Hace unos años, Belén Barreiro publicó un libro muy interesante: La sociedad que seremos (Planeta, 2017). En él analizaba cómo el cambio tecnológico nos iba a cambiar y establecía unos tipos ideales de categorías sociológicas donde podían verse representada la ciudadanía: digitales, analógicos, acomodados y empobrecidos. Desde entonces, son muchos los argumentos en el debate público que se han puesto sobre la mesa para indagar qué nos está sucediendo como sociedad desde que disponemos de pantallas en nuestras vidas. Siendo, además, que el consumo no es similar para todo el mundo, sino que los más jóvenes no solo son nativos digitales, sino que además su principal ventana al mundo es internet y las redes sociales. 

Desde que se abrió este debate, han sucedido dos acontecimientos muy relevantes que creo que están relacionados entre sí y que nos pueden ayudar a comprender cómo nos está cambiando la tecnología. El primero es la pandemia. En el momento que nos encerramos en nuestras casas, no solo aumentó el consumo de pantallas, sino que además se universalizó la tecnología a más velocidad. Las generaciones más mayores, que habían mostrado una mayor dificultad en el uso de dispositivos tecnológicos y de redes sociales, no tuvieron más remedio que usar WhatsApp o Facetime si querían ver a sus nietos. Además, estando tanto tiempo entre cuatro paredes, las pantallas eran nuestras únicas ventanas al exterior. Se calcula que durante la pandemia, el tráfico de internet aumentó más del 40 por ciento y el uso del móvil se incrementó más del 25 por ciento. Entre 2019 y 2024 se ha multiplicado por dos el comercio electrónico. 

Hay un segundo fenómeno que también se ha producido en nuestras sociedades y que me tiene intrigado. Ademas, ya mostró algunas señales antes de la pandemia. Desde 2010, Viktor Orbán gana elección tras elección en Hungría, siendo desde entonces el Primer Ministro. En 2016, los británicos decidieron salirse de la Unión Europea tras decidirlo en un referéndum. Un resultado que no entendemos sin Cambridge Analytics. Tanto en 2017 como en 2022, el Frente Nacional de Marine Lepen ha alcanzado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Y en 2024 obtuvo sus mejores resultados en unas elecciones legislativas, sumando más de 10 millones de votos (37,1% en la segunda vuelta) y 143 escaños. En número de votos, el Frente Nacional fue la primera fuerza política. En 2022, Giorgia Meloni se convierte en Primera Ministra de Italia. También en 2022, los Demócratas de Suecia, formación de tinte nacionalista, populista y anti-inmigración, suma más de 1,3 millones de votos (20,5%) y 73 de los 349 diputados. Fue su mejor resultado desde que se fundó en 1988. El año pasado, Donald Trump vuelve a convertirse en Presidente de Estados Unidos y más de 10 millones de alemanes votaron a Alternativa por Alemania (20,5% del voto), obteniendo 152 de los 630 escaños del parlamento alemán. Hoy, en España, VOX está cerca del 20 por ciento de los votos en algunas encuestas y podría superar los 70 escaños. La pregunta que surge, de nuevo, es: ¿qué nos está pasando? ¿Se han levantado las sociedades occidentales de un día para otro siendo de extrema derecha y populistas? 

Creo que eso que tenemos entre nuestras manos gran parte del día, el móvil, es parte de la respuesta a estas preguntas. El consumo de redes sociales (Facebook, X, Instagram, Tik Tok…) sigue haciendo algunas cosas que ya hacían los medios de comunicación tradicionales. Siempre hemos escuchado la radio, hemos leído el periódico o hemos visto la televisión que más se aproximaban a nuestras ideas. Entonces no había algoritmos condicionando nuestros contenidos, pero ya elegíamos consumir aquello que pensaba como nosotros. El efecto de los dispositivos móviles va más allá y está afectando a nuestros estados de ánimo. Las redes sociales están generando un doble efecto en nosotros. Por un lado, somos cada vez más “egocéntricos”. Creemos que nos lee y observa mucha gente. Cada tuit que ponemos o cada foto que colgamos, pensamos que va a generar un gran impacto y van a cambiar el mundo. Por ello, se desarrolla en nosotros una especie de “narcisismo” donde no somos capaces de mirar más allá de nosotros mismos. En cierta forma, está aumentando el individualismo frente a comportamientos más de comunidad. Por otro lado, vivimos frustrados porque no logramos el mundo que nos ofrecen las redes sociales. No tenemos los cuerpos que vemos en Instagram. No pasamos nuestros días en las playas paradisíacas desde las que los influencers nos explican cómo seguir una dieta con muchas proteínas para adelgazar. No vestimos como esos modelos a los que les queda todo bien. Y, por su puesto, no tenemos un piso de varios millones de euros que ofrecen todas las inmobiliarias de lujo que pueblan Tik Tok. De hecho, tampoco somos capaces de tener 15 pisos sin un euro en la cuenta, tal y como algunos tratan de convencernos de que es posible. Es una frustración que se transforma en cabreo por no alcanzar el mundo que nos ofrecen las pantallas. 

La combinación de “narcisismo” y cabreo condiciona nuestro estado de ánimo y hace que muchas personas piensen que el sistema es injusto, puesto que no les da lo que una pequeña pantalla te hace creer que puedes alcanzar (además, sin esfuerzo, como esos cursos que te permiten aprender un idioma en semanas y sin estudiar). Vamos en el metro o en el autobús sin separar la mirada del móvil, mientras vemos mundos inalcanzables y cuerpos perfectos. Por no decir que la inteligencia artificial está haciendo el resto. Y es con este estado de ánimo como estamos tomando muchas decisiones.  

En definitiva, el efecto de las nuevas tecnologías va mucho más allá de algunas concepciones clásicas de la sociedad. De hecho, en algunas cuestiones, no son tan nuevas. En cambio, debemos explorar cómo están condicionando nuestros estados de ánimo. Creo que es ahí donde está gran parte de la explicación de lo que nos está pasando. Y como siempre dice Felipe González: “la política consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente”. 

El actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, aprobado mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, entró en vigor en 2009 y, aunque su aplicación plena se desplegó progresivamente en los años posteriores, no ha sido objeto de revisión ni actualización desde entonces, a pesar de que la propia normativa preveía su revisión cada cinco años. Este sistema, que afecta a todas las comunidades autónomas salvo País Vasco y Navarra, regidas por el Concierto y el Convenio Económico respectivamente, se encuentra hoy claramente obsoleto y prorrogado de facto, al no responder adecuadamente a los cambios demográficos, económicos y sociales producidos en los últimos quince años. Su mantenimiento sin reforma ha generado crecientes desequilibrios territoriales, tensiones fiscales y problemas de suficiencia financiera, convirtiéndose en uno de los principales focos de debate político e institucional en España y evidenciando la urgente necesidad de una reforma integral que garantice equidad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal entre territorios.

Vuelve a ocupar el centro del debate político el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y conviene empezar subrayando una obviedad que no siempre se dice: que hoy estemos discutiendo sobre financiación, equidad fiscal y gobernabilidad es, en sí mismo, un avance democrático. Especialmente si se compara con el clima político polarizado de 2017, cuando la conversación pública estaba secuestrada por la confrontación identitaria, la unilateralidad y el riesgo real de ruptura territorial del Estado. Debatir sobre cómo se reparten los recursos, cómo se garantiza la igualdad de servicios públicos y cómo se refuerza la cohesión social es, sin duda, una discusión más sana y productiva para el conjunto del país.

Sin embargo, este debate vuelve a estar atravesado por dos pulsiones que lo empobrecen gravemente: el cinismo y la histeria. El cinismo aparece cuando se afirma, con solemnidad impostada, que cualquier reforma del sistema de financiación solo puede plantearse en marcos estrictamente multilaterales, como si la historia reciente del Estado autonómico no demostrara exactamente lo contrario. Ninguna reforma relevante del sistema de financiación se ha gestado sin impulsos bilaterales previos, ni con gobiernos del PSOE ni del PP. Ocurrió con los grandes acuerdos de los años noventa y con el modelo aprobado durante el primer gobierno de José María Aznar, cuando el objetivo prioritario era consolidar una mayoría parlamentaria estable y a eso se le llamaba, sin ningún rubor, “gobernabilidad”. Lo que ayer se entendía como pragmatismo político hoy se presenta interesadamente como claudicación.

La histeria, por su parte, adopta varias formas. La más ruidosa es la del anticatalanismo explícito o latente, que reaparece de manera casi automática cada vez que Cataluña entra en una negociación relevante con el Estado. Se construye así un relato de privilegios inexistentes, agravio comparativo y deslealtad permanente que ignora deliberadamente los datos básicos del sistema y alimenta una confrontación emocional que apenas oculta objetivos partidistas. Esta histeria identitaria no solo distorsiona el debate, sino que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo racional y duradero.

A esta se suma una segunda forma de histeria, aparentemente más técnica pero igual de engañosa: la de denunciar una supuesta ruptura de la igualdad territorial cuando las propuestas que se están discutiendo se basan, una vez más, en el criterio de población ajustada y en el aumento de la participación de las comunidades autónomas en los grandes impuestos del Estado, como el IRPF o el IVA. Es difícil sostener que se esté hablando de privilegios fiscales cuando lo que se plantea es reforzar la corresponsabilidad tributaria y mejorar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y dependencia.

En este contexto resulta llamativo el uso recurrente del fantasma del “concierto económico para Cataluña”. Se invoca como amenaza inminente algo que no está en ningún texto, no figura en ningún proyecto normativo y, sencillamente, no se le espera. El concierto económico es un régimen singular, con raíces históricas muy concretas, que afecta hoy al País Vasco y Navarra y que no forma parte del debate real sobre la financiación autonómica.

Agitar este espantajo sirve únicamente para desinformar, generar miedo y desplazar el foco de la discusión sobre los verdaderos problemas del sistema de financiación autonómica. Lo que sí puede y debe ser objeto de debate es un elemento novedoso en España, pero perfectamente conocido y aplicado en otros Estados descentralizados como Alemania: la introducción de una ordinalidad corregida. No se trata de que quien más aporta reciba más en términos absolutos, sino de garantizar que ninguna comunidad vea deteriorada su posición relativa hasta niveles que queden claramente por debajo de la media tras el proceso de redistribución. Es decir, preservar un suelo razonable de retorno para las comunidades con mayor capacidad fiscal, sin renunciar en ningún caso a la solidaridad interterritorial. Esta idea, con distintos matices, ha sido defendida en programas electorales de diversas formaciones políticas, y no solo en Cataluña, lo que demuestra que no responde a un capricho coyuntural, sino a un debate político maduro y transversal.

Resulta igualmente significativo lo que no aparece con fuerza en la discusión pública: la necesidad de avanzar en una cierta armonización fiscal. La competencia fiscal a la baja entre comunidades, especialmente en los impuestos patrimoniales, ha generado dinámicas de dumping que erosionan la capacidad redistributiva del Estado y penalizan a los territorios que apuestan por mantener servicios públicos fuertes. Esta cuestión es incómoda para muchos, pero indispensable si se quiere un sistema justo, sostenible y coherente con los principios de igualdad y solidaridad que proclama la Constitución.

No debería mezclarse, en ningún caso, el legítimo debate sobre el sistema de financiación autonómica con el ansia de parte de la oposición —y sorprendentemente también de algún presidente autonómico socialista— por dar por acabada una legislatura antes de tiempo. Vincular la reforma de la financiación a estrategias de desgaste político o a cálculos electorales de corto plazo es profundamente irresponsable. El sistema actual está caducado, genera desigualdades crecientes y castiga tanto a las comunidades infrafinanciadas como a aquellas que sienten que su esfuerzo fiscal no se ve razonablemente reconocido. Reformarlo no es una concesión coyuntural, sino una obligación estructural del Estado.

Desde una perspectiva progresista y solidaria, la reforma del sistema de financiación autonómica debe entenderse como una herramienta para fortalecer la cohesión territorial, mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar la legitimidad democrática del Estado autonómico. No se trata de enfrentar territorios, sino de construir un marco de reglas más justo, transparente y estable, capaz de adaptarse a los cambios demográficos, económicos y sociales del país. En ese sentido, resulta imprescindible introducir mejoras que reconozcan con mayor precisión las realidades territoriales diferenciales: la fragmentación y la insularidad de comunidades como Baleares y Canarias, los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica de Canarias, así como los desafíos estructurales de la despoblación y el envejecimiento en amplias zonas del interior y del medio rural. Atender adecuadamente estas singularidades no significa privilegiar a unos territorios sobre otros, sino garantizar que todos dispongan de los recursos necesarios para prestar servicios públicos equivalentes en condiciones comparables. La solidaridad no puede basarse en agravios permanentes ni en discursos morales vacíos, sino en mecanismos objetivos, revisables y equitativos.

España necesita menos ruido y más política; menos histeria y más datos; menos cinismo y más voluntad de acuerdo. Reformar la financiación autonómica no resolverá por sí sola todos los problemas territoriales, pero es una condición necesaria para garantizar gobernabilidad, igualdad real y un proyecto común creíble. Y precisamente por eso, hacerlo bien —desde el diálogo, la corresponsabiilidad y la justicia fiscal— es una tarea inaplazable.

Han pasado más de 10 días desde el accidente de tren en Adamuz que acabó con la vida de 45 personas, y en este tiempo ya se está viendo cómo la derecha está usando esta tragedia como revancha de lo que la gestión de la DANA de Valencia ha sido para Carlos Mazón, o las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para Díaz Ayuso. La ultraderecha llega más lejos y llama “asesino” al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al resto del Gobierno.  

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, nos paramos a repasar qué sabemos a día de hoy sobre este accidente y cómo se ha ido desarrollando su investigación. Con Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es, nos preguntamos si estas tragedias son comparables desde el punto de vista de exigencia de responsabilidades políticas y qué hay detrás de esta estrategia de la derecha. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Casi todos lo recordamos por las películas de la saga Misión Imposible, pero Tom Cruise tiene películas menos conocidas pero igual de emblemáticas. Es el caso de Vanilla Sky, película de drama y suspense psicológico dirigida por Cameron Crowe que llegó a los cines de España hace más de dos décadas. 

El largometraje cuenta con una de las primeras escenas más memorables del cine: Cruise recorre completamente solo la icónica plaza de Nueva York. Sin gente, sin tráfico, Times Square aparece desierta. ¿Y qué es lo particular de la escena? Pues que costó grabarla nada más y nada menos que un millón de dólares. 

En un momento en el que las pantallas verdes ya eran algo habitual en el cine de Hollywood, Crowe decidió apostar por lo clásico. Nada de efectos especiales, había que trasladar al equipo a Manhattan para rodar a Cruise recorriendo la plaza. El problema es que ya entonces Times Square era una de las zonas más transitadas del planeta, por lo que no les quedó más remedio que pedir permisos especiales para cerrar el tráfico y el tránsito de peatones.

La grabación tuvo lugar temprano, alrededor de las 5 de la mañana de un domingo, con la idea de molestar lo menos posible. “Había un límite de tiempo en que la ciudad nos permitiría cerrar con llave todo, incluso un domingo por la mañana temprano, cuando gran parte de la ciudad de Nueva York se levantaría lentamente”, dijo el operador de cámara Larry McConkey.

Con la canción Everything In Its Right Place de Radiohead sonando, la escena se convirtió en un momento memorable no solo de Vanilla Sky, sino de la propia filmografía de Cruise. Aunque la recepción de la película fue mixta en el momento de su estreno, hoy está considerada una película de culto y una de las mejores interpretaciones del actor y productor estadounidense.

Un ‘remake’ de una española

Vanilla Sky gira en torno a David Aames, un joven rico y atractivo que parece tenerlo todo: éxito con las mujeres, dinero y una empresa heredada. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando sufre un accidente que lo deja desfigurado tras un encuentro con Sofía Serrano (Penélope Cruz), una bailarina española. A partir de entonces, todo es incierto porque algo ha pasado con la memoria y los recuerdos del protagonista. 

Si esta sinopsis te suena, es normal, porque la película de Hollywood es un remake de Abre los ojos, la película española de 1997 escrita por Alejandro Amenábar y Mateo Gil. Después del debut estadounidense de la película en el Festival de cine de Sundance de 1998, Cruise y su socio productor Paula Wagner consiguieron los derechos para hacer una nueva versión.