El Ministerio de Consumo ha ordenado a siete multinacionales la retirada de sus plataformas de más de un centenar de anuncios de alojamientos de uso turístico ubicados en territorios palestinos ocupados por Israel. El departamento que dirige Pablo Bustinduy se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

En total, este ministerio ha detectado 138 anuncios, publicados en siete plataformas, a las que ha enviado ya un primer requerimiento en el que “se les ha instado a la inmediata retirada o bloqueo en España” de las páginas identificadas, bajo la advertencia de que “si no lo hacen, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones” por parte de este departamento, indican desde Consumo en un comunicado difundido este martes.

Aunque el ministerio no señala el nombre de las compañías, para proteger las actuaciones, sí indican que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”.

Esta organización publicó en septiembre un informe en el que señalaba a aquellas compañías que “facilitan el genocidio, la ocupación y el apartheid de Israel”. Aunque el documento hacia hincapié en empresas de defensa o infraestructuras, como Boeing, Lockheed Martin o la vasca CAF, también apuntaba que compañías del sector turístico online “han contribuido al mantenimiento, la consolidación y la expansión de asentamientos ilegales israelíes”.

Amnistía Internacional citaba en su informe a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor, a quienes habían pedido ya en 2019 “que se desvincularan responsablemente de hacer negocios” allí, pero que seis años después “siguen teniendo anuncios en ellos”.

“Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos”, señaló en septiembre la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, quien advirtió que sus responsables “deben asegurarse de que no están implicadas en forma alguna en la ocupación ilegal y los crímenes de derecho internacional de Israel”, ante el “riesgo de incurrir en responsabilidad civil y, en algunos casos, incluso de posible responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de Israel”.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. “Las principales plataformas de viajes en línea, utilizadas por millones de personas para reservar alojamiento, se benefician de la ocupación vendiendo un turismo que sostiene las colonias, excluye a los palestinos, promueve las narrativas de los colonos y legitima la anexión”.

“Una comunidad cálida y amorosa”

Albanese menciona específicamente a dos: Booking y Airbnb. Estas compañías, señala el informe, “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes” y figuran en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020. Ambas habrían ampliado sus anuncios en la zona en los últimos años, en algunos casos con mensajes que “blanquean la violencia de los colonos”. El informe cita un anuncio de Airbnb en Tekoa, que promociona el enclave ocupado como una “comunidad cálida y amorosa”.

El Ministerio de Consumo no indica el nombre de las plataformas a las que ha enviado este primer requerimiento, pero si señala que los alojamientos que anuncian en ellas “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial ilegal bajo el derecho internacional”. En el comunicado, recuerda que “en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law presentó una demanda en Francia contra un famoso servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada”.

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado publicó el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, para facilitar el cumplimiento del artículo 3 del real decreto-ley de medidas contra el genocidio, que prohíbe la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes. Consumo se acoge también a este listado, de más de 200 códigos, donde están ubicados los alojamientos que las plataformas deberán retirar de sus páginas en España.

Desde este ministerio recuerdan que según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, “los Estados tienen la obligación de tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”, algo que perseguía el real decreto-ley aprobado por el Gobierno en septiembre y cuya medida más relevante fue el embargo de armas.

La investigación abierta por el ministerio sobre estas siete multinacionales llega apenas una semana después de que el último Consejo de Ministros aprobase la transferencia de “material de defensa y doble uso” israelí para el gigante aeronáutico Airbus, empresa de la que el Estado español tiene un 4%, aplicando la excepción en nombre de “intereses nacionales” que permitía el real decreto-ley. En concreto, el Gobierno justifica esa excepción alegando que el material es fundamental para varios proyectos que tienen un “importante efecto arrastre para el sector [aeroespacial], que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción” y para “preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.

Esta decisión no sentó bien al socio minoritario del Ejecutivo. En la reunión del gabinete del pasado martes, donde se aprobó la medida, los ministros de Sumar, entre los que se encuentra el de Consumo, Pablo Bustinduy, registraron una serie de objeciones como forma de protesta. Esta es la única vía formal que tienen para expresar su rechazo a las decisiones que se firman en el Consejo de Ministros.

El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años de Gobierno de Javier Milei.

El juez federal Martín Cormick falló en contra de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad que la entonces ministra Patricia Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas policiales a intervenir.

Entre los argumentos enumerados en la resolución judicial, el magistrado remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de la Constitución. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

En su escrito, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según éste cualquier acto que disminuya el tránsito de una arteria vehicular era considerada un delito susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.

“El protocolo es ilegal”

El fallo de Cormick llegó tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones que vienen impugnando el marco represivo del Gobierno. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a elDiario.es que el juez entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades y que el protocolo no es legal. “El Ministerio sacó una resolución ilegal por fuera de sus competencias para restringir al máximo posible el derecho a la protesta. Ha sido bajo una forma muy arbitraria, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial, y con un objetivo político claro de mostrar que se podía contener las protesta mediante el uso del protocolo y con un amedrentamiento muy claro a quienes estaban dispuestos a salir a protestar”.

El saldo del protocolo de Bullrich, la ahora senadora del partido gobernante La Libertad Avanza, alcanza a 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

Litvachky explica cuál es el panorama que se abre con el fallo. “La nulidad del protocolo es aplicable a todo el país porque es un caso colectivo, no individual. En los términos en los que el juez está diciendo que el protocolo es ilegal y que iría en contra de la Constitución también, entendemos que por más que el Ministerio apele, el protocolo va a quedar suspendido”.

El Gobierno apelará

El Gobierno de Milei ya anunció que apelará la decisión judicial. Así lo comunicó la ministra Alejandra Monteoliva, exmano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su sucesora. En un mensaje difundido en la red social X, Monteoliva sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos”, y afirmó que el fallo representa un avance de sectores que, según su visión, “no quieren paz ni orden en la Argentina”.

La sentencia se conoce una semana después de que fuera confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año. En un fallo unánime, un tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades. El caso de Grillo, joven que aún se recupera tras varias cirugías, ha sido emblemático: expuso la violencia policial en las marchas de los jubilados de cada miércoles, cuando el protocolo antipiquetes se utilizó contra jubilados, periodistas y reporteros gráficos.

Te dejamos hoy con un episodio que preparamos para el aniversario de la dana en Valencia. Nilka Baena es una mujer colombiana que hace un año trabajaba en Valencia cuidando de una persona mayor. Se ocupaba de todo en casa, era lo que mucha gente llama “una interna”. Sin papeles. Hasta aquel día, en el que como mucha gente, perdió su casa y perdió su trabajo. Se cumple un año de la dana: 229 víctimas mortales confirmadas. Y una pregunta: ¿Dónde estaba Mazón? 

Esa pregunta es la que da nombre al documental de elDiario.es coproducido junto a Barret Cooperativa, Calibrando Producciones y Cosabona Films que arroja luz sobre los huecos que deja la falta de información del propio Mazón y de su equipo, que todavía no ha aclarado los detalles de ese día. En este podcast escuchamos fragmentos del documental de expertos, responsables políticos y personas afectadas por lo que pasó ese día. Te dejamos el enlace en la descripción. 

Contamos cómo fue el día de la riada de Nilka y cómo fue, hasta donde sabemos, el día del president Carlos Mazón. Queremos hablar de esa historia paralela, a veces tan desconectada, de lo que pasaba en el plano político, que contamos en el documental, con lo que le iba pasando a Nilka en su casa. Lo hacemos acompañados del periodista que mejor sabe los detalles de lo que pasó hace un año. Con Sergi Pitatch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana. 

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 29 de octubre de 2025 ***

***

“¿Dónde estaba Mazón?”: el documental que investiga la gran incógnita de la dana

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Sí, nosotros también estamos en bucle con LUX. Cuando Rosalía dice algo, no da puntada sin hilo. Así lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical y con este nuevo álbum no podía ser de otro modo. En su segunda canción del primer movimiento -Reliquia-, ella nos canta como una santa, que deja relicarios por todo el mundo. Nos cuenta qué ha ido perdiendo a lo largo de su vida, de qué se ha ido deshaciendo, como se ha ido deconstruyendo con el paso de los años.

Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma

Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA

Los heels en Milán, la sonrisa en UK...

En esta canción -a pesar de que hasta el Mov. II no se explique qué fue lo que le hizo necesitar encontrar a Dios y alejarse del mundo- ya da pinceladas del dolor que ha sufrido. Pide salir de la tierra por un instante, solo un momento, siguiendo la temática y deseo de la canción anterior. Pero lo que nos trae a este artículo es algo mucho más tangible. ¿A qué se refiere Rosi cuando canta en Reliquia “En Japón lloré y mis pestañas deshilé

Y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé

Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también

La pureza está en mí y está en Marrakech

No, no, no soy una santa, pero estoy blessed“?

Sí, como todo su álbum el verso suena abierto, casi abstracto. Podría parecer una imagen poética sin anclaje real, pero no lo es del todo. Esa ciudad existe, está en España y tiene nombre propio: A Coruña. Y no es una interpretación forzada ni un guiño casual, sino una referencia que conecta música, historia y paisaje urbano. El apodo no es nuevo ni literario en origen. Forma parte de la identidad de la ciudad desde hace más de doscientos años y tiene una explicación arquitectónica muy concreta, visible a simple vista para cualquiera que se acerque a su puerto.

Por qué A Coruña es conocida como la ciudad de cristal

El sobrenombre de ciudad de cristal no tiene que ver con fábricas, metáforas modernas ni con la fragilidad urbana. Nace de algo mucho más tangible: las galerías de La Marina, uno de los conjuntos acristalados más grandes y singulares de Europa.

Estas galerías se extienden a lo largo del frente portuario y están formadas por fachadas completamente acristaladas que reflejan la luz atlántica. Desde el mar, la imagen es inconfundible. Desde tierra, también. Ese “muro” de cristal convirtió a A Coruña en una ciudad reconocible y distinta ya a principios del siglo XIX.

La solución arquitectónica tenía un objetivo práctico: proteger las viviendas de la lluvia y el viento, aprovechar al máximo la luz solar y mantener una temperatura más estable en el interior. Función y estética fueron de la mano, mucho antes de que se hablara de eficiencia energética.

Las galerías de La Marina, origen de un apodo

Las galerías de La Marina no nacieron como un capricho burgués. En sus orígenes, muchos de esos edificios estaban habitados por pescadores, que incluso podían amarrar sus embarcaciones cerca de los soportales. Con el tiempo, esa arquitectura se convirtió en seña de identidad urbana.

Hoy siguen siendo una de las imágenes más icónicas de la ciudad, junto a la Torre de Hércules, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. No es casual que ambos elementos convivan en el imaginario colectivo: piedra y cristal, historia y luz, permanencia y reflejo.

Por eso, cuando se habla de ciudad de cristal, en Galicia y fuera de ella, el nombre de A Coruña aparece de forma casi automática.

Rosalía y la ciudad de cristal: una referencia abierta, pero no inocente

El verso de Rosalía no menciona explícitamente la ciudad, pero tampoco lo necesita. Todos sabemos que durante el tour MOTOMAMI, donde Rosalía performatizaba cómo cortaba su cabello -una extensión ficticia-, ¡se cortó el suyo real! Fue en A Coruña, por supuesto. Su música juega a menudo con imágenes reconocibles que funcionan en varios niveles: emocional, simbólico y geográfico. En este caso, la ciudad de cristal no es solo un lugar físico, sino también un espacio de exposición, vulnerabilidad y aprendizaje.

Que ese espacio remita a A Coruña no resulta extraño. La ciudad ha sido históricamente punto de partida y llegada, puerto, frontera y escaparate. Un lugar donde todo está a la vista, donde el cristal deja ver, pero también refleja.

La ambigüedad del verso permite múltiples lecturas, pero el referente existe y está bien documentado. Y eso añade una capa más de sentido a la letra.

El PSOE responde a la polémica generada por la investigación judicial sobre todas las liquidaciones de gastos que cargos públicos y trabajadores pasaron al partido por comidas, hoteles o kilometraje en los últimos siete años con un informe técnico que acredita que el dinero con el que se abonaron esas liquidaciones procedía de su cuenta oficial y que esos pagos en metálico estaban respaldados por recibos. El documento, encargado a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, disipa la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas alentada por el PP, aunque asume que el PSOE pagó algunos gastos “improcedentes” que la Secretaría de Organización que dirigía José Luis Ábalos justificó con facturas. 

El informe, de 108 páginas, analiza el funcionamiento de la caja del PSOE en el citado período, así como los pagos por valor de 126.858 euros abonados en metálico al “Equipo de Organización” entre 2017 y 2020, cuando ese departamento estaba dirigido por Ábalos, ahora en prisión. Según el informe, el PSOE llegó a manejar en su caja ese período 940.388 euros en metálico. Es un dinero que procedía “fundamentalmente” de las reposiciones de efectivo realizadas desde la cuenta operativa del partido en el BBVA, tal y como acreditan los justificantes bancarios. Esa información ya fue aportada al Tribunal Supremo por el partido el pasado octubre. 

La investigación realizada ha detectado algunos “ingresos atípicos” en esa caja por una suma total de 7.283 euros. Se trata, dice el informe, de “operaciones esporádicas y plenamente identificadas”. A saber: ventas de merchandising, los ingresos obtenidos tras llevar a empresas de chatarra material inservible o 1.000 euros percibidos en 2023 por diez décimos del número 89.374 premiados en la Lotería de Navidad del año anterior. 

Los expertos sostienen que la revisión realizada “muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas”. “No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería, ni indicio de fondos no declarados o no trazados”, concluyen el catedrático Félix Vega y el profesor César Martínez, especializados en Derecho Financiero y Tributario.  

Respecto a las salidas de efectivo, el informe apunta que los importes contabilizados “se ajustan al funcionamiento ordinario del sistema de anticipos y reembolsos”. Ese sistema consiste en que la persona adelanta un gasto vinculado a una actividad del partido, presenta la correspondiente liquidación y se le reintegra el importe justificado. Eso explica, prosigue el análisis, que el partido no haya practicado retención de IRPF, pues no se trata de rendimientos del trabajo ni de la actividad profesional, sino de “simples reembolsos de gastos soportados en interés de la organización”. 

Los expertos han analizado una muestra consistente en 18 de las 190 hojas de liquidaciones de gastos que Ábalos, Koldo García y el equipo de Organización pasaron al partido entre 2017 y 2020. Cada una de esas hojas incluye decenas de tickets y facturas, por un importe total cercano a los 65.000 euros. Se han analizado todas las liquidaciones iguales o superiores a 2.000 euros, aunque en algunos casos había un “número relevante” de comprobantes ilegibles total o parcialmente, debido al desgaste de la tinta por el paso de los años.

Gastos “notoriamente improcedentes”, en “pocas ocasiones”

La “mayoría” de esos gastos corresponden a “gastos de restauración usuales: menús, bebidas y cafés” realizados en restaurantes “situados en el eje Madrid-Valencia”, precisamente los enclaves por los que se movía Ábalos, que es diputado por Valencia, ahora suspendido de sus funciones tras decretar el juez prisión provisional para el extitular de Transportes. Los expertos constatan que en la práctica totalidad de los comprobantes de gasto no consta el destinatario de esos abonos. Pero, en los que aparece, figuran “de forma mayoritaria” Ábalos, Koldo García y Eduardo Cantos, chófer del exministro. El informe destaca que “en pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes”, como menús infantiles en restaurantes. 

El análisis realizado también constata que en los años 2017, 2018 y 2019 son “reducidos” los gastos que superan el umbral de 60 euros por comensal, por lo que el informe no considera que puedan ser gastos “suntuarios o excesivos”. Sin embargo, el examen de los gastos de 2020 sí refleja que una de cada cuatro comidas superaron ese importe. El informe toma como referencia la cifra de 60 euros por comensal dado que la dieta de manutención para los funcionarios del Grupo A1 es de 53,54 euros. Esa cifra no ha sido actualizada desde 2005, por lo que los autores optan por redondearla a los 60 euros.

Así, el informe recoge, por ejemplo, una factura de “un menú” en la marisquería La Chalana de Madrid por un importe de 332 euros. Además, ese día se registraron otras dos facturas seguidas en el mismo día y en el mismo restaurante “cuya explicación no resulta evidente”. La Chalana, una marisquería madrileña cercana al Santiago Bernabéu, a unos 10 minutos andando del Ministerio de Transportes, era la base de operaciones de Ábalos y Koldo García. 

En ese mismo año figuran otros recibos de comidas que rondan los 300 euros para tres comensales en restaurantes ubicados en las inmediaciones del Ministerio, así como en el Barrio de Salamanca de Madrid. También consta un recibo de “un menú del día” en un restaurante de Aranda de Duero por un importe de 193 euros. Es un gasto “extraordinario” y que “no se compadece con el coste por comensal propio de un menú del día habitual”, dice el informe.

El PSOE cambió a partir de 2020 el procedimiento de liquidación de gastos y pasó a efectuar casi todos los abonos por vía bancaria, a excepción de algunos de los gastos adelantados. El informe acredita que, a pesar de ello, el PSOE siguió manejando elevadas cantidades de efectivo a partir de esa fecha para gastos distintos a los de representación que pasaban sus cargos orgánicos.

Fuentes socialistas explican que se trata de la primera parte de la “auditoría externa” a la que Pedro Sánchez se comprometió el pasado junio, cuando salieron a la luz las grabaciones en las que sus dos últimos secretarios de Organización aparecían hablando del reparto de mordidas. La segunda parte, indican estas fuentes, analizará en detalle si esos gastos que Ábalos y su asesor Koldo García pasaron al partido —en ocasiones en nombre de otros miembros del equipo de Organización— corresponden con actividades propias de la formación.