Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa. 

La entidad más relevante en el ámbito de la electromovilidad, Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), expresa en un comunicado su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector del vehículo eléctrico en España, pese a los datos positivos de matriculaciones registrados en el mes de enero.

El incremento de matrículas en el primer mes de 2026 no responde, según la asociación, a un repunte real de la demanda, sino a operaciones comerciales cerradas a finales del año pasado. Por el contrario, las nuevas ventas se han ralentizado de forma significativa, dice, como consecuencia directa de la falta de certidumbre regulatoria y fiscal.

Uno de los principales factores que están afectando al mercado es la no aprobación en el Congreso del descuento del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, una medida que se juzga clave para incentivar la demanda y cuya supresión “traslada un mensaje de inestabilidad al consumidor, que retrasa o paraliza sus decisiones de compra”.

Desde Aedive se recuerda que una situación similar ya se produjo entre enero y abril de 2025, cuando las ayudas del programa Moves III quedaron temporalmente bloqueadas y se generó una caída notable del mercado.

La entidad reclama por tanto la restauración urgente del incentivo fiscal del 15% en el IRPF, así como su aplicación con carácter retroactivo “para no penalizar a quienes han apostado por la movilidad eléctrica en un escenario de transición normativa”.

Exige también que se concrete el Plan Auto+, parte del Plan España Auto 2030, especialmente en lo relativo a los 400 millones de euros previstos para ayudas en 2026.

A día de hoy se desconocen cuestiones fundamentales para el sector, como el modelo de gestión de las ayudas -estatal o a través de las comunidades autónomas-, su retroactividad, el reparto territorial de los fondos, la posible introducción de criterios vinculados a la huella de carbono y el impacto de dichos criterios en fabricantes, modelos y tecnologías disponibles.

“La falta de claridad en estos aspectos está generando un efecto de espera que afecta a fabricantes, distribuidores, operadores de renting, empresas de servicios y usuarios finales”, leemos en la nota.

La asociación constata, además, una insuficiente coordinación entre los distintos ministerios con competencias en movilidad eléctrica, “lo que dificulta un abordaje integral de los retos del sector”. Advierte también que la falta de concreción y continuidad en las políticas de apoyo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno en el PNIEC, que fija en 5,5 millones los vehículos eléctricos en circulación en 2030.

“Sin un marco regulatorio estable, previsible y coordinado, el ritmo de adopción necesario para alcanzar este objetivo se verá seriamente comprometido”, explicita.

Mensajes en la dirección equivocada

Aedive también muestra su inquietud ante determinados anuncios y posicionamientos recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior. Se refiere, por un lado, a la restricción del uso de carriles Bus-VAO para vehículos eléctricos con un solo ocupante y, por otro, a las palabras de Pere Navarro acerca de un modelo urbano en el que no se contemple el vehículo particular, incluso siendo eléctrico.

“Estos mensajes generan confusión entre los usuarios y resultan contradictorios con las políticas nacionales de impulso a la electrificación del parque móvil”, se señala.

A juicio de la asociación, las iniciativas públicas y los acuerdos con empresas privadas deben desarrollarse dentro de un ecosistema “amplio, abierto y plural de servicios de movilidad”, que incluya movilidad compartida, plataformas digitales de gestión, renting y nuevos modelos de uso, así como soluciones integradas de movilidad eléctrica.

La entidad defiende que la colaboración público-privada tiene que apoyarse en criterios de neutralidad, competencia y participación del conjunto del sector. Además, reitera su compromiso con la descarbonización, la innovación y el desarrollo industrial y tecnológico de la movilidad eléctrica en España, y hace un llamamiento a las administraciones públicas para “restaurar la confianza del mercado, aportar certidumbre normativa y acelerar la puesta en marcha de las medidas anunciadas”.

Los datos puntuales de matriculaciones no pueden ocultar una realidad que preocupa al sector, subraya finalmente, porque “sin estabilidad y coherencia, la transición hacia la movilidad eléctrica corre el riesgo de perder impulso y, con ello, dañar a la industria, la competitividad y el empleo, además del refuerzo de un modelo energético basado en fuentes renovables, en un entorno geopolítico complejo que reclama autonomía” estratégica en la compra de combustibles fósiles, pero que exige el incremento de la demanda, ligada al crecimiento de matriculaciones de vehículos eléctricos.

La vida de Carme ha cambiado por completo. El Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona ha logrado un nuevo hito médico al llevar a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo procedente de una donante que recibió la eutanasia. La compleja intervención, en la que participaron cerca de un centenar de profesionales, tenía como objetivo devolver funciones vitales como masticar o gesticular a una paciente con una grave desfiguración facial.

La receptora necesitaba un trasplante en la parte central del rostro tras sufrir una necrosis de los tejidos faciales provocada por una infección bacteriana. La donante, además de sus órganos, decidió ofrecer también su cara, lo que ha permitido hacer posible esta intervención inédita hasta ahora.

Para llevar a cabo este tipo de operación, en todos los casos, donante y receptora deben compartir sexo y grupo sanguíneo, así como presentar medidas craneofaciales similares. “Estoy aquí para que la gente vea que hay cosas que se pueden solucionar. Yo he encontrado una luz”, ha expresado la mujer este lunes en una rueda de prensa convocada en la sala de actos de Vall d'Hebron.

Más allá del impacto estético, la desfiguración facial afecta gravemente a funciones esenciales como hablar, comer o ver, además de tener profundas consecuencias psicológicas y sociales. Por ello, además de los criterios puramente médicos, se suman otros, como la capacidad de adaptación psicológica de la paciente, su entorno sociofamiliar, el estado cognitivo y la adherencia al tratamiento, además de una evaluación exhaustiva de los antecedentes psiquiátricos.

Una vez autorizada la operación, la Unidad de Impresión 3D del hospital elaboró un modelo tridimensional digital a partir de imágenes obtenidas mediante un TAC tanto de la donante como de la receptora, lo que permitió guiar con precisión a los equipos quirúrgicos antes y durante la intervención.

Después del trasplante, la paciente permaneció ingresada un mes y, actualmente, ya ha empezado el largo proceso de rehabilitación para recuperar funciones básicas. Desde el hospital explican que la paciente se encuentra en fase de adaptación a su nueva vida y destacan que su evolución está siendo favorable.

Este tipo de cirugía se considera de máxima complejidad. Se trata de un trasplante de tejidos compuestos donde se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y hueso de la cara. Todas estas pequeñas estructuras deben reconstruirse –teniendo en cuenta que tienen una disposición tridimensional compleja– para reconectar el nuevo rostro del receptor con las funciones vitales. Por ello, la operación puede durar entre 15 y 24 horas.

Cada trasplante facial requiere, además de disponer de los servicios asistenciales necesarios,de la coordinación de profesionales de múltiples especialidades, entre ellas Cirugía Plástica y Microcirugía Reconstructiva, Trasplantes, Inmunología, Psiquiatría y Psicología Clínica, Rehabilitación, Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica. Dada la complejidad de la intervención, sólo una veintena de centros en todo el mundo están capacitados para llevarla a cabo y apenas se han llevado a cabo 54 trasplantes faciales.

En este caso, la operación supone el tercer trasplante de cara realizado en Vall d’Hebron y el sexto en todo el Estado. Con esta intervención, Vall d’Hebron se sitúa entre los siete hospitales del mundo que han efectuado tres o más trasplantes faciales.

El centro barcelonés ya había marcado un precedente en 2010 al convertirse en el primer hospital del mundo en realizar un trasplante total de cara, en una operación liderada por el doctor Joan Pere Barret, apenas cinco años después del primer trasplante parcial realizado en Amiens (Francia).

La Organización Nacional de Trasplantes ha felicitado al equipo de Vall d’Hebron por la excelencia técnica y el trabajo coordinado que ha hecho posible este hito médico.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a la Audiencia Nacional (AN) la causa en la que investigaba al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los presuntos amaños de obra pública. Era el siguiente paso después de que Ábalos renunciase a su acta de diputado y, por tanto, el Supremo perdiese la competencia para continuar indagando en estos hechos.

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de una pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.

De esta forma, el Supremo se queda únicamente —en lo referido al 'caso Koldo'— con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.

El auto del magistrado Puente explica que el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta tanto no hubiera sido dictada dicha resolución --auto de apertura de juicio oral-- la pérdida de la condición de diputado o senador por el investigado comportará la sobrevenida incompetencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa por este Tribunal Supremo. Y ello es lo que sucede con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

Lo que ya investiga la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación dentro del propio 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Moreno también investiga bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra de las causas investigadas en la Audiencia Nacional, en este caso por parte del juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.