Cada año se queman en Europa una media de 353.000 hectáreas, lo que supone superficies totales del tamaño de Cantabria. Esas catástrofes son cada vez más dañinas como consecuencia de la emergencia climática y conllevan unos daños económicos por valor de unos 2.000 millones de euros, según la estimación del Tribunal de Cuentas de la UE, que apunta a un incremento sustancial de los fondos que se destinan a la preparación, prevención y restauración de los incendios forestales. No obstante, los auditores cuestionan que no haya un mapa exacto por parte de la Comisión Europea y las autoridades nacionales sobre ese dinero y da un tirón de orejas por que el reparto se produzca de acuerdo a criterios geográficos y no según el nivel de riesgo.

Esa advertencia se dirige directamente a España, que es uno de los países que han servido de muestra a los auditores, junto con Grecia, Portugal y Polonia. “El proceso de selección de proyectos en los Estados miembros debería garantizar que la ayuda se canalice hacia los proyectos que mejor respondan a las necesidades identificadas y que estén dirigidos a lograr los mejores resultados en la protección frente a los incendios forestales. La selección debería basarse en los riesgos de incendio forestal y en los méritos de los proyectos”, señala el informe del Tribunal de Cuentas.

“En España, en el caso de los proyectos del Feader del período 2014-2022, al menos dos de las regiones analizadas usaron un procedimiento de selección dirigido a lograr la cobertura regional”, exponen los auditores, que señalan el caso de Castilla-La Mancha. “En una región, cada provincia propuso seis proyectos. Conforme a los criterios de selección, se financiaban tres proyectos por provincia. Esto significa que podrían recibir financiación los proyectos con puntuaciones más bajas, pero no los proyectos con una puntuación más alta, dependiendo de su ubicación. Otra región consideró que toda su superficie presentaba un alto riesgo de incendio forestal y distribuyó anualmente los fondos del Programa de Desarrollo Rural entre todas sus provincias”, critican los auditores.

Otro de los reproches que hacen se dirige al Gobierno de Alfonso Rueda. “En las regiones de España que visitamos, el mantenimiento de los cortafuegos creados depende de la financiación de la UE y, en algunas regiones, la financiación del Feader no es suficiente para cubrir estos costes. En Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes”, alertan.

Galicia es una de las zonas que figuran en el mapa como más afectadas por los incendios forestales, que se ceban especialmente con el sur de Europa. En la UE, la superficie total de bosques y demás terrenos arbolados asciende aproximadamente a 160 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 39% de la superficie terrestre total de la UE. Cada año se quema un 0,22% de ese terreno.

El informe de los auditores se centra en los fondos europeos que se destinan al combate de los incendios forestales y, a pesar de que se ha producido un incremento del dinero que va a parar a esa partida, reconocen que “la Comisión Europea no disponía de una visión completa de la financiación total de la UE desembolsada en medidas relacionadas con los incendios forestales”.

“La Comisión es responsable del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que contiene información sobre el número, la ubicación y la superficie de los incendios. Constatamos que, a pesar de los importantes recursos de datos del sistema EFFIS, esta información seguía estando infrautilizada en la evaluación de los proyectos financiados por la UE destinados a la prevención, preparación y recuperación frente a incendios forestales”, lamentan los auditores.

No obstante, hacen una estimación que asciende a 3.500 millones de euros en base al análisis de las políticas de cohesión (2.100 millones) y los fondos de recuperación (1.470 millones).

“En el marco del Fondo de Cohesión, el FEDER e Interreg, la ayuda prevista de la UE para la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos relacionados con el clima ascendió a 6.600 millones de euros. Parte de este importe se dedicó a la prevención y gestión de incendios forestales. Para el período 2021-2027, la contribución prevista de la UE a la «prevención o gestión de riesgos relacionados con el clima: incendios» es de unos 2.100 millones de euros”, agrega. También se refiere al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE para financiar la reparación de daños de catástrofes como la DANA, terremotos o incendios entre 2014 y 2023, el Fondo de Solidaridad se utilizó para la recuperación tras cinco incendios ocurridos en cuatro estados miembros (Chipre, España, Rumanía y, en dos ocasiones, en Portugal) por un importe total de 99 millones de euros.

Igualmente, los planes de recuperación puestos en marcha tras la pandemia tienen proyectos relacionados con los incendios. No obstante, los auditores ponen pegas a los mecanismos de selección: “Constatamos un total de 1.470 millones de euros en los 27 Estados miembros, en los planes iniciales de recuperación y resiliencia (PRR) de Chipre (23 millones de euros), Grecia (640 millones de euros), España (170 millones de euros), Portugal (634 millones de euros) y Eslovenia (0,3 millones de euros)”.

También dan por hecho es que el grueso del dinero se destina a la prevención. Y se cuentan por miles de millones. “Para el período 2014-2022, 19 estados miembros incluyeron medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus programas de desarrollo rural: 2.200 millones de euros para la prevención de catástrofes naturales, incluidos los incendios forestales, y 700 millones de euros para la restauración. Para el período 2023-2027, 13 estados miembros incluyeron inversiones medidas de prevención y restauración relacionadas con los bosques en sus planes estratégicos; sin embargo, no es posible determinar todos los importes asignados a estas medidas”, recoge el documento.

Sin embargo, recriminan que en la puesta en marcha de los planes de recuperación “los estados miembros tuvieron que actuar con rapidez para decidir qué actividades financiar y llevar a cabo las actividades”. “Las decisiones se tomaron a veces de manera apresurada y algunas autoridades pertinentes no participaron en la decisión sobre qué actividades financiar. El MRR permite reasignar la financiación, pero esto reduce el tiempo disponible para finalizar los proyectos y absorber los fondos del MRR”, apunta el texto, que menciona entre las “deficiencias” el reparto en función del peso geográfico y no el riesgo.