El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) a adoptar “inmediatamente” las medidas necesarias “para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas (Ourense) y su entorno, además de ”garantizar“ el abastecimiento de agua potable ”limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas“.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal gallego considera que ambas administraciones, con su inacción, han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, y ordena a Xunta y Confederación a indemnizar a los siete vecinos demandantes una cantidad mensual de mil euros desde la fecha de la presentación de la reclamación inicial, hasta un máximo de 30.000 euros para seis de ellos y de 6.000 para otra de las denunciantes, residente en A Coruña.

El fallo desestima la demanda contra los ayuntamientos de Bande, Os Blancos, Trasmiras, Lobeiras y Muíños, ya que el tribunal considera que “sólo están vinculados de forma subsidiaria por la actuación de otras administraciones competentes de vigilancia del caudal y de protección del medio ambiente”.

Casi un cuarto de siglo de sufrimiento

El TSXG considera que los demandantes “experimentan un innegable perjuicio moral que no ha cesado”. La sentencia enumera las molestias provocadas por las emanaciones de gases (bioaerosol) y los olores provenientes del embalse; también, la situación de riesgo para la salud derivada del consumo y la utilización del agua por la alta concentración de nitratos y la existencia de cianobacterias o el disfrute del agua del embalse.

Los ponentes destacan que el inicio de esta situación “se remonta desde 2011”, algo que “provoca angustia y ansiedad”al ver que se ha prolongado en el tiempo, “casi 24 años”.

Macrogranjas

La sentencia recoge la responsabilidad de la Xunta por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias “lo que permitió un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresasdestinatarias del beneficio”.

Esto “se acrecienta con la ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados”. Eso hacía que tampoco se controlase la posible presencia en ellos de antibióticos o químicos derivados de medicamentos, lo que provocó “una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir y con ello el perjuicio al medioambiente y la existencia de bacterias resistentes”.

El fallo se detiene en la paralización de la planta de tratamiento de residuos y recuerda las fotografías aportadas por la Sociedade Galega de Historia Natural en las que se reflejan “masas ingentes de estiércol acumuladas en el terreno”.

La responsabilidad de la CHMS deriva de su “obligación” de controlar la calidad de las aguas. La sala critica la “inacción” ante un hecho “constatable” como fue el empeoramiento de esa calidad desde el año 2011 y le achaca no intervenir contra la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”.

Para los magistrados, “era evidente un deterioro paulatino y crónico” de la calidad del agua cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.