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El lobby taurino aprovecha las vacaciones escolares para normalizar entre personas menores de edad la violencia que ejerce sobre animales, sin que las administraciones públicas tomen medida alguna e, incluso, apoyen las convocatorias.
El verano es sinónimo de descanso, de fin del ciclo lectivo y de una conciliación familiar, si cabe, bastante compleja, en términos generales. Pero también es la época del año en la cual el lobby taurino multiplica sus acciones para tratar de acerca a niñas, niños y adolescentes a su afición, y también negocio, basado en la violencia y el sufrimiento.
Novilladas financiadas con cientos de miles de euros de administraciones como la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de Extremadura, que incluyen el acceso gratuito de menores de 14 o de toda la franja legal (18 años), convocatorias de municipios pequeños donde los ayuntamientos actúan como promotoras taurinas y regalan entradas infantiles, encierros “chiqui”, trashumancias de bueyes, simulaciones… Todo sirve para justificar un supuesto interés por la tauromaquia que no es real: hay falta de relevo generacional más allá del grupúsculo de Cayetanos que salen regurgitando en videos de redes sociales.
Hay más aberraciones, no vayas a creer. En Sevilla organizan un “campus de toreo” para menores que incluye un tentadero. Una actividad basada en niveles: “iniciación”, “medio” y “perfeccionamiento”. Es decir, que esta chavalada podrá maltratar en vivo y en directo a animales bajo un halo de actividad lúdica que acabará por insensibilizarlos a la violencia, creando nuevos “aficionados” que normalicen la ejecución pública de animales entre comentarios de refuerzo positivo de padres, madres, abuelos y otros referentes morales.
No podemos obviar que durante los últimos años la ola reaccionaria también ha sumado la tauromaquia como una de sus banderas de la llamada batalla cultural.
Hace años, en la provincia de Guadalajara, se planteó un campamento de verano similar. Y es que el lobby taurino intenta maquillar la cruel realidad con actividades no relacionadas: piscina, fútbol, talleres de pintura, para intentar dulcificar la parte más dura de sus convocatorias, donde mostrarán a niños y niñas, algunos de muy corta edad, como clavar las banderillas en el lomo de los bóvidos, como atravesar su cuerpo con un estoque. Todo ello como idea de verano.
“¿Y cuál es el problema? Son solo actividades veraniegas”. Entre la frase y la justificación de “quien no quiera, que no vaya; libertad”, estamos ante un contexto de trivialización de la violencia. Todavía existen familias en España que ven adecuado que su hija o hijo aprenda a desollar un becerro y aquí podemos encontrar la típica excusa de la tradición para sumar excusas sociales, morales o políticas.
No podemos obviar que durante los últimos años la ola reaccionaria también ha sumado la tauromaquia como una de sus banderas de la llamada batalla cultural. De este modo se entiende el interés de determinados partidos políticos en Gobiernos que hacen del subsidio a escuelas taurinas, campamentos de toreo o novilladas con descuentos una acción pública concreta.
En 2018, tras la revisión de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se publicaron las Observaciones Finales con un apartado, el nº 25, muy claro y explícito:
“A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros”.
Han pasado más de siete años y el contexto no solo no ha mejorado en esta materia, ha empeorado de forma sustancial. Si España ratificó en su momento la Convención Internacional, si casi todas las leyes autonómicas de infancia y adolescencia se arrogan la Convención en sus textos, resulta incluso surrealista que después ignoren las objeciones que formula el Comité de expertos y expertas encargado de revisar el cumplimiento de este Tratado internacional. Parece que el lobby taurino pesa más que los derechos de niñas, niños y adolescentes.