Cada año se queman en Europa una media de 353.000 hectáreas, lo que supone superficies totales del tamaño de Cantabria. Esas catástrofes son cada vez más dañinas como consecuencia de la emergencia climática y conllevan unos daños económicos por valor de unos 2.000 millones de euros, según la estimación del Tribunal de Cuentas de la UE, que apunta a un incremento sustancial de los fondos que se destinan a la preparación, prevención y restauración de los incendios forestales. No obstante, los auditores cuestionan que no haya un mapa exacto por parte de la Comisión Europea y las autoridades nacionales sobre ese dinero y da un tirón de orejas por que el reparto se produzca de acuerdo a criterios geográficos y no según el nivel de riesgo.

Esa advertencia se dirige directamente a España, que es uno de los países que han servido de muestra a los auditores, junto con Grecia, Portugal y Polonia. “El proceso de selección de proyectos en los Estados miembros debería garantizar que la ayuda se canalice hacia los proyectos que mejor respondan a las necesidades identificadas y que estén dirigidos a lograr los mejores resultados en la protección frente a los incendios forestales. La selección debería basarse en los riesgos de incendio forestal y en los méritos de los proyectos”, señala el informe del Tribunal de Cuentas.

“En España, en el caso de los proyectos del Feader del período 2014-2022, al menos dos de las regiones analizadas usaron un procedimiento de selección dirigido a lograr la cobertura regional”, exponen los auditores, que señalan el caso de Castilla-La Mancha. “En una región, cada provincia propuso seis proyectos. Conforme a los criterios de selección, se financiaban tres proyectos por provincia. Esto significa que podrían recibir financiación los proyectos con puntuaciones más bajas, pero no los proyectos con una puntuación más alta, dependiendo de su ubicación. Otra región consideró que toda su superficie presentaba un alto riesgo de incendio forestal y distribuyó anualmente los fondos del Programa de Desarrollo Rural entre todas sus provincias”, critican los auditores.

Otro de los reproches que hacen se dirige al Gobierno de Alfonso Rueda. “En las regiones de España que visitamos, el mantenimiento de los cortafuegos creados depende de la financiación de la UE y, en algunas regiones, la financiación del Feader no es suficiente para cubrir estos costes. En Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes”, alertan.

Galicia es una de las zonas que figuran en el mapa como más afectadas por los incendios forestales, que se ceban especialmente con el sur de Europa. En la UE, la superficie total de bosques y demás terrenos arbolados asciende aproximadamente a 160 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 39% de la superficie terrestre total de la UE. Cada año se quema un 0,22% de ese terreno.

El informe de los auditores se centra en los fondos europeos que se destinan al combate de los incendios forestales y, a pesar de que se ha producido un incremento del dinero que va a parar a esa partida, reconocen que “la Comisión Europea no disponía de una visión completa de la financiación total de la UE desembolsada en medidas relacionadas con los incendios forestales”.

“La Comisión es responsable del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que contiene información sobre el número, la ubicación y la superficie de los incendios. Constatamos que, a pesar de los importantes recursos de datos del sistema EFFIS, esta información seguía estando infrautilizada en la evaluación de los proyectos financiados por la UE destinados a la prevención, preparación y recuperación frente a incendios forestales”, lamentan los auditores.

No obstante, hacen una estimación que asciende a 3.500 millones de euros en base al análisis de las políticas de cohesión (2.100 millones) y los fondos de recuperación (1.470 millones).

“En el marco del Fondo de Cohesión, el FEDER e Interreg, la ayuda prevista de la UE para la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos relacionados con el clima ascendió a 6.600 millones de euros. Parte de este importe se dedicó a la prevención y gestión de incendios forestales. Para el período 2021-2027, la contribución prevista de la UE a la «prevención o gestión de riesgos relacionados con el clima: incendios» es de unos 2.100 millones de euros”, agrega. También se refiere al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE para financiar la reparación de daños de catástrofes como la DANA, terremotos o incendios entre 2014 y 2023, el Fondo de Solidaridad se utilizó para la recuperación tras cinco incendios ocurridos en cuatro estados miembros (Chipre, España, Rumanía y, en dos ocasiones, en Portugal) por un importe total de 99 millones de euros.

Igualmente, los planes de recuperación puestos en marcha tras la pandemia tienen proyectos relacionados con los incendios. No obstante, los auditores ponen pegas a los mecanismos de selección: “Constatamos un total de 1.470 millones de euros en los 27 Estados miembros, en los planes iniciales de recuperación y resiliencia (PRR) de Chipre (23 millones de euros), Grecia (640 millones de euros), España (170 millones de euros), Portugal (634 millones de euros) y Eslovenia (0,3 millones de euros)”.

También dan por hecho es que el grueso del dinero se destina a la prevención. Y se cuentan por miles de millones. “Para el período 2014-2022, 19 estados miembros incluyeron medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus programas de desarrollo rural: 2.200 millones de euros para la prevención de catástrofes naturales, incluidos los incendios forestales, y 700 millones de euros para la restauración. Para el período 2023-2027, 13 estados miembros incluyeron inversiones medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus planes estratégicos; sin embargo, no es posible determinar todos los importes asignados a estas medidas”, recoge el documento.

Sin embargo, recriminan que en la puesta en marcha de los planes de recuperación “los estados miembros tuvieron que actuar con rapidez para decidir qué actividades financiar y llevar a cabo las actividades”. “Las decisiones se tomaron a veces de manera apresurada y algunas autoridades pertinentes no participaron en la decisión sobre qué actividades financiar. El MRR permite reasignar la financiación, pero esto reduce el tiempo disponible para finalizar los proyectos y absorber los fondos del MRR”, apunta el texto, que menciona entre las “deficiencias” el reparto en función del peso geográfico y no el riesgo.

El parque del Retiro es uno de los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad de Madrid, un sitio en el que se desarrollan también eventos destacados como la Feria del Libro. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando fue planteado como una parte del Palacio del Buen Retiro, una posesión real de la que solo quedan algunos vestigios.

Esplendor en el reinado de Felipe IV y los primeros Borbones

El Palacio del Buen Retiro comenzó su construcción en 1630 por orden del rey Felipe IV, que seguía la sugerencia de su valido, el conde-duque de Olivares, para plantear una residencia de descanso en torno a la iglesia de San Jerónimo.

Esta siguió el modelo de alcázar de planta cuadrada con torres en las esquinas coronadas por chapiteles y un gran patio central, pero la falta de proyecto general y las prisas hicieron que el resultado fuera un edificio desarticulado, sin eje principal.

Esa plaza cuadrada en el centro fue sede de numerosos festejos, corridas de toros, juegos y representaciones teatrales durante el reinado de Felipe IV, siendo otras zonas destacadas el Salón de Reinos, el salón de baile o Casón y el teatro o Coliseo.

Sin embargo, vivió un pequeño período de abandono con el fallecimiento del conde-duque de Olivares, de la reina Isabel y del heredero Baltasar Carlos, para luego volver a su esplendor con el segundo matrimonio del rey.

La decadencia del Palacio del Buen Retiro

Con la llegada de los Borbones, el edificio real volvió a vivir un período destacado, pues Felipe V lo prefería al Alcázar, y por eso planteó una remodelación de estilo francés, algo que no comenzaría hasta 1712 y que se quedaría tan solo en papel y con algunas modificaciones parciales. A pesar de ello, tras el incendio del Palacio Real en 1734, los monarcas se trasladaron aquí como residencia oficial.

Sin embargo, en 1764, con el nuevo Palacio Real, Carlos III se trasladó allí y también se llevó algunas de sus pinturas más destacadas, con lo que comenzaría una pequeña decadencia que se haría más grande con la Guerra de la Independencia, cuando los franceses lo utilizaron como fortaleza. Así, a la vuelta de Fernando VII, el palacio estaba arrasado y comenzaron a demolerse algunas de sus partes, cediendo lo que quedaba al Ayuntamiento.

El resto es historia. Actualmente del Palacio del Buen Retiro solo quedan sus jardines, que muy modificados representan el Parque del Retiro, así como el Casón del Buen Retiro, restaurado en 1881 y actualmente siendo una de las sedes del Museo del Prado, que en su ampliación ocupará también el Salón de Reinos, anteriormente el Museo del Ejército.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha obtenido este miércoles un voto de confianza parlamentario por 243 votos a favor y con 210 en contra, gracias al respaldo de los partidos de su coalición de Gobierno de centro-liberal. Tusk había convocado la votación después de que el conservador Karol Nawrocki ganase las elecciones presidenciales del 1 de junio, derrotando al candidato apoyado por el Gobierno.

El voto de este miércoles en la cámara baja o Sejm estuvo precedido por un encendido debate sobre la gestión del Gobierno de coalición que encabeza Tusk, cuya estabilidad está en entredicho tras la victoria de Nawrocki, respaldado por el partido opositor Ley y Justicia (PiS).

Las más de 260 intervenciones de los diputados, muchas de ellas interrumpidas por tumultos desde la grada, reflejaron el clima de tensión y enfrentamiento que atraviesa la escena política del país centroeuropeo. Pese a ello, Tusk ha recibido el apoyo de los 241 diputados que apoyan a su ejecutivo y de otros dos diputados de izquierda.

En su discurso previo a la votación, el primer ministro Tusk aprovechó para insistir en los logros de su gestión y recordar las causas pendientes ante la Justicia de varios miembros del anterior Gobierno, hoy en la oposición. También reivindicó sus esfuerzos para “corregir la situación y reanudar la colaboración con la Comisión Europea”.

Tusk ha anunciado además una reestructuración de su Ejecutivo para el mes que viene y de cara a la segunda mitad de su legislatura, que comenzó en diciembre de 2023.

Amnistiados. Tras varios enredos procesales, la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los casi 40 exaltos cargos, funcionarios y empresarios del Govern de Carles Puigdemont encausados por los gastos del procés y su promoción exterior. Se trata de la causa de los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y conocida por los registros del 20 de septiembre de 2017 en la conselleria de Economía.

En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es el tribunal se guarda de desmarcarse del Tribunal Supremo, que rechazó amnistiar a Carles Puigdemont y los exconsellers por el delito de malversación, pero dejó la puerta abierta a hacerlo con sus subordinados que no decidieron a qué destinar los fondos, sino que solo “ejecutaron” los designios del Govern.

Esto es justamente lo que resuelve la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que concluye que los encausados pueden ser amnistiados porque actuaron “en cumplimiento del mandato” de los consellers, por lo que no hay obstáculo a la aplicación de la ley de olvido penal del procés.

Se trataba de una decisión muy esperada para los casi 40 exaltos cargos, empresarios y funcionarios procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.

El tribunal no va más allá y se limita a recoger la argumentación del propio Supremo para poder aplicar la amnistía al sottogoverno del 1-O. Por el contrario, la Fiscalía consideraba que la malversación sí entraba plenamente en la ley de amnistía, por lo que había pedido amnistiar a todos los cargos salvo dos (encausados por un gasto no relacionado con el procés).

Citando las resoluciones del Supremo contrarias a amnistiar la malversación de los exconsellers, la Audiencia de Barcelona

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha nombrado a Eva Ledo como consejera de Educación del gobierno de la comunidad, en sustitución de la dimitida Lydia Espina. La única persona a la que se lo ha ofrecido, ha asegurado el presidente asturiano en una rueda de prensa este miércoles, agradeciendo que haya aceptado el cargo en una situación complicada tras la huelga educativa vivida en las últimas semanas.

Eva Ledo ocupa actualmente el cargo de subdirectora general de Programas y Gestión en el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría. Anteriormente ocupó cargos relevantes en los gobiernos del Principado como directora general de Personal Docente y previamente había sido jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

Barbón ha puesto en valor su “experiencia de gobierno en materia educativa”, así como su capacidad de diálogo y “tender puentes”. El presidente asturiano ha reconocido que “venimos de una situación en que ha habido una distancia de consejería y docentes”, por lo que le pone de deberes “reestablecer situaciones de diálogo”. “Hay que recuperar la confianza y cumplir con el acuerdo que ha sido ratificado por amplia mayoría de las organizaciones sindicales”, indicó en la rueda de prensa.

El mandatario socialista considera que el acuerdo con los sindicatos es “un paso fundamental” y “el mejor acuerdo posible” dentro del marco económico actual, y considera un antes y un después para ser el “inicio del reforzamiento de la educación pública asturiana”. “Somos un gobierno de carácter progresista y reformista y que se caracteriza por tender puentes”, aseveró.

Barbón ha valorado que en su mandato como presidente, desde 2019, la inversión en educación ha crecido en 100 millones pese al descenso de un 25% de los alumnos en los últimos años. Y ha puesto cifras al acuerdo con los sindicatos, que implica una inversión de 45 millones de euros y la reducción de la jornada lectiva que suma otros 25 millones.

“No nos podemos dejar de engañar por aquellos que dicen apoyar la educación pública pero a la hora de votar siempre hacen lo mismo, recortan la educación pública y favorecen la privada”, señaló.

Sobre el conflicto abierto también con la educación concertada, Barbón ha señalado que el gobierno autonómico no es el empleador instando a negociar con las entidades y empresas responsables de estos centros.

En relación a los problemas de uno de sus proyectos estrella, Les Escuelines de 0 a 3 años, ha encomendado al nuevo equipo de la consejería que reinicie el diálogo con las trabajadoras, que este miércoles han protagonizado una jornada de huelga, reconociendo problemas en la conexión de los centros municipales a la red autonómica. “Asturias puede presumir de tener la única red autonómica y gratuita

Barbón ha hecho autocrítica, “no detectamos , explicando que ”me siento con ganas“ para afrontar un nuevo mandato al frente de Asturias, llamando a Álvaro Queipo, presidente del PP, como ”líder provisional de la derecha“. El líder socialista ha calificado de ”tremendo“ la pretensión de un régimen sancionador universitario en Madrid, como se ha publciado este miércoles, considerando que ”somos un gobierno que no levanta muros, sino que tiende puentes“, criticando las políticas de derecha.

Sobre los ajustes del Gobierno que ha tenido que hacer este mandato, cambiando cuatro consejeras dos de ellas por dimisión, considera que es normal “mover el banquillo” en las situaciones que se demanden sin que ello suponga una situación de más crisis en el gobierno.

Este jueves saldrá publicado en el BOPA el primer punto del acuerdo, la vuelta a la reducción de jornada los meses de junio y septiembre, anunció el presidente. La toma de posesión de la nueva consejera tendrá lugar el próximo lunes, participando después de la reunión del Consejo de Gobierno.

En un país donde los senderos de alta montaña, las travesías de varios días y los retos deportivos acaparan buena parte de las guías de naturaleza, puede resultar difícil encontrar alternativas accesibles para quienes simplemente desean caminar sin complicaciones. Personas que no se consideran senderistas —o que buscan rutas tranquilas y breves— suelen quedar fuera de los itinerarios más difundidos, pese a que la geografía española ofrece propuestas muy adecuadas para quienes se inician o desean disfrutar de un paseo sin exigencias.

Más allá de los desniveles pronunciados o los terrenos abruptos, existen recorridos que ofrecen paisajes memorables, trazados bien mantenidos y ausencia casi total de dificultades técnicas. Este tipo de rutas, cada vez más valoradas por familias, personas mayores o caminantes ocasionales, permiten disfrutar de la naturaleza sin necesidad de experiencia previa, bastones ni botas de travesía.

En ese contexto, hay senderos breves, con pendientes suaves o inexistentes, que atraviesan valles fluviales, bosques o vías recuperadas del pasado ferroviario. Su principal virtud no es el reto físico, sino la armonía con el entorno y la facilidad con que permiten una experiencia gratificante al aire libre.

La Ruta del Alba en Asturias

Ubicada en pleno Parque Natural de Redes, en el concejo asturiano de Sobrescobio, la Ruta del Alba es una de las sendas más frecuentadas de la región, y no por casualidad. Se trata de un itinerario lineal de aproximadamente 14 kilómetros (ida y vuelta) que sigue el curso del río Alba desde la localidad de Soto de Agues hasta la zona de La Cruz de los Ríos. El recorrido, de baja dificultad y pendiente muy suave, invita a recorrer un entorno de gran valor ecológico sin más requisito que unas zapatillas cómodas.

El primer tramo discurre sobre una pista hormigonada, apta para todo tipo de caminantes. A lo largo del camino, el rumor constante del agua, los robles, castaños y abedules y la presencia ocasional de fauna salvaje acompañan el avance sin sobresaltos. La senda está incluida en el Inventario de Rutas de Interés del Principado y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Asturias.

Además del atractivo paisajístico, el recorrido ofrece elementos de interés etnográfico e histórico: antiguos cargaderos de mineral, restos de infraestructura hidráulica y un puente de piedra se suceden a lo largo del valle. En su tramo final, la senda se estrecha ligeramente, sin dejar de ser cómoda, hasta llegar a una pequeña cascada que actúa como punto culminante.

Senda de la Fuente de la Pisadera en Segovia

Lejos del Cantábrico y en un paisaje muy distinto, la provincia de Segovia ofrece una ruta corta, sencilla y muy accesible en pleno Parque Natural Hoces del Río Riaza. Se trata de la Senda de la Fuente de la Pisadera, un recorrido de 2 kilómetros, perfectamente señalizado y pensado para disfrutar del paisaje sin esfuerzo. El punto de inicio del sendero es de acceso directo y sin ninguna dificultad.

La ruta se desarrolla por un terreno completamente llano, con suelo natural compacto, sin escalones ni tramos de pendiente. A lo largo del camino, el visitante puede disfrutar de la vegetación característica del parque así como de vistas al cañón fluvial que define este espacio protegido. Aunque el recorrido es breve, resulta muy gratificante para quienes buscan una inmersión rápida en la naturaleza, con la garantía de seguridad y orientación que ofrecen los paneles informativos del itinerario.

Uno de los principales atractivos de esta senda es su entorno: el Parque Natural Hoces del Riaza es un lugar de gran valor ecológico, en el que habita una de las colonias más importantes de buitres leonados de Europa.

La Ruta del Ferrocarril, también conocida como Vía Verde del Eo

El occidente asturiano, a menudo menos transitado que otras zonas de la comunidad, guarda una joya discreta para los amantes de los paseos tranquilos: la Ruta del Ferrocarril, también conocida como Vía Verde del Eo. Este recorrido de poco más de 13 kilómetros (ida y vuelta) sigue el antiguo trazado del ferrocarril minero que conectaba A Pontenova, en Galicia, con San Tirso de Abres, en Asturias.

La ruta es completamente llana y presenta un firme regular de tierra compactada, ideal para quienes desean caminar sin preocuparse por el calzado técnico o los desniveles. Su principal aliciente, además del trazado sencillo, es el paisaje fluvial que acompaña todo el camino: una sucesión de meandros, bosques de ribera y antiguos túneles ferroviarios adaptados para el paso peatonal. En primavera y verano, la vegetación exuberante convierte el recorrido en un corredor verde de gran belleza.

Una de las características más destacadas de esta vía es su accesibilidad: es apta para peatones, ciclistas, personas mayores e incluso familias con carritos. No hay cruces peligrosos ni tramos exigentes. Desde el punto de partida, la ruta permite un paseo de ida y vuelta sin dificultad, con áreas de descanso y paneles interpretativos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en un auto del que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, ha decidido mantener la suspensión de la Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Esto supone que la norma autonómica seguirá en vigor hasta que haya una sentencia definitiva, pese al intento de tumbarla del Partido Popular y Vox.

La suspensión fue inicialmente acordada por el Pleno del Tribunal, mediante providencia de 26 de febrero de 2025, con ocasión de la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra dicha ley por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en atención a que este invocó el artículo 161.2 de la Constitución española para que se produjera la suspensión de la aplicación de ley impugnada.

El Pleno del Tribunal ha decidido ahora, como medida cautelar -y, por tanto, sin entrar a valorar las cuestiones de fondo en controversia y al margen de la viabilidad de las pretensiones deducidas en el recurso-, mantener la suspensión de esta ley.

Considera que la ponderación de los eventuales perjuicios alegados por el presidente del Gobierno, en caso de levantamiento de la suspensión, tienen “la gravedad y consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica”.

Destaca también el “carácter irreversible” del paso del tiempo en el ámbito del ejercicio de derechos prestacionales como los concernidos en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y de “su trascendencia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos”.

El auto cuenta con un voto particular discrepante suscrito por los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

Ayuso sitúa a la Universidad, y a la protesta estudiantil, en el disparadero de sus políticas educativas. El borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid articula un reglamento sancionador que abriría la puerta a penalizar escraches universitarios, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero. También se recogen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus”.

El texto regula específicamente como una infracción grave “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, según el borrador adelantado por El País y consultado por elDiario.es.

Eso fue lo que sucedió durante el acto al que asistió Espinosa de los Monteros, y que fue boicoteado por centenares de estudiantes. El expolítico de Vox iba a participar en un evento de la asociación conservadora 'Libertad sin ira', finalmente se canceló debido a la oposición estudiantil.

Las infracciones graves se penalizarán, si se aprueba el borrador tal cual está redactado, con una multa de 15.000,01 a 100.000 euros. En esa categoría también se incluyen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino.

La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso asegura que interpretar que este régimen sancionador castigará con hasta 100.000 euros los “escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad” es una “manipulación hasta la falsedad el contenido” del texto. Además, aseguran que, aunque El País lo haya publicado este miércoles, el texto es un “un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024, y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces”. La presidenta también se ha pronunciado, asegurando que la “noticia es falsa”.

“Con esto no se contraviene ninguna norma estatal. Al contrario, sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022. Precisamente lo que protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios”, apuntan desde el Gobierno de Ayuso.

Otros hechos sancionables se producirán si, “en el ejercicio de la autonomía universitaria por parte de las autoridades académicas”, se permite “el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”.

Además, el borrador multas si se “discrimina” a “asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondos, actividades y participación general en la vida universitaria”. Con todo el texto, busca imponer medidas disciplinarias graves si se impide “el libre ejercicio del derecho de manifestación y protesta con la debida autorización o comunicación, y dentro de los límites legales”.

El consejero de Educación, Eduardo Viciana, defendió hace unas semanas un régimen sancionador para “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación”.

El responsable de la enseñanza madrileña aseguró que protestar está muy bien, pero “no se puede permitir que este tipo de actuaciones impida el desarrollo de la vida universitaria, que se cierren espacios, que no se pueda acceder a las aulas”, y recordó que son los rectorados los encargados de hacer cumplir el orden. Preguntado específicamente por las acampadas, rechazó “bajar a ese nivel de detalle”, pero acabó concediendo que “no tiene por qué suponer una vulneración de la libertad”.

Las infracciones muy graves oscilarán entre los 100.000 y el millón de euros. Esas violaciones severas de la ley universitaria madrileña incluyen, entre otras, el incumplimiento de la Constitución, así como que “se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.

La Comunidad de Madrid prevé sancionar con hasta un millón de euros a aquellas personas o instituciones que dificulten “la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, y a aquellas que permitan “la celebración de referéndum ilegales”.

Con este régimen sancionador, la Comunidad asegura que dará “herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente”.

“Los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales”, indican desde la Consejería de Educación.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT elevan el tono contra el Gobierno y amenazan ya con movilizaciones si Función Pública no cumple con el compromiso pendiente de incrementar los salarios de los funcionarios y el personal laboral un 0,5%, con carácter retroactivo desde enero de 2024. En una comunicado conjunto, las organizaciones advierten que “no hay excusas” para que este abono no se ejecute ya y reclaman también la implantación del grupo B, la reclasificación profesional y la jubilación parcial, así como la eliminación de la tasa de reposición, también comprometida por el Ejecutivo.

El 0,5% adicional, que se consolida en la nómina, venía contemplado en el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los sindicatos UGT y CCOO en octubre de 2022 y estaba condicionado a que la inflación acumulada del último trienio acabara por encima del 8%, como finalmente ocurrió.

El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió el 20 de mayo a abonar “en breve” esta subida con carácter retroactivo, que llegará a unos tres millones de funcionarios y empleados públicos. “Queda, por supuesto, abonar el 0,5% de subida adicional del año pasado. Y se abonará, se abonará en breve”, aseguró durante su intervención en el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos. Sin embargo, desde este departamento aún no han dado una fecha concreta para ese abono, cinco meses después de que se confirmara el aumento adicional.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO “exigen al Gobierno que deje de demorar el abono de los atrasos del 0,5%, a la vez que le instan a sentarse para dar una solución que permita recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral y su plena implantación al personal funcionario”. “En caso de no ser atendidas estas peticiones, las organizaciones sindicales no descartan convocar nuevas movilizaciones y las acciones que consideren necesarias hasta conseguir que el Ministerio cumpla con los compromisos asumidos en la mesa de la Función Pública”, indican.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insistían la semana pasada en que “la situación es muy grave”. “Ya estamos en junio y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5% que debe desde 2024, a pesar de que el ministro de Función Pública, Óscar López, anunció hace semanas que la subida era inminente; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados y empleadas públicas 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC”, indicaban.

CSIF ya había registrado a mediados de mayo una petición formal en la Moncloa para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo salarial y “abone de una vez el retraso salarial pendiente del año pasado”.

El anclaje era firme. El mar, en calma aparente, no avisó de lo que estaba a punto de suceder. A menos de un kilómetro de la popa del R/V Sikuliaq, una masa de tierra se desprendió y cayó con fuerza sobre las aguas de la bahía Resurrección, en Alaska.

Esa sacudida activó una serie de pequeñas olas que no habrían dejado registro alguno si no fuera por la tecnología instalada a bordo. En ese momento, se activó la que hoy es la primera detección documentada de un tsunami por deslizamiento desde un buque científico.

El cruce entre imágenes y datos reveló el verdadero alcance del fenómeno

La señal recogida aquel 8 de mayo de 2022 sorprendió a quienes estaban a bordo, no por su fuerza, sino por su claridad. El barco, propiedad de la Fundación Nacional de Ciencias y operado por la Universidad de Alaska Fairbanks, tenía instalado un receptor GNSS que registró movimientos verticales en tiempo real.

Ethan Roth, gerente de operaciones científicas del buque y uno de los autores del estudio, relata que ya se encontraba allí por otro trabajo cuando ocurrió el desprendimiento. Uno de sus compañeros grabó la caída del terreno, lo que llevó al equipo a revisar los datos almacenados en el sistema del barco.

El cruce entre esa grabación y el análisis posterior sirvió para comprobar que el movimiento registrado en el sistema coincidía con los parámetros de un modelo de simulación de tsunami generado por deslizamiento de tierra. Bastó con una señal precisa, localizada, en el momento justo. Lo que antes se consideraba imposible por la magnitud limitada de este tipo de fenómenos, ahora quedaba documentado claramente.

Las zonas escarpadas y cerradas multiplican el riesgo sin margen de aviso

Los tsunamis provocados por deslizamientos de tierra suponen un reto para los sistemas de alerta. En zonas como fiordos o costas con acantilados escarpados, la morfología puede multiplicar la fuerza de las olas y llevarlas hasta zonas habitadas en cuestión de minutos.

A diferencia de los maremotos generados por terremotos, estos no suelen detectarse con la red sísmica convencional, lo que deja sin aviso a muchas comunidades. En este caso, la información se recogió a tan solo 650 metros del punto de impacto.

Anne Sheehan, investigadora del CIRES y catedrática de Ciencias Geológicas en la Universidad de Colorado, ha trabajado con datos similares en otros contextos. En referencia al potencial de este descubrimiento, apunta que “los científicos han capturado tsunamis de mayor magnitud, provocados por terremotos, utilizando sistemas de navegación marítima”. Según detalla, esta vez se consiguió demostrar que “este método también funciona para tsunamis generados por deslizamientos de tierra”.

El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se sustenta en una metodología que podría extenderse a otras zonas de riesgo. La clave está en el uso de software de código abierto capaz de interpretar de forma inmediata las variaciones de altura que experimenta un buque ante una alteración del entorno marino. Adam Manaster, científico de datos del equipo, explica que “podemos utilizar barcos para limitar el tiempo y la extensión de estos eventos de tsunami y deslizamientos de tierra”.

Ese margen temporal, aunque sea corto, puede marcar la diferencia en términos de respuesta. Por eso, el mismo Manaster añade que “si procesamos los datos con la suficiente rapidez, se pueden enviar advertencias a quienes se encuentran en el área afectada para que puedan evacuar y salir del peligro”.

La posibilidad de usar buques equipados con receptores GNSS como parte del sistema de alerta abre una línea completamente nueva. No se trata de cambiar lo que ya existe, sino de añadir nuevas herramientas que complementen lo que la red sísmica no alcanza. En zonas de difícil acceso, contar con un barco cercano puede significar tener o no tener tiempo para reaccionar.

Este avance conecta con investigaciones previas en las que se había probado el uso de datos GPS de barcos comerciales, pero ahora se confirma con un caso real en un entorno activo. Si se generaliza esta aplicación, podría traducirse en mejoras concretas para comunidades costeras expuestas a riesgos similares.