“Yo no voy a ordenar retirar las banderas”, ha asegurado este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la orden enviada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, en la que exigió este miércoles a los grupos de la oposición que retiraran las enseñas arcoíris de los balcones del edificio de Grupos Municipales de la calle Mayor.

Almeida asegura que desconocía el documento enviado por Fanjul este miércoles en el que aseguraba tanto a Más Madrid como a PSOE que aunque había una sentencia del TSJM que autorizaba su colocación, esta se limitaba a permitirla durante el día del Orgullo y no las jornadas previas. El alcalde considera que había “defectos de forma” en el escrito y ha pedido una revisión de ese texto al secretario del Pleno, para permitir a los grupos las alegaciones pertinentes.

Por ello, Almeida ha indicado que su criterio como presidente del Pleno -que delega en funciones a su concejal Borja Fanjul- es que las banderas no se retiren, tanto por los defectos de forma como para evitar “enzarzarse en una estúpida guerra de banderas”. “Es sentido común”, asegura.

Cinco de los quince activistas de Greenpeace que este jueves han participado en una protesta pacífica frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han sido detenidos y llevados a dependencias policiales, según un comunicado de la organización ecologista.

Desde Greenpeace han explicado que los activistas bloquearon la entrada principal del edificio con 300 cajas vacías de alimentos, como símbolo de la amenaza que sufre el sistema alimentario, y fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de declarar y conocer los cargos que se les imputan.

La acción busca exigir al Gobierno una transición alimentaria justa y sostenible, según Greenpeace, que denuncia que la seguridad alimentaria está en riesgo por la crisis climática, la dependencia de insumos internacionales y un contexto geopolítico inestable.

Asimismo, los ecologistas critican al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no impulsar medidas urgentes, como el fin de las macrogranjas, la pesca industrial o las prácticas agrícolas intensivas que deterioran el medioambiente.

También reclaman la aprobación, aún pendiente, de la futura Ley de Agricultura Familiar, que consideran clave para garantizar un modelo alimentario más sostenible y justo.

“España es un país solidario, comprometido con los estados de la alianza, pero también soberano y es el equilibrio que encontramos en la declaración que acordamos los 32 estados miembros de la Alianza Atlántica, incluida también Estados Unidos”. Así se ha pronunciado Pedro Sánchez sobre el acuerdo al que llegó con el secretario general, Mark Rutte, para salvar la cumbre de La Haya y que le ha costado una amenaza de recrudecimiento de la guerra comercial por parte de Donald Trump ante la negativa a llevar el gasto militar al 5% del PIB.

A su llegada a la reunión del Consejo Europeo, el presidente ha recordado que “la política comercial se dirige desde Bruselas”, ya que las competencias están transferidas, y que, por tanto, la negociación con EEUU corresponde a la Comisión Europea, como hasta ahora. La nueva amenaza de Trump, esta vez circunscrita a España, se produce en plenas negociaciones para intentar evitar la retahíla de aranceles que fue anunciando: un 20% general, un 50% al aluminio y el acero, un 25% a los coches...

“Europa y el mundo vienen sufriendo una guerra comercial. Vienen sufriendo unas medidas tarifarias y arancelarias que en España calificamos desde el primer momento como injustas y también unilaterales”, ha dicho Sánchez, que ha considerado que los aranceles, en el caso de España, son “doblemente injustos”. Por un lado, por la misma razón que lo considera la UE y, por otro, porque España tiene déficit comercial con ese país, es decir, importa más de lo que exporta.

En lo que no ha querido entrar es en si el enfado de Trump y su nuevo desafío complica aún más la negociación de Bruselas con Washington, que se acerca a la fecha límite que fijaron Trump y Ursula von der Leyen: el 9 de julio. “Son dos ámbitos distintos de debate: uno es el de la Alianza Atlántica y otro es el de la Unión Europea”, se ha limitado a responder en referencia a los aranceles y la negativa de España a disparar el gasto militar.

Aun así, el presidente ha asegurado que “España es un amigo de EEUU” y ha tendido la mano a la negociación con ese país: “Europa ha sido constructiva para fijar unas nuevas reglas comerciales”.

Sánchez ha reiterado que la intención de España es cumplir con los objetivos de capacidad militar que se le han asignado en el marco de la OTAN y se ha mostrado convencido de nuevo de que eso es posible con un 2,1% del PIB, porque así se lo han trasladado las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa cifra no se la creen en la OTAN, donde consideran que es necesario un 3,5% del PIB de cada uno de los aliados. No obstante, en una carta, Rutte daba “flexibilidad” a España para alcanzar los objetivos de capacidad aunque fuera con un porcentaje “inferior”, sin mencionar cifras.

Las grúas operan a diario bajo temperaturas extremas, elevando estructuras que parecen desmentir las leyes de la física. En Arabia Saudí, la construcción se ha convertido en un territorio sin restricciones donde los límites del urbanismo tradicional ya no marcan el ritmo de crecimiento. La escala ha dejado de medirse en pisos o metros; ahora se calcula en visión, influencia y capacidad de transformación. Cada nuevo proyecto aspira a reconfigurar no solo el perfil de sus ciudades, sino también la imagen internacional del país. Entre esas obras ya en marcha, una de ellas promete superar cualquier expectativa anterior.

El cubo que cambiará el skyline de Riad

La excavación de los cimientos exigió el movimiento de 13 millones de metros cúbicos de tierra, una cifra que resume el alcance logístico del Mukaab. Este gigantesco cubo de 400 metros por lado se construye en el corazón de Riad como pieza central del proyecto New Murabba, una nueva zona urbana que acogerá 18 barrios con capacidad para más de 400.000 residentes.

Según datos de la New Murabba Development Company, la primera fase de la obra incluirá 8.000 viviendas, con entrega prevista para 2030, y coincide en el calendario con la celebración de la Expo Mundial que tendrá lugar ese mismo año. El presupuesto para levantar este cubo es de 50.000 millones de dólares.

El interior del Mukaab contendrá más de dos millones de metros cuadrados de superficie útil, con una torre en espiral en su núcleo rodeada por espacios culturales, zonas comerciales, un hotel con 500 habitaciones y al menos diez atracciones permanentes. Toda la estructura estará revestida por paneles inspirados en el estilo arquitectónico tradicional Najdi, con triángulos entrelazados que cubrirán sus fachadas. En paralelo a las obras del edificio, se levantará también un puente temporal sobre la autopista Rey Khalid para garantizar el flujo logístico de maquinaria pesada sin afectar al tráfico urbano.

El objetivo declarado del proyecto va más allá de lo puramente funcional. En una entrevista concedida a Arab News, el director ejecutivo de New Murabba, Michael Dyke, señaló que la intención es que el Mukaab sirva como una referencia visual de escala internacional, y explicó que “la construcción del Mukaab está pensada para ser un elemento transformador en el horizonte de Riad, comparable a los grandes íconos arquitectónicos de otras capitales del mundo”.

Para sostener la operación diaria en el terreno, trabajan más de 400 equipos técnicos que gestionan la logística, la excavación y el transporte de materiales. Según datos de los promotores del proyecto, el volumen de tierra removido equivale al espacio de unas 5.000 piscinas olímpicas, y las estimaciones logísticas apuntan a unos 800.000 desplazamientos de maquinaria hasta la finalización de los trabajos previos. La red de transporte interna del distrito estará diseñada para garantizar una espera media inferior a cinco minutos entre conexiones, con acceso directo al aeropuerto de Riad, situado a 20 kilómetros del área de desarrollo.

El sueño muy caro y poco sostenible de Mohamed bin Salmán

Los responsables del plan destacan la integración de criterios de sostenibilidad en los procesos constructivos, aunque algunos expertos, como los citados por The Guardian, han expresado reservas sobre el impacto ambiental de levantar estructuras de tal magnitud en un contexto desértico. Aun así, las autoridades saudíes insisten en que este tipo de iniciativas forman parte de una transformación más amplia, alineada con el programa Visión 2030 impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

Ese mismo plan ha impulsado también otros desarrollos como The Line, Trojena u Oxagon, aunque algunos de ellos se enfrentan actualmente a modificaciones de calendario y ajustes de escala. En ese contexto, el Mukaab representa una apuesta más concreta y localizada, que busca convertir Riad en una capital de referencia cultural, turística y tecnológica.

El volumen y la forma del edificio, según los encargados del proyecto, permiten generar experiencias envolventes únicas, con paredes interiores capaces de proyectar imágenes inmersivas que transforman el entorno visual del visitante. Tal y como reconocen los desarrolladores, este tipo de recursos podrá convertir el espacio interior en una simulación realista de entornos internacionales. Como explicó Dyke al medio Al Arabiya, “puedes irte a dormir en el Serengeti y despertar en Nueva York”.

La escala del Mukaab, sumada a la planificación integral de su entorno urbano, confirma la ambición de Arabia Saudí por posicionarse como polo de innovación arquitectónica. En paralelo al desafío técnico, la iniciativa busca atraer inversión extranjera, turismo internacional y una nueva identidad visual para la capital saudí. El avance de las obras marcará el ritmo de un país decidido a reconfigurar su futuro urbano con estructuras que, hasta hace poco, parecían inalcanzables.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha dirigido directamnte al Tribunal Supremo para reclamar que aplique “con diligencia” la ley de amnistía para beneficiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de políticos que aún no han podido disfrutar de los beneficios de la ley. Lo ha hecho en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat poco después de que se conociera que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la norma que aprobó el Congreso.

“Como president, me duele que haya personas que aún no hayan podido beneficiarse de la ley de amnistía, por lo que pido al Supremo que aplique con digiligencia la ley a quienes todavía no lo ha hecho”, ha enunciado Salvador Illa desde el Palau. El jefe del Govern ha calificado la sentencia de “hora feliz” y de noticia de “una trascendenica difícil de negar”.

Illa se ha mostrado comprensivo con quienes hasta el momento podrían tener “dudas” sobre la eficacicia o la constitucionalidad de la amnistía. Pero, a renglón seguido, ha considerado que todo eso acaba hoy, cuando las dudas sobre la legalidad de la norma se han disipado. “El Constitucional ha hablado, ya no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley”, ha dicho.

El president además se ha feliciado por los efectos que la amnistía ha tenido en el escenario político catalán. “La ley ha funcionado”, ha dicho, ya que “desde su aprobación ha beneficiado a unas 300 personas”. “Desde entonces las cosas van mejor en Catalunya”, ha proclamado, citando el preámbulo de la ley, donde la amnistái se considera “un punto de inflexión que devuelve el conflicto político a los canales del diálogo”.

Se ha abierto una brecha ideológica entre hombres y mujeres jóvenes en España. Aunque las personas entre 15 y 29 años comparten preocupaciones generacionales como la vivienda, el trabajo o la salud mental, sus posiciones políticas se están alejando. Mientras ellas son más de izquierdas –un 41% se autoubica aquí frente a un 21% en la derecha y un 20% en el centro–, ellos se sitúan mayoritariamente en la derecha (25%) o en el centro (33%). Un 8% se adscribe, además, al voto a la extrema derecha. Son algunos de los datos que recoge el informe Juventud en España 2024, que elabora cada cuatro años el Instituto de la Juventud (INJUVE) y se presenta este jueves.

El documento identifica “una polarización que no es homogénea”. Las mujeres se definen mayoritariamente como feministas (67,6%) frente al 40,9% de los varones y apoyan mucho más los derechos de los colectivos LGTBIQ+ (un 47% ante un 27%). También incorporan en mayor medida valores progresistas como el cambio climático, el reciclaje o los derechos de los animales.

Sin embargo, si hay algo en común entre los chicos y las chicas –con diferente intensidad– es el alejamiento del feminismo y de la lucha por la igualdad de género. Si en 2019 el 64% se situaba en el feminismo, cuatro años después este apoyo se ha reducido al 54%. Con la igualdad de género, siguiendo la misma tendencia, ha pasado del 74% al 62%. En el caso de ellos, el retroceso es más acusado: su identificación con los asuntos relacionados con la igualdad ha caído por debajo del 50% y el respaldo al feminismo se sitúa en el 40,9%, 15 puntos menos que en 2019.

Hay menos acuerdo también con políticas feministas como las medidas públicas de igualdad que palien las injusticias de género, la remuneración del trabajo doméstico o la presencia equilibrada de mujeres y hombres en altos cargos. El derecho al aborto lo respaldan el 55,6% de ellos, más de 15 puntos menos que ellas (71%).

Pero donde se observa un cambio más profundo es en lo relacionado con la violencia de género. El negacionismo de este problema estructural ha aumentado tanto en mujeres como en hombres. Un 13,2% de las chicas y un 23,1% de los chicos piensan que es “un invento ideológico”. Esta posición estaba respaldada en 2019 por el 5,7% de ellas y el 11,9% de ellos. Con todo, un 65% de las personas jóvenes –frente al 82,5% cuatro años atrás– lo sigue considerando uno de los problemas sociales más relevantes.

Fuentes del Ministerio de Juventud, liderado por Sira Rego, interpretan estos cambios como “un reflejo de la polarización política que vive la sociedad en su conjunto, con un componente de género esencial” y los vinculan con la “agenda ideológica de la extrema derecha”. “La agenda negacionista de los derechos humanos, de la violencia de género o el cambio climático está calando en una parte de las personas jóvenes”, apuntan. Y añaden: “Aun así el 67,64% de las mujeres se definen como feministas, han abrazado el feminismo como un movimiento liberador y de igualdad, un contrapeso al avance de los discursos reaccionarios”.

En contraposición, hay una “actitud más abierta hacia la multiculturalidad”, según Juventud. Uno de cada cuatro jóvenes residentes en España ha nacido en el extranjero y “la idea de una España multicultural comienza a naturalizarse”, dice el informe. Más de la mitad valora la contribución de los migrantes a la sociedad, a la cultura, y también, aunque en menor medida, a la economía.

“Respecto a los grados de tolerancia frente al ”otro“, la mayoría de la juventud se muestra abierta y dispuesta a aceptar como jefe o jefa a personas inmigrantes (76,5%), y a que un familiar se case con una persona de otra etnia (el 75%)”, destaca el estudio, que revela un punto de flaqueza. El 37% de las personas jóvenes considera que las ayudas sociales disponibles para la población local se ven reducidas por la llegada de población inmigrante, un discurso que es central en los argumentos de la extrema derecha.

En todo caso, la aproximación hacia la migración cambia en función del espectro ideológico de los jóvenes: mientras el 74,4% de los que se ubican más a la izquierda reconocen el enriquecimiento cultural que brinda la presencia de inmigrantes, solo un 29,4% de las que se sitúan a la derecha considera que existe tal aportación. “Es probable que los discursos del odio difundidos a través de las redes sociales estén abriendo una nueva brecha en la juventud ante la inmigración, en este caso, en función del sesgo ideológico”, advierte el INJUVE.

La salud mental y el suicidio

Uno de los temas que está en la agenda de los jóvenes de manera prioritaria es la salud mental. Son el grupo de edad que más ha visto crecer sus registros de malestares psicológicos: de 5.712 casos clínicos por 100.000 habitantes en 2011 a 39.408 casos por 100.000 habitantes una década después. Un 19% de la población joven siente un bajo bienestar mental, con una afectación mayor por parte de las mujeres (24,2%) que de los hombres (14%).

La soledad no deseada, además, es un problema para una de cada tres personas de entre 15 y 29 años, según el informe, con una brecha hacia situaciones peores en el caso de las personas LGTBIQ+. Un 47,6 % de quienes se autoidentifican con alguna de las siglas e sienten solas, frente a un 26,8 % de sus iguales heterosexuales.

Los datos más alarmantes son los relacionados con el suicidio: un 15% de las personas jóvenes presenta un riesgo alto de comportamiento suicida, con más incidencia en mujeres (18%) que en hombres (13,2%) y casi la mitad de ellas nunca han visitado un especialista de salud mental. Una de las razones son las barreras económicas. Un 26,7% deja de acudir por este motivo, revela el estudio, que incluye como factores de riesgo “estar parado/a o buscando el primer empleo, haber nacido en España de progenitores extranjeros o familias mixtas, o identificarse con las siglas LGTBIQ+”.

“Las personas jóvenes están demandando respuestas a sus necesidades y las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, tienen que desarrollar soluciones; de no hacerlo comprometemos su presente pero también se genera desafección con las instituciones”, advierte el Ministerio de Juventud.

Siguiendo el ciclo electoral, y después de casi tres años, el pasado tres de mayo, se celebraron elecciones federales en Australia. Aunque la distancia geográfica con Europa es importante, y tanto la campaña como la elección han pasado bastante desapercibidas, algunas claves que se han dado en esta elección pueden dar pistas que nos pueden ayudar a entender otras elecciones que vienen. En esta entrada, además de explicar como ha ido la elección y los antecedentes, expongo dichas claves.

En primer lugar, esta legislatura ha estado marcada por una situación económica doméstica compleja. Si las últimas semanas del anterior primer ministro liberal, Scott Morrison, coincidieron con una subida de los tipos de interés justo dos semanas antes de la elección y una serie de escándalos por los que este se había autonombrado como ministro de algunas carteras (sin que los ministros responsables de dichas carteras lo supieran), el Partido Laborista liderado por Anthony Albanese -criado por su madre en vivienda social y diputado desde 1996- se impuso en las elecciones de 2022 con una mayoría absoluta por un diputado (había 151 diputados entonces; ahora 150) y una cámara baja muy diversa, con el mayor número de independientes (10) y en la que los Verdes habían conseguido su mejor resultado (4 escaños).

Los primeros años de la legislatura estuvieron marcados por dos eventos. Algo más de un año después de iniciar el gobierno, en octubre de 2023 se celebró el referéndum sobre la voz de los aborígenes y los de las Islas del estrecho de Torres. Básicamente, la propuesta consistía en reconocer en la constitución que los miembros de dichas comunidades tuvieran voz en los asuntos que les afectaran directamente-– a través de un organismo para que presente propuestas y sugerencias al gobierno federal en asuntos relacionados con los aborígenes. El primer ministro se había comprometido a celebrar el referéndum que, inicialmente, era una propuesta que contaba con el apoyo del Partido Liberal y los Verdes, aunque no de los Nacionales (el miembro menor que conforma la Coalición con los liberales). El referéndum salió derrotado y con ello las esperanzas de toda una generación, además del gobierno. Por aquel entonces, además de haber finalizado la luna de miel entre el gobierno y la opinión pública, la popularidad del gobierno baja y la coalición de liberales y conservadores se pone por delante en las encuestas.

El segundo evento que ha condicionado al gobierno en este periodo ha sido las constantes subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Australiano (RBA). Igual que en Europa, el RBA es un ente independiente que mantuvo las tasas muy bajas durante 2021 como respuesta a la pandemia. La inflación empezó a despuntar durante 2022 y entre la segunda mitad del 2022 y hasta noviembre del 2023, se aplicaron 13 subidas de tipo de interés. Si antes de la elección del 2022, los tipos estaban al 0.1%, enero de 2025 se cerraba al 4.35%. Esto es importante porque afecta, y mucho, al pago de las hipotecas. En contraste con muchos otros países, las hipotecas se negocian por plazos de dos a cinco años. Esto hace que condicione mucho a la economía familiar cuando una familia renegocia o firma una hipoteca -hablo de familia porque las compras de vivienda individuales son prácticamente testimoniales. Si además añadimos que hay una proporción relevante de familias que tienen la totalidad o parte de la hipoteca en variable, entendemos que muchas familias tuvieran problemas para llegar a final de mes. Y aquí solo me refiero a quien puede acceder o ha accedido a una hipoteca. Como es sabido, el precio de la vivienda en Australia se ha disparado. Hay dos cifras muy indicativas. La primera, mientras que en el año 2000, una familia necesitaba, en promedio, 9 años y medio de ingreso para pagarla, ahora son más de 16. La segunda, el precio mediano -el que está en mitad de la distribución- está por encima del millón de dólares, en las principales ciudades (en Sydney ya por encima de 1.8 millones). Obviamente, el gobierno lo seguía pagando en las encuestas y, a mayo de 2024, la Coalición, tiene unos diez puntos de ventaja en los sondeos.

En medio de estas dificultades, el gobierno consiguió el primer superávit presupuestario en 15 años. Siendo consciente del problema de la vivienda, lanzó un fondo por el que se invierten 10,000 millones de dolores para construir nuevas casas, 30,000 de ellas viviendas sociales. Además, se tomaron medidas para intentar reducir la dependencia del sector manufacturero y se aprobó que al menos tres días de guardería estuvieran subsidiados. Las relaciones con China, el principal socio comercial, mejoraron, terminando con la prohibición de ciertas importaciones que el gigante asiático había impuesto con Morrison.

La oposición del Partido Liberal la lideraba Peter Dutton, un antiguo policía que entró en el parlamento en 2001. Dutton pacificó el partido Liberal -y las disputas internas se mantenían así, internamente- pero también lo derechizó. Durante muchos meses estuvo por delante de las encuestas. Cambió la posición inicial de los liberales en lo que respecta al referéndum y estuvo insistiendo en los asuntos económicos porque los australianos no estaban en el mejor de sus momentos. Ahora bien, la campaña electoral fue francamente mejorable tanto en cómo se organizó, como en las propuestas que se hicieron, algunas importadas y con poco sentido. Por ejemplo, se propuso recortar en 41.000 servidores públicos de los 185.000 que hay en todo el país porque Canberra, la capital, “es el problema”. Pero Australia no tiene una excesiva presencia de trabajadores públicos -que se pueden despedir- y muchos ciudadanos asocian correctamente trabajadores públicos con profesoras, enfermeros, policías, etc…. Y que la mayoría de los trabajos amenazados no estaban en Canberra sino en otras ciudades. Proponer eliminar el trabajar en remoto tampoco es buena idea cuando beneficia especialmente a familias que se encuentran en los suburbios -una gran parte-y a las mujeres, un grupo con el que los liberales tenían, y siguen teniendo, un problema. Hubo una tercera propuesta que no convenció en absoluto al electorado y que los laboristas insistieron mucho: abrir siete plantas nucleares durante 20 años y, de paso, abominar de las renovables, cuando ya el 30% de los hogares tienen solar (y pagan menos de electricidad).

El día de la elección, los laboristas ganaron: de 77 a 94 escaños; la Coalición de 58 a 43, llegando Dutton a perder su escaño y a abandonar la vida política. La nueva líder de la oposición y de los liberales -Sussan Ley, la primera mujer- tiene una tarea ingente para reducir la distancia con los laboristas. Los Verdes han perdido tres y se quedan con 1 y los independientes siguen con 10.

La victoria de los laboristas ha sido arrolladora. Pero para muchos ha sido tan amplia gracias a la entrada de Trump en campaña. A raíz del “día de la liberación”, Estados Unidos imponía a Australia (y muchos otros países) una serie de aranceles. Este país tiene relaciones muy estrechas con la superpotencia -es uno de los pocos que le ha acompañado en todos los conflictos bélicos en los que ha estado desde la segunda guerra mundial- y la decisión de imponer los aranceles no se entiende como un acto amistoso. Los liberales se equivocaron al no cerrar filas con el gobierno y en intentar importar debates de los Estados Unidos que aquí no acaban de funcionar. Es más, una de las candidatas estrella de la Coalición, la senadora Jacinta Nampijinpa Price en una comparecencia dijo, por error, que quería “hacer Australia grande de nuevo”. El gobierno capitalizó la incertidumbre que conllevan las propuestas de Trump. Algo parecido sucedió en Canadá donde los conservadores lo tenían en la mano para gobernar… hasta que apareció Trump.

¿Por qué los escritores, casi 90 años después, siguen volviendo a la Guerra Civil? ¿Y por qué las lectoras, los lectores, también seguimos regresando a la Guerra Civil? ¿Qué nos queda como sociedad por saber, por aprender, por imaginar de aquella guerra?

En este episodio de La Trama, Irene Lozano habla con David Uclés, autor de La Península de las Casas Vacías, que ha sido uno de los mejores libros de 2024, muy bien recibido por la crítica y por el público, con más de 100.000 ejemplares vendidos.

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