Activistas propalestinos se han concentrado este martes junto a la sede de la Junta de Accionistas de eDreams para denunciar la complicidad de la empresa turística española con la ocupación israelí por ofrecer servicios turísticos en asentamientos ilegales situados en Cisjordania y los Altos del Golán.

La concentración, organizada por la plataforma BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), ha tenido por objetivo visibilizar “el rechazo social a estas prácticas”, además de exigir “la retirada inmediata de eDreams de cualquier actividad en asentamientos israelíes ilegales”.

“Impulsar turismo en asentamientos ilegales es una forma activa de financiar y legitimar la ocupación y el apartheid. Mientras los gobiernos son cómplices del genocidio, el sector privado participa activamente y debe rendir cuentas. La rendición de cuentas empresarial es esencial para poner fin al genocidio y defender el derecho del pueblo palestino a existir y autodeterminarse”, denuncian la organización.

La empresa multinacional con sede en Madrid desde 2021 aparece como la única empresa española incluida en la lista de Naciones Unidas sobre compañías que realizan actividades en asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino ocupado. Los convocantes han señalado a la empresa “por ofrecer servicios turísticos como reservas de alojamiento y transporte en estos asentamientos, ayudando así a su consolidación y normalización”.

La denuncia llega tras la publicación hace unos días del informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'. El documento analiza la puesta en marcha de un modelo de negocio “basado en la ocupación ilegal” del que se vienen lucrando numerosas y reconocidas empresas multinacionales de diferentes sectores, incluyendo del sector turístico, promoviendo “la exclusión de la población palestina, el relato de los colonos y la legítima anexión”.

Desde septiembre de 2022, eDreams cambió su modelo de negocio para actuar principalmente como intermediario en las reservas de hoteles, es decir, no es propietario directo de las habitaciones ni contrata directamente con los hoteles, sino que ofrece a sus clientes alojamientos listados principalmente por Booking.com y, en menor medida, Expedia. Antes funcionaba con sus propios acuerdos con alojamientos y de ahí su inclusión en la base de datos de la ONU.

Aun así, se acusa a Edreams ODIEGO, nombre oficial del conglomerado empresarial detrás de eDreams, de beneficiarse en su papel como intermediario de la publicación y promoción en su plataforma de alojamientos turísticos listados por Booking.com en colonias israelíes ilegales.

Precisamente esta compañía neerlandesa, propiedad actualmente del grupo estadounidense Booking Holdings, aparece en el último informe de la relatora especial de la ONU acusado de multiplicar por tres su oferta de anuncios en zonas ocupadas de Jerusalén este tras los atentados del 7 de octubre.

Si bien eDreams no se presenta como propietaria directa de estos alojamientos, la facilitación de su comercialización a través de su portal, así como la falta de control sobre los mismos y la ausencia de avisos sobre su ubicación en zonas ocupadas convierte a la plataforma en “cómplice” indirecto del sistema lucrativo ilegal creado en torno a la ocupación israelí, denuncian los convocantes. Un sistema que viola el derecho internacional humanitario y que es contrario a numerosas resoluciones de Naciones Unidas que condenan cualquier actividad que contribuya a asentar la presencia israelí en las zonas ocupadas.

eDreams Odiego facturó solo entre abril y diciembre de 2024 más de 14,5 millones de euros entre sus diferentes filiales, con unos ingresos que llegaron hasta los 490 millones de euros y casi 7 millones de suscriptores a su modelo Prime. Se posiciona así como uno de los principales portales de viajes online a nivel europeo.

“Según el derecho internacional, los asentamientos israelíes en territorio ocupado son ilegales. Por lo tanto, los ingresos que se generan a partir de la explotación de estos asentamientos con fines lucrativos —como por ejemplo la comercialización de alojamientos turísticos– suponen una actividad ilegal según el derecho internacional humanitario”, denuncian los activistas.