Tras un pequeño respiro de las temperaturas durante el fin de semana, desde este comienzo de semana se vuelve a instalar el calor en la Comunidad de Madrid, donde vuelve la alerta amarilla por máximas significativamente altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha activado aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por altas temperaturas tanto en área metropolitana, como Henares, Sur, Vegas y Oeste en las horas centrales del tercer martes del mes de julio.

Así, la jornada meteorológica del martes 15 de julio dejará cielos completamente despejados, con un viento que será predominantemente variable y flojo en general.

Temperaturas hacia los 40 grados miércoles y jueves

Durante el martes, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 38 grados, siendo la mayoría superior a los 36 y 34 en zonas de la Sierra, siendo el centro y sur de la comunidad de Madrid donde se alcanzarán los valores más altos.

En lo que se refiere a las temperaturas mínimas, se quedarán entorno a los 20 grados, oscilando entre los 18 y los 21, con los valores más altos en la capital y su entorno.

Hacia la semana, el miércoles y jueves se esperan los días de más calor en Madrid, cuando se podrían alcanzar los 40 grados de máxima en algunas zonas, y solo volviendo a un cierto respiro a partir del viernes, cuando se dará un ligero descenso que baje las máximas por debajo de 35 grados, y pudiendo llegar el domingo a descender en algunas zonas por debajo de los 30.

La violencia de grupos de ultraderecha que estos días hemos visto en la localidad murciana de Torre Pacheco es una muestra del modus operandi de la extrema derecha: aprovechar un incidente de seguridad para organizar una guerra racial. Así fue también en los años 90 en los pueblos del sureste de Francia con el auge de Le Pen. Así ha sido en el norte de Inglaterra. Así fue en El Ejido en el año 2000. Así está siendo en Torre Pacheco: El detonante ha sido una agresión a un hombre de 68 años.

Álvaro García Sánchez, periodista de elDiario.es enviado a Torre Pacheco, nos resume sus sensaciones, lo que ha visto, lo que ha oído desde los disturbios del sábado por la noche. Además, con Elisa Reche, directora de elDiario.es en la Región de Murcia, explicamos de dónde viene toda esta violencia, el caldo de cultivo que partidos como Vox ha ido propiciando para que se produjeran altercados como los de Torre Pacheco.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La civilización Caral, una de las más antiguas del mundo, sigue revelando secretos fundamentales para entender el origen de las sociedades complejas en América. Recientemente han abierto al público de la ciudadela de Penico, un centro urbano y ceremonial que comenzó a excavarse en 2017 y que, según los arqueólogos, fue construido entre los años 1800 y 1500 a.C. en el valle de Supe, al norte de Lima. El enclave estuvo enterrado bajo colinas hasta que la investigación arqueológica confirmó que se trataba de un importante asentamiento de la civilización Caral.

Penico funcionó como un centro articulador entre diversas regiones del Perú antiguo. Ubicado a apenas 20 kilómetros del Pacífico y a unos 180 kilómetros de Lima, conectaba las rutas de intercambio entre la costa, los Andes y la Amazonía. Este rol de encrucijada cultural lo convirtió en un punto estratégico tanto para el comercio como para la organización social y política en una época en la que las primeras ciudades estaban emergiendo en distintos puntos del planeta.

Los hallazgos de los arqueólogos

Los trabajos de investigación y restauración han identificado hasta 18 estructuras, entre edificios monumentales, complejos residenciales y espacios comunales. El emplazamiento fue construido sobre una terraza geológica a 600 metros sobre el nivel del mar y en paralelo a un río, probablemente como estrategia de adaptación al entorno y prevención frente a inundaciones. Estas decisiones arquitectónicas revelan un conocimiento avanzado del territorio por parte de sus constructores.

Los investigadores creen que Penico puede aportar nuevas claves para entender el declive de la civilización Caral, que se desarrolló entre el 3000 y el 1800 a.C. y desapareció poco después de que este asentamiento fuera construido. Ruth Shady, arqueóloga al frente del proyecto cuya investigación se ha publicado en AFP, y una de las mayores expertas en Caral, sostiene que los indicios apuntan a un proceso de crisis climática que provocó sequías prolongadas y afectó a la producción agrícola, uno de los pilares de esta civilización.

Rituales en la apertura del enclave

Durante la ceremonia de apertura, celebrada el pasado sábado, se realizaron rituales ancestrales de agradecimiento a la Pachamama. Artistas locales tocaron pututus, trompetas tradicionales hechas con conchas marinas, y se ofrecieron productos agrícolas, hojas de coca y bebidas locales. El acto sirvió tanto para honrar la memoria cultural del lugar como para sensibilizar sobre su valor patrimonial.

El Ministerio de Cultura de Perú ha sido una de las instituciones clave en el proceso de excavación y conservación del sitio, que ha permanecido fuera del alcance del turismo durante casi una década. Ahora, con la nueva infraestructura en marcha y los accesos habilitados, Penico se suma a la lista de destinos arqueológicos visitables junto a la ciudad sagrada de Caral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Destaca la cronología

Uno de los aspectos más llamativos del sitio es su cronología. Penico fue construido en la misma época que las primeras ciudades de Mesopotamia o del valle del Indo, lo que refuerza la idea de que la civilización Caral fue contemporánea a otras culturas originarias del urbanismo a nivel global. Lejos de ser una excepción, el caso peruano se inserta en un patrón más amplio de desarrollo de sociedades complejas a finales del cuarto milenio antes de nuestra era.

El equipo liderado por Shady espera que futuras investigaciones en Penico puedan arrojar luz sobre los factores que propiciaron tanto el ascenso como la caída de Caral. “Queremos entender cómo se formó esta civilización, cómo se expandió y por qué entró en crisis”, ha declarado la investigadora. A partir de ahora, los visitantes podrán recorrer el sitio y aproximarse a una historia que, pese a tener casi 4.000 años, sigue viva en el paisaje y en la memoria cultural del Perú.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado de que el modelo de financiación singular de Catalunya no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de “un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad” reflejados en la Carta Magna.

“No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat”, han criticado los inspectores de Hacienda en un comunicado.

En la reunión bilateral celebrada este lunes entre el Estado y la Generalitat de Catalunya se ha acordado seguir avanzando en el desarrollo del modelo de financiación singular de Catalunya. Se quiere que sea la Agencia Tributaria de Catalunya la que desarrolle la campaña de IRPF del año que viene.

La asociación ha advertido de que, si Catalunya recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos. “Por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda”, ha alertado.

Además, los inspectores han avisado de las dos “muy graves consecuencias” de generalizar este modelo al resto de comunidades autónomas: la primera de ellas supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria; la segunda de ellas es que el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones.

“No dispondría, por ejemplo, de fondos para financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el ingreso mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los ERTE en época de pandemia”, ha señalado la asociación.

Revuelta en el Parlamento Europeo contra el intento de Vox de blanquear el Valle de los Caídos la semana del 18 de julio. El partido de la extrema derecha ha organizado una exposición en el edificio de la Eurocámara que inaugurará este martes bajo el nombre “La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa” con la intención de “recorrer la historia, valor artístico y dimensión espiritual” de la que es la mayor fosa común de la guerra civil. Los partidos con representación en el grupo de memoria han enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que revoque la autorización de esa muestra en los pasillos de la institución.

“Tras este título genérico, la exposición ha resultado ser en realidad un intento de blanquear el fascismo. Según la invitación oficial distribuida por uno de los diputados de esta Cámara, la exposición está dedicada al conjunto monumental del Valle de los Caídos: incluye paneles explicativos, fotografías originales, una maqueta del lugar, así como aportaciones de conocidos defensores de la reinterpretación del monumento y de la dictadura franquista en España”, señalan en la misiva en la que recuerdan que la inauguración coincide con la semana del 18 de julio, que es la efemérides del golpe de estado de Franco. “No puede considerarse una coincidencia o un acto neutral. Constituye claramente una celebración de un régimen dictatorial”, denuncian.

“El Valle de Cuelgamuros se construyó bajo el régimen de Francisco Franco utilizando mano de obra forzada de presos políticos y, durante décadas, albergó los restos del dictador en un lugar destacado del monumento. Además, los cuerpos de más de 33.000 víctimas fueron trasladados al lugar, muchos de ellos sin el consentimiento de sus familias. Por sus orígenes y simbolismo, este lugar representa la dictadura y el sufrimiento de miles de represaliados”, recuerdan en la carta, firmada por Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Vicent Marzá (Compromís), Jaume Asens Llodrà (comunes), Pernando Barrena Arza (Bildu), Estrella Galán (Sumar), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Oihane Agirregoitia Martínez (PNV), Irene Montero e Isa Serra (Podemos).

El PP no figura entre los firmantes ya que no forma parte del grupo de memoria democrática, según explican los impulsores de la carta. Lo mismo ocurre en el caso de los eurodiputados de la ultraderecha de Se Acabó la Fiesta, la candidatura que impulsó Luis 'Alvise Pérez.

“El uso del nombre Valle de los Caídos en el cartel que acompaña a la invitación -en lugar de su nombre oficial, «Valle de Cuelgamuros»- es en sí mismo un acto de revisionismo y glorificación del pasado franquista”, agrega la carta, que recuerda que la ley de memoria democrática cambió ese nombre por el de Valle de Cuelgamuros en un intento por resignificar el lugar. Los firmantes recuerdan que esa ley prohíbe el enaltecimiento de la dictadura, así como el tratado de funcionamiento de la UE aboga por el cumplimiento de los principios democráticos como valor fundamental. “Eso es precisamente lo que pretende la exposición de mañana: glorificar una dictadura cruel y sangrienta que suprimió las libertades en nuestro país durante casi 40 años”, señalan.

En principio el Parlamento Europeo se lava las manos y no pretende tomar cartas en el asunto. “Los eurodiputados tienen la posibilidad de celebrar actos culturales o exposiciones en el Parlamento Europeo. Cada eurodiputado tiene derecho a patrocinar dos actos culturales o exposiciones por legislatura. Los actos culturales y exposiciones deben ser autorizados previamente por el Cuestor, como fue el caso de esta exposición”, señalan los servicios de prensa. Los Cuestores componen el órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. Se trata de cinco eurodiputados: dos del PPE, un socialista, una liberal y uno de la extrema derecha del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR).

“Si quieren glorificar una dictadura, los tenemos que expulsar de las democracias. Aquí no hay espacio para quienes pretenden glorificar a Franco ni para los que utilizan símbolos religiosos como coartada para reescribir la historia. Lo que Vox está intentando hacer con esta exposición es repugnante: blanquear una dictadura asesina desde el Parlamento Europeo. No lo vamos a permitir. Esta institución no puede ser cómplice del revisionismo franquista ni un altavoz para la extrema derecha”, dice el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá.

“Enhorabuena, Princesa Leonor por la Medalla de Galicia 2025. Gracias a Alfonso Rueda por su invitación para participar en este encuentro en el Hostal de los Reyes Católicos”. El senador Manuel Baltar, condenado en enero por un delito contra la seguridad vial tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora, compartía este lunes ese mensaje en la red social Instagram. Lo acompañaba una imagen en la que él mismo —junto a otros destacados militantes del PP ourensano— posaban rodeando a la heredera al trono y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La fotografía fue tomada en el interior del Hostal dos Reis Católicos —Baltar etiqueta a Paradores en su publicación—, de donde Leonor y Rueda salieron para dirigirse al Pazo de Raxoi. Alli se celebró el acto oficial de entrega de la máxima distinción que otorga la comunidad autónoma. De camino, la comitiva de autoridades atravesó una Praza do Obradoiro semivacía en la que era más visible el amplio dispositivo de seguridad que la presencia de público.

Junto a Rueda, la princesa de Asturias y Baltar comparten la primera fila, entre otros, el presidente del PP provincial y de la Deputación de Ourense, Luis Menor; el diputado en el Parlamento de Galicia y ex alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, además de las senadoras Carmen Leyte y Rosa Sánchez Gándara. Tras ellos, en un segundo plano, pueden verse el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices o el conselleiro de Emprego, José González.

El calor extremo y temprano que ha afectado a España este año ha elevado a 1.180 el número de muertes atribuibles a las altas temperaturas en dos meses, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Esa cifra es muy superior al registro del mismo periodo del año pasado –donde se certificaron 114 fallecimientos achacables al calor en un curso excepcionalmente benigno–, pero está más en la línea de cursos anteriores. Así, el MoMo del verano de 2023 muestra un exceso de mortalidad por calor de 832 fallecimientos hasta julio de 2023 y de 3.054 en ese periodo de 2022.

Desde que se activó el plan de calor, entre el 16 de mayo el 13 de julio, se ha activado 76 veces el nivel rojo por calor extremo. La ola de calor que atravesó España entre finales de junio y comienzos de julio se unió a otro episodio cálido de cinco días con temperaturas entre 6ºC y 8ºC más altas que el promedio.

El calentamiento global provocado por los humanos está en gran parte detrás de esas temperaturas fuera de registro, como reveló un estudio de atribución de fenómenos meteorológicos extremos aplicado a las altas temperaturas en España en lo que va de año.

Respecto a los datos analizados este lunes por el Observatorio de Salud y Cambio Climático, las comunidades autónomas más afectadas han sido Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria. Estas regiones, que históricamente han experimentado veranos de temperaturas moderadas, “presentan actualmente un incremento notable en la vulnerabilidad climática.”, explica el Ministerio de Sanidad. “Este fenómeno podría estar relacionado con una menor adaptación estructural y social frente a episodios de calor extremo”.

La jueza de la dana ha concluido que el alcalde de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, actuó mejor y más rápido que el Gobierno de su homólogo autonómico del mismo partido, Carlos Mazón, president de la Generalitat.

La magistrada instructora, en un auto dictado este lunes, afirma que Gabaldón “adoptó medidas de protección de la población que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), y con una antelación muy superior a la del referido aviso especial: el cierre de los centros escolares”.

Si bien el departamento de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo a las 11.45, el alcalde de Utiel ya había cerrado los centros escolares antes.

La instructora rechaza así el recurso de una de las acusaciones particulares, que ejercen los familiares de una mujer fallecida en su casa de una sola planta de la localidad de Utiel, contra el auto del pasado 8 de mayo que rechazaba investigar al primer edil del PP.

La jueza reitera que el objeto del procedimiento “se centra en el aviso tardío a la población” por parte de la Administración que ostentaba el mando único de la respuesta a la emergencia: la Generalitat Valenciana.

“Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población, la adopción de medidas de autoprotección”, explica la resolución.

La diferencia, ahonda la jueza, reside en el “manejo de la información” por parte de la Generalitat y en el “presumible aunque desgraciadamente inexistente” conocimiento de las medidas a adoptar por parte de Emergencias.

La Generalitat, como mando de la respuesta a la catástrofe, a diferencia de los ayuntamientos, contaba con “múltiples canales de información”: la Aemet, los medios de comunicación, los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las llamadas al 112 y la “disposición de medios personales que debían controlar los barrancos y caudales” (en referencia a la movilización fallida de los Bomberos), además de la “posibilidad de ser asistidos” por técnicos de emergencias en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Toda esa información contrasta con la situación de los responsables municipales e “impide atribuir la posición de garantes” al conjunto de alcaldes (no solo al de Utiel), que “se vieron sorprendidos” y no recibieron “información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar”, argumenta la jueza.

El auto incide en que la diferencia radical entre las administraciones municipal y autonómica reside en que la Generalitat ostentaba la “competencia en la dirección del plan” de emergencias ante las inundaciones. La consellera competente era la la investigada Salomé Pradas y el también imputado Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico, ejercía de director de la AVSRE, recuerda la resolución.

Pradas tenía una obligación vital, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones: “Determinar, en función del tipo de y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban adoptarse”.

Un aviso a los alcaldes “a todas luces insuficiente”

La activación de la alerta hidrológica —a las 11.45 del 29 de octubre— para el río magro y el barranco del Poyo implicaba que se debía mantener la “observancia” de la evolución y adoptar las medidas preventivas para evitar el acceso a las riberas de los vecinos de las localidades potencialmente afectadas por las inundaciones.

Un aviso, a juicio de la magistrada instructora, “a todas luces insuficiente”. La jueza descarta “de plano” la “atribución indiscriminada” de responsabilidad penal por los fallecimientos a las autoridades locales.

“Lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables penales de los homicidios y lesiones imprudentes a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los hechos, lo que nos situaría fuera del derecho penal”, afirma la resolución.