Los fiscales federales no podrán solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según dictaminó una jueza este viernes, frustrando el intento de la Administración Trump de que fuera ejecutado por lo que calificaron de un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett desestimó un cargo federal de asesinato contra Mangione, al considerar que presentaba fallos técnicos. Garnett mantuvo los cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

Mangione, de 27 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato federales y estatales. Los cargos estatales también conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

Está previsto que comparezca nuevamente ante el tribunal este viernes para una vista sobre el caso.

La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre, mientras que el juicio estatal aún no tiene fecha. Este miércoles, la fiscalía del distrito de Manhattan envió una carta instando a la jueza de ese caso a fijar la fecha del juicio para el 1 de julio.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en las municiones estaban escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de una prestigiosa universidad y proveniente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

En línea con la promesa de Trump de buscar la pena capital, la fiscal general, Pam Bondi, ordenó a los fiscales federales de Manhattan en abril pasado que solicitaran la pena de muerte contra Mangione.

Fue la primera vez que el Departamento de Justicia intentaba aplicar la pena de muerte durante el segundo mandato de Trump.

Garnett, nombrada por Biden, ha dictado su fallo después de una serie de presentaciones judiciales por parte de la fiscalía y la defensa en los últimos meses. Celebró audiencias orales sobre el asunto a principios de este mes.

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado este viernes tres millones de documentos de sus archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein. De esta manera, reanuda la publicación de documentos sobre el depredador sexual en virtud de una ley aprobada por el Congreso, y firmada por Donald Trump después de meses resistiéndose, con el fin de revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte del financiero y sus interacciones con personas ricas y poderosas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha dicho este viernes que el Departamento de Justicia estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos sobre Epstein, así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Los archivos, difundidos a través de la web de Justicia, incluyen algunos de los millones de páginas de documentos que se habían retenido en la publicación inicial de documentos en diciembre pasado.

Los documentos salen a la luz en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, ley promulgada tras meses de presión pública y política que exige que el Gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y expareja, Ghislaine Maxwell.

“La publicación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”, ha señalado Blanche en una conferencia de prensa en la que ha anunciado la divulgación.

Después de incumplir la fecha límite del 19 de diciembre fijada por el Congreso para publicar todos los archivos, el Departamento de Justicia afirmó que había encargado a cientos de abogados la revisión de los documentos para determinar qué información debía ser censurada o tachada para proteger la identidad de las víctimas de abuso sexual.

Entre los materiales que se retienen se encuentra información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o revelar la identidad o detalles personales de posibles víctimas, según el Departamento de Justicia de Trump.

Todas las mujeres, excepto Maxwell, han sido censuradas en los videos e imágenes publicados este viernes, ha dicho Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a aproximadamente seis millones, incluyendo duplicados.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas antes de Navidad, incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y documentos judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente censurados.

Esos documentos incluían registros de vuelos publicados previamente que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que se distanciaran, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton.

Ni Trump ni Clinton han sido acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han dicho que desconocían que estuviera abusando de menores.

“Esta publicación puede incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados de forma fraudulenta, ya que todo lo que la gente envió al FBI se incluyó en la documentación publicada”, afirma el Departamento de Justicia: “Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra”.

En diciembre también se publicaron las transcripciones de las declaraciones ante el gran jurado de agentes del FBI que describieron las entrevistas que mantuvieron con varias menores y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de trata de personas con fines sexuales a nivel federal.

En 2008 y 2009, Epstein cumplió condena en una cárcel de Florida tras declararse culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor de 18 años.

En ese momento, los investigadores habían reunido pruebas de que Epstein había abusado sexualmente de menores en su casa de Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de que se declarara culpable de cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell por trata de personas por ayudar a reclutar a algunas de las menores. En estos momentos cumple una condena de 20 años de prisión en un centro penitenciario en Texas, tras ser trasladada desde una prisión federal en Florida. Ella niega haber cometido delito alguno.

Los fiscales nunca acusaron a nadie más en relación con los abusos de Epstein contra menores, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó en demandas judiciales de haber organizado encuentros sexuales para ella a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de los negocios, académicos de renombre y otras personas, quienes negaron sus acusaciones.

Entre las personas a las que acusó se encontraba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien ha sido despojado de sus títulos reales por el escándalo. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero llegó a un acuerdo extrajudicial con ella por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia el año pasado, a los 41 años.

“Las censuras debían limitarse a la protección de las víctimas y sus familias”, ha dicho el Departamento de Justicia: “Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, fueron censuradas, dado que el Departamento consideró a todas las mujeres que aparecían en dichas imágenes como víctimas. No se censuró la información relativa a personas destacadas ni a políticos en la publicación de ningún archivo”.

La Generalitat de Catalunya ha decidido levantar las restricciones para contener el brote de peste porcina africana (PPA) en los 73 municipios situados en el perímetro de entre los 6 y los 20 kilómetros en el lugar de origen del brote, un punto del parque de la sierra de Collserola ubicado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, quien ha explicado que Collserola quedará desde este viernes cerrada por las noches para intensificar las capturas y averiguar si el brote ha entrado en el parque natural, una medida que afecta a nueve municipios, informa la Agència Catalunya de Notícies (ACN).

Asimismo, de seis de la mañana a diez de la noche se limita el acceso y actividades en grupos de más de diez personas. Hasta el momento, los 103 jabalíes fallecidos por la enfermedad se han encontrado dentro de la zona de alto riesgo, donde se mantienen todas las restricciones.

En la zona infectada de bajo riesgo, es decir, en los 73 municipios, la Generalitat permite de nuevo el acceso al medio natural tanto de personas como de animales domésticos, siempre que estos últimos vayan atados.

También se reanudan las actividades deportivas, educativas y de ocio, incluidas las organizadas en grupo, así como los trabajos agrícolas y forestales y de ganadería, a condición de que el rebaño no salga del perímetro autorizado.

El Govern también autoriza el acceso a actividades económicas ubicadas en el medio natural, como explotaciones agrícolas y ganaderas, restaurantes, escuelas, hípicas y centros deportivos, así como a los huertos urbanos.

Las zonas de pícnic y los aparcamientos no tendrán que estar cerrados, aunque se pide extremar las precauciones para evitar el acceso de la comida a los jabalíes y garantizar la limpieza diaria de los puntos de recogida de basura.

Por el contrario, en el parque natural de Collserola se establecen nuevas restricciones por las noches. Entre las diez de la noche y las seis de la mañana queda prohibido el acceso al medio natural, mientras que de seis de la mañana a diez de la noche se limita el acceso y las actividades en grupos de más de diez personas para evitar aglomeraciones.

Sí se permiten las actividades individuales y en grupos reducidos. Estas medidas no afectan al acceso a las viviendas ni a las actividades que se desarrollen en espacios cerrados.

Las bibliotecas romanas eran algo más que simples depósitos de libros. En ellas se guardaban rollos, se copiaban textos y se enseñaba a leer a los más jóvenes. Cada ciudad importante tenía al menos una, instalada cerca del foro o de las termas, donde la gente podía estudiar o escuchar lecturas públicas. Su construcción formaba parte de una política que entendía el conocimiento como un bien común, útil para educar ciudadanos y mantener el prestigio del poder.

En muchas de ellas trabajaban escribas y lectores públicos, encargados de conservar las obras y de hacerlas accesibles para el resto. Todo este entramado de cultura y piedra muestra cómo Roma convirtió el saber en una pieza de su estructura urbana y social, algo que hoy sigue revelando su alcance cuando aparece bajo tierra.

Una escalinata olvidada vuelve a conectar la antigua biblioteca de Nisa

Arqueólogos en Nisa, en la provincia turca de Aydın, han descubierto una escalinata de piedra de unos 1.800 años que conectaba la calle principal con la biblioteca romana de la ciudad, uno de los edificios mejor conservados de Asia Menor. El hallazgo se produjo durante unas excavaciones dirigidas por el profesor Serdar Hakan Öztaner, de la Universidad de Ankara, dentro del programa nacional Heritage for the Future. La estructura resuelve una incógnita que persistía desde hacía décadas: cómo se accedía al edificio desde el nivel inferior de la ciudad.

La escalinata tiene cinco peldaños de piedra tallada que salvan un desnivel de unos dos metros y conducen a un patio de mármol situado frente a la biblioteca. Los estudios indican que se añadió después de la construcción inicial, hacia el siglo II d. C., para mejorar el acceso desde la vía principal. Por su posición central y su diseño simétrico, se considera una pieza con valor simbólico, pensada para resaltar el paso hacia un lugar de conocimiento.

Nisa fue una ciudad romana de Asia Menor conocida por su carácter educativo. Se levantaba a ambos lados de un profundo valle y contaba con teatro, estadio, gimnasio, ágora y varios edificios administrativos. Este conjunto demuestra el alto nivel de planificación urbana que alcanzaron los romanos en Anatolia occidental. Según los investigadores, el hecho de que la biblioteca estuviera unida a la calle principal muestra que el aprendizaje formaba parte del día a día, algo al alcance de cualquiera que pasara por allí.

La biblioteca se construyó hacia el año 130 d. C., en un periodo de prosperidad arquitectónica. Tenía dieciséis nichos destinados a albergar rollos y manuscritos, lo que indica una colección amplia. Aunque era más pequeña que la Biblioteca de Celso de Éfeso, su estado de conservación la sitúa entre las mejor preservadas de la región.

La escalinata confirma la disposición urbana y cierra un viejo debate arqueológico

Las excavaciones recientes sacaron a la luz los restos de la escalinata bajo capas de tierra y fragmentos de mármol. Los arqueólogos comprobaron que el trazado coincidía exactamente con la alineación del edificio, lo que permitió confirmar la ubicación del acceso. Este avance completa el mapa arquitectónico del yacimiento y ofrece una respuesta a un debate antiguo entre especialistas sobre la disposición de los espacios públicos en Nisa.

El descubrimiento tiene gran valor arqueológico porque ayuda a entender cómo se organizaba el movimiento dentro de la ciudad y cómo se vinculaban los lugares dedicados al saber con la vida cotidiana. La escalinata funciona como un testimonio material del papel que tuvo la educación en la sociedad romana, en la que las bibliotecas formaban parte de la identidad cívica y del orgullo urbano.

Actualmente, los visitantes del yacimiento pueden recorrer el mismo trayecto que los ciudadanos de hace casi 2.000 años. El conjunto permite imaginar cómo el conocimiento estaba literalmente al alcance de todos, entre templos, foros y plazas. Con ello, el hallazgo no solo rescata una pieza arquitectónica, sino también una forma antigua de entender la cultura como parte visible de la ciudad romana.

Los eurodiputados españoles Alvise Pérez y Esteban González Pons todavía no han actualizado los ingresos que reciben al margen de su actividad como Europarlamentarios. Los eurodiputados pueden tener otros empleos, con permiso del Parlamento, además de ingresos por la escritura de libros o las conferencias, pero tienen la obligación de declararlos a la Eurocámara cuando estos superan los 5.000 euros.

Según el diario Politico, hay 14 europarlamentarios que no han cumplido a tiempo sus obligaciones en materia de transparencia. Los dos españoles son el político de ultraderecha Alvise Pérez y el dirigente del PP Esteban González Pons. En el primer caso, señala este medio, el agitador ultra declaró que los ingresos exactos generados por su actividad en redes se actualizarían al final de cada año, pero no ha actualizado los ingresos tras el año 2024.

En la última declaración, presentada en 2025 pero en referencia a los ingresos del año anterior, percibía casi 20.000 euros al mes. Su equipo declaró a Politico que “Todos los ingresos recibidos han sido debidamente declarados de acuerdo con la normativa aplicable”, recoge el portal web.

En el caso del eurodiputado popular, que también es escritor, el desfase se debe a la liquidación de los derechos de autor, señala su equipo a elDiario.es. González Pons ha escrito varias novelas y un poemario, por lo que debería sumar lo percibido por el contrato de edición y las liquidaciones por ventas u otros usos de la obra.

Según explica su oficina, la liquidación de los derechos se realiza en primavera, generalmente en mayo, y será entonces cuando el eurodiputado pueda aportar esta información. Respecto a las novelas anteriores, explican que González Pons dejó de ser eurodiputado un par de años, que coincide con la publicación de las obras anteriores.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar por ahora el real decreto con el que el Gobierno pretende poner coto a las universidades privadas, tal y como le habían pedido cinco centros, una universidad online canaria y cuatro campus americanos. En dos autos adelantados por El País, a los que este periódico ha tenido acceso, el tribunal recuerda que las medidas cautelares son “extraordinarias” y que en este caso no concurren los supuestos excepcionales que justifiquen el daño irreparable que sufrirían los recurrentes y rechaza aplicar las medidas cautelares solicitadas. Los centros tendrán que esperar a las sentencias definitivas.

El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre un real decreto por el que endurece los requisitos necesarios para crear (y mantener) universidades. Aplica a todas, pero está pensado para los centros privados –que proliferan por el estado al calor de una clientela casi garantizada por la falta de oferta pública–, que en los últimos años no siempre cumplen con lo que el Ministerio de Universidades cree que debe ser una universidad. Para ello, se obliga a todos los centros a contar con un mínimo de alumnado (4.500), una oferta formativa amplia y variada para que no sean academias e impone ciertos requisitos administrativos y de control para intentar garantizar la calidad de los estudios, entre otras medidas.

La Universidad de las Hespérides, las estadounidenses CIS, Schiller y Saint Louis y la guatemalteca Francisco Marroquín habían pedido al tribunal que paralizase determinados aspectos de este Real Decreto. El centro español pedía paralizar la disposición que impide a las universidades pedir nuevas titulaciones de forma indiscriminada (como máximo puede solicitar un quinto de las que ya tienen) y también la disposición por la que, si la solicitud de nuevo título es rechaza porque la agencia de calidad, el centro en cuestión debe esperar otro año para volver a pedirlo. La universidad alega que estas disposiciones “no sólo no mejora la calidad, sino que la inmoviliza, ya que sustituye la calidad precedente por 'una lógica burocrática de cupos'.

También rechaza la Hespérides que si se piden nuevas titulaciones durante los cinco primeros años de vida de una universidad estas requieran un nuevo informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del ministerio además de la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, dos disposiciones que solo aplican a los centros de nueva creación, alega la universidad, “limitando su capacidad para competir con las universidades más antiguas, que no tienen que superar ''el nuevo filtro'”.

Además, la obligación de alcanzar 4.500 estudiantes a los cinco años de actividad contemplada en el real decreto “no guarda ninguna relación con la calidad universitaria”, sostiene el recurso, y que el 75% del profesorado universitario resida en España o en Europa supone que “las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial habrán de orientar su política en materia de personal al cumplimiento de tal objetivo a partir de ahora mismo, ya que el PDI no se puede 'poner y quitar' sobre la marcha”.

Además del argumento general de que el recurso no ofrece argumentos que justifiquen la excepcionalidad de las medidas cautelares, el Supremo explica en su auto que la Hespérides no ha justificado el prejuicio irreparable que le supone la aplicación del real decreto. “Si la actora consideraba que la aplicación inmediata de los preceptos —o de partes de estos— del RD 905/2025 (...) le ocasionaría un perjuicio de imposible o difícil reparación, debió aportar, junto con el escrito de interposición, algún principio de prueba que acreditara al menos indiciariamente la dificultad que para ella podría representar el cumplimiento de las exigencias cuestionadas”, en alusión específicamente a las necesidades de planificación que la universidad alega respecto al mínimo de 4.500 estudiantes decretado por el Gobierno al 75% del profesorado residente en Europa.

Los extranjeros, sin tiempo

Los campus extranjeros habían puesto el foco en del apartado 3 de la disposición transitoria quinta del real decreto, que obliga a este tipo de centros a tener en seis meses “el sistema interno de garantía de calidad y, simultáneamente, solicitar la certificación del diseño por parte de la agencia de calidad”. Los recurrentes alegan que no tienen tiempo y que este párrafo “contrasta manifiestamente” con otro del mismo real decreto, que otorga con carácter general tres años a estos centros para adaptarse a la nueva normativa.

Como en el caso anterior, el tribunal sostiene que las circunstancias no son excepcionales como para aplicar medidas cautelares, asume las tesis del abogado del estado y concluye que “no concurre el presupuesto de irreversibilidad de la situación creada ni el de la irreparabilidad de los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de la no adopción de la medida cautelar solicitada”, por lo que rechaza aplicarlas.

Al menos otros tres recursos hacen cola en el Supremo: las comunidades de Madrid e Islas Baleares también han presentado los suyos, así como la universidad privada CEU-San Pablo.