En los alrededores de Llucmajor (Mallorca), el campo conserva aún retazos de tranquilidad rural y proyectos de vida familiar. Sin embargo, el anuncio de una infraestructura reivindicada desde hace años, la línea de tren Palma-Llucmajor, que contempla mejorar la conectividad de la comarca del Migjorn y convertirse en una alternativa real al uso masivo del coche, ha desatado la incertidumbre y la angustia entre un centenar de vecinos que, con el nuevo trazado, temen ver peligrar sus hogares, su economía y su forma de vida. “Compramos nuestra casa hace un año y medio con todos nuestros ahorros. Si el tren nos pasa por encima, no sabremos qué hacer. Me gustaría criar a mi hijo aquí”, relata Marga, embarazada de siete meses.

En la finca en la que se encuentra la vivienda, elDiario.es se da cita con Marga y Adrián, su pareja, junto a varios vecinos más de la zona sumidos en el desconcierto. En total, unas cien personas -propietarias de unos setenta terrenos- se han movilizado para protestar por un trazado que, según aseguran, se llevará por delante explotaciones agrícolas, empresas locales, viviendas y fincas familiares. “Nos va a quedar solo ese trozo de ahí”, lamenta Marga, señalando una parte de su parcela. Desde el Govern balear, encargado del proyecto, señalan, sin embargo, que el proyecto no afectará a las viviendas y que, por el momento, no hay definida ninguna expropiación. “Es un estadio al que todavía no hemos llegado”, apunta la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, al ser consultada por este medio.

El pasado mes de abril, la Conselleria abrió un nuevo periodo de exposición pública del corredor ferroviario de Migjorn, que incluye el nuevo trazado de la futura línea de tren con las mejoras introducidas durante la primera información pública del proyecto fruto de las propuestas de más de 40 administraciones y entidades. Se trata de un tramo ferroviario históricamente reivindicado en una comarca en la que la dependencia del vehículo privado es casi total debido a la ausencia de conexiones de tren desde mediados del siglo XX.

“Hay otras formas de atravesar las parcelas”

En la actualidad, la carretera Ma-19, que conecta Palma con los municipios de Llucmajor, Campos y Santanyí, soporta una gran densidad de tráfico diario, tanto de residentes como de turistas, que se traduce en frecuentes retenciones y una mayor contaminación. En este contexto, el Ejecutivo balear se plantea la construcción de una línea ferroviaria que posibilite reducir el volumen de tráfico rodado, favorecer la movilidad sostenible y acercar los núcleos rurales a los centros urbanos y servicios básicos.

Pese a su finalidad positiva, el diseño del trazado ferroviario no se ha librado de la controversia, especialmente con los colectivos vecinales. “Hay otras formas de atravesar las parcelas y esta es la peor, porque te cruza por la mitad y, además, al salir del pueblo hay cinco millones de metros cuadrados que quedarán encerrados entre la carretera y la vía del tren, dejando sin acceso directo a muchas de las fincas”, recrimina Juan Gil, portavoz de los afectados, quien aclara que no están en contra del tren: “El tren tiene que llegar, porque nos acerca a todos y evita mucho transporte en coche particular. Pero hay formas de hacerlo bien”, señala, apelando a las bondades del primer proyecto que se presentó.

Hay otras formas de atravesar las parcelas y esta es la peor, porque te cruza por la mitad y, además, al salir del pueblo hay cinco millones de metros cuadrados que quedarán encerrados entre la carretera y la vía del tren, dejando sin acceso directo a muchas de las fincas

Juan Gil — Portavoz de los vecinos afectados

Asevera, además, que el problema “no es solo territorial, sino también económico”. “El precio de expropiación nunca es el precio de mercado. Cuando tú compras una vivienda, la compras a precio de mercado, pero cuando te expropian es por mucho menos”, recrimina Gil dirigiendo su mirada a Marga y a Adrián, quienes temen quedarse “con la deuda y sin casa”: “Nos quedan 28 años y medio de hipoteca y vete a encontrar algo a un precio similar. Y con una deuda, a ver quién te da otra hipoteca”, subrayan.

“Cicatriz de 14 kilómetros”

En ese instante, Gil saca su móvil y enseña el trazado que en estos momentos se encuentra en su segunda fase de alegaciones: “El recorrido cruza parcelas por la mitad y en algunos casos hasta en diagonal. Tenemos plantaciones de albaricoques, algarrobos de almendros. También hay una empresa que se dedica a distribuir semillas a medio mundo y que da trabajo a casi 60 personas en verano”, señala. Alude, asimismo, a otro vecino que tiene 288 olivos. “Él es cocinero, pero su objetivo no solamente es vivir del aceite de oliva, sino dejarle a su hijo esa plantación para que se dedique a ello. Tiene un proyecto, una licencia para hacer una nave industrial. Y como su hijo no tiene casa, tiene el proyecto ya aprobado para hacer una primera vivienda. Con todo listo, se da cuenta de que donde va a construir la vivienda el tren le pasará por delante”.

Para los vecinos, el proyecto supone una “cicatriz de 14 kilómetros” que, en su opinión, desfigura el paisaje rural, rompe el tejido agrícola y expulsa a quienes buscaban una vida sencilla y asequible. “Aquí no hay especulación, ni Airbnb, ni casas de lujo. Solo gente del pueblo, agricultores, familias que querían un entorno tranquilo y legal”, recalca Gil. Su mujer, Rosa, y él tienen 50 años y una vida que, aseguran, se basaba en tener su casa “ya prácticamente pagada y poder de alguna manera vivir tranquilos”. “De repente, te das cuenta de que si en algún momento quieres vender tu casa e irte al pueblo, no lo vas a poder hacer porque vas a tener un tren que te va a pasar cerca. Hemos hecho las cosas bien en nuestra juventud para llegar a esta edad y estar más o menos tranquilos. Y tener que empezar con 50 y pico de años de cero otra vez...”, resume Juan.

Marga, por su parte, lamenta que en la actualidad “no es fácil tener hijos ni casa”: “No es fácil nada, todo te lo tienes que pensar un montón y al final también tenemos una edad. Yo voy a cumplir 38 y, si ahora me lo quitan todo, me quedaré con una deuda y sin tener adónde ir con un niño en camino”.

En una nota de prensa difundida el pasado martes, la agrupación de afectados aseguran que, con el nuevo trazado, también se verán afectados los caminos rurales que son de uso frecuente de cicloturistas, agricultores y vecinos así como el acceso a suministros esenciales como el agua, cuyo acceso es privado. “Por las circunstancias de la ordenación territorial, no tenemos acceso a la red pública”, señala la nota.

Los afectados denuncian, asimismo, la falta de información por parte de las instituciones. Aseguran que se enteraron del proyecto a través de una asociación de vecinos: “No somos especialistas, somos un veterinario, un agricultor, una farmacéutica… Y nos hemos tenido que organizar de urgencia porque nadie nos había avisado”, explica David, otro de los afectados presentes en el encuentro con elDiario.es.

“La afectación la decidirá un proyecto básico”

Por su parte, la directora general de Movilidad asegura que su departamento está trabajando que el proyecto no afecte a las parcelas de vecinos. “La afectación la decidirá un proyecto básico. Hasta entonces no se iniciará ningún expediente de expropiación”, asevera Del Valle en declaraciones a este diario.

La responsable de Movilidad subraya que el estudio de trazado tiene en cuenta parámetros como su efecto medioambiental y sobre el medio natural, además de las consecuencias sobre la ciudadanía “tanto durante la etapa de construcción, cuando se lleven a cabo las obras, como en la etapa de servicio. Y, evidentemente, el coste y el retorno”. En este sentido, incide en que lo que se busca “es un beneficio socioeconómico, es decir, que socialmente sea adecuado y económicamente también. Este parámetro lo que determina es que uno no haga una barbaridad a nivel de coste económico si luego no va a tener una repercusión positiva a nivel social”, explica.

Lo que se busca es un beneficio socioeconómico, es decir, que socialmente sea adecuado y económicamente también. Este parámetro lo que determina es que uno no haga una barbaridad a nivel de coste económico si luego no va a tener una repercusión positiva a nivel social

Lorena del Valle — Directora general de Movilidad

Del Valle insiste en la importancia de que, antes de decidir por dónde va a pasar la vía de un tren, “la sociedad pueda participar con consultas y con aportaciones, porque las alegaciones no dejan de ser una aportación que enriquece al proyecto”. Para ello, más de 40 entidades y organismos públicos han aportado sus consideraciones al proyecto y que incorporan mejoras como una nueva estación dentro de Palma (en la zona del Conservatorio) y nuevas estaciones con las que se prevé acercar el tren a núcleos como la Platja de Palma, el Coll d'en Rabassa o el barrio de Pere Garau.

Asimismo, la responsable del área asegura que la Dirección General está recibiendo a todo aquel que quiere realizar consultas sobre el futuro trazado. Hasta el momento, una veintena de personas y asociaciones que han querido plantear sus dudas al departamento, independientemente de responder en las próximas semanas a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, que prevé finalizar el próximo 23 de junio. Si no se producen cambios, la línea de tren se alargará hasta los 30 kilómetros, unos 20 en superficie y otros diez de forma subterránea.