Diez meses después de dar a luz a su hija, María —nombre ficticio— logró que su matrona la derivase a salud mental con un diagnóstico de depresión posparto, requisito imprescindible para acceder a este tipo de atención. Acudió con la expectativa de recibir tratamiento especializado, pero, según relata, se encontró “en una habitación dentro del Centro de Salud Mental Infantojuvenil Amparo Poch de Zaragoza con una enfermera especializada en salud mental perinatal. Ese era todo el personal”.

“Yo pensaba que me vería la enfermera y después un psiquiatra o un psicólogo especializado, pero no hay, esos son todos los recursos”, denuncia. Madre soltera por elección, con un hijo de seis años y una niña nacida en diciembre de 2024, describe la vuelta a casa tras el parto como “complicada”: una episiotomía “agresiva” que no terminaba de cicatrizar, dolor constante y un bebé con cólicos durante meses que lloraba durante horas cada día.

Considera que el primer fallo se produjo en Atención Primaria. “Me mostraba decaída, triste y agotada, no dormía, y ningún profesional detectó que tenía un problema”, señala en referencia a su matrona, la enfermera pediátrica, la pediatra y su médico de cabecera. La derivación no llegó hasta que ella misma la solicitó “por favor”, y lo hizo diez meses después de dar a luz. Relata además “falta de empatía” por parte de algunos profesionales. “Llorando desconsolada empecé a culpabilizar a mi hija, no sabía qué hacer, no estaba bien. La respuesta de la pediatra fue gritarme y decirme que mi hija sí que lo estaba haciendo bien”.

María cuestiona la falta de coordinación entre los distintos profesionales que la atendieron: “Veían a una madre soltera con dos niños, que acudía con frecuencia a consulta, con un problema físico sin resolver y visiblemente decaída. No soy yo como paciente la que tiene que solicitar ayuda, son los profesionales los que tienen que detectarlo. A mí la sanidad pública me ha fallado”, afirma.

Una unidad especializada sin personal

Cuando finalmente acudió a la consulta especializada, esperaba encontrar herramientas y un equipo multidisciplinar. Sin embargo, asegura que fue atendida por una enfermera y una residente. “Me preguntó si tenía ideación suicida y otras cuestiones que debería explicarme ella. Cuando le pedí orientación, me dijo que era enfermera”, relata. A su juicio, la atención debería implicar a psiquiatras o psicólogos especializados. También denuncia comentarios que considera inapropiados: “Me preguntó por qué había tenido una segunda hija si el primer parto fue tan difícil o por qué los había tenido sin padre. Yo tenía depresión posparto; si tienes prejuicios sobre mi vida, cállate”. “Para cuidar a un bebé hay que cuidar a la madre. No puedes decirle esas cosas a alguien con depresión posparto. Salí de ahí devastada”, resume.

Según su testimonio, la propia profesional le reconoció que no podían atenderla adecuadamente “porque no hay profesionales de salud mental perinatal” y le facilitó información de una entidad privada. “Yo quería que me atendieran en la sanidad pública”, subraya. Tras insistir, fue derivada a psiquiatría, pero meses después sigue sin cita: “Esto fue en octubre y a finales de marzo todavía no tengo fecha”.

Aragón no cuenta, al menos de forma pública, con una unidad específica de salud mental perinatal, aunque sí existen programas de detección y atención dispersos en Atención Primaria y salud mental. A diferencia de esta comunidad, en Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona dispone de un programa consolidado de psiquiatría perinatal; en Comunidad de Madrid, centros como el Hospital Gregorio Marañón cuentan con unidades específicas; y en Comunidad Valenciana se han desarrollado consultas monográficas en hospitales como el Hospital La Fe de Valencia.

La prevalencia de la depresión prenatal se sitúa entre el 7% y el 19%, y en el posparto entre el 10% y el 15%, según datos del VIII Simposio de Salud Mental Perinatal. Extrapolado a Aragón, entre 2.000 y 2.700 mujeres podrían experimentar estos trastornos cada año. “Las madres somos las que traemos criaturas. Es de justicia social que se destinen recursos y profesionales preparados para atender a las madres que lo necesitan. Los cuidados comienzan con el nacimiento de un bebé y de la madre, si eso no se cuida es una sociedad enferma, si no se atiende a una madre enferma el bebé no va a estar bien”, reitera.

“Si tienes dinero puedes tratarte; si no, estás desprotegida”

María denuncia la “falta de recursos profesionales en la sanidad pública” y advierte de una desigualdad en el acceso a la atención: “Si tienes dinero puedes tratarte; si no, estás desprotegida”.

La depresión postparto de María no vino solo derivada de su parto y la crianza. Tal y como ella explica, el factor económico influyó. En su caso, estuvo tres meses sin cobrar “por falta de personal” en el INSS. Relata que tuvo que ir presencialmente a la oficina y no pudieron resolver la situación: “Estuve tres meses sin ingresos, la razón es porque no había personal, me ha pasado a mí y a más gente. En el expediente consta que en mi casa solo están mis ingresos, mi familia depende de ello, se debería priorizar”. 

Ahora, tiene que pagar de su bolsillo la atención psicológica que necesita. Explica que, tras la experiencia en la sanidad pública, llamó “a todas las puertas” y “gracias a otras madres contacté con mi actual psicóloga. Me ayuda mucho, pero es un gran esfuerzo económico y mi situación es precaria”.  A pesar de que su entorno más cercano “no me supo sostener”, María destaca la colaboración entre madres, en su caso dentro de la asociación de madres solteras por elección, gracias a las cuales ha contactado con su actual terapéutica. “Las madres son las que están salvando a las madres, eso no puede ser, nos han dejado huérfanas de la atención que nos corresponde y nos merecemos”: “Mis hijos y yo estamos vivos de milagro”.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria, que atiende a la población de la zona sur de Tenerife. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Thomas Almond Ayres nació en Woodbridge, Nueva Jersey, en el año 1816. Con 33 años, atraído por la fiebre del oro que se desató tras el anuncio del presidente James K. Polk, Ayres viajó a California a bordo del vapor Panamá. El hombre no consiguió hacerse rico con los yacimientos de este metal precioso, pero allí descubrió algo más importante: su verdadera vocación como paisajista. 

“Debió de descubrir que, en su caso, un pincel era una herramienta más rentable que un pico, pues al cabo de un año regresó a San Francisco con su portafolio repleto de bocetos de pueblos de la Fiebre del Oro y de la región minera”, escribió la autora Jeanne Van Nostrand en la revista California Historical Society Quarterly en 1941.

En 1855, James Hutchings, un editor interesado en promover la belleza que caracteriza los paisajes de California, invitó a Ayres a acompañarlo al Valle de Yosemite. Esta expedición dio como resultado los primeros bocetos que existen de uno de los lugares más espectaculares de este Parque Nacional de Estados Unidos: sus acantilados y cataratas. 

Ahora la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha adquirido uno de esos primeros dibujos del Valle de Yosemite y una litografía que lo acompañaba, ambos creados en 1855 por Ayres. Estas son las primeras representaciones visuales del valle que circularon a gran escala, anteriores a las famosas fotografías de Carleton Watkins, que también se conservan en esta biblioteca. 

Un paisaje espectacular hecho con carboncillo

El dibujo en cuestión, titulado “Las Cataratas Altas, Valle del Yosemite, California”, fue creado con grafito, tinta, tiza y carboncillo sobre papel, y en él podemos ver uno de los tesoros paisajísticos naturales más emblemáticos del país. Por su parte, la litografía que la acompañaba, titulada “Las cataratas de Yosemite”, fue publicada por el editor James Hutchings en octubre de 1855.

El Valle de Yosemite ya era un lugar conocido en el momento en que el artista pintó aquellos bocetos, pero estos fueron la primera imagen publicada del paisaje, lo que provocó que la zona ganara una popularidad sin precedentes. Hablamos de una época en la que los dibujos, no las fotografías, definían la percepción del Oeste americano. 

Conocido por sus acantilados de granito, cascadas, extensos senderos y secuoyas gigantes, el Parque Nacional de Yosemite se ubica a aproximadamente 320 kilómetros al este de San Francisco, en California, y actualmente atrae a más de 4 millones de visitantes al año, según datos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Tras un fin de semana en el hemos vivido en nuevo cambio de hora (en este caso del horario de invierno al de verano, es decir, los días se alargan) recuperamos un episodio que hicimos hace unos meses, precisamente en el anterior cambio de hora, en el que pasamos del de verano al de invierno. Lo hicimos porque al eterno debate de huso horario se sumó el presidente del Gobierno… Dijo que sería el último. De momento, hemos vivido uno más. 

En este nuevo debate nacional, ¿hay algo que debamos tener en cuenta? Lo abordamos con el jefe de ciencia de elDiario.es Antonio Martínez Ron.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 22 de octubre de 2025 ***

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