1.000 millones de dólares. Es lo que exige Donald Trump a la Universidad de Harvard en su ofensiva recurrente contra la autonomía universitaria

“La Universidad de Harvard, profundamente antisemita, ha estado proporcionando mucha 'información falsa' al decadente New York Times”, ha dicho el presidente de EEUU, en alusión a una información del diario sobre el supuesto desistimiento de la Administración Trump en su asalto a la institución universitaria.

“¡Harvard se ha estado comportando muy mal durante mucho tiempo!”, ha dicho Trump, “querían aplicar un concepto de capacitación laboral complicado, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito. Era simplemente una forma de que Harvard evitara un gran acuerdo económico de más de 500 millones de dólares, una cifra que debería ser mucho mayor dadas las graves y atroces ilegalidades que han cometido”.

Según Trump, “esto debería ser un caso penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus malas acciones. En cualquier caso, este caso continuará hasta que se haga justicia”.

El presidente de EEUU afirma en su post en Truth Social que “Alan Garber, presidente de Harvard, ha gestionado de forma pésima la situación, empeorándola para su institución y, lo que es más importante, para Estados Unidos. Fue contratado después de que se presentaran las acusaciones de antisemitismo. ¿Me pregunto por qué? Ahora estamos exigiendo 1.000 de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada que ver con la Universidad de Harvard en el futuro”.

En el artículo publicado este lunes por el Times, se contaba que la Administración Trump había retirado sus exigencias de los 200 millones de dólares “en medio de la caída de los índices de aprobación de Trump, y mientras se enfrenta a la indignación por las tácticas de control de la inmigración y la muerte a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota”.

En un post posterior en Truth Social, a las 12.11 de la madrugada, Trump calificó el artículo del Times de “completamente erróneo” y exigió que se modificara la noticia.

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump y su Administración han desarrollado una campaña agresiva contra Harvard y otras universidades por acusaciones de antisemitismo por las protestas estudiantiles contra el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Harvard demandó al Gobierno en dos ocasiones y obtuvo una victoria judicial en septiembre, cuando un juez federal dictaminó que la Administración Trump había suspendido ilegalmente la financiación para la investigación y afirmó que “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológicamente motivado contra las principales universidades del país”.

La Administración anunció que apelaría el fallo, pero los fondos congelados ya han sido restituidos en gran parte. A diferencia de otras universidades de la Ivy League, como Columbia y Brown, Harvard no ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca.

Hay un escándalo del Gobierno Ayuso del que no se habla. No estoy diciendo que sea hay un complot nacional para ocultarlo. Pero en elDiario.es llevamos meses publicando información sobre un asunto que no acaba de trascender. Te resumo: la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha construido entre 2021 y 2023 once centros de FP, de Formación Profesional. O sea, como institutos especializados en FP. Pero no abrió concursos públicos para construirlos, como se hace siempre. Se hicieron grandes obras, eligiendo empresas a dedo, como cuando se encarga cualquier reparación menor. 

Hablamos de obras millonarias, pagadas a parches de 40.000 euros. Esto no lo decimos nosotros, lo está probando una investigación judicial, que va desarrollándose también sin mucha trascendencia. Lo abordamos con la periodista de elDiario.es que ha destapado y ha seguido esta información desde el comienzo, Raquel Ejerique.

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El IBEX 35 ha roto este lunes un nuevo récord y ha cerrado la sesión por encima de los 18.000 puntos, después de que los inversores hayan optado por el mercado de valores en detrimento de los metales preciosos, como el oro y la plata, que se han desplomado tras alcanzar máximos la pasada semana.

El índice de la bolsa española ha avanzado un 1,3% en la sesión y ha alcanzado los 18.115,20 enteros, impulsado por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street. El mercado español se ha sacudido de encima la caída de los metales preciosos y del petróleo, con el barril de Brent (de referencia en Europa) registrando un descenso del 6,58%, según recoge Efe.

De los grandes valores, destaca la subida del 2,49% del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que el BBVA ganó el 2,14%, Telefónica el 1,02% e Inditex el 0,91%. Bajaron Repsol, el 1,18% (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18%.

(Estamos ampliando esta información)

Los primeros palestinos que han obtenido el visto bueno para entrar a Gaza o salir de la Franja se han dirigido al paso fronterizo de Rafah a primera hora del lunes. Pero atravesar el cruce no ha sido fácil debido a los controles de seguridad adicionales que ha establecido Israel –que cerró Rafah en mayo de 2024, cuando tomó el control del lado palestino de la frontera– para permitir su reapertura, prevista en el plan de Donald Trump para el enclave costero.

La apertura estaba prevista el domingo 1 de febrero, pero ayer sólo se llevó a cabo una prueba “piloto” del nuevo mecanismo para el tránsito de los gazatíes por Rafah, tal y como señaló el Cogat (organismo del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos). El viernes pasado, el Cogat había anunciado que el cruce abriría el domingo, después de varias semanas posponiendo este importante aunque simbólico gesto para los gazatíes.

Para este lunes, está previsto que salgan de Gaza unas 50 personas y entren otras 50; se espera que esa cifra aumente en los días siguientes, aunque Israel y Egipto limitarán en todo momento el número de gazatíes autorizados para salir y entrar. Según distintas fuentes, sólo aquellos que abandonaron la Franja para recibir tratamiento médico durante la guerra podrán regresar; asimismo, la mayor parte de los que salgan ahora del territorio palestino lo harán por motivos de salud.

En el lado egipcio de la frontera, un gran número de ambulancias y trabajadores sanitarios esperaban la llegada de los gazatíes, que serán trasladados a hospitales de la zona o de otras partes de Egipto para recibir los tratamientos que en Gaza no están disponibles. Los primeros pacientes llegaron a territorio egipcio en la tarde del lunes, tras horas de periplo.

El canal de televisión egipcio Al Qahera News, cercano a las autoridades, ha confirmado que 50 palestinos que habían recibido tratamiento médico en Egipto han cruzado a primera hora del lunes la frontera para regresar a Gaza. Mientras, el Ministerio de Sanidad palestino ha informado de que cinco pacientes gazatíes han recibido autorización de Israel para salir de la Franja y ser tratados por sus heridas, a través de la Organización Mundial de la Salud.

Para supervisar la reapertura del paso de Rafah, ha sido desplegada una misión de la Unión Europea en el lado palestino del paso fronterizo, que ha estado bajo control israelí desde mayo de 2024, cuando el ejército hebreo se hizo con el control de la terminal y del corredor existente entre la frontera egipcia y la Franja de Gaza.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado la apertura del paso de Rafah, pero como en otras ocasiones ha descargado sobre Hamás el proceso de reconstrucción de Gaza. Kallas ha apuntado en la red social X que “la apertura del cruce de Rafah marca un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE está sobre el terreno para supervisar las operaciones de cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos. Para los enfermos y heridos de Gaza, la reapertura es un salvavidas. Permitirá a las familias reunirse tras tanto tiempo separadas. Gaza sigue necesitando ayuda urgentemente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamás”.

Kallas también ha compartido algunas fotografías de los miembros de la misión de la UE en la frontera.

Un portavoz de la Comisión Europea ha añadido que a la apertura del paso se suma “el despliegue de la Misión Civil de Frontera de la UE en Rafah”, que “marca un paso significativo en la implementación del plan integral para poner fin al conflicto”, diseñado por la Administración de Donald Trump sin la participación de la UE.

Ante las continuas violaciones del alto el fuego cometidas por Israel, desde la Comisión Europea se ha subrayado que “la UE ha estado enfatizando lo crucial que es consolidar el actual frágil alto el fuego y evitar más bajas” para avanzar en “la implementación del Plan Integral, de acuerdo con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Este mismo lunes, Israel ha matado a cuatro palestinos en Gaza, por lo que son más de 520 los asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado mes de octubre.

Ante los incumplimientos por parte del Ejército israelí sobre la demarcación en la que se encuentran sus tropas, conocida como línea amarilla, la Comisión Europea ha recordado que “la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU rechaza cualquier intento de cambios demográficos o territoriales en la Franja de Gaza. Y enfatizaremos la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. El plan de paz de Donald Trump también ha dejado claro que Israel no ocupará ni anexará la Franja de Gaza”.

El plan de 20 puntos diseñado por el equipo de Trump preveía la apertura del paso de Rafah poco después del cese de las hostilidades, pero Israel ha rechazado reabrirlo hasta que Hamás entregara el cuerpo del último rehén que aún no había sido devuelto. Aparte de reabrir Rafah, en esta segunda fase del plan de Trump, las tropas israelíes deberían retirarse de la mitad de la Franja que aún ocupan y debería desplegarse una fuerza internacional para la estabilización de Gaza, que aún no ha sido formada.

Los aldeanos se reunieron al borde del bosque con faroles de aceite y perros ladrando. El aire olía a humedad y cera derretida, y alguien murmuraba que había huellas frescas en el barro. Detrás de los matorrales, un ruido seco rompió el silencio. No era el viento. Una sombra menuda se movió entre los árboles, y un anciano dijo que esa noche la luna estaba llena y que el peligro andaba suelto.

A la mañana siguiente, el rumor era unánime: el hombre que decían que se transformaba había vuelto a matar, pero pronto se sabría que ni los colmillos ni la maldición eran reales, solo el miedo y la mentira que él mismo había alimentado.

Manuel Blanco Romasanta acabó juzgado por creerse un hombre lobo

El caso de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el Hombre Lobo de Allariz, se convirtió en el primer proceso judicial español en el que un acusado fue juzgado por licantropía. Nacido en 1809 en Regueiro, Ourense, Romasanta medía poco más de 1,30 cm y trabajaba como tejedor y vendedor ambulante.

Entre 1846 y 1852, sus crímenes se extendieron por pueblos gallegos donde atraía a mujeres y niños con falsas promesas de empleo. Confesó trece asesinatos, aunque solo se probaron nueve, y aseguraba extraer grasa humana para venderla como ungüento, lo que lo llevó a ser conocido como sacamantecas.

La sentencia que inicialmente lo condenó a muerte se transformó en cadena perpetua por orden de Isabel II en 1854. La intervención de un hipnólogo francés, el doctor Philips, resultó determinante: consideró que Romasanta no era plenamente consciente de sus actos y padecía una enfermedad mental. Ese informe persuadió a la reina de que el reo debía ser internado, no ejecutado. Romasanta fue enviado al penal de Ceuta, donde murió en 1863 a los 54 años.

En el juicio aseguró que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo

Durante sus años de actividad, Romasanta actuó en zonas rurales de Galicia, sobre todo en Allariz y Redondela. Se ganaba la confianza de las víctimas y las llevaba a lugares apartados donde las mataba, a veces estrangulándolas, otras degollándolas. Después enviaba cartas a las familias fingiendo que las mujeres habían encontrado trabajo o emigrado, un método que mantenía la sospecha lejos de él durante meses. Los vecinos empezaron a hablar de un hombre capaz de devorar a sus víctimas y de vender sus restos como grasa animal.

En el juicio, celebrado en 1852 bajo el nombre Causa contra el Hombre Lobo, Romasanta declaró haber actuado bajo una maldición. Afirmó que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena y que cazaba junto a otros dos hombres, Antonio y don Genaro. “La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso”, explicó ante el juez. “Me revolqué tres veces en el suelo y me convertí en un lobo”. Sus palabras sorprendieron al tribunal y marcaron un precedente en la historia judicial española.

El impacto del caso se extendió por toda Europa. La historia del supuesto licántropo apareció en periódicos y estudios de la época. En Galicia, el personaje pasó a ser parte del folclore popular y con los años inspiró relatos, cómics y ensayos.

Antes de sus crímenes, Romasanta ya tenía antecedentes: en 1844 había matado a un hombre en León y escapó de prisión. Su experiencia como guía de caminos le permitió moverse sin control por las montañas gallegas. Esa movilidad le dio ventaja para desaparecer tras cada asesinato y reanudar su vida de vendedor ambulante, hasta que fue detenido en Toledo tras una larga persecución y devuelto a Galicia. El proceso no solo sacó a la luz las dos caras de Romasanta, también hizo que se empezara a hablar en serio de hasta qué punto alguien enfermo puede ser responsable de lo que hace.

María Amparo López Boluda, una de las gestoras de las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha desmentido este lunes al que entonces era secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al asegurar que “es absolutamente imposible” que no llegara información de su departamento al Cecopi. “Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”, ha apostillado.

Así lo ha dicho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia, donde ha explicado que la sala donde se reciben las llamadas está en un edificio contiguo a donde se reúne el cecopi que se convocó aquel día.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le ha preguntado por la tesis defendida por Argüeso en sede judicial en el sentido de que en el Cecopi no recibían información del 112, donde la compareciente fue convocada como personal “de refuerzo” por la “preemergencia” y en el que, según ha recalcado, estuvieron trabajando todos los efectivos.

López Boluda ha recordado que, según la ley valenciana, el Cecopi se tiene que reunir cuando hay una “preemergencia” como aquella alerta roja, es decir, aquella era una situación “excepcional”. “Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión”, ha insistido.

En este contexto, ha explicado que en este tipo de situaciones “todo está protocolizado” porque “no cabe dar pie al error” y que toda la información que reciben se pasa a las agencias --trabajan con 123-- y una de ellas era Emergencias de la Generalitat (Emergen) que, a su juicio, “estuvo haciendo su trabajo muy bien”.

“O sea, que esa información la tenían”, ha aseverado, admitiendo que le “sorprende” que a partir de ahí no dieran un “paso más” ya fuera por “desconocimiento” o por otro motivo.

Más recursos y no subcontratas

Ibáñez también le ha preguntado si tuvieron conocimiento de que Argüeso aprovechó su cargo para “preocuparse por casos particulares cercanos a él”. La compareciente ha señalado así se ha dicho en sede judicial por una persona que estaba “bajo promesa o juramento de decir la verdad”.

Por otra parte, López Boluda ha reclamado más recursos y más personal y acabar con las subcontrataciones como la que ahora gestiona este servicio. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, ha dicho, denunciando que se rigen por un “convenio de contact center”.

“Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, ha deslizado.

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha alcanzado este lunes una nueva dimensión judicial. El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado ya dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Este entramado de adjudicaciones bajo sospecha señala directamente a figuras clave de la gestión municipal, empezando por la propia exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien ostentaba la máxima responsabilidad sobre el suelo de la ciudad hasta que la presión por este caso forzó su salida del ejecutivo. Junto a ella, el escándalo salpica a familiares directos de la exdirectora general —una alta cargo nombrada por el propio alcalde que también ha abandonado su puesto— y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio, conformando un listado de beneficiarios que ha generado una profunda indignación social.

El escrito presentado ante el Ministerio Público solicita que se investigue si estos hechos son constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Según los denunciantes, se habría incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, lejos de responder al interés general, parecen haber buscado el beneficio privado de cargos del Partido Popular.

Ana Barceló ha calificado la situación de “lamentable”, recordando que en Alicante existen actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. La portavoz socialista ha insistido en que las dimisiones de la concejala y la directora general no cierran el caso, sino que confirman la gravedad de una gestión que careció de los controles necesarios. Por ello, el PSPV mantiene la exigencia de que el alcalde convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.