Hace apenas seis meses, los madrileños empezaron a pagar un nuevo impuesto: la tasa de basuras, desembolso que varía según el municipio. En la capital, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) tuvo que corregir la ordenanza un mes y medio después de ponerla en marcha a raíz de las quejas de los vecinos y las críticas de la oposición para que se tuviera en cuenta el número de empadronados por vivienda. El resultado: los ciudadanos de la ciudad pagaron de media unos 142,6 euros al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de los residuos, como calculó el Gobierno local. El descontento vecinal por la disparidad de tarifas entre barrios ―de los 60 euros en algunos a más de 200 en otros― se ha traducido en 130.187 reclamaciones presentadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) o a la Agencia Tributaria a 9 de febrero de 2026, según informa a EL PAÍS un portavoz del área de Hacienda, y ha señalado la delegada, Engracia Hidalgo, este lunes. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y Más Madrid recurrieron la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, que aún debe dictar sentencia sobre el tributo.

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