El Partido Popular y Vox han acusado al Gobierno de “fraude de ley” y de “oportunismo político” por la reforma con la que quiere incluir el aborto en la Constitución. El pleno está en este momento debatiendo las dos enmiendas a la totalidad presentadas por ambos grupos, con los que busca tumbar la iniciativa y devolverla al Ejecutivo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias que convierten al PP, que se ha opuesto al texto, en imprescindible.

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox han acusado al Ejecutivo de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Gobierno una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. En el mismo sentido se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración: “Un Gobierno que permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad, que tiene por aliadas a teocracias que las oculta en cárceles de tela y fomenta la extensión en nuestra patria de costumbres contrarias a nuestro ordenamiento no puede ser aliado de las mujeres”, ha sostenido. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en un dictamen que, según ha dicho, tuvo seis votos particulares frente a 19 a favor. En los contrarios es en los que se han apoyado PP y Vox para articular sus enmiendas, pero estos “no contemplaban” la redacción alternativa que sugirió el órgano consultivo y que ha sido finalmente incluido. “De esta forma se adapta perfectamente al artículo 43”, ha sostenido Narbona.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la reforma como un paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en toda España y de forma equitativa” y, de esta forma, blindar “su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.