El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comenzado a poner la venda antes de conocer cuán profunda será la herida que deje la guerra en Oriente Medio en la economia mundial. La institución con sede en Washington ya avisa: serán los hogares más vulnerables quienes soporten “la carga más pesada” del conflicto, bien sea a través de los precios de la energía, de los alimentos encarecidos por la escasez de fertilizantes o de las disrupciones financieras a los que las cuentas públicas de los Estados, aún sin recobrarse del choque de la pandemia, no serán capaces de hacer frente.

En una entrada en el blog de la institución publicada este jueves, los principales técnicos del organismo con sede en Washington D.C. hacen una primera aproximación del coste del conflicto desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, antes de su informe de Perspectivas sobre la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que publicarán el próximo 14 de abril.

La guerra en Oriente Medio ya se está dejando notar en la economía a través de distintos canales: la energía, por la subida de los precios del petróleo y el gas; el comercio, por los efectos del bloqueo del Estrecho de Ormuz; la inflación, mediante posibles efectos de segunda ronda en el caso de que el conflicto se enquiste y los precios energéticos contagien al resto del tejido productivo; y los shocks a los mercados financieros y de deuda soberana.

España, protegida por las renovables

La clave cuáles sean finalmente estos efectos, dicen los economistas, está en la duración del conflicto: podría ser un episodio breve, pero que dispare los precios del crudo y el gas durante unos meses antes de volver a ajustarse o una guerra larga, con una energía cara que “añada presión sobre los países más dependientes”. “Todo depende de cuánto dure el conflicto, hasta dónde se expanda y cuánto daño se le haya inflingido a infraestructuras y cadenas de suministro”, apunta el organismo multilateral.

El corte 'de facto' del Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del crudo y del gas. En Europa, señala el FMI, “el shock ha resucitado el espectro de la crisis del gas de 2021-2022”. Pero aquí España aparece como referente, gracias a la capacidad de generación de las energías verdes. “Países como Italia o Reino Unido están especialmente expuestos por su dependencia en la electricidad generada con la quema de gas, mientras que Francia o España están relativamente protegidos por sus grandes capacidades de la nuclear y las renovables”, destaca el documento.

Más allá de los efectos sobre los precios, el corte del Estrecho de Ormuz está obligando a reconfigurar rutas de tránsito del comercio mundial lo que no solo encarece los trayectos, sino también los seguros de las cargas y dilata los tiempos de entrega. El coste de redirigir el tráfico aéreo para evitar el Golfo Pérsico también golpea de lleno al turismo.

Un tercio de los fertilizantes que se consumen en el mundo pasan por ese canal de menos de 40 kilómetros entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que ya amenaza las cosechas y los precios de la alimentación a lo largo de todo el año.

“Los más vulnerables soportarán la carga más pesada. La población en los países de bajos ingresos están más en peligro ante una subida de los precios porque la comida supone el 36% de su consumo, de media, comparado con el 20% de las economías emergentes o el 9% en las avanzadas”, destaca el organismo. “Eso hace cualquier aumento en los precios de los fertilizantes o de la alimentación no solo un problema económico, sino sociopolítico, especialmente allí donde los recursos fiscales para amortiguar el golpe son limitados”, incide.

La inflación podría agravarse y pasar a efectos de segunda ronda muy difíciles de enfriar. El caso de Europa es el más claro, según los técnicos. “Si las personas y los negocios en cualquiera de estas regiones creen que la inflación seguirá alta durante más tiempo, podrían trasladarlo a salarios y precios, dificultando contener el shock sin un frenazo económico más acusado. La guerra no solo aumenta la inflación actual, sino que pone en riesgo la expectativa de que esté menos firmemente controlada”, aducen.

“Nos enfrentamos a estos efectos tan complejos en un momento en el que muchas economías tienen un espacio fiscal limitado para absorber estos shocks. Muchos países ya estaban registrando niveles de endeudamiento récord, generando preocupación sobre su sostenibilidad fiscal”, dice el documento. Es por esto el FMI dice que “es más importante que nunca” adoptar políticas apropiadas con medidas “cuidadosamente equilibradas” a las necesidades específicas de cada país, sobre todo en el caso de aquellos Estados con menos recursos.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha denunciado este lunes que el expresident de la Generalitat Francisco Camps ha gastado en un año 15.000 euros en combustible de su coche oficial para “hacer su campaña” interna en el Partido Popular.

Baldoví, en declaraciones a los periodistas, ha informado de que el gasto de 15.000 euros en combustible del expresident corresponde al año 2025 y supone 1.200 euros al mes, “prácticamente el sueldo más habitual de un ciudadano”, unos 40 euros al día de dinero de todos los valencianos para “poder tener un lugar en el PP”.

“Esto no es hacer su trabajo como expresident, esto tiene un nombre: corrupción”, ha afirmado para recordar que Compromís propuso una modificación de la ley del Estatuto de los expresidents de la Generalitat para evitar estos privilegios y en este caso “gastos personales que se tendría que pagar él”.

Baldoví se ha referido también a la reunión extraordinaria, este lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat, del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, para analizar la situación actual y definir una estrategia conjunta para hacer frente la situación generada por la guerra en Irán.

El síndic de Compromís ha considerado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, “llega tarde a todo” pues esta reunión se produce un mes después de que estallara la guerra.

“Es la manera que tiene el Partido Popular de responder a las emergencias que tienen los valencianos” y siempre “con retraso”, ha aseverado.

Baldoví ha lamentado por último que “los que sufren las consecuencias son los cinco millones de valencianos y también nuestras empresas, que tienen que pagar toda la energía mucho más cara”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha dicho que cree que los extraterrestres son “demonios”. Mientras continúa la guerra en Irán, los precios de la gasolina y los alimentos se disparan y el caos persiste en los aeropuertos estadounidenses debido al cierre parcial del gobierno, Vance apareció en el pódcast conservador Benny Show, publicado el pasado sábado, para prometer que dedicará tiempo a investigar lo que él llama su “obsesión” con los ovnis y los visitantes extraterrestres.

Johnson, que presenta su programa como un lugar para obtener “una visión incisiva y entre bastidores del conflicto global por la libertad”, se preguntó si Vance, que se ha mantenido notablemente callado sobre la guerra de Donald Trump en Oriente Medio a la que se dice que se opone, ha revisado alguno de los archivos sobre objetos voladores no identificados, conocidos actualmente como 'fenómenos anómalos no identificados' (UAP, en inglés), que el presidente ha prometido publicar.

“En realidad no”, respondió Vance, mostrando mucho más entusiasmo que ante cualquier pregunta anterior sobre los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán. “No he podido dedicarle suficiente tiempo, pero lo haré. Créame, estoy obsesionado con esto”.

Según se ha revelado además, la obsesión del vicepresidente, que es muy religioso, se extiende a la cuestión de la existencia de seres extraplanetarios y al lugar que podrían ocupar en un debate más amplio sobre la religión.

“No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios, pero ese es un debate más largo”, dijo en el pódcast.

Johnson le pidió que se explayara. “Bueno, mira, creo que los seres celestiales que vuelan por ahí y hacen cosas raras a la gente... Creo que el deseo de describir todo lo celestial, todo lo sobrenatural, es describirlo como extraterrestres”, dijo Vance. “Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, han comprendido que existen cosas extrañas y difíciles de explicar. Y cuando oigo hablar de algún fenómeno extranatural, recurro a la comprensión cristiana de que hay mucho bien, pero también hay maldad”.

“Creo que uno de los grandes engaños del diablo es convencer a la gente de que nunca existió”, agregó.

Trump y Obama

Las reflexiones de Vance y su promesa de “llegar al fondo del asunto” llegan después de que tanto Trump como su predecesor, Barack Obama, se expusieran al escrutinio público sobre lo que sabían acerca de los UAP.

Obama se vio obligado a hacer una aclaración apresurada el mes pasado después de haber declarado inicialmente que los extraterrestres son “reales” en el pódcast estadounidense con Brian Tyler Cohen. En un comunicado publicado horas después en las redes sociales, el expresidente insistió en que simplemente estaba tratando de “mantener el espíritu” del interrogatorio rápido, y que si los extraterrestres fueran reales, “no vio ninguna prueba durante” su presidencia.

Como era de esperar, Trump intervino, anunciando en su plataforma Truth Social que había dado instrucciones a varias agencias para “iniciar el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre... y cualquier otra información relacionada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

A principios de este mes, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EEUU registró los dominios web alien.gov y aliens.gov, añadiéndolos al registro oficial de páginas web del Gobierno y desatando una nueva ronda de especulaciones sobre qué sabe realmente el gobierno, si es que sabe algo.

“Estamos trabajando en ello”, respondió Vance cuando Johnson le preguntó si el Gobierno realmente iba a publicar todos sus archivos.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la funación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que repreoducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

José Francisco Garre, que renunció hace unos días a su vicepresidencia del Comité de Garantías de Vox y su baja del partido, está en el punto de mira de sus propios compañeros, que le acusan de corrupto y “traidor” al haber llegado a acuerdos con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) Pedro Ángel Roca, del PP, a espaldas de Vox. Según asegura El País, desde Vox se habrían enterado “por la prensa” de estos acuerdos, y le exigen que devuelva su acta de concejal.

Según informa el mismo medio, Garre, que también fue portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha confesado no haber consultado con los directivos del partido su aprobación para realizar estos acuerdos con el alcalde de la localidad, pero sí lo había pedido el permiso “desde hace teimpo”, ya que Vox también gobierna en otras localidades murcianas, como son Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Garre, en una conversación con El País, ha insistido en que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que en su partido pensaban “que no era el momento, que había que aguantar y esperar”. José Francisco Garre definía la situación como “desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo”. El mismo que hasta hace unos días fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, ha confesado que habló com varias compañeras concejales del partido, y “salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”.

Sin embargo, Vox no solo acusa a Garre de “traidor”, sino también de corruputo. El propio partido, a tarvés de un comunicado, explicaba que hace unas semanas “se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

Según El País, Garre presentará una querella contra su propio partido por injurias, considerándolo “un intento por manchar su honorabilidad”. El que fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox desde 2020 mantiene que no sabe quién ordenó esas transferencias, pero sí que pero sí “responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez”, quien, según explica Garre al mismo medio, le pagaría una iguala a cambio de asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en Murcia, además de “elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional”.

El comunicado de Vox hace referencia a dos pagos que corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, justifica Garre a El País: “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”. Garre ha explicado que le dio “todas las explicaciones” a la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tanto por teléfono como en la propia sede de Murcia, y que ella le pidió disculpas. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”, añade Garre.

Ante las acusaciones de sus propios compañeros del partido como corrupto y “traidor”, Garre no está sorprendido, después de las acusaciones de Vox contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, que define como “comportamientos cuasimafiosos”. Garre cree que “si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”.

Echando la vista atrás, Garre recuerda que cuando comenzó su cargo en el Comité de Garantías de Vox “no había injerencias y trabajábamos con plena libertad”. Sin embargo, apunta a que en 2022 se produjo “un punto de inflexión” cuando dos candidaturas al Comité Ejecutivo Nacional no cumplían “los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”. “El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, añade Garre.

Garre explica que desde ese momento apreció “un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial”, pero intentaban “actuar con objetividad”. En la misma conversación con El País, recuerda que, cuando llegó la denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias, todos los miembros del comité, excepto una, estaban “de acuerdo en que ahí no había infracción alguna”, y que, al hacer una resolución se la echaron para atrás.

“Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila (dependiente de la Presidencia del partido), que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”. Garre añade que se les presentó un informe escrito por un abogado externo al que se ha contratado “para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

El antiguo vicepresidente del Comité de Garantías de Vox cree que, con ese expediente, quería que lo expulsaran del partido: “Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”, detalla en la misma conversación.

En el expediente contra Antelo, Garre recuerda que se abstuvo por su amistad con él, pero le supuso un distanciamiento con Vox. En relación al caso de Ortega Smith, cree que se utilizó una “técnica antigua”: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”. Garre opina que “no se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”.

José Francisco Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su domicilio el pasado viernes, y explicaba a El País que “es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”.

Las mejores monas de Pascua de Catalunya se comen este año en la provincia de Barcelona. Así lo ha determinado el jurado del quinto concurso dedicado a la elaboración de este manjar y en el que se han reunido los mejores pasteleros de la comunidad, en una iniciativa que busca poner en valor una de las “tradiciones más dulces” y arraigada de la Semana Santa.   

La propuesta tradicional del obrador L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú y la mona de chocolate de la pastelería La Colmena de Barcelona han sido elegidas como las mejores elaboraciones de toda Catalunya, en el marco del quinto concurso organizado por la agencia Sr y Sra Cake.

En esta quinta edición, el jurado ha estado compuesto por el panadero Daniel Jordà; la directora de la Baking School Barcelona Sabadell, Maria Cruz Barón; el ganador de la mejor mona de chocolate 2025, Joe Moretones; el ganador de la categoría tradicional en 2025, Aleix Solà; el editor de Montagud Editores, Javier Antoja; la periodista de El País, Mar Rocabert; y la secretaria general de la Academia Catalana de Gastronomía, Rosa Mayordomo.

Un loro de Piratas del Caribe 

En cuanto a la mona de chocolate, el primer premio se lo ha llevado La Colmena de Barcelona, la veterana pastelería situada en la Plaça de l'Àngel, un establecimiento situado en pleno Barrio Gótico y muy próximo al Ayuntamiento de Barcelona y a la sede del Palau de la Generalitat de Catalunya. 

Un reconocimiento que ha celebrado su autor, Xavier Arevalo, que acostumbra a hacer todas las galletas de chocolate de la tienda, según explica la propia pastelería en sus redes sociales, donde también celebran la consecución del primer premio de esta quinta edición del certamen. 

En cuanto a su obra, el pastelero ha explicado a EFE que se trata de un loro de chocolate bautizado como Jack Sparrot, una broma entre el célebre pirata de Disney y la palabra 'loro' en inglés, con un cofre “lleno de huevos de Pascua en lugar de monedas”.

Respecto a las monas de chocolate, el segundo puesto ha sido para la propuesta de L'Atelier, también en la capital catalana. En tercer lugar ha quedado la mona de Pascua de la pastelería Mimpi de Sabadell.

Premio a la tradición

La mejor mona tradicional también se come en la provincia de Barcelona, según el jurado de la quinta edición del certamen. El primer premio ha recaído en L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú, mientras que el segundo puesto ha sido para la pastelería Natcha de Barcelona y el tercero para el Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages.

Durante siglos, el trayecto desde la huerta hasta Alicante fue una travesía ardua que la mayoría de los habitantes realizaba a pie, a menudo descalzos para no deteriorar sus alpargatas antes de entrar en la ciudad. Todo cambió gracias al ambicioso proyecto del Barón de Petrés, quien impulsó la creación de un medio de transporte moderno para conectar las zonas agrícolas con la capital de la provincia. La inauguración oficial de esta esperada línea, conocida como “el tranvía de la huerta”, se produjo finalmente el 23 de abril de 1902, marcando el inicio de una nueva era de movilidad para toda la comarca. Aquel primer servicio funcionó utilizando caballos y mulas para arrastrar los pesados vagones por los polvorientos caminos de la época. Los vecinos de Santa Faz, Sant Joan y Mutxamel recibieron con un júbilo extraordinario la llegada de los primeros coches entre piezas musicales y repiques de campanas.

Aquel fue el primer paso fundamental para vertebrar un territorio que dependía casi exclusivamente de la agricultura y que necesitaba con urgencia una conexión más fluida con el núcleo urbano. Pero la evolución técnica no se hizo esperar y, en diciembre de 1903, el vapor sustituyó definitivamente a las mulas, aportando una potencia que transformó el paisaje con sus característicos penachos de humo negro. Bajo la gestión de una compañía belga, este sistema de transporte se convirtió en un símbolo de progreso, aunque no estuvo exento de críticas por la falta de mantenimiento de sus vías. El vapor permitía transportar a una masa creciente de trabajadores, especialmente a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos y a los esforzados estibadores del puerto alicantino.

Las autoridades locales celebraban cada avance técnico con banquetes y discursos, conscientes de que el tranvía era el motor principal de la economía de la provincia. El trayecto atravesaba paisajes idílicos salpicados de villas suntuosas, torreones árabes y frondosos jardines como los de Pinohermoso en el municipio de Sant Joan. Sin embargo, las lluvias torrenciales de principios de siglo dañaron seriamente las infraestructuras, obligando en ocasiones a regresar temporalmente al antiguo arrastre por caballerías.

El tranvía de la huerta no era solo un medio de transporte, sino un espacio de convivencia esencial donde se mezclaban todas las clases sociales de la zona. Las “tabaqueras” eran sus usuarias más fieles, sumando miles de operarias que dependían exclusivamente de este enlace para acudir a sus puestos de labor diaria. Por esta razón, se establecieron tarifas económicas y abonos especiales que facilitaran el acceso de la clase jornalera a un servicio que consideraban vital para su subsistencia. El éxito popular fue tal que en puntos neurálgicos como la calle Sevilla se libraban auténticas batallas por conseguir un asiento en los vagones de regreso. 

Los domingos, el ambiente se transformaba y el tranvía se llenaba de ciudadanos que buscaban solazarse en los cafés y verbenas de los pueblos cercanos a la capital. Las bandas de música de Mutxamel incluso coordinaban sus actuaciones con la llegada de los visitantes, creando un vínculo cultural que parecía inquebrantable. 

La verdadera modernidad llegó el 28 de septiembre de 1924 con la inauguración de la electrificación, una inversión millonaria que eliminó el humo y el ruido del vapor. Los nuevos coches-motor y remolques, pintados de un característico color amarillo, se convirtieron en iconos visuales inconfundibles de la denominada línea número 4. Estos vehículos contaban con diferentes departamentos, ofreciendo una primera clase con asientos forrados que resultaba sensiblemente más cara que la clase de tipo corriente. A pesar de los avances, las quejas por la suciedad de los coches y los frecuentes retrasos seguían siendo un tema recurrente en las noticias de la prensa local. Aun así, la electricidad permitió una mayor frecuencia, consolidando definitivamente al tranvía como el eje vertebrador entre la capital y sus prósperos municipios próximos. La línea 4 recorría más de veintitrés kilómetros en cada viaje completo, siendo la más extensa y compleja de toda la red de la provincia.

La cotidianidad del tranvía estaba llena de motes y costumbres que formaban parte del folklore local, como el famoso y romántico “tranvía de los novios”. Este último servicio de la jornada era utilizado por los jóvenes que regresaban a sus hogares tras haber visitado a sus prometidas en los pueblos de la comarca. Las tablillas en las esquinas de los coches servían también para anunciar la cartelera de los cines de la capital, funcionando como un eficaz medio publicitario. Los trayectos ofrecían estampas pintorescas, como el paso por Vistahermosa, donde los pasajeros fueron testigos accidentales de tragedias aéreas durante los años de la Guerra Civil. 

1963, fin del servicio

Al finalizar la guerra, los símbolos políticos desaparecieron, pero el deterioro de la flota y de las vías comenzó a hacerse muy evidente con el paso de los años. En la década de 1960, el tranvía empezó a ser percibido como un obstáculo insalvable para el creciente tráfico de automóviles particulares y la expansión urbana. El Ayuntamiento de Alicante, tras algunas dudas iniciales, decidió finalmente que el cierre era necesario para facilitar el ensanche de las carreteras generales. La sentencia de muerte del tranvía se firmó en febrero de 1963, ignorando las voces que pedían su mantenimiento para el servicio de Santa Faz. Concretamente el 31 de agosto de 1963 quedó marcado como el último día en que el viejo tranvía recorrió la distancia entre el Portal de Elche y la localidad de Mutxamel. A medianoche, el servicio tradicional quedó eliminado para siempre.

Un bello epitafio anónimo en la prensa de la época despidió al vehículo de las cestas, reconociendo su papel en la identidad. Con su retirada, se perdió un lazo de intimidad que se quedó enterrado bajo el asfalto, marcando el fin de una era dorada para la huerta. El recuerdo del tranvía amarillo sigue vivo en la memoria colectiva como un ejemplo perfecto de vertebración del territorio que ayudó a prosperar a toda la sociedad. Aquel “tranvía de la huerta” fue mucho más que un vehículo, el motor de una provincia que lo alberga en el cajón de los mejores recuerdos.