Las llamas pueden arrasar una casa en minutos y dejar a un equipo de bomberos desbordado aunque actúe con rapidez. El fuego resulta devastador y a veces no hay forma de frenarlo con una sola dotación ni con el agua disponible cuando el frente alcanza grandes dimensiones.

En esos casos hacen falta más efectivos, más medios y turnos que se prolongan durante horas, porque el avance no se detiene por voluntad. Esa limitación explica por qué se buscan métodos alternativos que actúen incluso cuando la infraestructura falla o el suministro no llega.

Una empresa apuesta por vibraciones que cortan la combustión sin usar líquidos ni sustancias añadidas

Sonic Fire Tech ha desarrollado un sistema que utiliza ondas sonoras inaudibles para sofocar llamas en viviendas, sin recurrir a agua, espuma ni productos químicos. La tecnología genera vibraciones en el aire que interfieren en la combustión y consiguen apagar focos pequeños antes de que crezcan.

La empresa plantea esta solución como una forma de proteger casas situadas en áreas expuestas a incendios forestales y como un apoyo cuando los servicios de emergencia no pueden llegar de inmediato.

El núcleo del sistema está en el uso de infrasonidos, es decir, frecuencias iguales o inferiores a 20 hercios que las personas no perciben pero que recorren distancias mayores que las ondas de 30 a 60 hercios empleadas en intentos anteriores.

Albert Simeoni, responsable del departamento de ingeniería de protección contra incendios del Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts, explicó que “la influencia acústica sobre las llamas es bien conocida en la combustión”, aunque advirtió que el reto consiste en ampliar la tecnología sin generar efectos sonoros molestos o dañinos.

Arnaud Trouvé, que dirige el departamento de ingeniería de protección contra incendios de la University of Maryland, señaló que “las ondas acústicas pueden tener un efecto fuerte sobre el fuego”, pero precisó que funcionan solo con llamas pequeñas.

El sistema se instala en el tejado y crea un perímetro que impide que las brasas prendan

Para que una combustión se mantenga hacen falta calor, material que arda y oxígeno. Si se elimina uno de esos elementos, la reacción se detiene. El sistema actúa sobre el aire que rodea la llama y provoca que las moléculas de oxígeno vibren más rápido de lo que el fuego puede aprovechar, de modo que la reacción química se interrumpe en cuestión de milisegundos, según explica la propia empresa en su página web.

En la práctica, Sonic Fire Tech instala conductos metálicos a lo largo del tejado y bajo los aleros de la vivienda, integrados en el sistema de canalones. Un pistón accionado por un motor eléctrico genera las ondas que se distribuyen por esos conductos, y unos sensores detectan la presencia de llamas o brasas acumuladas en el entorno.

De acuerdo con la compañía, el sistema crea una zona de unos nueve metros alrededor de la casa en la que no se produce ignición y evita que las brasas prendan en el tejado o en las paredes, al tiempo que puede avisar automáticamente a los servicios de emergencia. En una demostración cubierta por Eyewitness News en Pacific Palisades, un árbol fue encendido y un bombero con una mochila emisora de sonido apagó las llamas en pocos segundos.

Remington Hotchkis, director de comercialización de la empresa, dijo que “en los incendios reconocemos que no podemos depender de las compañías de servicios ni del agua o la electricidad disponibles”, y añadió que “la casa debería protegerse por sí sola”. También aseguró que el sistema ajusta su energía cuando detecta viento fuerte y calcula la velocidad necesaria para contrarrestarlo.

La empresa prepara pruebas en California mientras los datos reflejan la magnitud del problema

Geoff Bruder, ingeniero aeroespacial que investigó conversión de energía térmica en la NASA, cofundó Sonic Fire Tech con la idea de llevar esta tecnología al mercado doméstico.

El método no partió de cero, ya que la agencia estadounidense DARPA estudió la supresión acústica entre 2008 y 2011 y un equipo de la George Mason University construyó en 2015 un extintor con aspecto similar al de un altavoz de graves. La empresa trabaja con dos compañías eléctricas de California para probar el sistema y prevé unas 50 instalaciones piloto a comienzos de 2026.

Los incendios forestales destruyen miles de viviendas cada año en Estados Unidos. Según el National Interagency Coordination Center, en 2022 se perdieron 1.261 residencias por estos fuegos. La empresa calcula que alrededor del 90% de los incendios domésticos originados por fuegos forestales empiezan por brasas que viajan largas distancias y se acumulan en cubiertas o ventilaciones. El coste del sistema ronda entre el 1% y el 2% del valor de la vivienda y la compañía planea empezar por casas de mayor precio en el sur de California el próximo año.

En España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sitúa la media anual entre 100.000 y 120.000 hectáreas quemadas, con picos como las más de 310.000 en 2022 y cerca de 400.000 en 2025, el peor registro en más de tres décadas, cifras que muestran la presión creciente sobre los sistemas de protección frente al fuego.

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida “protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”, según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox). “La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, ha apuntado la edil.

Esta medida sucede horas después de que el PP a nivel nacional haya registrado una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox, el PP ha salido al paso y, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

“No va contra nadie”

No obstante, ha asegurado que el texto “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”, sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa “centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal”, según ha defendido.

La moción acuerda como condición “fundamental” para acceder a dependencias municipales que se permita la “identificación visual del rostros por razones de seguridad”, por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que “no oculten el rostro”, conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión. “Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras”, ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.

Sentencia del Supremo

El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, en 2013, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. 

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) asegura que el gestor aeroportuario, Aena, trasladará a los viajeros un coste de 800 millones de euros entre 2027 y 2031 por sus previsiones a la baja en tráfico y por su sobreestimación de los costes operativos (opex) y del coste del capital (WAAC, por sus siglas en inglés).

En una rueda de prensa, el presidente de ALA, Javier Gándara, ha explicado también que desde 2017 Aena ha ingresado otros 1.320 millones de euros adicionales por errores en similares en sus previsiones de pasajeros, opex y WAAC, según recoge la agencia EFE.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el periodo 2027-2031 que presentó ayer Aena incorpora una subida de tarifas del 3,8% (43 céntimos más al año, 2,17 euros en los cinco años), mientras que las aerolíneas proponen una rebaja de tarifas del 4,9% de media anual (90 céntimos menos al año, 4,5 euros hasta 2031).

Tomando como referencia esos 43 céntimos de media, ALA calcula que Aena ingresará 800 millones de más en el próximo periodo regulatorio, que se suman a los 1.320 millones anteriores.

ALA explica que, tal como dijo ayer el presidente de Aena, Maurici Lucena, la tarifa se calcula con una fórmula matemática, pero las diferencias radican en las previsiones que se incorporan, que considera que están sesgadas a la baja en número de pasajeros y al alza en costes y retorno de la inversión.

Así, mientras que Aena calcula para el quinquenio un aumento de tráfico del 1,3%, ALA entiende que subirá un 3,6%; el opex calculado por la compañía subirá un 3,6%, frente al 2,8% que maneja ALA, y el coste del capital avanzado por el gestor será del 9%, por el 6,3% fijado por las aerolíneas.

Su petición de recorte de las tarifas es compatible con el programa inversor de Aena, que se sitúa en casi 10.000 millones en la parte regulada, la que se financia con la tarifa que pagan los usuarios, que pretende aumentar la capacidad en aquellos aeropuertos más saturados, sobre todo Madrid y Barcelona y los más turísticos. Otros 3.000 millones procederán de los ingresos comerciales.

Hay que recordar que las tasas presentadas por Aena no son definitivas, porque aún tienen que ser supervisadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Ministros, que tiene hasta el mes de septiembre para aprobarlas. Además, esos 0,43 euros por pasajero pueden ser asumidos por las aerolíneas sobre sus márgenes o, también, pueden decidir repercutirlos sobre sus clientes.

El déficit comercial de España con Estados Unidos (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes) se disparó un 34,4% en 2025, el primer año de la guerra arancelaria de Donald Trump, hasta los 13.458,4 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía.

La relación comercial directa de España con Estados Unidos es reducida: las exportaciones a aquel país representan apenas un 4,3% de los 387.091 millones que las empresas españolas vendieron al exterior en 2025 (un 0,7% más), mientras que las importaciones son el 6,8% de los 444.146,4 millones de euros (4,6% más) que se adquirieron en el extranjero.

Sin embargo, el desequilibrio comercial en favor de Estados Unidos se amplió el año pasado, coincidiendo con la escalada arancelaria. A pesar de que las ventas representan un porcentaje pequeño, España envía componentes a otras potencias como Francia o Alemania que sí mantienen una relación más estrecha, por lo que el impacto podría estar todavía por darse.

En concreto, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 8% el año pasado, hasta los 16.716,2 millones de euros, mientras que las importaciones avanzaron un 7%, hasta los 30.174,7 millones. Por este efecto de mayores compras y menores ventas, el déficit escaló en 3.400 millones.

Las importaciones con Norteamérica se han disparado desde la crisis energética de 2022 principalmente por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) que se procesa en la red de gasificadoras de España para, después, exportar al resto de Europa. Esta dependencia supuso que las empresas españolas comprasen productos energéticos a Estados Unidos por valor de 10.385 millones de euros, seguido de las semimanufacturas (9.232 millones) y los bienes de equipo (6.308 millones).

Al otro lado, España vendió bienes de equipo (5.412 millones), semimanufacturas (5.338 millones) y productos de alimentación (3.084 millones), un sector donde los productos españoles son muy competitivos.

La directora adjunta operativa en funciones de la Policía, Gema Barroso, ha contactado alrededor de las 10:30 horas de hoy con la agente que ha denunciado haber sido violada por el anterior número dos del Cuerpo, José Ángel González, para ofrecerle protección. La mujer, según fuentes del Ministerio del Interior, ha aceptado el ofrecimiento.

Un juzgado de Madrid ha citado como querellado a González y a la presunta víctima el próximo 17 de marzo. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”, recoge el auto. Al trascender la denuncia, González presentó su dimisión. Después ha explicado que lo hizo para preservar el buen nombre de la Policía y poder defenderse.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, y que incluyen una violación con penetración.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

La Oficina de Turismo del Valle del Jerte (Cáceres) ha puesto a disposición de los turistas, a través de Internet, la información con respecto al estado de la floración de los cerezos jerteños para este año.

Esta iniciativa parte del deseo de la comarca por dar “la mejor y más veraz” información posible a los visitantes que, como cada año, deseen acercarse hasta el Valle del Jerte para contemplar el espectáculo de la floración de más de un millón y medio de cerezos.

Aún no se sabe con exactitud cuándo se va a producir la floración de los cerezos este 2026, de tal forma que si las temperaturas durante la primera quincena de marzo no son muy frías, podría producirse en la segunda quincena de ese mes. Pero esto es sólo una estimación, las fechas pueden variar dependiendo de las condiciones meteorológicas.

“En estas fechas aún no sabemos cuándo van a florecer los cerezos la próxima primavera. A partir de finales de febrero iremos publicando fotos del estado de los cerezos y las previsiones de floración”, han explicado los técnicos de Turismo.

La información sobra el estado de la floración, que puede ser consultada en el blog oficial (primaveraycerezoenflor.blogspot.com), en la web de la Oficina de Turismo, en su aplicación para móviles y en redes sociales, incluye una fotografía en la que puede observarse la fecha exacta de su captura. La imagen se actualizará con frecuencia y cuando la floración sea inminente se cambiará cada 24 horas.

Estas previsiones se han convertido en la información mas fiable y actualizada sobre la floración. No en vano, entre finales de febrero y primeros de mayo se reciben cada año cerca de un millón de visitas en la página web del Jerte.

La floración de los cerezos no se produce cada año en una fecha fija, sino que puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. Lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo al 10 de abril aproximadamente y suele durar unos diez días.

La floración no se produce simultáneamente en toda la comarca, sino que primero florece la zona más baja y cálida del Valle y va avanzando hasta culminar en las zonas más altas y frías.

Junto al estado de la floración, la Oficina de Turismo dará consejos y recomendaciones acerca de qué ver, qué hacer o qué visitar en la comarca. Se recomienda, para aquellos que puedan elegir, visitar el Valle del Jerte de lunes a viernes, y así evitar las aglomeraciones que se producen en fin de semana durante la floración.

La Mancomunidad y los 11 pueblos que la componen se afana estos días en diseñar los eventos y propuestas que conformarán la programación de su cita cultural y turística estrella, que engloba como pieza central la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor. Una fiesta cuya inauguración tendrá lugar en el municipio de Tornavacas el 27 de marzo y se clausurará el 11 de abril en Casas del Castañar. 

Contrario a la creencia popular de que los impuestos son una invención moderna, de que las naciones actuales se construyen a partir de una reciente fiscalidad, en la Baja Edad Media había un sistema que pasó de ser una renta privada de los señores feudales a convertirse en una administración pública centralizada. Este avance material fue imprescindible para sostener instituciones complejas que se alejaban del orden feudal, permitiendo que la realeza recaudara los recursos necesarios para sostener el primer Estado moderno de Europa.

Es una de las conclusiones que expone la investigación titulada “La Hacienda Regia Castellana. Evolución de los sistemas impositivos y formación de una fiscalidad estatal (siglos XIII-XV)”, publicada por José Damián González Arce, catedrático de la Universidad de Murcia. El estudio desvela cómo Castilla, entre los siglos XIII y XV, no solo improvisó ante las urgencias económicas, sino que construyó un “Estado fiscal” sólido que sirvió de cimiento para la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos y la posterior potencia del Imperio español. La historia de estos impuestos está ligada a monarcas de fuerte personalidad. Mientras que reyes débiles perdieron el control ante los nobles, figuras como Alfonso X el Sabio impulsaron reformas en las aduanas, y Alfonso XI introdujo la famosa alcabala, un impuesto sobre el consumo. El proceso culminó con los Reyes Católicos, quienes modernizaron el sistema por completo, dejándolo listo para sostener el Estado más poderoso de la temprana Edad Moderna europea.

Una de las mayores curiosidades es la mencionada alcabala, que puede considerarse el antepasado directo del actual IVA. Originalmente, fue un impuesto del 5% que acabó fijándose en el 10% sobre todas las compraventas de productos. Lo que nació como una medida temporal y extraordinaria para costear guerras, como el cerco de Algeciras en 1342, acabó siendo permanente y llegó a suponer hasta el 80% de los ingresos ordinarios de la corona. Otra pieza clave del sistema fue el almojarifazgo, un conjunto de aranceles aduaneros con profundas raíces islámicas. Tras la Reconquista, los reyes cristianos decidieron mantener estos sistemas porque eran mucho más evolucionados y rentables que los modelos rurales del norte. Este impuesto gravaba el tránsito de mercancías entre provincias y con el extranjero, y su nombre recordaba al al-musrif, el antiguo funcionario musulmán encargado de la recaudación.

El control de las fronteras no solo buscaba dinero, sino también una política mercantilista. Se crearon los diezmos aduaneros para restringir la salida de metales preciosos del reino y equilibrar la balanza comercial. Los mercaderes debían pagar un 10% del valor de sus bienes al cruzar las aduanas, lo que permitía a los reyes marcar su jurisdicción frente a los señores locales y controlar el flujo de riqueza hacia el exterior.

Incluso el ganado tenía su propia carga fiscal a través del servicio y montazgo. Los dueños de los grandes rebaños trashumantes, como los de la Mesta, debían pagar por el uso de pastos y por transitar por tierras de la Corona o de los concejos. Era un sistema tan organizado que los reyes intervenían para fijar aranceles y evitar que se cobrara más de una vez por el mismo concepto en diferentes caminos.

El equivalente del actual IRPF

Un aspecto sorprendente es que el Estado medieval tenía monopolios exclusivos, como el de la sal. Las minas y salinas eran propiedad de la Corona, que fijaba el precio de venta del producto para que todos los beneficios fueran directamente al erario regio. Este control se extendía a otras explotaciones mineras, como el mercurio de Almadén o el hierro de la cornisa cantábrica, asegurando recursos estratégicos para la monarquía.

Los ciudadanos de la época también conocieron el equivalente al actual IRPF mediante los llamados “servicios”. Eran impuestos directos extraordinarios aprobados por las Cortes que, a diferencia de otros, se repartían en función de la fortuna de cada vecino. Aunque los nobles y el clero solían estar exentos, en momentos de extrema necesidad, como en 1387, se intentó que toda la población contribuyera proporcionalmente a su riqueza para pagar deudas estatales.

En definitiva, la fiscalidad medieval no era solo un sistema de extracción, sino un mecanismo de cohesión social incipiente. La transición de un modelo donde el rey vivía de sus propias tierras a uno donde el Estado central recaudaba de la actividad económica pública fue crucial. Comprender estos impuestos a través de esta investigación permite ver que la solidaridad tributaria actual es, en realidad, una evolución de aquellas lejanas reformas castellanas.