
La ruinas de la metrópolis fundada por Alejandro Magno se encontraron en el sur de Irak
Cómo la emperatriz Livia Drusila consiguió ser una de las mujeres más poderosas de Roma durante más de 50 años
Alejandro Magno fundó en el siglo IV a. C. una ciudad portuaria a orillas del Tigris, conocida como Alejandría y más tarde Charax Spasinou, para facilitar el comercio marítimo y fluvial entre Mesopotamia, la India y otras regiones de Asia. La ciudad se situó estratégicamente cerca del Golfo Pérsico, y llegó a ser mencionada por diferentes autores romanos. Sin embargo, la ubicación exacta de aquella importante metrópolis se perdió durante siglos.
No fue hasta los años sesenta cuando el investigador John Hansman identificó posibles restos de aquel lugar a partir de fotografías aéreas. El problema es que el yacimiento de Jebel Khayyaber donde la ciudad se ubicaba quedó inaccesible durante décadas por los conflictos bélicos de la región. Hubo que esperar hasta el año 2014 para que equipos internacionales pudieran estudiar la zona.
“Aparte de que el apogeo de esta Alejandría coincidió con un período que ha sido ignorado durante mucho tiempo en la investigación histórica y arqueológica, el yacimiento se encuentra a tan solo 15 km de la frontera iraní. La zona fue un importante campo de batalla entre Irán e Irak durante la Primera Guerra del Golfo en la década de 1980”, señala el profesor Stefan Hauser, catedrático de Arqueología Mediterránea y del Próximo Oriente de la Universidad de Constanza, encargado de la investigación.
Los equipos de arqueólogos realizaron entonces estudios de superficie a gran escala, con drones que ayudaron a construir un modelo detallado del terreno. “A lo largo de los años, recorrimos toda la zona circundante, más de 500 kilómetros en total, y documentamos todos los hallazgos superficiales, especialmente fragmentos y ladrillos rotos, que nos dieron pistas sobre un antiguo asentamiento”, explica el profesor.
Un gran centro comercial durante más de 550 años
La investigación permitió concluir que aquella ciudad a orillas del Tigris contaba con murallas monumentales, barrios residenciales, templos, talleres, un puerto central con canales y zonas agrícolas integradas. “Alejandría del Tigris debió cumplir a la perfección su función como uno de los centros del antiguo comercio de larga distancia durante más de 550 años”, señala Hauser.
Entre el 300 a. C. y el 300 d. C., el comercio entre Mesopotamia y la India se intensificó drásticamente, con conexiones que llegaban hasta Afganistán y China. Durante este período, las grandes ciudades de Seleucia y Ctesifonte surgieron a orillas del Tigris como capitales imperiales. Según Hauser, casi todo el comercio procedente de la India pasaba por la ciudad portuaria de Alejandría.
Pese a la importancia que tuvo, se estima que el asentamiento quedó prácticamente abandonado en el siglo III d. C. “Probablemente ya no se encontraba junto a ningún río en aquella época debido a la progresiva sedimentación de la costa sur. La ciudad perdió su importancia como capital de la región norte del Golfo y como centro comercial, y finalmente fue abandonada. Su sucesora moderna es la ciudad de Basora”, concluye el arqueólogo.

Diez residentes de la corrala en Tribulete y Provisiones, un conjunto de casas de hace dos siglos, firman un escrito dirigido a su propietaria, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En él advierten de conflictos originados por uno de los apartamentos, que investiga la Policía después de varias denuncias
Turistas, un Lamborghini y ley del silencio en la calle de Lavapiés donde nadie se atreve a acabar con un narcopiso okupa
Una corrala decimonónica se ha convertido en la puerta de entrada a un supuesto narcopiso del siglo XXI. Desde el número 11 de la calle Tribulete o accediendo por el 12 de Provisiones, en pleno centro de Madrid, puede uno adentrarse en un amplio patio, luminoso y con dos siglos de historia. Pertenece a los antiguos conjuntos de viviendas que se popularizaron durante el Madrid industrial, con la peculiaridad de que en este caso sus vecinos se confiesan habituados a las amenazas, los ruidos o el tránsito de droga. Actualmente, el edificio es propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que depende del Ayuntamiento.
Hoy viven allí unas 20 personas, generalmente en régimen de alquiler social, conectadas a través de un espacio abierto en la zona central del bloque. Pero, en los últimos meses, el relato de los residentes también ha alarmado fuera de sus paredes: las peleas, la suciedad o los gritos intimidatorios se han apoderado del edificio. Fuentes de la Policía Nacional confirman a Somos Madrid que existe una investigación en marcha para esclarecer las acusaciones, pero evitan concretar si desde junio –cuando supuestamente empezaron los conflictos– se ha efectuado alguna intervención en la zona.
Lo que no se ha materializado aún es una operación policial a gran escala en el interior, aunque los vecinos presionan para que ocurra más pronto que tarde. “Cada dos por tres hay peleas con voces a todas horas, sea de día o de noche. No dormimos”, asegura Ana, una de las personas que viven en la corrala y han tratado de mover hilos para llegar al fondo del asunto. Dice sentirse desesperada y sostiene que ya han intentado hablar con la mujer que se aloja en el domicilio, donde afirma que “convive con mucha otra gente” que entra y sale a placer.
Vecinos “secuestrados” en sus propias casas
La distribución de la corrala se basa en una planta rectangular con un patio interior estrecho y las viviendas distribuidas varias alturas: dos (bajo y primero) en el bloque que tiene acceso a la calle Provisiones y cuatro en la de Tribulete, donde también hay entreplanta y segundo piso. Para entrar hay que atravesar un portalón que abre al patio, desde el que se accede a las viviendas bajas. Una escalera conduce a la galería que sirve de acceso a las casas altas y otra pasarela que cruza el patio, comunicando las galerías de ambos lados.
Pero la convivencia parece haberse complicado. En un escrito firmado por diez vecinos y enviado a la propiedad del inmueble, la EMVS, estos se consideran “atemorizados” y “secuestrados” en sus propias casas. “La situación se está cronificando de una forma que ya no es posible soportar. [...] Las peleas no solo ocurren dentro de la vivienda, sino en las zonas comunes, poniéndonos en peligro al resto”, destaca la carta, en la que el grupo afirma que allí “se venden o consumen estupefacientes” y han encontrado restos de “papel de aluminio” en la corrala, que relacionan con drogas, junto a otros enseres.
“La cantidad de gente dentro de la casa es tal que incluso algunos duermen en el portal o en pisos superiores de la finca, con llamadas a telefonillos a cualquier hora o bien dando golpes en el portalón de entrada, bloqueando las cerraduras para que no cierren los portales y tener paso libre [...] Esas personas son muy violentas”, concluye el aviso que remitieron a la empresa municipal. Consultados por esta cuestión, desde la EMVS delegan en la Policía la decisión de intervenir o no después de la denuncia. “Si un ciudadano es conocedor de este tipo de prácticas delictivas en una vivienda debe ponerlo en su conocimiento, pues son la autoridad competente”, zanjan fuentes de la empresa pública.
Ana presentó una denuncia a título particular ante la Dirección General de la Policía cuando relativa al pasado 2 de enero, en la que indica “tener conocimiento de que en dicho domicilio [el que ha generado el conflicto] se realizan actividades ilíticas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes”, e incluso haber visto cómo algunas personas “han mantenido relaciones sexuales fuera de la casa”.
Problemas para transitar zonas comunes y ataques de ansiedad
También expone que a otro vecino, cuyo nombre dice no recordar en la denuncia, “le han llegado a mostrar un cuchillo” o que, en su caso, tuvo “impedimientos” para transitar en zonas comunes. María, otra de las mujeres de la corrala que han denunciado lo ocurrido en comisaría, declara tener “ataques de ansiedad” recurrentes y ser testigo de distintas situaciones violentas, que también vincula a la existencia de un narcopiso.
En uno de los casos, ella misma fue la víctima directa. Según relata en su escrito, en la madrugada del 18 de enero un sujeto se adentró en el edificio debido a que la puerta principal “estaba rota” por otro incidente, ocurrido dos semanas atrás siempre según su testimonio. El individuo golpeó “violentamente” la puerta del domicilio donde reside la denunciante, a pocos metros de aquel sobre el que recaen sus sospechas. “Temo por mi seguridad y por la de mis vecinos”, destacó ante los agentes.
En uno de los vídeos grabados desde las ventanas contiguas se muestra cómo, junto a la entrada principal, una persona empieza a gritar y empuja a otra contra la pared, agarrándola de la solapa mientras esta otra se defiende impulsándose hacia adelante. Cuando consigue zafarse de las manos comienza a andar hasta desaparecer del plano. “Oye, ¿adónde vas?”, se escucha de fondo cuando retoman los zarandeos a la vez que otros dos individuos tratan de intervenir. Mientras tanto, otra silueta trata de acercarse a la puerta y acelera el paso cuando llega al lugar de la pelea.
A nivel normativo, este edificio se integra en el Plan Especial de Protección del Ayuntamiento de Madrid, que ya acometió una rehabilitación a mediados de los noventa con 997.680 euros de presupuesto, que corrió a cargo de la empresa Leal Elizaran S.A. Su estado era ruinoso y se acometieron obras de consolidación, conservación estructural o para la reconstrucción de la escalera, la galería y los patios. De momento, queda esperar a que las investigaciones policiales determinen si en este punto conflictivo se cumplen las sospechas de sus vecinos.

Niñas de ocho años subiendo vídeos a Tik Tok, amistades profundas, o la autoestima, que se rompen por un comentario de Instagram. Adolescencia en scroll infinito, 'brain rots' antes de un examen. Familias y gobiernos que creen que en este campo hacen falta puertas
Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Una medida que aún tiene que aprobar el Congreso de los Diputados donde no tiene mayoría para sacar adelante esta prohibición, técnicamente viable pero extremadamente ambiciosa.
Al calor de ese anuncio, escuchamos a padres y madres, como Raúl, Ana y María, familias que llevan ya años organizándose a través de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles, para proteger a sus hijos e hijas, y a los de los demás, de la adicción y riesgos de las redes sociales, pero sintiéndose solas. También hablamos con Alberto Soler, psicólogo especializado en familia e infancia, sobre el impacto de las redes en los menores y cómo gestionar mejor esta cuestión.
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La edil, que relata un año de acoso sexual y laboral por parte del regidor, Manuel Bautista, se dirigió por escrito a Ayuso. Su número dos, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, pidieron a la concejala guardar silencio. "Protegerte es no hacer nada", le dijo Ana Millán. Serrano insistió: "No vale venir aquí sin proponer nada"
El relato es calcado al de Nevenka Fernández en Ponferrada. Una mujer joven y cualificada de una familia conservadora que vio en el PP, el partido con el que simpatizaban sus padres, el camino para implicarse en política y mejorar la vida de sus vecinos de Móstoles. Empezó muy joven a acudir por la sede y en vísperas de las últimas municipales, el candidato, Manuel Bautista la reclutó para las listas electorales. La convenció alabando su tenacidad, su capacidad para gestionar equipos y la forma que tenía de trabajar.
De aquellos comicios, en mayo de 2023, Bautista salió alcalde. Ella, mucho más joven que él, tomó posesión del acta de concejala y fue presentada como el fichaje estrella del nuevo gobierno. El alcalde empezó a pedirle que lo acompañase a todo tipo de actos y reuniones. Y ahí, el mismo mes de los comicios, empezaron las insinuaciónes del regidor, las alusiones al físico de la edil, las invitaciones para quedar fuera del marco de trabajo, las conversaciones de índole sexual. Y también las negativas de ella a mantener cualquier relación ajena a la política o el trabajo del ayuntamiento.
Según la documentación aportada en la denuncia interna presentada ante el PP que ha adelantado este miércoles El País, el alcalde hizo correr el rumor en el Ayuntamiento de que tenían una relación con la nueva concejala. Cuando ella se enteró, quiso zanjarlo todo hablando directamente con su jefe. Le insistió, como había hecho otras veces, en que su relación era profesional y política, que nunca habría vínculos sentimentales ni de ningún otro tipo. Según relata la mujer en la documentación aportada al partido, entonces arrancó otro tipo de acoso, el laboral: desplantes, faltas de respeto, desconsideraciones. El regidor le hizo el vacío. No le dejaba intervernir en los plenos municipales. Su trabajo dejó de contar.
Fue entonces cuando decidió pedir auxilio a la dirección regional de su partido. Escribió a Isabel Díaz Ayuso una primera carta el 26 de febrero de 2024. Y en los meses siguientes buscó la ayuda del PP madrileño hasta en seis ocasiones: tres cartas, dos reuniones y una cita que no se llegó a producir. Nadie hizo nada. Le pidieron silencio. No solo eso, según el escrito que cita El País, personas de la máxima confianza de Ayuso, como su número dos en el PP regional, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, la presionaron varias veces para que no denunciase.
El País ha reunido a varios testigos que corroboran la versión de la denunciante. Cita a trabajadores municipales que dicen haber visto los desplantes y el cambio de actitud del alcalde con la que había sido su fichaje estrella en el Gobierno municipal. Esas voces, que según el periódico piden mantener su anonimato, igual que la denunciante, aseguran que todo era vox populi en el ayuntamiento. Según la información, el alcalde no ha querido hacer comentarios y se escuda en el comité de garantías. El comité de garantías del PP nacional cerró el caso sin entrevistar a los testigos que proponía la denunciante.
Pero antes de acudir al PP nacional, la concejala trató durante varios meses que le ayudase la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribió al menos dos cartas relatándole el infierno que le había hecho sufrir el alcalde. Ayuso nunca la recibió y tampoco contestó a sus escritos. Sí lo hicieron dos de las personas de su máxima confianza: el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, también vicepresidenta de la Asamblea regional.
Según el relato que hace la denunciante de las reuniones, ambos dirigentes le recomendaron callar y trataron de disuadirla, de que bajo ningún concepto acudiese a los tribunales.
“El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, añadió la número tres del PP en Madrid en una cita que mantuvieron el 11 de marzo de 2024, apenas 15 días después de que la denunciante escribiese a Ayuso.
Según las citas que se recogen de ese encuentro, Millán admitió que se trataba de un caso de “acoso de manual”, pero desaconsejó varias veces que se presentase una denuncia y le pidió: “Quítatelo de la cabeza”. La secretaria de Organización, actualmente imputada en un caso de corrupción, invocó el daño que podrían sufrir sus padres, y su familia.
Cuando se incorporó a la cita, Alfonso Serrano aseguró a la edil que estaban ahí para ayudarla pero también le desaconsejó la denuncia: Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti, le dijo el número dos de Ayuso, según figura en la documentación presentada. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, advirtió en ese encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.
Nadie decidió nada. El secretario general del PP de Madrid y la responsable de Organización se comprometieron a volver a sentarse con ella, pero pasaban los días y no lo hicieron. El 22 de marzo, once días después de esa cita, la mujer volvió a dirigirse al gabinete de Ayuso solicitando la apertura de un protocolo de acoso. Tres semanas más tarde, el 16 de abril Ana Millán volvió a sentarse con ella e insistió en que no debía denunciar. “La denuncia judicial que luego se haría pública no te beneficiaría, yo no sé que entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte, vete a casa, habla con tu marido”.
Millán, una de las personas más cercanas a Ayuso en el PP de Madrid, le dijo que no podría seguir trabajando en el Ayuntamiento de Móstoles tras denunciar, subrayó que muchas mujeres han “aguantado muchas cosas en política” y que tal vez le convendría “dar un paso atrás”.
Otra dirigente del PP madrileño, Lucía Paniagua, presente en este segundo encuentro llegó a aconsejarle buscar “un acuerdo amistoso” con el alcalde. Y ambas le dijeron que no podían abrir el protocolo de acoso porque no se trataba de una empleada del PP, sino que se circunscribía al ámbito del Ayuntamiento, pese a ser tanto la denunciante como el denunciado militantes del Partido Popular y compartir candidatura en la lista de Móstoles.
El 17 de junio de ese mismo año, 2024, escribió de nuevo al gabinete de Ayuso, tras haber pasado dos meses sin recibir noticias del partido. La citaron en julio, con solo un día de antelación, y la mujer no pudo acudir. Dejó pasar el verano, y el 23 de septiembre ya escribió su abogado para interesarse por las medidas de protección que el partido había implementado. En octubre de 2024, volvieron a citarla y al acudir con sus abogados, ya no la recibieron.
Decidió dimitir de sus cargos y solicitar la baja en el PP. El 10 de octubre el comite de afiliación del PP confirmó la baja y, pese a que en la petición constaban los motivos, descartó adoptar alguna medida. Alegó que no podía considerar su escrito una denuncia y subrayó que además los hechos se habían producido en la corporación municipal y no en el Partido Popular.
Ya sin el acta de concejal, la mujer denunció en el juzgado una intromisión en el correo electrónico desde el que había enviado las solicitudes de amparo al gabinete de Díaz Ayuso.
Entre noviembre y diciembre de 2024, la exconcejala y su abogado presentaron un escrito de 20 páginas ante el Comité de Garantías del PP nacional. Adjuntaba documentación y citaba a testigos a los que se podía preguntar por la situación que vivió en el Ayuntamiento, y que define como más de un año de acoso sexual y laboral. Según El País, el comité de garantías del PP no interrogó a nadie. Y un portavoz autorizado confirmó que el caso se había cerrado porque no había “elementos probatorios”.
La concejala está ya fuera de la política. Manuel Bautista sigue como alcalde y presidente del PP de Móstoles.

La bióloga marina participó en varias expediciones a la Antártida y dirigió la base española de la isla de Livingston de 1989 a 1993, antes de ocupar posteriormente puestos de dirección del CSIC en Catalunya
La Generalitat otorga la Medalla de Oro a Arcadi Oliveres y a Josefina Castellví
La oceanógrafa Josefina Castellví ha fallecido en Barcelona a los 90 años. Nacida en la capital catalana en 1935, fue la primera mujer española que participó en una expedición en la Antártida. Licenciada en Biología en 1957, se especializó en microbiología marina y oceanografía en la Universidad de la Sorbona, en Francia, una disciplina entonces muy desconocida en España. Se doctoró en ciencias biológicas en la Universitat de Barcelona en 1969.
'Pepita' Castellví fue profesora de investigación del CSIC, y delegada en Catalunya (1984-86) de la agencia de investigación española. De 1989 a 1995, dirigió, en Madrid, el Programa Nacional de Investigación Antártica, y posteriormente, entre 1994 y 1995, el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, donde había empezado a trabajar en 1960.
En 1984 Castellví participó en una expedición oceanográfica argentina con otros dos científicos del CSIC, Antoni Ballester y Marta Estrada. Ella y Estrada se convirtieron entonces en las dos primeras mujeres españolas en pisar el continente helado. Dos años después participó en otra expedición antártica con otros científicos catalanes, entre ellos Ballester, organizada esta vez por científicos polacos.
Castellví dirigió la Base Antártica Española de la isla de Livingston de 1989 a 1993. Se convirtió así en la primera mujer del mundo en ser la máxima responsable de una base científica en la Antártida.
Tras jubilarse, esta mujer vitalista siguió realizando actividades de divulgación científica sobre los océanos y la Antártida. En 2013, con 77 años, viajó por última vez para rodar el documental 'Els records glaçats', película escrita y dirigida por Albert Solé, en la que Castellví explica en primera persona la historia de los inicios de la investigación que llevaron a cabo en el lugar más meridional del planeta.
Su experiencia antártica le sirvió para descubrir el espectáculo de los icebergs, pero también admirar la forma de vida de los pingüinos y su capacidad para colaborar socialmente entre ellos. De esta admiración nació su afición a coleccionar figuras de pingüinos de todos los tamaños y formas.
La oceanógrafa catalana fue galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona (1994), la Cruz de Sant Jordi (2003), el Premio de Medio Ambiente del IEC (2006), el Premio Nacional del CONCA (2013) y la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña (2021).
En 2024, la biblioteca Bon Pastor de Barcelona se rebautizó como biblioteca Josefina Castellví, en memoria de la oceanógrafa y bióloga barcelonesa. También lleva su nombre una embarcación de la unidad marítima de los Mossos d'Esquadra.