación del concurso, Pollán dimitió del cargo —que ocupaba desde 2009— y abandonó el club en el que había sido jugador durante ocho años y entrenador de filiales durante doce temporadas.

Pollán fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó el quinto puesto en la lista a las Cortes en 2019, cuando Vox tampoco obtuvo escaño. Ya en 2022 encabezó la candidatura por León, accedió al Parlamento autonómico y fue elegido presidente de las Cortes gracias al acuerdo entre PP y Vox, que permitió la entrada de la extrema derecha por primera vez en un gobierno autonómico y otorgó, también por primera vez, el control del poder legislativo en una comunidad.

Falta de neutralidad

La figura de Pollán ha ido evolucionando a lo largo de la legislatura. En los primeros años, con Vox en el Gobierno autonómico, era habitual que los plenos se desarrollasen entre exabruptos e insultos protagonizados por el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo. Desde la oposición se denunciaba la permisividad del presidente de la Cámara.

En una de esas broncas, García-Gallardo llamó “imbécil” y “presunto delincuente” a Francisco Igea mientras intervenía en el pleno. “Señor presidente, he de decirle que esto es inaudito”, protestó Igea, a lo que Pollán respondió con un escueto “señorías, por favor”. El propio Igea llegó a pedir la dimisión del presidente de las Cortes por retuitear a un diputado de Vox que lo “difamaba”.

Pollán tampoco mantuvo una posición equidistante cuando era la oposición quien elevaba el tono. Así, cuando desde el PSOE se calificó al PP como una “pandilla de sinvergüenzas”, el presidente ordenó retirar esas expresiones del Diario de Sesiones. En cambio, no reprendió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando hizo el gesto de una peineta a una procuradora socialista, ni intervino cuando desde la bancada del PSOE se acusó a García-Gallardo de realizar “gestos de felación” durante un pleno.

Durante los algo más de dos años del pacto PP-Vox, los ataques de la oposición —especialmente dirigidos a Pablo Fernández (Unidas Podemos) y a Francisco Igea— solían acabar en llamadas al orden. Ocurrió, por ejemplo, cuando Pollán amonestó a Fernández por afirmar que García-Gallardo profesaba “la ideología fascista”, expresión que terminó siendo retirada. Sin embargo, acusaciones de Vox al PSOE como “tener un pasado criminal” o ser “socialcomunistas” nunca fueron sancionadas pese a las protestas.

Otro episodio se produjo en julio de 2023, cuando el PSOE llevó ante la Junta Electoral Central al presidente de las Cortes por usar la web del Parlamento y las redes institucionales para hacer propaganda de su partido. Durante la campaña electoral, la agenda oficial del presidente incluía como primer acto público su asistencia a un desayuno informativo de Santiago Abascal en Madrid. Finalmente, las publicaciones fueron eliminadas.

La legislatura avanzó desde unos primeros años marcados por el conflicto y los insultos hasta un último tramo más contenido, especialmente tras la salida de García-Gallardo de Vox en febrero de 2025. La ruptura entre PP y Vox y la mayor moderación general han contribuido a reducir la tensión en el hemiciclo y a devolver cierta normalidad parlamentaria.

Con la llegada de Vox a la Presidencia de las Cortes, ostentando también cargos como los que afectan a su relación con los medios de comunicación, varios periodistas han sufrido dificultades para desarrollar su trabajo en el parlamento autonómico en condiciones, entre ellos elDiario.es. Mientras que el resto de medios contaban con un espacio asignado desde el primer momento, a otros se les ha negado una cabina de prensa y no ha sido hasta el final de la legislatura cuando han podido tener un sitio para poder trabajar dignamente.

Eliminación del concepto de violencia machista y LGTBI

Durante estos cuatro años, Pollán fue cuestionado no solo por una presunta falta de neutralidad política, sino también por imponer en la institución las tesis de Vox. En septiembre de 2022, tras un asesinato machista en Palencia, las Cortes convocaron un minuto de silencio por un “crimen en el que una mujer perdió la vida”, evitando el término violencia de género. Según García-Gallardo, “la violencia no tiene género”, imponiendo así el discurso de la derecha radical. El PP fue cómplice de esta línea, como cuando permitió que Vox bloquease una declaración institucional por un crimen machista.

Pollán ha defendido una supuesta neutralidad institucional evitando posicionar a las Cortes en declaraciones de apoyo a colectivos, algo que antes de la llegada de Vox se traducía en declaraciones institucionales y en la iluminación del edificio del Parlamento con colores simbólicos. Ante esta postura, el PSOE decidió colgar una bandera arcoíris en sus dependencias durante la semana del Orgullo LGTBI, lo que derivó en un enfrentamiento con la Presidencia, que llegó a amenazar con recurrir a la seguridad para retirarla. La única iluminación permitida ha sido la de la bandera nacional el día de Santiago, patrón de España.

Líos en las votaciones

Dos veces ha tenido Pollán jaleo a la hora de votar. La primera, y quizás la más sonada, se produjo en el Pleno de Presupuestos de 2022. Una redacción “confusa”, según el Partido Popular, hacía que el presidente de las Cortes suspendiera la sesión en mitad de una votación tras aprobarse, por error, las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña a las cuentas autonómicas, con el apoyo de PP y Vox. El resultado —66 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones— alteraba aspectos clave de la política fiscal, como la recuperación del impuesto de caza o la limitación por renta de la bonificación del IRPF a familias numerosas.

Ante la protesta del PP, que pidió repetir la votación, Pollán decretó un receso durante el proceso, una decisión calificada de anómala por la oposición. El presidente interrumpió la sesión por diez minutos, aunque el parón se prolongó durante más de una hora, entre protestas del PSOE, que recordó que el reglamento impide repetir votaciones ya celebradas. Finalmente, Pollán retomó el Pleno para afrontar la única salida reglamentaria: someter a votación la Ley de Medidas, que fue rechazada por 44 votos en contra, 26 a favor y 8 abstenciones, dejando en el aire la viabilidad de los Presupuestos.

Tras el episodio, PP y Vox anunciaron que presentarán una nueva proposición de ley la próxima semana, mientras que Unidas Podemos e Igea anunciaron la impugnación del proceso por la “parcialidad” del presidente de las Cortes. Desde el PSOE se acusó a Pollán y al bloque de gobierno de protagonizar un “espectáculo” institucional, subrayando que el receso en plena votación no tiene precedentes en la Cámara autonómica.

La segunda se produjo cuando el leonés decidió aprobar la propuesta del PP de una terna de jueces al Tribunal Superior de Justicia. Pollán no aclaró previamente el sistema ni la mayoría necesaria, limitándose a señalar que bastaban “votos favorables”. Tras una votación secreta —que el propio presidente reconoció después que se había planteado de forma incorrecta—, la propuesta de los 'populares' salió adelante pese a obtener más votos en contra (35) que a favor (31), con los procuradores de Vox ausentes. Posteriormente, la Presidencia justificó el resultado en una resolución de 1999 que establece que resulta elegida la terna más votada, incluso si es la única presentada.

La oposición acusó a Pollán de falta de transparencia y de haber generado un procedimiento irregular. El PSOE anunció que estudia recurrir la votación y su portavoz, Luis Tudanca, aseguró que el presidente había defendido previamente que era necesaria una mayoría, calificando lo ocurrido de incoherente. Pese a la polémica, salvo impugnación judicial, la terna será remitida al Consejo General del Poder Judicial para continuar el trámite de designación del magistrado del TSJ de Castilla y León.

Pollán vs Mañueco

El presidente del Poder Legislativo ha tenido encontronazos con el Poder Ejecutivo. En julio de 2025, Carlos Pollán publicaba en la red social X una imagen del orden del día del Consejo de Gobierno de la Junta mientras este se estaba celebrando, un documento interno al que no debería haber tenido acceso. Pollán utilizó la filtración para criticar que el Ejecutivo autonómico adeude 11,6 millones de euros al Parlamento y para reprochar que la Junta destinara una partida a sufragar gastos derivados de la actividad de sindicatos y patronal, en cumplimiento de la Ley del Diálogo Social. El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), calificó la actuación de “inadecuada” y anunció que se analizarán sus consecuencias, al considerar que se había difundido información del funcionamiento interno de una administración a la que Pollán no pertenece.

Desde la Junta explicaron que los órdenes del día y las actas solo se hacen públicos tras finalizar los Consejos de Gobierno y recordaron que los acuerdos —no los debates ni las tramitaciones previas— son los que tienen carácter público. Fernández Carriedo justificó el retraso en el pago a las Cortes por la espera de la actualización de la financiación autonómica de 2025 y señaló que el Parlamento dispone de remanentes, además de gastos asumidos por la Junta, como la organización del Día de la Comunidad. El Ejecutivo defendió que ha priorizado partidas vinculadas a educación, sanidad, servicios sociales y ayudas al alquiler.

En octubre, Pollán volvió a recordar que la Junta debía casi 12 millones de euros (11.745.535) correspondientes a las asignaciones del tercer y cuarto trimestre de 2025, que debían haberse transferido antes del 1 de julio y del 1 de octubre. El presidente de las Cortes remitió hasta tres escritos al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, recordando la obligación legal de librar estos fondos por trimestres anticipados y alertando de una “grave injerencia” del Ejecutivo en la autonomía parlamentaria. La transferencia se efectuó finalmente de madrugada, tras semanas de retraso.

En sus comunicaciones, Pollán advirtió de que la falta de pago vulneraba la separación de poderes al privar a la Cámara de los recursos necesarios para su funcionamiento y llegó a anunciar que estudiaría otras medidas si persistía la situación. Desde la Junta se justificó el retraso por una demora en las entregas a cuenta del Estado, aunque fuentes parlamentarias señalaron que el impago comenzó tras un discurso del propio Pollán crítico con el Estado de las Autonomías y con el PP, lo que habría tensado las relaciones entre ambas instituciones.

La crisis se trasladó a la Mesa de las Cortes, donde no salió adelante la sección 20 de los Presupuestos de 2026 —la correspondiente al Parlamento— tras la abstención de PP y Vox y el voto en contra del PSOE.

Presidente de las Cortes y patrono de la Fundación Castilla y León, en contra de las autonomías y los “chiringuitos”

Pollán es de los miembros de Vox que defienden firmemente la paradoja de poner fin al sistema de comunidades en España mientras se encuentra al frente de una institución autonómica. También se ha mostrado contrario a los “chiringuitos”, como se califican desde su partido, que suponen las fundaciones que dependen de los parlamentos regionales.

En el caso de las Cortes de Castilla y León, la Fundación Castilla y León se encargaba de programar el día de la Comunidad, el día 23 de abril, así como extender el sentimiento de pertenencia a la Comunidad. Como presidente de las Cortes, le correspondía ser el 'anfitrión' en la festividad celebrada en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros. En 2022, en su primer día de la Comunidad, se encontró con todo organizado para la fiesta autonómica aunque, según afirmó en rueda de prensa, no pudo ir al tener un compromiso familiar previo —una comunión— .

La Fundación Castilla y León ha estallado tal y como se la conocía. En un primer momento, todos los miembros de izquierdas —partidos y sindicatos— abandonaron el patronato y Vox ha centrado su actividad hacia congresos y jornadas con presencia recurrente de cargos y candidatos de Vox, junto a académicos de universidades públicas y privadas, especialmente la CEU y la UEMC, con las que mantiene convenios. Entre los actos organizados figuran encuentros sobre constitucionalismo, Reconquista, hispanismo, libertad religiosa o memoria histórica, además de acuerdos institucionales vinculados a los Reyes Católicos, el parlamentarismo leonés o proyectos de emprendimiento.

La propia Junta de Castilla y León ha creado la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León que asume las funciones que hasta la llegada de Vox tenía la Fundación Castilla y León. Según informó la Junta de Castilla y León, la nueva fundación se encargará de “preparar, diseñar y organizar las actividades que se celebrarán en el año 2030 con motivo del 800 Aniversario de la unión de los Reinos de Castilla y de León, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III”.

En la práctica, ahora es el Ejecutivo autonómico quien se encarga de diseñar y pagar el Día de la Comunidad con un formato centrado en actividades en todas las principales ciudades 'secando' al tradicional Día de Villalar, siempre vinculado a los movimientos de izquierdas de la Comunidad. Aunque, de forma paralela, las propias Cortes organizan una 'jornada alternativa' por el Día de Castilla y León en el Parlamento autonómico para contraprogramar los actos y celebraciones en Villalar de los Comuneros.

Críticas del PP

Ya con el pacto de gobierno roto, el PP cargó contra Pollán y le acusó en octubre de 2025 de “la utilización partidista e irresponsable” de la Mesa de las Cortes al entender que habían pactado con el PSOE retrasar el inicio del debate presupuestario de la Comunidad para 2026, devolviendo el proyecto a la Junta de Castilla y León. Y todo porque la Mesa pidió un informe jurídico para saber si se podían tramitar unos presupuestos sin el techo de gasto y la sección 20 (el presupuesto del Parlamento) aprobados.

Pollán decidió convocar directamente la ponencia que debe elaborar el dictamen de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, adelantándose al presidente de la Comisión de Presidencia, Raúl Hernández (PP), que es quien normalmente tendría que realizar el trámite. Desde la Presidencia del Parlamento se argumentó que Pollán estaba facultado por el reglamento para hacerlo y que la decisión responde a una petición expresa de los grupos para evitar más retrasos. El movimiento desbloquea la tramitación y su posterior aprobación en verano de 2025.

Críticas por los incendios

Carlos Pollán ha sido criticado por mantener una presencia pública muy limitada durante la peor ola de incendios de Castilla y León, que afectó especialmente a León y Zamora. Desde que comenzaron los fuegos el 9 y 10 de agosto —con varios incendios aún activos en nivel máximo de peligrosidad—, Pollán visitó en esos días las zonas afectadas y solo ha participado en tres actos públicos: una comida institucional en Gijón, el Descenso Internacional del Pisuerga en Palencia y un partido de la Cultural Leonesa. Su actividad institucional se redujo en esos días presidir una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces para convocar un pleno extraordinario sobre la gestión de los incendios, según publicó este medio el día 20 de agosto.

En el plano comunicativo, Pollán ha publicado únicamente cinco mensajes propios en esos días sobre los fuegos en la red social X, frente a cerca de medio centenar de publicaciones y retuits de temática diversa, centrados en críticas políticas y mensajes del entorno de Vox. Solo uno de esos mensajes sirvió para expresar condolencias por la primera víctima mortal, sin pronunciamientos posteriores por los otros dos fallecidos ni por las graves pérdidas ambientales, incluido el incendio que arrasó Las Médulas. Tampoco trasladó apoyo público a los heridos, más allá de un mensaje puntual a cuatro efectivos de la UME, mientras sí compartió contenidos de dirigentes y organizaciones afines a Vox, algunos con afirmaciones no contrastadas sobre los recursos destinados a la emergencia.

Las Cortes de Castilla y León apenas publicaron esos días cuatro publicaciones en redes desde el inicio de la crisis y no han emitido ningún comunicado oficial de condolencias ni sobre el impacto económico y ambiental de los incendios. La actividad institucional se limitó a comunicar la agenda del presidente y la convocatoria de órganos parlamentarios, sin pronunciamientos públicos sobre unas emergencias que están causando importantes daños materiales en el territorio autonómico.

“Salo. De confinar nada por favor. Calma”. Este mensaje que mandó el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, el 29 de octubre de 2024 a las 19.54 horas, ha centrado gran parte de la segunda comparecencia del que fuera secretario autonómico del expresidente valenciano en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados.

Diez minutos después de ese mensaje, a las 20.08, Cuenca respondió: “Salomé. Para confinar. Hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma”. Minutos después del envío del Es-Alert, en respuesta a otro mensaje de Pradas sobre la posibilidad de confinar, Cuenca insiste: “Quítate eso de la cabeza por favor”. “Tranquila che”.

La gran mayoría de los diputados de los diferentes grupos le han acusado de mentir en su primera comparecencia, motivo por el que se le ha llamado a declarar por segunda vez, tras llevar Pradas los mensajes que intercambiaron al juzgado de Catarroja. Sobre esta conversación que mantuvieron vía WhatsApp, le han preguntado si fue él quien se arrogó la competencia de negarse al confinamiento o si lo hizo por orden de Mazón. Al respecto, Cuenca ha negado la mayor: “Ni yo ni el señor Mazón dimos ninguna orden ni instrucción, lo que se traslada es una reflexión en el sentido de que cualquier decisión que se adopte debe tener una cobertura legal. Pero no es cierto que yo no quisiera confinar”.

El exsecretario autonómico ha añadido que desde la pandemia de la Covid tenía en la cabeza que para aprobar un confinamiento era necesario declarar un estado de alarma y que además el Tribunal Constitucional anuló varios decretos relacionados con esta situación excepcional. Cuenca ha insistido en que no tenía “ninguna competencia en la gestión de la emergencia” y ha reconocido que, pese a los mensajes que remitió a Pradas, desconocía que la legislación en materia de emergencias permitía realizar ese confinamiento.

El borrado de datos de sus teléfonos móviles ha sido otro de los temas que han centrado la sesión. Los diputados le han acusado de querer esconder sus conversaciones con Mazón por las consecuencias que pueden acarrear, pero Cuenca ha desmentido que borrara él los datos y ha explicado que lo que hizo fue “un cambio de portabilidad en el que se perdió información” y que devolvió los teléfonos “con los valores de fábrica restablecidos”.

Seguirá ampliación.

La Cueva de la Ramera, tras abrir sus puertas al público después de permanecer ocho años en silencio, se ha vuelto a convertir en todo un emblemático rincón de la serranía de Cuenca. Situada en el municipio de Beteta, la gestión de las visitas corre a cargo de guías expertos que desvelan los secretos de esta cavidad kárstica fascinante. Y es que adentrarse en sus profundidades es mucho más que un simple paseo: es un viaje directo hacia el corazón de la tierra. Los visitantes pueden descubrir un espacio que combina de forma magistral la aventura, el misterio y la belleza. Es una oportunidad inmejorable para conectar con la fuerza transformadora de la naturaleza en un entorno que parece detenido. 

El entorno que rodea a la cueva es igualmente impresionante, situándose en el majestuoso monumento natural de la Hoz de Beteta. Este cañón fluvial, excavado por el río Guadiela durante milenios, ofrece acantilados que alcanzan los ochenta metros de altura. El paisaje está dominado por bosques de tilos, avellanos, acebos y especies vegetales endémicas como la planta carnívora Pinguicola mundi. Para llegar a la cavidad, los senderistas deben recorrer un paseo botánico que parte desde el área recreativa Fuente de los Tilos. Este trayecto de aproximadamente 25 minutos sumerge al viajero en una atmósfera de umbría y frescor constante. Desde las alturas de la cueva, las vistas hacia el desfiladero son simplemente sobrecogedoras y únicas en toda Cuenca. La combinación de geología viva y biodiversidad convierte a este paraje en uno de los más sorprendentes de toda nuestra geografía. El sonido del río y el vuelo de los buitres leonados completan una experiencia sensorial que es inolvidable.

Geológicamente, la Cueva de la Ramera es una obra maestra nacida de la disolución de la roca caliza durante millones de años. Con un sistema que supera los 1.400 metros de galerías, el tramo habilitado para el público, eso sí, es de unos 400 metros. En su interior, el visitante se encuentra con un inabarcable paisaje de estalactitas, estalagmitas y enormes columnas pétreas. También destacan los gours, pozas de agua natural que actúan como espejos en la penumbra de las salas subterráneas. Estas formaciones caprichosas cuentan la historia de un pasado remoto donde el agua fue el único y principal arquitecto. La humedad es elevada y la temperatura se mantiene constante, funcionando como un sistema de aire acondicionado natural muy agradable. 

Cada rincón de la cavidad revela estructuras complejas que han crecido milímetro a milímetro a lo largo de los siglos. La preservación de este ecosistema es prioritaria, por lo que el acceso está estrictamente regulado por guías. Uno de los mayores tesoros que alberga esta cueva es un espeleotema único en el mundo bautizado como La Milhoja. Esta formación en capas debe su nombre a su curiosa estructura rocosa, que recuerda poderosamente a la famosa pieza de repostería. Además de su valor visual, la cueva presenta una característica mineralógica que sorprende incluso a expertos a nivel internacional. Existe una concentración extraordinariamente alta de óxido de manganeso, un mineral cuya presencia masiva es rara en entornos subterráneos. Esta particularidad otorga a las paredes y formaciones tonalidades y texturas que no se encuentran en otras cuevas turísticas.

La visita permite comprender procesos químicos y geológicos complejos de una manera amena y muy visual. Es, sin duda, un laboratorio natural de incalculable valor para la ciencia y el patrimonio de Castilla-La Mancha. Pero, más allá de su evidente interés geológico, la Cueva de la Ramera es un yacimiento arqueológico que atestigua la presencia humana milenaria. Las excavaciones y estudios han confirmado que la cueva fue ocupada por nuestros antepasados ya desde el periodo del Neolítico. Incluso se han hallado vestigios de asentamientos que datan de la Edad del Bronce y restos de uso medieval. Resulta fascinante imaginar a las antiguas civilizaciones buscando refugio y protección entre estas mismas paredes de roca caliza. 

Una de las curiosidades históricas más llamativas es la existencia de una antigua alacena. Hasta bien entrado el siglo XX, la cueva fue utilizada por los pastores locales como refugio para su ganado. Este uso pastoril sorprende hoy debido a la dificultad del acceso actual, que requiere superar una gran pared vertical. Sin embargo, antiguamente existía una cornisa natural que facilitaba el paso antes de que un desprendimiento la inutilizara. La mitología popular también ha dejado su huella en este lugar a través de una romántica y trágica leyenda local. Se cuenta que la cueva fue el escenario de un amor prohibido entre un príncipe musulmán y una joven cristiana. Según el relato, el príncipe decidió ocultar a su amada en las profundidades de la roca para proteger su relación secreta. Para consolar a la joven en su soledad, el príncipe le entregó una imagen de la virgen que ella veneraba. La tradición sostiene que dicha imagen quedó finalmente integrada en la propia roca con el paso de los años. 

Un ecosistema singular

La cueva no es solo un depósito de piedras y leyendas, sino también el hogar de un ecosistema singular y frágil. Sus oscuras galerías constituyen un refugio vital para diversas especies de quirópteros, especialmente los murciélagos de herradura. Debido a la importancia de estas poblaciones, la cueva permanece cerrada durante los meses de hibernación para no molestarlos. Además de los murciélagos, habitan en su interior microorganismos e invertebrados adaptados a vivir en condiciones de humedad extrema. El equilibrio de este hábitat subterráneo es delicado y depende directamente del comportamiento respetuoso de los turistas. Fuera de la cueva, las buitreras en los acantilados de la Hoz de Beteta permiten observar al majestuoso buitre leonado. También es posible avistar otras aves como el alimoche, el búho real o el martín pescador cerca del río. La protección de este entorno natural es fundamental para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutándolo.

El acceso a la Cueva de la Ramera representa un pequeño desafío de aventura que comienza en la Fuente de los Tilos. Tras caminar por el sendero botánico, el visitante se encuentra frente a una escalera metálica de 20 metros. Este ascenso vertical es necesario para alcanzar la boca de la cueva, situada estratégicamente en el escarpe del cañón. Aunque la subida requiere cierto esfuerzo físico, se considera apta para la mayoría de personas con movilidad normal. Sin embargo, debido a esta estructura y a la irregularidad del terreno interior, no es apta para carritos o personas con movilidad reducida. Se recomienda encarecidamente el uso de calzado cómodo, cerrado y que sea totalmente antideslizante para evitar caídas. 

Para planificar bien una visita, es esencial tener en cuenta los horarios y las recomendaciones de los expertos. En primavera y otoño, las visitas guiadas se concentran principalmente durante los sábados, domingos y días festivos. El recorrido completo, incluyendo el sendero de aproximación y la estancia interior, dura aproximadamente una hora y media. Los precios son de diez euros para adultos y ocho euros para niños de entre cinco y once años. Dado que en el interior la temperatura es fresca incluso en verano, se aconseja llevar una chaqueta ligera o sudadera. 

La recuperación de la Cueva de la Ramera como destino turístico supone un impulso vital para la comarca del Alto Tajo. Su reapertura no solo ofrece una alternativa de ocio, sino que pone en valor el rico patrimonio natural de Cuenca. Combinar la visita a la cueva con otras rutas cercanas, como el nacimiento del río Cuervo, es un plan ideal. También se puede disfrutar de actividades como el kayak en el río Tajo o el senderismo por los pinos cercanos. En cualquier caso se trata de una cueva que, en definitiva, es un abanico de alicientes para disfrutar de la madre naturaleza y desconectar de la rutina diaria.

La Generalitat ha impuesto la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia de Mataró, por valor de 10.001 euros, así como una sanción accesoria que le prohíbe recibir ayudas, subvenciones y contratar con la administración pública por un año. El motivo: denegar el acceso a un piso de alquiler a una persona migrada. Esa persona es Hamid, un comercial de origen marroquí que, cansado de ver cómo el mercado inmobiliario discriminaba a personas como él, decidió iniciar una campaña para denunciarlo.

Desde 2022, este hombre se ha dedicado a llamar a diversas agencias inmobiliarias de su ciudad, interesándose por pisos y constatando que, en cuanto conocían sus apellidos, las puertas se le cerraban a pesar de tener permiso de residencia y una nómina estable.

“El racismo inmobiliario no es una opinión ni una percepción subjetiva, es una discriminación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y, quien lo incumple, debe ser sancionado”, asegura, en declaraciones a elDiario.es, la consellera de Igualdad Eva Menor, quien se ha mostrado “muy satisfecha” de esta primera multa, sobre la que todavía cabe recurso.

Desde el Observatorio DESCA, entidad que ha acompañado a Hamid durante todo el proceso, afean a la administración catalana que, aunque el marco legal que regula el racismo inmobiliario es “tajantemente claro”, no hayan puesto ninguna sanción hasta ahora. “Estamos muy contentos con la multa, pero el daño ya está hecho. Yo simplemente soy la cara y el nombre de este racismo, pero hay miles de personas que lo sufren a diario”, apunta Hamid.

Este hombre presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

“Este tipo de denuncias, hasta ahora, han dado muchas vueltas por la administración”, reconoce Menor, quien asegura que a raíz de este caso han “aprendido mucho” y ya han establecido los límites en las competencias de cada agencia, de tal manera que las denuncias vayan a parar directamente a quien pueda abrir el expediente.

Desde el Observatorio DESCA explican que todas las agencias en las que han recaído las denuncias de Hamid tienen competencias para abordar el racismo inmobiliario, pero que se han ido “pasando la pelota porque es un tema que les incomoda mucho”, explica Miguel Ruiz, abogado del denunciante. “Estamos ante un caso de mal hacer de la administración”, remacha el letrado.

Si bien desde el Ejecutivo niegan que puedan reabrir casos que ya se han archivado, aseguran que los que vengan a partir de ahora se tramitarán más rápido. Y apuntan que, además de la sanción anunciada ahora, tienen más expedientes en marcha, dos de los cuales parten también de denuncias de Hamid.

El periplo administrativo

Esta primera sanción parte de una denuncia que data del 3 de abril de 2024. Meses antes, en enero, Hamid se interesó por un piso que la inmobiliaria Fingerprint de Mataró alquilaba por 1.500 euros al mes, pero no recibió respuesta ninguna. Algunos días después, un amigo suyo, con nombre y apellidos catalanes, hizo exactamente la misma solicitud y, en menos de 10 minutos, recibió respuesta tanto por teléfono como por mensaje para ofrecerle una visita.

Pero quien se presentó a la cita fue Hamid. En verle, el agente inmobiliario le dijo que el piso ya estaba reservado. El denunciante afeó a su interlocutor que no quisiera enseñarle la casa a un marroquí y este respondió: “Eso, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver con eso”, tal como se puede escuchar en un extracto de la grabación de voz aportada por el denunciante y que se recoge en la resolución de la sanción, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fue entonces cuando se presentó la denuncia en el Ayuntamiento de Mataró, en abril. Y ahí empieza el periplo administrativo. El consistorio remitió el caso a la Agència d’Habitatge de Catalunya en junio, argumentando que no contaba “con los medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito a tramitación de estos expedientes”. En septiembre, se volvió a derivar, esta vez a la Agència Catalana de Consum, por entender que es el órgano competente.

Ya en marzo de 2025, quien se encarga de la denuncia es la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), dependiente de la conselleria de Igualdad, y tras recibir toda la información, inició el procedimiento sancionador. La sentencia llegó en enero de 2026.

La Generalitat considera que los hechos suponen una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 40.000 euros, ya que consideran probado que la inmobiliaria denegó el acceso a Hamid por motivos de “raza, origen étnico o color de piel”.

El abogado del denunciante, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, afea a la administración que la sanción sea la menor prevista por la ley; “No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”, añade. Pero la Generalitat se justifica argumentando que no se ha percibido “reiteración en el incumplimiento de advertencias o comportamientos discriminatorios”.

A pesar de que la sanción sea poca, en opinión del denunciante, lo que sí establece la sentencia es el reconocimiento de daños y perjuicios causados a Hamid, incluido el daño moral. Eso abre la puerta a que pueda poner otra denuncia que le lleve a ser indeminizado personalmente. El abogado del denunciante asegura que buscará que su cliente sea indemnizado, no sólo en lo económico, sino que también pretenden que se llegue a una garantía de no repetición. Para ello, aseguran, primero intentarán la vía de la mediación y, si eso no funciona, “no quedará más remedio que ir a los tribunales”, alertan.

Una lacra arraigada

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

A pesar de ello, sobre esta lacra todavía pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Por ello, desde el Observatorio DESCA aseguran que esta sanción es “imprescindible” para “enviar un mensaje muy claro a las inmobiliarias”, que se están erigiendo “como agentes de fronteras, que deciden quién puede vivir y quién no en según qué barrios”, apunta Ruiz. En este sentido, Hamid añade que, después de cuatro años de búsqueda de un piso nuevo para vivir, que se adecue a sus necesidades, los únicos inmuebles que le han enseñado son “los que los nacionales no quieren”.

Desde SOS Racisme, Laura Rodríguez alerta de que el racismo inmobiliario se asienta sobre “unos estereotipos que tiene el propietario y que las agencias están permitiendo”. La entidad alerta de que esta discriminación no se trata sólo de no poder encontrar un piso, sino que también “agrava la crisis de derechos humanos del colectivo racializado”.

En la misma línea, apunta que hay muchos más casos de los que se denuncian. Por ello, demandan a la Generalitat que actúe de oficio y disponga recursos para hacer inspecciones y que la responsabilidad para sancionar estas prácticas no recaiga sólo sobre los afectados, que suelen ser personas “vulnerabilizadas cuya principal preocupación es, simplemente, encontrar un lugar para vivir”, asegura Rodríguez.

Desde la Generalitat se excusan argumentando que, hasta ahora, no estaban claras las competencias y atribuciones de las diferentes agencias implicadas en cuestiones inmobiliarias. Este es un handicap que ya vienen alertando desde hace años entidades y organismos como la Sindicatura de Greuges -defensor del pueblo catalán-, que pidió una centralización de los expedientes para evitar que fueran pasándose de mano en mano.

A raíz de esta petición, que también se repitió en la comisión del Parlament por la no discriminación, el departament de Menor prepara un informe sobre la situación del racismo inmobiliario en Catalunya así como una guía de buenas prácticas. “En un momento en que el discurso de odio genera tanto miedo en la sociedad, es importante destacar los buenos ejemplos”, subraya la consellera.

La huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero está provocando alteraciones en la circulación de trenes en distintos puntos de España. La huelga afecta tanto a los servicios de viajeros como al transporte de mercancías y ha obligado a las compañías a ajustar su programación habitual, con cancelaciones parciales y modificaciones en los horarios previstos para numerosos trayectos.

Con el objetivo de garantizar la movilidad esencial, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos que varían en función del tipo de trayecto velocidad y larga distancia se ha establecido un nivel del 73%, una resolución que no se aplica en Catalunya y el País Vasco, donde las competencias están transferidas. En Cercanías, los servicios mínimos alcanzan el 75% en las horas punta y el 50% durante el resto del día, mientras que en media distancia se sitúan en el 65% y en el transporte de mercancías en el 21%.

Este contexto obliga a los viajeros a comprobar con antelación si su tren está incluido entre los servicios que se mantienen operativos y a conocer las opciones disponibles en caso de cancelación. Las operadoras ferroviarias han habilitado sistemas de información específicos y han adaptado sus condiciones comerciales para permitir cambios y anulaciones sin coste cuando el viaje resulta afectado por la huelga.

Cómo comprobar si tu viaje está cancelado

Las compañías ferroviarias han publicado información detallada sobre los trenes que circularán durante los días de huelga. En el caso de Renfe, los servicios garantizados aparecen recogidos en un documento oficial donde se enumeran los trayectos incluidos dentro de los mínimos establecidos. Los trenes que no figuran en ese listado se consideran cancelados.

Las compañías privadas facilitan esta información directamente en sus páginas web. Iryo presenta una lista completa de trenes previstos para esas jornadas e indica en cada caso si el servicio está garantizado o no. Ouigo utiliza un sistema similar, diferenciando de forma expresa entre los trenes que operarán como servicios mínimos y aquellos que han sido cancelados. En todos los casos, se recomienda revisar el estado del viaje antes de acudir a la estación.

Qué hacer con los billetes en caso de que el viaje esté cancelado

Cuando un tren no circula como consecuencia de la huelga, los viajeros pueden gestionar sus billetes sin penalización. Renfe permite cambiar la fecha del viaje o anular el billete con devolución del importe por todos sus canales de venta, tanto para los servicios cancelados como para quienes decidan no viajar durante esos días.

Ouigo e Iryo aplican políticas similares. Ambas compañías permiten modificar el billete o solicitar el reembolso, de acuerdo con las condiciones comerciales asociadas a cada título de transporte, cuando el trayecto resulta afectado por la huelga. Estas opciones permiten al pasajero reorganizar su desplazamiento o recuperar el dinero abonado si el servicio no se presta.

Los pasajeros pueden gestionar estas opciones por los mismos canales utilizados para la compra, ya sea en la web, mediante la aplicación móvil o directamente en las taquillas de la estación. Esto garantiza que quienes no puedan viajar durante los días de huelga puedan reorganizar su desplazamiento o recuperar el importe del billete de forma rápida y sin costes adicionales.

Cuando el emperador Carlos V contrajo matrimonio con Isabel de Portugal en 1526, el escenario elegido fue la espectacular Cúpula de la Media Naranja, hoy conocida como Salón de Embajadores, en el corazón del Alcázar de Sevilla. Sin embargo, tras la celebración, la pareja imperial se topó con una realidad incómoda: aquel palacio de ensueño mudéjar, erigido por Pedro I siglos atrás, no estaba preparado para la estricta etiqueta de la dinastía Habsburgo, que exigía una separación total entre los aposentos del rey y los de la reina. Fue este choque cultural y doméstico el que detonó una frenética, y a menudo caótica, serie de reformas entre 1545 y 1547 para transformar la antigua residencia islámica en un palacio renacentista a la altura del monarca más poderoso de la cristiandad.

Buena parte de los entresijos de esta transformación han sido recogidos por el revelador estudio académico “Carlos V y los Reales Alcázares de Sevilla: El espacio áulico en torno al Patio de las Doncellas”, escrito por los investigadores Candela Gaitán Salinas y Sergio Ramiro Ramírez. Gracias a su minucioso análisis de documentación inédita, uno puede asomarse no solo a los grandes planos arquitectónicos, sino a las discusiones diarias, los correos perdidos y las curiosas preocupaciones domésticas que marcaron la vida de la corte en el siglo XVI.

Uno de los detalles más curiosos que emerge de los documentos es la obsesión por los llamados “entresuelos de Laxao”, un nombre que suena misterioso pero que esconde una anécdota lingüística. “Laxao” no era un término arquitectónico exótico, sino la manera andaluza de referirse a Charles de Poupet, señor de La Chaulx, un antiguo preceptor y chambelán del emperador que había ocupado esas habitaciones. Carlos V decidió eliminar estas viejas estancias y una capilla en la planta baja para ampliar sus propios cuartos privados, buscando desesperadamente más espacio y comodidad en el ala sur del palacio.

La búsqueda de confort del emperador chocaba a menudo con la realidad climática de Sevilla, como demuestra el incidente del “quitasol”. Durante años, un gran toldo había protegido las habitaciones reales del inclemente sol andaluz, pero fue retirado tras la muerte del anterior alcaide, dejando las estancias expuestas al calor. A pesar de ello, el teniente de alcaide Antonio de Cárdenas insistía en que aquel era el mejor lugar para el monarca, pues ofrecía unas vistas privilegiadas sobre la Huerta de la Alcoba y el campo, un lujo visual que bien valía soportar las altas temperaturas del verano sevillano. Para ejecutar estas obras, la Corona confió en Luis de Vega, un arquitecto pragmático que se convirtió en el hombre de confianza de Carlos V, desplazando al célebre Alonso de Covarrubias. Vega destacó no solo por su talento artístico, sino por su capacidad para gestionar la economía de la obra: era capaz de visualizar la grandeza imperial utilizando materiales económicos y reciclando estructuras viejas. Su éxito radicaba en su habilidad para adaptar lo existente, construyendo rápido y barato sin sacrificar la apariencia monumental que exigía Carlos V.

Un ejemplo fascinante de esta reingeniería fue la transformación del célebre Patio de las Doncellas, cuya imagen actual difiere mucho de la original. En aquella época, el patio no estaba totalmente enlosado, sino que presentaba un jardín rehundido y una alberca en forma de H, rodeada de andenes. Sin embargo, esta configuración generaba problemas: el teniente de alcaide se quejaba de que la alberca “humedecía” los cuartos reales y hacía parecer pequeño el patio, proponiendo cegarla y colocar una simple pila en el medio, una decisión que alteraría para siempre la fisonomía del recinto.

Las reformas también tuvieron que lidiar con la delicada cuestión de dónde alojar a las damas de la corte, un rompecabezas logístico y moral. Se barajó construir una gran sala nueva, pero surgió una objeción contundente: si se colocaban los cuartos de las damas sobre esa gran sala, quedarían situadas “entre los hombres”, algo inaceptable para el decoro de la época. Además, se argumentó que obligar a las damas a descender desde una altura tan elevada era impropio, por lo que se buscó una ubicación más recatada y accesible cerca de los aposentos de la Emperatriz, con vistas al río y al campo de Tablada.

Reciclaje y ahorro

La devoción religiosa de Carlos V añadió otra capa de complejidad a las obras, pues exigía una capilla palatina que pudiera ver directamente desde su habitación a través de una tribuna, sin necesidad de salir al pasillo. El espacio en el Alcázar era tan limitado que los arquitectos tuvieron que “robar” metros a la vecina Casa de la Contratación para encajar este oratorio privado. La solución propuesta por el maestro albañil Juan Fernández fue ingeniosa: adosar la capilla a la pared de la Contratación para que tanto la Emperatriz como el Rey pudieran asistir a misa desde sus respectivos cuartos.

Pero no todo era mármol y oro en estas reformas; la gestión de Luis de Vega revela una faceta de reciclaje y ahorro sorprendente para un proyecto real. El príncipe Felipe llegó a ordenar que todo el material sobrante de los derribos fuera fiscalizado y que elementos como puertas y ventanas y armaduras de viejo se vendieran al mejor postor para obtener rentabilidad económica. Nada se desperdiciaba en el Alcázar, donde la majestuosidad convivía con un estricto control de gastos supervisado por la burocracia de la corte. La provisión de materiales nuevos era una auténtica odisea logística que traía de cabeza a los constructores. Mientras se importaban lujosas columnas de mármol desde Génova, Vega buscó ahorrar costes localizando una cantera de piedra marmórea a once leguas de Sevilla, mucho más barata que traerla de fuera. Aún más peligroso era conseguir la madera: los pinos se talaban en la Sierra de Segura y se bajaban flotando por el río Guadalquivir, una tarea tan arriesgada por las crecidas del río que a menudo resultaba imposible encontrar trabajadores dispuestos a jugarse la vida en el transporte.

Detrás de los ladrillos había también una guerra administrativa digna de una novela de intrigas, con planos que desaparecían misteriosamente. Cuando se reclamaron las trazas originales al arquitecto Covarrubias, este confesó que no las tenía, asegurando que se habían quedado olvidadas en la propia cámara del Emperador, custodiadas por un servidor llamado Adrián. Esta desorganización y la falta de delimitación de competencias entre la corte y los funcionarios locales de Sevilla dilataron las obras durante años, impidiendo que algunos proyectos ambiciosos se completaran a tiempo.

Hoy, al pasear por el Alcázar sevillano, el visitante admira un conjunto armonioso, sin sospechar el caos, los parches y las soluciones de urgencia que le dieron forma en el siglo XVI. Aquellas intervenciones de Carlos V, ejecutadas por Luis de Vega entre muros medievales, no solo buscaron la belleza, sino la adaptación de un viejo palacio a las necesidades de un imperio moderno. Fue, en definitiva, una reforma hecha a golpe de ingenio, reciclando puertas viejas y peleando por cada metro de luz, para que el hombre más poderoso del mundo pudiera, simplemente, sentirse como en casa.

Cinco bebés han sido hospitalizados en España tras beber leche de fórmula supuestamente contaminada con la toxina cereulida, producida por una bacteria. Otros tres pequeños han presentado síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria había lanzado una alerta sobre esta toxina en leche de la marca Nestlé al comienzo del mes de enero. La empresa retiró lotes de su producto tras conocerse la contaminación. Ahora se han conocido estos casos por la publicación europea.

“Ninguno de los casos ha sido confirmado en el laboratorio”, añade el documento por lo que no se ha podido “establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo”. El Centro informa de que durante enero se retiraron estos productos del mercado tanto en la Unión Europea como fuera de la UE al detectarse esta toxina que produce un cuadro repentino de náuseas y vómitos poco después de consumirse.

Además de en España, el ECDC reporta que en Francia ingresaron 11 niños “que ya se recuperan en sus casas”, en Reino Unido se han detectado 36 casos de bebés con síntomas tras consumir esta leche, más otros cinco casos confirmados en Bélgica. Las autoridades en Dinamarca han recibido informes sobre menores con síntomas una vez ingerida la leche.

La investigación de la causa ha llevado hasta un complemento con omega-6 que se añadía a la leche.