La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el “tono constructivo” de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: “En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”.

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

“Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó “la incomunicación con el Gobierno de Trump” desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

“Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos”, dijo.

Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: “Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo”, donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y donde han muerto más de un centenar de tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

Conversación con Delcy Rodríguez

Petro también informó a Trump de la conversación que tuvo hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca”, destacó.

En ese sentido, Petro manifestó que cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca “toca hablar” de esa propuesta, pues “la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”.

Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.

Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.

Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.

Claves del acuerdo

El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA, que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.

En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.

El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.

¿Cómo se implementará el nuevo mecanismo de reparación? A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.

Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA, dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.

Del “pocos casos, o ninguno” a la aceptación de la realidad

Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia. Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.

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La muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Minneapolis (Minnesota) ha desencadenado una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles cerca del lugar de los hechos, y algunos fueron confrontados por agentes federales armados que han disparado químicos irritantes. La administración Trump defiende que se trata de defensa propia y acusa a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad cuestiona la versión de los hechos. 

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, ha denunciado el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una acalorada rueda de prensa posterior a los hechos en la que ha rechazado la idea de que el tiroteo fuera en defensa propia. Frey, visiblemente airado, ha dicho que la versión del DHS es una “historia inventada”. 

La mujer, que ha sido identificada como Renee Nicole por el periódico local Star Tribune, estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración. Se trata de una acción muy común que los vecinos de otras ciudades asediadas por ICE, como Chicago o Washington, han llevado a la práctica para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial. 

Los videos publicados en redes poco después del tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde, muestran el vehículo de Nicole, un Honda Pilot color granate, detenido en la carretera, perpendicular al flujo del tráfico. Luego, una camioneta con luces intermitentes se detiene frente a él y dos agentes de ICE, ambos encapuchados con bragas y pasamontañas, bajan para acercarse a ella.“Sal del coche”, grita un oficial en el video mientras profiere insultos e intenta abrir la puerta del lado del conductor.

Mientras el agente agarra la manilla de la puerta, el vehículo da marcha atrás unos centímetros y después avanza girando hacia la derecha, con lo que parece ser la intención de volver al sentido del tráfico y abandonar el lugar. Pero cuando el coche se mueve lentamente hacia adelante, aparece un tercer agente, que estaba de pie en la calle cerca de la parte frontal del Honda, saca el arma y abre fuego contra la conductora. Después de que la mujer reciba tres disparos fatales, el coche aún avanza sin control unos metros hasta chocar con otro vehículo que estaba aparcado.

Según la secretaria del departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado la muerte en una rueda de prensa posterior y ha insistido en que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro oficial cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, ha argumentado Noem, que ha desestimado los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando [los agentes] y obstruyendo”. La secretaria del DHS ha dicho que el hombre ha sido atendido en el hospital y ya ha “sido dado de alta”. 

Noem ha dicho que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También ha anunciado que pedirá al departamento de Justicia que lo “persiga como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se le está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, ha insistido Noem. 

En una publicación en Truth Social, Trump ha cerrado filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que ha visto el vídeo y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencional y viciosa”. A pesar de que Noem ha dicho que el oficial ha sido dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Al uso, ha señalado a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

Asedio a la comunidad somalí

El macrooperativo, con más de 2.000 agentes de ICE desplegados, se produce en medio de una campaña de hostigamiento contra la comunidad somalí de Minneapolis. La ciudad del Medio Oeste es donde se concentra la mayor diáspora de este país del África Oriental. Desde diciembre, las personas somalíes de la ciudad ya esperaban con ansiedad que la administración cumpliera su amenaza de desplegar una macroredada. Todo ello, en un contexto marcado por la retórica de odio del presidente, que llegó a decir que los somalíes son “basura” durante una comparecencia en la Casa Blanca. El presidente también se ha aferrado a un vídeo publicado por un creador de contenido conservador que afirmaba, sin pruebas, que las guarderías gestionadas por somalíes en Minnesota se estaban aprovechando de forma fraudulenta de los fondos destinados a niños de familias de bajos ingresos.

Que ahora la administración Trump ponga el foco en la ciudad tampoco es casual: todo está relacionado con otra campaña de presiones y ataques contra la congresista demócrata Ilhan Omar. La representante forma parte del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, lo que en el Congreso se conoce como la Squad, en la que también se encuentra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En una publicación en Truth Social el 31 de diciembre, Trump afirmó que “gran parte del fraude en Minnesota, hasta el 90 %, es causado por personas que entraron en nuestro país de manera ilegal desde Somalia” y señaló a Omar como una “estafadora”. El mensaje terminaba con la siguiente exhortación: “Envíenlos de vuelta de donde vinieron, Somalia, quizá el país más malo y corrupto de la Tierra”.

Los demócratas denuncian la acción

Aparte del alcalde de la ciudad, otros demócratas también han salido en tromba a condenar los hechos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez se mostraba tajante sobre los hechos: “Lo que vimos hoy fue un asesinato de una mujer mientras intentaba huir para salvar su vida. Lo que vimos hoy es la manifestación de la peor pesadilla de todo americano: su gobierno convirtiéndose en una tiranía”. Ocasio-Cortez advertía de como “ICE no solo se ha convertido en una fuerza antiinmigración” sino también en “una organización paramilitar”. 

El gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia,Tim Walz, también ha rechazado la versión del gobierno de que se trate de una actuación en defensa propia. “Lo que estamos viendo son las consecuencias de una forma de gobernar diseñada para generar miedo, titulares y conflicto”, ha afirmado Walz. “Es gobernar como un reality show. Y hoy esa temeridad le costó la vida a alguien”. El demócrata anunció recientemente que no se presentaría a la reelección por el cargo.

Que suene el timbre es un momento cotidiano que se hace aún más frecuente en Navidad. En nuestras ciudades, especialmente desde la pandemia, repartidores hay muchos, pero carteros de toda la vida, que hayan visto la evolución de nuestras familias, de nuestro consumo… no tantos.  

Hoy nos situamos al otro lado del timbre. Los periodistas de elDiario.es David Noriega y Marcos García Santonja acompañan a Ángeles, una cartera de Madrid, y a Frank, un cartero de Alicante, en un recorrido navideño en el que la observación de estos profesionales es la base para apreciar la transformación de nuestros barrios en los últimos años: turistificación, envejecimiento de la población, desaparición de comercios de toda la vida y de elementos que vertebran una ciudad.

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Otra vez Trump. Otra vez una nueva patada a la legalidad. Y otra vez, aquí en España, un PP desnortado y con el paso cambiado ante el expansionismo del inquilino de la Casa Blanca, quien horas después de la operación militar durante la que secuestró en Venezuela a Nicolás Maduro, ya tiene en Groenlandia su próximo objetivo.

El mundo se derrumba y Feijóo se queda sin marco porque el foco informativo ha girado inexorablemente. Con Venezuela se quiebra la estrategia informativa de los de Génova. Koldo, Ábalos, Cerdán, Leyre y la concertada campaña de acoso y derribo de la derecha mediática y política han saltado por los aires. No hay otra que mirar, no ya sobre lo que está por venir, sino sobre lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y ya no es Sánchez el que mete miedo ante la llegada de la ultraderecha, es una realidad que nos aplasta y que nos deja un panorama inquietante en el que se opera desde la fuerza y no desde la legalidad. Y aun así el ataque golpista de Estados Unidos sobre Venezuela fue recibido con entusiasmo por la derecha española, que no tardó ni 24 horas en ensalzar “sin ambages” la operación ilegal para capturar a Maduro y juzgarlo por una supuesta “conspiración para el narcoterrorismo”. Un fervor que, horas después, tornaba en desconcierto cuando Trump negó toda legitimidad a la laureada María Corina Machado para llevar las riendas de la transición y aupó al mando a Delcy Rodríguez, en una demostración de que ni la intervención de EE.UU. era una victoria para la oposición ni la captura de Maduro era el final del chavismo como había proclamado la derecha española.

A Feijóo le va a pasar con Venezuela y la vulneración del derecho internacional lo mismo que con Gaza y el genocidio, que quedará atrapado en el laberinto de sus propias palabras. Y cuando se disponga a encontrar una salida alineada con la del resto del mundo sobre el golpe de Trump, saldrá Ayuso a corregirlo como hizo el día que se fotografió con el equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España.

De nuevo, estamos ante un PP sin rumbo frente a un Pedro Sánchez que se presenta como antagonista del capo norteamericano y de ese nuevo orden global en el que ya impera la ley de la selva. El presidente del Gobierno no solo trata de marcar otra vez perfil propio en la UE, sino que además se ofrece como puente entre la oposición venezolana y el gobierno de Delcy Rodríguez ante la incapacidad de Bruselas para plantar cara a un Trump cuyo próximo propósito es apoderarse de Groenlandia. Una amenaza que para la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hay que tomarse muy en serio.

En La Moncloa están seguros de que el tablero ha cambiado y que los españoles siguen con más detenimiento lo que pasa en el mundo que la agenda informativa que hasta enero impuso el PP con la inestimable ayuda de sus medios amigos, en los que no se hablaba de nada que no fueran los asuntos judiciales que afectan al PSOE y los casos de acoso sexual de algunos de sus dirigentes. Ni siquiera el tradicional día de la Lotería de Navidad, donde históricamente los informativos han abierto con la celebración de los premiados, hubo este año tregua en algún telediario, cuya portada volvía a ser el ex ministro José Luis Ábalos.

Tras haber sobrevivido a una pandemia, una crisis inflacionaria, la erupción de un volcán y hasta un apagón eléctrico, el Gobierno siente que este enero, a efectos informativos, es un émulo del pasado septiembre, cuando tras el encarcelamiento de su secretario de Organización, Santos Cerdán, Sánchez retomó el vuelo con su decidida posición contra Israel y el genocidio al erigirse en valedor de la solución de los dos Estados a nivel europeo. 

El presidente se aferra otra vez al marco internacional para recuperar la iniciativa política, cree que el tiempo juega a su favor y se dispone a desplegar una estrategia de pedagogía sobre lo que pasa en el mundo y las consecuencias que las decisiones de Trump tendrán sobre España y Europa. Intenta así recuperar posiciones en el marco nacional y aguantar, como siempre dijo que tenía previsto, hasta 2027, pese al anhelo de las derechas de un anticipo electoral. Cuestión distinta es que sus planes tengan efecto inmediato en las elecciones que en este primer semestre de 2026 tendrán lugar en Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde las perspectivas para el PSOE no son muy halagüeñas.

De momento, ya se ha situado a la vanguardia de Bruselas al hablar de “violación del derecho internacional” frente a unas instituciones europeas tibias con la operación militar desplegada por EE.UU. sobre Venezuela. En La Moncloa entienden la falta de reacciones inmediatas por algunos estados miembros por la dependencia que sus gobiernos tienen de los partidos ultras con los que Trump se ha alineado abiertamente, pero en ningún caso eso frenará la estrategia de Sánchez de situarse como punta de lanza de un frente anti-Trump que ayude a reactivar al hasta ahora alicaído electorado progresista. 

“El respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela”, escribió el presidente en su cuenta de X, donde también subrayó que “España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”.

Que Donald Trump no es personaje que amilane a Sánchez ya se demostró cuando el presidente del Gobierno se plantó ante la imposición del norteamericano a que los países de la OTAN aumentaran un 5% el gasto en Defensa. Y, aunque en este momento, en el Gobierno español saben que están “decididos a decir lo que pensamos sin llamar demasiado la atención de Trump”, están dispuestos a mantener el perfil antagonista siempre desde la defensa del derecho internacional, la soberanía de los estados, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de los conflictos, como ya ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Y todo ello sabiendo que el PP de Feijóo ha quedado fuera de juego ante un asunto de vital trascendencia en el que ni está ni se le espera, salvo para convertir Venezuela en materia de desgaste del Gobierno de España, como ha hecho históricamente y pese a tratarse de una crisis inequívocamente de dimensión internacional, que es donde Sánchez se ha ofrecido como mediador. Primero, con el documento impulsado por España con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar las “acciones unilaterales” de EE.UU., que crean un “precedente terrible y muy peligroso”. Y después al lograr este martes que Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido, entre otros países, dieran apoyo a Dinamarca ante la amenaza anexionista de Trump sobre Groenlandia.

Es, en definitiva, en el marco internacional en el que Sánchez se mueve con más destreza, como ha demostrado desde que llegó al Gobierno. Lo hizo con el impulso a los fondos Next Generation de la UE, la reforma de las reglas fiscales en el nuevo marco de gobernanza económica o la excepción ibérica, pero también con la organización de la Cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid o la revalorización del multilateralismo y la acción exterior coordinada con la UE.

Un balance en materia exterior que en La Moncloa creen que nada tiene que ver con el que dejó el PP en sus diferentes gobiernos siendo el del apoyo de Aznar a la guerra de Irak en 2003 y su alineamiento incondicional con EE.UU. y Reino Unido sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, el más señalado, pero no el único. En el imaginario colectivo queda también la crisis del islote de Perejil con una respuesta militar simbólica, pero innecesaria para un incidente menor, el deterioro de los canales diplomáticos con Rabat o el perfil en la UE bajo la presidencia de Mariano Rajoy, donde España perdió el liderazgo en debates estructurales y pasó de actor impulsor a actor reactivo en el Consejo Europeo.