La firma estadounidense retoma la colaboración con Stellantis con unas instalaciones modulares donde los coches eléctricos cambian en cinco minutos su batería agotada por otra cargada
El concepto de intercambio de baterías como alternativa a la operación, a menudo azarosa y más larga de lo deseable, de recargar un vehículo eléctrico se asoma de cuando en cuando a la actualidad, aunque en el continente europeo no ha gozado de excesivo favor hasta la fecha. La marca Renault ha sido la que tradicionalmente ha apostado más por esta tecnología: en 2012 lanzó una iniciativa, Better Place, que no prosperó y quedó por tanto arrumbada.
La idea pareció resurgir en diciembre de 2023, cuando Stellantis y la firma estadounidense Ample firmaron un acuerdo para utilizar el intercambio de baterías en los modelos eléctricos adscritos al servicio de carsharing del consorcio, Free2move, comenzando concretamente con una flota de 100 Fiat 500e de la plataforma.
Pues bien, Ample informa ahora que ha desplegado sus primeras estaciones modulares de sustitución y reemplazo de baterías en Madrid, reforzando -leemos en el comunicado enviado a los medios- “su colaboración con Stellantis para poner en marcha en la capital un servicio de carsharing de Fiat 500e intercambiable”. Esta se ha reformulado con respecto a los planes iniciales puesto que la nota especifica que incluye a la marca Fiat, Free2move y Free2move Charge, los servicios de recarga específicos para clientes de Stellantis.
“Esto marca el comienzo de un despliegue más amplio de la tecnología de Ample en toda la ciudad, con el objetivo de hacer frente a los principales obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos, como el tiempo de carga, la autonomía y la escalabilidad de la infraestructura”, detalla el texto.
El sistema de la empresa norteamericana permite al usuario de un vehículo eléctrico disponer de una batería completamente cargada en cinco minutos, más o menos lo que se tarda en repostar gasolina. Además, está diseñado para adaptarse sin problemas a cualquier modelo eléctrico del mercado.
Su arquitectura modular hace posible también un rápido despliegue de la propia instalación donde se realiza el intercambio de baterías: la compañía asegura que no se tarda más de tres días en ponerla en pie, lo que representa una solución ideal para entornos urbanos como Madrid, según su criterio.
El despliegue de estas estaciones ha sido ha sido posible gracias a que Ample ha recibido el premio Moves Singulares, una iniciativa del Gobierno de España -a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el mismo que concede los incentivos del Plan Moves III- para financiar tecnologías innovadoras que aceleren la transición a la movilidad eléctrica.
Ayuda para nuevas estaciones
El galardón lleva aparejada una ayuda de 9,76 millones de euros, con los que la firma tiene prevista la instalación de varias estaciones modulares adicionales en el centro de la ciudad. La distinción quiso reconocer la capacidad para “hacer frente a las limitaciones de la recarga urbana, apoyar flotas con una elevada tasa de utilización y reducir las emisiones de los vehículos en zonas densamente pobladas”. Todo ello se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Khaled Hassounah, CEO de Ample, ha manifestado que “esta subvención es un paso extraordinario para nuestra empresa y para el sector de la movilidad eléctrica en España. Al asociarnos con el Gobierno de España, no solo estamos satisfaciendo las necesidades inmediatas de infraestructura de la creciente población de Madrid, sino que también estamos sentando las bases para un ecosistema de movilidad urbana sostenible y preparado para el futuro. Estamos deseando trabajar con nuestros socios para conseguir que más vehículos impulsados por Ample circulen por las carreteras”.
El antivacunas responsable de la sanidad en EEUU ha decidido despedir a los 17 miembros del comité científico que asesora a los Centros para el Control y Precención de Enfermedades (CDC) sobre el uso de las vacunas
Robert F. Kennedy Jr. es un antivacunas. Y como buen antivacunas, ha decidido despedir a los 17 miembros del comité científico (ACIP) que asesora a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el uso de las vacunas. Y lo hará para colocar a otros 17 afines, de “su confianza”.
“Hoy damos prioridad al restablecimiento de la confianza del público por encima de cualquier programa específico a favor o en contra de las vacunas”, ha afirmado Kennedy en un comunicado difundido por su departamento: “El público debe saber que la ciencia imparcial, evaluada a través de un proceso transparente y aislada de conflictos de interés guía las recomendaciones de nuestra salud”.
Así, el Departamento de Salud afirma que “los nuevos miembros del comité garantizarán que las actividades científicas del Gobierno estén informadas por la evidencia científica más creíble, confiable e imparcial disponible”. Es decir, que para la Administración Trump, el anterior gobierno no se regía por la evidencia científica.
“Es necesaria una limpieza para restablecer la confianza pública en las vacunas”, concluye Kennedy: “Los nuevos miembros del comité priorizarán la salud pública y la medicina basada en evidencias. El comité ya no funcionará como un estampasellos para las agendas lucrativas de la industria. Antes, el mundo entero confiaba en los reguladores sanitarios de EEUU como una guía, inspiración, imparcialidad científica e integridad. La confianza pública se ha erosionado”.
Uno de los 17 miembros del comité saliente, todos elegidos por la administración Trump, Noel Brewer, de la Universidad de Carolina del Norte, explicó a Associated Press que se les había comunicado la destitución el lunes por la tarde, sin ofrecer ningún motivo. El científico defendía el trabajo realizado: “Hasta ahora, las recomendaciones del comité eran la guía de lo que los seguros médicos debían pagar, lo que los proveedores debían recomendar y lo que el público debía tener en cuenta”.
Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Americana (AMA), ha publicado un comunicado crítico con la decisión de Kennedy: “Durante generaciones, el comité asesor sobre prácticas de inmunización [ACIP, por sus siglas en inglés] ha sido una fuente de confianza y orientación científica. La decisión de destituir a los 17 miembros socava esa confianza y pone en peligro un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas”.
El acercamiento por el oeste provocará hoy tormentas fuertes en amplias zonas de la mitad norte peninsular
Ya no llueve en Inglaterra, que sufre la primavera más seca en un siglo: “El tiempo es mucho más caótico”
Después de varios días de calor, la aproximación de una depresión aislada en niveles altos (dana) a la península traerá inestabilidad, precipitaciones y un descenso de temperaturas sobre todo a partir del miércoles, aunque este martes se vivirá un pequeño anticipo, con tormentas fuertes en amplias zonas de la mitad norte peninsular, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El acercamiento de la dana por el oeste provocará hoy un aumento de la inestabilidad, con nubosidad de tipo medio y alto desde primeras horas afectando a la mitad sur con tendencia a extenderse a la norte. A partir de mediodía, con el desarrollo de nubosidad de evolución, dejará tormentas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, meseta sur y sierras del sureste.
La Aemet prevé que las tormentas lleguen a fuertes, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes, en amplias zonas de la mitad norte peninsular, siendo además probables los chubascos fuertes en el oeste de Galicia, entorno cantábrico, alto Ebro, la Ibérica y Pirineos. En las islas predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas sin precipitaciones.
La agencia ha activado avisos durante la tarde por tormentas en buena parte del país: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Además, soplarán vientos moderados con probables intervalos de fuerte del nordeste en litorales de Galicia y del sureste peninsular, así como de levante en el Estrecho y de alisio en Canarias. En el resto, soplarán vientos flojos con predominio de componentes sur y este.
Por encima de los 34 en el sur peninsular
Será un día de contrastes respecto a las temperaturas. Las máximas ascenderán en áreas mediterráneas, en el extremo norte y en el tercio nordeste peninsular, notablemente en zonas del Cantábrico. Superarán los 34-36 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, meseta norte, depresiones del nordeste e incluso en valles del noroeste y en puntos del Cantábrico oriental. En cambio, bajarán las máximas en la meseta sur y regiones del extremo oeste y sin cambios en el resto.
Las mínimas descenderán en el tercio suroeste, predominando los aumentos en el resto, que serán notables en el centro norte, sigue la Aemet. Se esperan pocos cambios en las islas.
El martes se volverán a superar los 35 grados en buena parte de la región y de cara al miércoles la máxima se quedará en 30
La Aemet advierte de la llegada de una dana que dejará inestabilidad, lluvias y bajada de las temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para los próximos días un descenso progresivo de las temperaturas en la Comunidad de Madrid, con valores que pasarán de los 37 a los 30 grados de máxima en algunos puntos, un pequeño alivio hasta el fin de semana, cuando los termómetros se volverán a acercar a los 40 grados.
Este martes las temperaturas mínimas irán en ascenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Aún así, se superarán los 35 grados en buena parte de la Comunidad, a excepción de Collado Villalba donde se quedarán en 32.
Probabilidad de calima a lo largo del día disminuyendo al final y de algún chubasco débil y disperso desde la mañana acompañado de alguna tormenta ocasional en las últimas horas del día, sigue la Aemet en su previsión.
Soplará viento flojo variable, con predominio del sur o sureste en las horas centrales, que no se descarta que vaya acompañado de alguna racha fuerte en la segunda parte del día, añade la agencia en su página web.
Bajada de las temperaturas en la Comunidad de Madrid
La bajada de las temperaturas será más pronunciada de cara al miércoles. Para mañana, se espera un descenso generalizado que podría ser localmente notable en el suroeste. En Alcalá de Henares y Aranjuez se alcanzarán los 30 grados; en Getafe, Madrid y Navalcarnero se quedarán en 28; mientras que en Collado Villalba no superarán los 27.
El miércoles tampoco se descartan chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes, más frecuentes e intensos en la segunda parte del día en la Sierra y el sureste, avisa la Aemet.
Es el viaje político de una niña que movilizó a millones de adolescentes de todo el mundo. Es la evolución de una voz insobornable que abroncaba a los adultos en general y los políticos en particular. Es la historia de una activista del futuro que ahora lucha por detener el presente
Greta Thunberg, la niña que en 2018 irrumpió en la escena mundial por hablar claro a los adultos y a los gobernantes del mundo sobre la urgencia de parar el cambio climático, es ahora punta de lanza activista contra el genocidio palestino. ¿Por qué este viaje político? ¿Cómo se ha dado esta evolución? ¿El cambio climático ha perdido un símbolo o es la confirmación de que todas las injusticias globales están conectadas?
Con Raúl Rejón, periodista especializado en Medio Ambiente de elDiario.es, y con Sílvia Díaz Perez, investigadora experta en comunicación y movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra, que ha seguido la evolución de Thunberg desde su aparición, respondemos estas preguntas y analizamos las claves de su éxito mundial.
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El juez José Luis Calama plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa.
En un auto, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado.
Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado, informó la Audiencia Nacional.
El juez así acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes “ha brillado por su ausencia”, pese a haber hecho, destaca, todo lo posible para recabar su colaboración. “Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio”, advierte.
En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.
En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Properti BV y Muscari Development BV sucursal en España por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.
Beneficio de 100 millones
El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro describe el proceso de compraventa de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en 2016, que le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, y la operativa creada por este a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con dichos ilícitos capitales.
Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.
Asimismo, el juez señala que también serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros.
“Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública, (...) correspondiente al año 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi”, añade.
El instructor señala así que Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales 'ad hoc' para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.
“Ingeniería jurídico-societaria”
De esta manera, subraya que “mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. ”De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito“, añade.
Además, en su resolución, Calama expone la figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.
En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los “importantes” inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.
“No se puede permitir que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un ”testaferro de última hora“ para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio”, añade el juez.
Igualmente, para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en España como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado.
“Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales”, considera.
Lauren Tomasi, corresponsal del canal australiano 9 News –vinculado a la CNN–, recibió un disparo de un policía que le apuntó directamente por la espalda mientras hablaba en directo sobre las protestas contra las redadas masivas en Los Ángeles
Trump exige “que entren las tropas” en Los Ángeles mientras California denuncia el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional
“Acabas de disparar a una periodista”, se oye gritar a un testigo mientras la periodista y el cámara corren despavoridos para alejarse del pelotón de antidisturbios. En el vídeo se ve que, mientras entra en directo la periodista australiana Lauren Tomasi, de 9 News –canal vinculado a la CNN–, un policía se gira para apuntar directamente hacia ella y dispara por la espalda en las piernas: la periodista ni estaba cerca de los policías, ni se interponía en su trabajo ni se encontraba en una línea de fuego cruzado, sino en un costado de la escena.
“La situación se ha deteriorado rápidamente, la policía de Los Ángeles se ha desplazado a caballo, disparando balas de goma”, se encontraba diciendo Tomasi cuando recibió el balazo.
Por las imágenes no está claro a qué cuerpo concreto pertenece el agente, si bien los policías locales suelen vestir uniforme azul y la Guardia Nacional, caqui.
Tomasi fue alcanzada en la pierna por una bala de goma, disparada a quemarropa por un agente de policía. Quedó dolorido, pero ilesa“, informa su canal de noticias.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ha emitido un comunicado en el que declaraba que “todos los periodistas deben poder hacer su trabajo con seguridad”, tras el disparo contra Tomasi, recoge The Guardian: “Australia apoya la libertad de los medios de comunicación y la protección de los periodistas”.
El problema con las balas y proyectiles de goma es que las autoridades los usan como “no letales” en contraposición a munición real, pero sí pueden causar lesiones graves, como ha pasado también en España.
Además de Tomasi, un periodista del New York Times fue alcanzado por otra bala de goma a última hora del domingo en el centro de Los Ángeles, y según informa su periódico fue atendido en un hospital, pero no resultó herido de gravedad.
En otro episodio, Nick Stern, fotoperiodista británico afincado en el sur de California, explicó a The Guardian que había resultado gravemente herido por lo que parecía ser un proyectil no letal disparado por la policía contra él mientras cubría una protesta el sábado en Paramount, municipio del condado de Los Ángeles. Resultó herido en una pierna y fue trasladado para ser operado, según informan los medios de comunicación.
elDiario.es sabe que ni García Ortiz ni Pilar Rodríguez filtraron ese correo aunque no revelará su fuente, por eso en el sumario no puede haber pruebas de ello: es falso como también lo es que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal general aunque esté en la primera línea de la exposición de hechos del magistrado
El Supremo procesa al fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso y le acusa sin pruebas de seguir “instrucciones” de Moncloa
El auto del magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, asusta. Por la cantidad de saltos al vacío que pone por escrito en la decisión más grave que ha tomado en su carrera profesional. Pese a su controvertida instrucción, que ha alargado durante ocho meses autorizando medidas tan graves como el volcado del móvil y los ordenadores del fiscal general del Estado, no hay ninguna prueba de que Álvaro García Ortiz filtrase el correo electrónico de la confesión del doble fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En elDiario.es sabemos quién ha filtrado la información, pero jamás vamos a revelar nuestra fuente porque nos acogemos a nuestro derecho constitucional, pero sobre todo al primer mandamiento del periodismo. Pero sí podemos revelar quién no fue. Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de Madrid, a quien el Supremo envía camino del banquillo, filtraron esa información.
La exposición de hechos de Hurtado arranca con varias frases de las que no tiene ninguna prueba. El magistrado del Supremo escribe literalmente esto: “Cabe presumir que a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
En el extenso sumario no hay una sola prueba de que Presidencia del Gobierno proporcionase ninguna indicación al fiscal general para que filtrase datos de la pareja de Ayuso. Tal vez por eso, Hurtado arranque el párrafo con la siguiente redacción “cabe presumir”.
El magistrado llega a calificar la operación urdida por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que en connivencia con varios diarios afines se inventó (así lo admitió el propio Miguel Ángel Rodríguez ante el tribunal) que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso para que reconociera los delitos, pero que se retiró por órdenes de arriba (los jefes de la Fiscalía). Que la cúpula del Ministerio Público desmintiese la información falsa publicada por El Mundo de que el pacto había partido del fiscal del caso (y no del abogado de la pareja, como señalan todas las pruebas aportadas al tribunal) y que, según Rodríguez y algunos otros medios, ese pacto se había frenado por órdenes políticas es para el magistrado del Supremo “una cuestión de escasa relevancia”. Hurtado va más lejos y señala que la dirección de la Fiscalía preparó una respuesta para dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo.
Como si la autoría de la oferta fuese un asunto opinable y el magistrado del Supremo no tuviera sobre su mesa las declaraciones que hicieron todas las partes y los propios documentos donde queda patente que el abogado de González Amador quien reconoció los dos delitos y propuso el acuerdo para que su cliente pudiese evitar la entrada en prisión. El famoso correo donde la defensa del comisionista admitía: “Ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal”.
Ya durante la instrucción el magistrado Ángel Hurtado incurrió en clamorosas omisiones y ha utilizado rocambolescos argumentos para justificar sus muy dudosas decisiones. Un ejemplo que atañe a las declaraciones de los periodistas que fuimos citados como testigos en la fase de instrucción. A estas alturas hay media docena de profesionales que declaramos haber tenido acceso a la información de la propuesta de pacto días antes de que esa documentación llegase a manos del fiscal general.
Yo mismo declaré al tribunal que tenía en mis manos el correo el martes, 6 de febrero de 2024, junto al expediente tributario y la denuncia de la fiscalía. El periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos defendió que tuvo noticia de ese correo varias horas antes de que el mail se enviase al fiscal general.
El magistrado del Supremo ha optado por no creer nuestros testimonios (en su derecho está y es obligación de un juez dudar de todas las declaraciones), pero emplea argumentos para desestimarlos que desafían la lógica más elemental. En primer lugar, alega que no hemos aportado pruebas de haber tenido acceso a esa documentación antes que el fiscal general. Y es verdad que no lo hemos hecho porque aportarlas implicaría dar pistas sobre nuestras fuentes.
El segundo argumento es todavía más estrafalario: que no es creíble que los periodistas dispusiésemos de esa información y no la hubiéramos publicado antes. elDiario.es dispuso de los documentos el martes 6 y empezó a publicar el martes 12. Por el medio hubo un fin de semana y un equipo de investigación escudriñando toda la documentación: las tres primeras informaciones aludieron al fraude, a de dónde había salido la comisión millonaria de González Amador (la venta de mascarillas) y a los dos pisos en los que reside la presidenta y su pareja en el centro de Madrid.
¿Desde cuándo en una investigación como esta se publican todos los datos en la primera entrega? ¿En qué manual de Derecho Penal (ya que en los de periodismo no figuran y eso que su auto llega a citar el Libro de Estilo de El País) aparece el orden de las informaciones?
El tercer y último argumento de Hurtado es todavía más descabellado: deja por escrito que ha visto contradicciones entre los diferentes periodistas que relataron cuándo habían tenido en sus manos la información de la confesión. ¿Cómo puede haber contradicciones si lo que se preguntó en el Supremo es cuándo había tenido acceso cada periodista a su información? ¿Es contradictorio que un redactor logre la información un martes y otro un jueves? ¿Cree el magistrado que este tipo de documentación se reparte en una ventanilla un día a una hora determinadas? ¿Resiste el menor análisis defender que es contradictorio que unos periodistas digan en el tribunal que tuvieron la documentación un día y otros cinco días más tarde?
Pues así quedó escrito en un auto del Tribunal Supremo.
El magistrado Hurtado tiene todo el derecho a desconfiar del relato de testigos e imputados e incluso a abrir una causa separada por falso testimonio si cree que alguien ha mentido a su tribunal. Él sabrá por qué no lo hizo. Pero cabría exigir a un magistrado del Supremo una argumentación algo más razonada cuando trata de desbaratar el testimonio de los periodistas. Sería entendible incluso que hubiera decidido no citar a los periodistas si cree que su testimonio no va a aportar nada a la causa por su derecho a guardar secreto sobre sus fuentes. Pero citar a los informadores con obligación de decir verdad para no tener en cuenta la información que aportan y desbaratar sus testimonios con argumentos tan pobres es impropio del primer tribunal del país.
En las últimas semanas, cuatro periodistas de El País ratificaron ante notario y aportaron al Supremo sus declaraciones, según las cuales sabían de la existencia de ese acuerdo 31 horas antes de que el correo electrónico llegase a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Los periodistas que ya habían publicado esa información, aportaron comunicaciones e incluso el registro de una llamada al abogado que firmaba el correo, Carlos Neira, realizada el mismo día en que elDiario.es destapó en exclusiva el fraude, por tanto, mucho antes de que el correo llegase a manos de García Ortiz.
El dato es muy relevante. El propio Tribunal Supremo ha dejado escrito hace unas semanas cuando archivó la causa de la pareja de Ayuso contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusaba de desvelar datos antes de que nadie lo publicase en prensa de su expediente tributario (que las comisiones millonarias salieron de una compraventa de mascarillas), que no se revela ese secreto cuando esa información ya circulaba por las redacciones. Ningún secreto se pudo desvelar, incluyó el mismo tribunal que ahora decide sentar en el banquillo al fiscal general.
En sus autos, Hurtado ha esgrimido la falta de pruebas para no tener en cuenta las declaraciones de algunos testigos, pero al mismo tiempo hace aseveraciones en sus escritos de los que no existe en la causa ni el más mínimo indicio. Como por ejemplo, señalar que fue nada menos que la Presidencia del Gobierno quien dio “instrucciones” para filtrar el fraude de la pareja de Ayuso. Ni en su auto ni en toda su instrucción hay pruebas de que eso hubiera sucedido. La alto cargo del gabinete de Moncloa Pilar Sánchez Acera declaró como testigo que lo había recibido de un periodista. Hurtado escribe en su escrito que se lo pasó la fiscalía. Es decir: concluye que Sánchez Acera miente, pero evita abrirle una causa por falso testimonio.
Produce desasosiego comprobar tal sucesión de saltos al vacío en la exposición de un alto magistrado del Supremo.
Si semejante argumentación se utiliza para sentar en el banquillo nada menos que al fiscal general y con el seguimiento qué ha tenido este caso, ¿qué no se podrá hacer un ciudadano anónimo en esas vistas en las que no hay testigos?
En los últimos meses, crece la desafección sobre la Justicia. Las polémicas actuaciones de algunos jueces y magistrados, incluidas algunas condenas muy sonoras, han puesto bajo la lupa también al tercer poder del Estado en un momento en que jueces con togas se manifestaron contra leyes que aprobó el Congreso. A pesar de las dudas crecientes de la sociedad en una parte de la Justicia, magistrados y fiscales de altas instituciones se comportan como profesionales intocables que intentan sustraerse al ejercicio de la crítica. El propio tribunal Supremo que ha empleado más de ocho meses de trabajo en la investigación de un correo electrónico, similar a los que se publican en decenas de causas, ha sido protagonista de sus propias filtraciones. La sentencia más importante de los últimos años, la del juicio del procés, se filtró antes a algunos periodistas que a los propios condenados. ¿No tenían esos acusados derecho a conocerla antes que la prensa? ¿Abrió el Supremo alguna investigación interna?
Miembros del mismo tribunal han ido adelantando a periodistas de muchas redacciones de Madrid los pasos que se irían dando con el fiscal general: la imputación la anunciaron semanas antes de que se produjese y lo mismo ha sucedido con su procesamiento. ¿No lesiona el derecho de defensa de Álvaro García Ortiz que miembros del Tribunal Supremo lleven meses anticipando a algunos periodistas sus decisiones?
Cuando el PP habla de mafia o dictadura debe confundir al Ejecutivo con algunos sectores del poder judicial, única estructura del Estado que no completó el tránsito del franquismo a la democracia y en la que perviven togados que, como Peinado o Hurtado, hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les controle o juzgue por su trabajo
El Supremo procesa al fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso y le acusa sin pruebas de seguir “instrucciones” de Moncloa
En una dictadura, que es la que el PP dice que gobierna España, un fiscal general del Estado no se sentaría en el banquillo y tampoco sería acusado de un delito de revelación de secretos. Mucho menos se investigaría a un exministro, a la esposa o al hermano del presidente del Gobierno. Los jueces no podrían rebelarse o cuestionar la legislación del régimen, ni manifestarse a las puertas de los juzgados contra las leyes, ni hacer declaraciones políticas en los medios de comunicación, ni dictar autos contra quienes ostentan la máxima representación institucional.
En una dictadura más bien ocurriría todo lo contrario porque todas ellas tienen un marco normativo e institucional para asegurar su pervivencia y utilizan el Derecho a su antojo para articular un sistema que legitime su poder político y persiga, reprima y extermine al disidente.
Pedro Sánchez debe ser un dictador de quinta regional porque Isabel Díaz Ayuso está dedicada 24/7 a mentir, injuriar, insultar y acusar al presidente de esta dictadura a la que nos ha llevado “a sorbos, poquito a poquito” y nadie ha ordenado su detención. Un dictador no permitiría que sus opositores le llamasen “hijo de puta”, se manifestaran en las calles de la capital para tacharle de “capo de la mafia” y animaran a los españoles a “asaltar La Moncloa”.
En las dictaduras se utiliza el Derecho para construir una arquitectura represiva de normas e instituciones concebidas para dar cobertura a regímenes políticos que convierten al ciudadano en súbdito. Se suprime la división de poderes, se crean tribunales ad hoc y se violan sistemáticamente los derechos y las libertades. Siempre, claro, en el contexto de una estrategia que, en mayor o menor grado, trata de sembrar el terror en la población como factor de disuasión y desmovilización En España, ni los ciudadanos viven aterrorizados ni la oposición teme salir a la calle a protestar, salvo por miedo a no ser secundado, que es lo que le pasó al PP este domingo en la plaza de España. De 37 millones de ciudadanos que integran el censo electoral, 100.000 -según estimación de los organizadores- se sumaron al grito de “hay que echar a Sánchez”.
Así que cuando el PP habla de mafia o dictadura para referirse al Gobierno parece confundir al Ejecutivo con algunos sectores del poder judicial, única estructura del Estado que no completó el tránsito del franquismo a la democracia y en la que perviven togados que hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les controle o juzgue por su trabajo, como ocurre con el juez Peinado o con el juez Hurtado por poner dos ejemplos.
El último, magistrado del Tribunal Supremo, ha dictado un auto este lunes que pone al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo. Le atribuye un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sostiene que actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. No explica en qué datos ni qué pruebas basa esta tesis, pero asegura que el fiscal general filtró el correo del abogado de Alberto [Quirón] González Amador “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba una palmaria falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
O esta dictadura que es España se va por el desagüe de la democracia o en esta democracia fallan controles sobre algunos jueces que ponen su ideología por encima de la imparcialidad y se creen salvadores de la patria, pero no precisamente en beneficio de quienes los gobernantes, sino todo lo contrario.
La instrucción de Hurtado y su auto de procesamiento responden a una instrucción cuando menos peculiar, y no sólo porque carece de evidencias probatorias sobre el ilícito que se le imputa al fiscal general, ya que decenas de personas tuvieron acceso al correo que se filtró a los medios antes de que lo conociera García Ortiz.
También es excepcional porque es la primera vez que se investiga una filtración periodística como un delito de revelación de secretos. Así que más que padecer una dictadura estamos ante un brazo armado de la judicatura que responde a la orden de “quien pueda hacer que haga”. Y todo lo demás, zarandajas.
La presidenta madrileña valoró positivamente en 2014 y en 2018 el uso de todos los idiomas de España, mientras que hace unos días abandonó la Conferencia de Presidentes cuando las intervenciones no eran en castellano
Ayuso se queda sola en su plante a la Conferencia de Presidentes por el uso de lenguas cooficiales
El ministro Óscar Puente y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recurren con frecuencia a la hemeroteca tuitera, que siempre almacena contenido del cual sus autores reniegan tiempo después. Esta vez le ha tocado el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Al hilo del plantón que dio Ayuso a los líderes autonómicos que usaban lenguas cooficiales durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, ambos políticos han recuperado un tuit que la madrileña publicó en diciembre de 2014: “Acto por la Constitución de @PPopular. Discursos en catalán, gallego, valenciano, mallorquín, castellano... #España”.
“¿Esto era de cuando llevaba la cuenta de Pecas?”, se ha preguntado el ministro de Transporte, en alusión a cuando Ayuso, supuestamente, manejaba la cuenta de Twitter bajo el usuario del perro de Esperanza Aguirre.
La madrileña había afirmado en el programa 'Salvados' en 2021 que había creado la cuenta, pero que la había gestionado otra persona.
Sin embargo, dos años después se supo que Ayuso creó perfiles falsos para atacar a la izquierda en redes sociales, por ejemplo, para ridiculizar a Zapatero o al candidato del PSOE en la región.
Gabriel Rufián citaba el mismo tuit que Puente y hacía una sucinta recomendación a la presidenta: “Borra”.
Como señalaban otros usuarios, en otro tuit, esta vez de 2018, Ayuso afirmaba: “El bilingüismo me parece de gran riqueza pero no en detrimento de la segunda lengua materna más importante del mundo”. La presidenta madrileña concluía: “Pero hablar catalán, gallego, etc. es riqueza cultural, un tesoro”.
En 2013 Ayuso se movía por la misma línea: “No soy experta pero tengo entendida [sic] que el bilingüismo fomenta destrezas mentales. Da envidia...”.
La visión transmitida por Ayuso cambió radicalmente la semana pasada. La presidenta madrileña abandonaba la Conferencia de Presidentes cuando las intervenciones eran en euskera, catalán y gallego, para volver durante esta última, ofrecida por su compañero de partido Alfonso Rueda. Fue la única que lo hizo: el resto de líderes autonómicos permanecieron en sus asientos siguiendo las intervenciones con traducción automática por pinganillo para quien lo solicitó.
“España no es un país plurinacional, es una gran nación de siglos y además pocas naciones como la nuestra tienen una lengua común compartida por 600 millones de personas”, declaró después Ayuso, que añadió que el uso de pinganillos le parecía “una farsa”.